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La semana pasada, vecinos y vecinas del Delta se manifestaron en el centro de Tigre para pedir la renuncia de Santiago Serantes, director de Plan de Manejo, por estar vinculado a grupos inmobiliarios. Es necesario recordar que semanas atrás un gran incendio en la Primera Sección del Delta del Tigre dejó varias casas destruidas y zonas arrasadas por el fuego. A la espera de que el Congreso se decida a tratar la Ley de Humedales, Alejandra Meneguzzi, integrante de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta; y Fernando Soto, vecino del Delta; pasaron por el programa radial La Retaguardia y se refirieron al reclamo, el manejo del fuego en los incendios, la demora en el tratamiento del proyecto de ley y los intereses en disputa. Entrevistas y redacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez OteroFotos: Fernando Soto La expansión de los incendios en diversas secciones del Delta del Río Paraná es un problema recurrente que afecta a la región cada vez más seguido. Los y las habitantes de las zonas afectadas o aledañas, e incluso de regiones más alejadas, padecen las consecuencias del fuego y lo que deja a su paso. Las distintas épocas del año, sumadas al viento y la sequía, hacen de la zona del Delta y alrededores un terreno propicio para el inicio y desarrollo de fuegos rápidos y enormes, difíciles de extinguir. El lunes 7 de noviembre más de 120 vecinos y vecinas isleñas del Delta del Tigre se manifestaron en las oficinas centrales para exigir la renuncia del director de Plan de Manejo, Santiago Serantes. Acerca de Serantes, Alejandra Meneguzzi, integrante de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta, dijo: “Lo ha designado en el mes de septiembre el intendente Julio Zamora y es un agente inmobiliario. Entendemos que responde y representa a los intereses inmobiliarios que destruyen el humedal. Se entregó una carta acompañada por 800 firmas de vecinos de Tigre y de la isla. No es casualidad que apenas lo designaron empiezan a aparecer megaproyectos como un transbordador para trasladar vehículos a la isla. Logramos tener una reunión y exigimos la renuncia inmediata del director Santiago Serantes, rechazamos toda modificación que intenten generar a la ordenanza 3343/13, la ordenanza de plan de manejo, que es nuestra pequeña ley de humedales. Están intentando modificar esta ordenanza. Y también pedimos una reunión con el intendente Julio Zamora. El 12 de octubre hubo un incendio en la Primera Sección del Delta, en un barrio que se encuentra en el Arroyo Caraguatá al 800. El vecino Fernando Soto detalló: “Había mucho viento que cambiaba de un sentido al otro y se propagó muy rápido. Vinieron Prefectura y la Policía y trabajaron conjuntamente con los vecinos. En las islas los primeros que atacan los incendios son los vecinos pero no tenemos los recursos para combatir en forma inmediata, y se va de las manos siempre. Los bomberos llegan relativamente rápido, pero la zona del Delta es muy amplia y tardan en llegar. También tienen pocos recursos”. Acerca de las pérdidas materiales, Soto contó: “Las casas afectadas fueron dos que se destruyeron por completo y después hay aproximadamente seis casas que sufrieron daños en forma parcial. La zona del arroyo Caraguatá fue la más afectada. Se trabajó toda la noche e incluso al otro día llegaron los helicópteros hidrantes y se logró apagar el foco que está en el centro de la isla y es una zona de muy difícil acceso”.   A esta altura de los acontecimientos, los vecinos y vecinas no pueden afirmar si los incendios han sido intencionales. “Se han quemado 196 lotes casualmente en lugares donde no hay dueño con escritura. No es casualidad que a partir de la designación del nuevo Director de Manejo del Delta, que es un agente inmobiliario se empiezan a presentar proyectos y megaproyectos para desarrollar en el territorio con la idea de tener un transbordador para pasar automóviles a la isla y hasta se piensa en puentes subfluviales. Y se está pensando en el municipio en generar una reforma sobre el punto de insularidad a la ordenanza de manejo” contó Meneguzzi. Hacia una Ley nacional de Humedales La Convención Ramsar es un tratado internacional suscripto en 1971 en Irán que fue aprobado por la Argentina mediante la Ley 23.919 y su misión es la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales. Además, a través de la cooperación internacional, debe contribuir al desarrollo sostenible a nivel planetario. Uno de los compromisos de la convención consiste en identificar humedales y sumarlos a la Lista de