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La semana pasada, vecinos y vecinas del Delta se manifestaron en el centro de Tigre para pedir la renuncia de Santiago Serantes, director de Plan de Manejo, por estar vinculado a grupos inmobiliarios. Es necesario recordar que semanas atrás un gran incendio en la Primera Sección del Delta del Tigre dejó varias casas destruidas y zonas arrasadas por el fuego. A la espera de que el Congreso se decida a tratar la Ley de Humedales, Alejandra Meneguzzi, integrante de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta; y Fernando Soto, vecino del Delta; pasaron por el programa radial La Retaguardia y se refirieron al reclamo, el manejo del fuego en los incendios, la demora en el tratamiento del proyecto de ley y los intereses en disputa. Entrevistas y redacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez OteroFotos: Fernando Soto La expansión de los incendios en diversas secciones del Delta del Río Paraná es un problema recurrente que afecta a la región cada vez más seguido. Los y las habitantes de las zonas afectadas o aledañas, e incluso de regiones más alejadas, padecen las consecuencias del fuego y lo que deja a su paso. Las distintas épocas del año, sumadas al viento y la sequía, hacen de la zona del Delta y alrededores un terreno propicio para el inicio y desarrollo de fuegos rápidos y enormes, difíciles de extinguir. El lunes 7 de noviembre más de 120 vecinos y vecinas isleñas del Delta del Tigre se manifestaron en las oficinas centrales para exigir la renuncia del director de Plan de Manejo, Santiago Serantes. Acerca de Serantes, Alejandra Meneguzzi, integrante de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta, dijo: “Lo ha designado en el mes de septiembre el intendente Julio Zamora y es un agente inmobiliario. Entendemos que responde y representa a los intereses inmobiliarios que destruyen el humedal. Se entregó una carta acompañada por 800 firmas de vecinos de Tigre y de la isla. No es casualidad que apenas lo designaron empiezan a aparecer megaproyectos como un transbordador para trasladar vehículos a la isla. Logramos tener una reunión y exigimos la renuncia inmediata del director Santiago Serantes, rechazamos toda modificación que intenten generar a la ordenanza 3343/13, la ordenanza de plan de manejo, que es nuestra pequeña ley de humedales. Están intentando modificar esta ordenanza. Y también pedimos una reunión con el intendente Julio Zamora. El 12 de octubre hubo un incendio en la Primera Sección del Delta, en un barrio que se encuentra en el Arroyo Caraguatá al 800. El vecino Fernando Soto detalló: “Había mucho viento que cambiaba de un sentido al otro y se propagó muy rápido. Vinieron Prefectura y la Policía y trabajaron conjuntamente con los vecinos. En las islas los primeros que atacan los incendios son los vecinos pero no tenemos los recursos para combatir en forma inmediata, y se va de las manos siempre. Los bomberos llegan relativamente rápido, pero la zona del Delta es muy amplia y tardan en llegar. También tienen pocos recursos”. Acerca de las pérdidas materiales, Soto contó: “Las casas afectadas fueron dos que se destruyeron por completo y después hay aproximadamente seis casas que sufrieron daños en forma parcial. La zona del arroyo Caraguatá fue la más afectada. Se trabajó toda la noche e incluso al otro día llegaron los helicópteros hidrantes y se logró apagar el foco que está en el centro de la isla y es una zona de muy difícil acceso”.   A esta altura de los acontecimientos, los vecinos y vecinas no pueden afirmar si los incendios han sido intencionales. “Se han quemado 196 lotes casualmente en lugares donde no hay dueño con escritura. No es casualidad que a partir de la designación del nuevo Director de Manejo del Delta, que es un agente inmobiliario se empiezan a presentar proyectos y megaproyectos para desarrollar en el territorio con la idea de tener un transbordador para pasar automóviles a la isla y hasta se piensa en puentes subfluviales. Y se está pensando en el municipio en generar una reforma sobre el punto de insularidad a la ordenanza de manejo” contó Meneguzzi. Hacia una Ley nacional de Humedales La Convención Ramsar es un tratado internacional suscripto en 1971 en Irán que fue aprobado por la Argentina mediante la Ley 23.919 y su misión es la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales. Además, a través de la cooperación internacional, debe contribuir al desarrollo sostenible a nivel planetario. Uno de los compromisos de la convención consiste en identificar humedales y sumarlos a la Lista de Humedales de Importancia Internacional o Lista Ramsar, lo que significa que cada país debe armar su inventario de humedales. La lista de esta convención reconoce veintitrés sitios Ramsar en nuestro país, pero en Argentina actualmente se presentan disputas entre distintas jurisdicciones para poder decidir sobre lo que es o no un humedal y sus características. Alejandra Meneguzzi dijo sobre este punto: “En la ley de humedales que nosotros estamos apoyando se propone una moratoria hasta que ese inventario esté realizado en su totalidad y se plantea que no se puede seguir expandiendo la producción, el comercio en las zonas que están declaradas como humedales, hasta que no haya una regulación. La producción que ya está no se va a prohibir, pero no se puede avanzar con más campos para la ganadería, más cantidad de campo para arrozales hasta que la ley esté aplicada. Nosotros debemos garantizar que el funcionamiento ecosistémico del humedal no sea roto por esta producción que proponen los otros sectores, para que no se excedan, porque si nosotros tenemos exceso de producción, vamos a terminar perdiendo los humedales”. Además, subrayó que aún continúan en la lucha para que vuelvan a tratar el proyecto en el Congreso y poder tener una Ley Nacional de Humedales. Actualmente, el Delta del Paraná no está declarado como sitio Ramsar ni incluido en el inventario. Las distintas secciones deberían estar integradas al inventario nacional de humedales a sabiendas de

La ciudadanía comenzó a organizarse para resistir y oponerse a la propuesta del Gobierno porteño para construir a través de la empresa IRSA un barrio privado con megatorres en los humedales de la Costanera Sur. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, María Eva Koutsovitis, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se refirió al proyecto de IRSA Costa Urbana y brindó más detalles de sus objetivos. Además, explicó dónde radica la importancia de la costanera como un humedal que debe ser protegido como una reserva ecológica para favorecer el medio ambiente de la Ciudad. La participación masiva en la audiencia pública podría ponerle un freno al avance del cemento, como sucedió con Costa Salguero. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur Marcela Eva Koutsovitis, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, habló de la importancia de frenar el proyecto IRSA-Costa Urbana, que pretende construir un barrio privado con megatorres en la Costanera Sur. La ingeniera hidráulica explicó las consecuencias ambientales y sociales que el proyecto ocasionará si se reemplazan los humedales de la costanera por cemento, como el aumento de las olas de calor y las inundaciones. Además, el Observatorio y cientos de organizaciones más pretenden recuperar ese espacio para que no sea entregado a manos privadas  —¿De qué se trata el proyecto y cuál es su objetivo? —Este proyecto inmobiliario se denomina Costa Urbana. Lo impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el grupo económico (IRSA). Impulsa la construcción de megatorres de 145 metros de altura en la Costanera Sur. El predio en donde históricamente iba a llevarse a cabo la Ciudad Deportiva de Boca. Tiene 72 hectáreas, es decir casi 72 manzanas, se encuentra al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica. Al avanzar en este nuevo Puerto Madero, lo que vamos a hacer es generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la Ciudad de Buenos Aires, en particular para el Barrio Rodrigo Bueno y para la Reserva Ecológica. Por eso es que desde un conjunto de colectivos y asambleas nos venimos oponiendo a este emprendimiento inmobiliario, que además va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires, de los pocos que conserva. Recurrimos a la Justicia en primer lugar para poder frenar el avance de este mega emprendimiento inmobiliario. Luego presentamos un proyecto alternativo en la Legislatura porteña, que propone recuperar el predio, porque además entendemos que nos corresponde por historia recuperarlo. Este proyecto alternativo de recuperación del predio y de nueva Reserva Ecológica cuenta con el apoyo de más de 6 mil firmas y el acompañamiento de casi 300 organizaciones feministas, ambientales, sindicales y sociales. Estamos a la espera de que algún legislador o alguna legisladora levante el proyecto del estado parlamentario para justamente poder debatirlo en el recinto. Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad ya votó este proyecto en primera lectura. Este tipo de proyectos requieren de dos votaciones que se las denomina: primera lectura y segunda lectura. Y entre esas dos votaciones lo que hay, obligatoriamente, es una audiencia pública. Así que el Gobierno de la Ciudad avanzó. Es importante aclarar que votó en primera lectura este proyecto sin respetar las mayorías que la Constitución de la Ciudad establece. Y entonces el proyecto ahora está convocando a una audiencia pública.  —En el contexto de pandemia se han revalorizado los espacios públicos y verdes en las grandes urbes, como en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué se podría hacer en vez de edificios?  —Es un predio que hasta en la década del 60 fue ganando al río. Estamos hablando de tierras de relleno que luego se transformaron en humedales. Por eso es fundamental poder proteger este predio y evitar que se desarrollen torres suntuosas de 145 metros de altura para poder tener algún orden de magnitud. El desarrollo inmobiliario de Costa Urbana implica la construcción de 900 mil metros cuadrados. Es inimaginable, pero estamos hablando de una mayor densidad constructiva de la que actualmente tiene Puerto Madero, de rascacielos. Todo esto en un humedal al lado de la Reserva Ecológica en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en emergencia ambiental. Es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante. Es fundamental poder conservar este predio. La Ciudad, además, enfrenta dos amenazas de origen natural que son las inundaciones y las olas de calor. Para mitigarlas necesitamos superficies verdes absorbentes. Y por supuesto que la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de poder contar con superficies verdes y públicas. Es más, si los fines de semana recorremos la Reserva Ecológica, vamos a ver que las familias hacen cola para poder entrar a visitarla. Sin embargo, si recorremos por la noche Puerto Madero, vamos a aceptar que la mitad está vacío. Este proyecto, entendemos que es un contrasentido ambiental, social y urbano. Las ciudades del mundo, en el marco de la crisis climática, están recuperando los bordes costeros para justamente poder hacerle frente a eventuales ascensos de las aguas o para poder permitir que los vientos de las costas ingresen a los centros urbanos; Para lograr el recambio en el aire y se mejore la calidad de aire que respiramos y además mitiguen un efecto conocido como isla de calor urbana.  —Se lanzó “Plan Futuro”. Horacio Rodríguez Larreta lo anunció como un proceso de participación ciudadana, ¿estás al tanto? —Hace tiempo venimos impulsando con un conjunto de organizaciones y asambleas una ley marco para regular la participación ciudadana. La verdad es que nuestro sistema es la democracia participativa. Así lo establece la Constitución de la Ciudad. Sin embargo, en estos más de 25 años no hemos podido regular los mecanismos de participación ciudadana para que, entre otras cosas, puedan ser algunas instancias vinculantes. En ese sentido, las propuestas que el Gobierno de la Ciudad viene impulsando desde el año pasado y hasta la fecha en materia de mecanismos de participación