Humedales de Importancia Internacional o Lista Ramsar, lo que significa que cada país debe armar su inventario de humedales. La lista de esta convención reconoce veintitrés sitios Ramsar en nuestro país, pero en Argentina actualmente se presentan disputas entre distintas jurisdicciones para poder decidir sobre lo que es o no un humedal y sus características. Alejandra Meneguzzi dijo sobre este punto: “En la ley de humedales que nosotros estamos apoyando se propone una moratoria hasta que ese inventario esté realizado en su totalidad y se plantea que no se puede seguir expandiendo la producción, el comercio en las zonas que están declaradas como humedales, hasta que no haya una regulación. La producción que ya está no se va a prohibir, pero no se puede avanzar con más campos para la ganadería, más cantidad de campo para arrozales hasta que la ley esté aplicada. Nosotros debemos garantizar que el funcionamiento ecosistémico del humedal no sea roto por esta producción que proponen los otros sectores, para que no se excedan, porque si nosotros tenemos exceso de producción, vamos a terminar perdiendo los humedales”. Además, subrayó que aún continúan en la lucha para que vuelvan a tratar el proyecto en el Congreso y poder tener una Ley Nacional de Humedales. Actualmente, el Delta del Paraná no está declarado como sitio Ramsar ni incluido en el inventario. Las distintas secciones deberían estar integradas al inventario nacional de humedales a sabiendas de

Lo dijo el periodista Facundo Viola. Las fumigaciones con agrotóxicos quedaron excluidas en toda la localidad santafesina reconocida por la producción de frutillas. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, brindó más detalles de lo que se podría considerar un triunfo en términos medioambientales y sobre todo de concientización del pueblo que le dijo definitivamente NO a la contaminación con agrotóxicos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia A partir de febrero no se podrá fumigar con agrotóxicos en Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe. El periodista especializado en medioambiente, Facundo Viola, comenzó explicando: “Desde 2015 venimos trabajando sobre esta situación donde se fumigaba sin ningún tipo de control sobre los monocultivos para hacer frutillas. Arroyo Leyes se ubica a 15 kilómetros hacia el norte siguiendo la ruta provincial 1 de la capital de Santa Fe, lo que sería el periurbano”. La lucha y resistencia Por otro lado, Facundo Viola denunció: “En esta zona se fumigaba sin ningún tipo de control, directamente sobre la población. Por dar ejemplos drásticos,  a dos metros de la ventana de una escuela cuando los niños estaban dentro. Después de las fumigaciones se producía mortandad de aves, mucha gente se enfermaba con enfermedades terminales, eran vecinos cercanos a los campos. A través de relevamientos con distintas instituciones encontramos que existían altos índices de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, contaminación de agua por fertilizantes. Toda esta situación hizo que comencemos a movilizarnos para visibilizar más esto, concientizar, y reclamar. Llegamos a hacer denuncias penales, allanamientos, y a la par fuimos gestionando con el Estado provincial y la comuna local un proceso de ordenamiento territorial con un comité interministerial con el cual nos fuimos reuniendo y proponiendo una resolución a este conflicto. Fue algo que llevó años, y hacia 2019 obtuvimos una ordenanza con este trabajo participativo que es la 02/19, donde se fueron estableciendo plazos para que se dejara de fumigar”.  En la provincia de Santa Fe se encuentra vigente la ley 273 para la aplicación de agroquímicos, que dice que no se puede fumigar en ámbitos urbanos. Viola remarcó que esto no se cumple. “Conseguimos que en el ámbito periurbano solo se permitan producciones sustentables o abocadas a la agroecología. Al vencerse los plazos, el año pasado se hizo una especie de prórroga donde se permitió a uno de estos campos permanecer en este tipo de producción (con agrotóxicos) pero ya este año las instalaciones se han levantado y retirado”, contó. El poder de lobby agroexportador “La ley vigente en Santa Fe tiene 27 años y es anterior a la introducción de los transgénicos y a su paquete tecnológico. Las organizaciones ambientales fuimos insistiendo con diferentes proyectos dentro de la Legislatura con evidencias científicas que fuimos aportando para demostrar los daños y perjuicios que presentan los agroquímicos para la población. Por otro lado, hay un lobby muy fuerte en la provincia, tenemos el puerto agroexportador, ubicado en Rosario, más grande del mundo junto al de Chicago, Estado Unidos. También existen formuladoras de agrotóxicos muy importantes y además está presente el poder de lobby de empresas aerofumigadoras que están ubicadas en la zona núcleo”, dijo el periodista. Un cambio cultural Viola mencionó en qué cambios pudieron avanzar, producto de mucho trabajo: “En la localidad de Arroyo Leyes pudimos accionar sobre 80 hectáreas divididas en 20 campos aproximadamente de productores frutihortícolas, que no por producir frutas y verduras son menos tóxicos. De lo contrario, se los fumiga mucho más. Entendemos que si no hay una concientización del peligro que esto representa, las leyes muchas veces no se cumplen. Incluso hay fallos judiciales que prohíben, por amparos judiciales que se han realizado, fumigar a determinada distancia en Santa Fe. Pero lo siguen haciendo porque nadie reclama, no hay fuerza para hacerlo. Nosotros trabajamos en la localidad fuertemente en un cambio de mentalidad y cultural en todos los sentidos, no solo a la población, sino también a las organizaciones intermedias, los representantes del Gobierno comunal y provincial para que puedan transformar esa visión que tenían que los agrotóxicos son agüita y no pasa nada si uno tira veneno ahí y no repercute en la salud y en el ambiente. Estamos hablando de un genocidio silencioso, donde miles de ciudadanos y ciudadanas están cada vez más expuestas a estos venenos y que traen formas de enfermar y morir con enfermedades, crónicas, de largo plazo”. Para cerrar, dijo: “Nuestro desafío es ir camino a poder comer frutillas sin veneno”.  DESCARGAR

La ciudadanía comenzó a organizarse para resistir y oponerse a la propuesta del Gobierno porteño para construir a través de la empresa IRSA un barrio privado con megatorres en los humedales de la Costanera Sur. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, María Eva Koutsovitis, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se refirió al proyecto de IRSA Costa Urbana y brindó más detalles de sus objetivos. Además, explicó dónde radica la importancia de la costanera como un humedal que debe ser protegido como una reserva ecológica para favorecer el medio ambiente de la Ciudad. La participación masiva en la audiencia pública podría ponerle un freno al avance del cemento, como sucedió con Costa Salguero. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur Marcela Eva Koutsovitis, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, habló de la importancia de frenar el proyecto IRSA-Costa Urbana, que pretende construir un barrio privado con megatorres en la Costanera Sur. La ingeniera hidráulica explicó las consecuencias ambientales y sociales que el proyecto ocasionará si se reemplazan los humedales de la costanera por cemento, como el aumento de las olas de calor y las inundaciones. Además, el Observatorio y cientos de organizaciones más pretenden recuperar ese espacio para que no sea entregado a manos privadas  —¿De qué se trata el proyecto y cuál es su objetivo? —Este proyecto inmobiliario se denomina Costa Urbana. Lo impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el grupo económico (IRSA). Impulsa la construcción de megatorres de 145 metros de altura en la Costanera Sur. El predio en donde históricamente iba a llevarse a cabo la Ciudad Deportiva de Boca. Tiene 72 hectáreas, es decir casi 72 manzanas, se encuentra al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica. Al avanzar en este nuevo Puerto Madero, lo que vamos a hacer es generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la Ciudad de Buenos Aires, en particular para el Barrio Rodrigo Bueno y para la Reserva Ecológica. Por eso es que desde un conjunto de colectivos y asambleas nos venimos oponiendo a este emprendimiento inmobiliario, que además va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires, de los pocos que conserva. Recurrimos a la Justicia en primer lugar para poder frenar el avance de este mega emprendimiento inmobiliario. Luego presentamos un proyecto alternativo en la Legislatura porteña, que propone recuperar el predio, porque además entendemos que nos corresponde por historia recuperarlo. Este proyecto alternativo de recuperación del predio y de nueva Reserva Ecológica cuenta con el apoyo de más de 6 mil firmas y el acompañamiento de casi 300 organizaciones feministas, ambientales, sindicales y sociales. Estamos a la espera de que algún legislador o alguna legisladora levante el proyecto del estado parlamentario para justamente poder debatirlo en el recinto. Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad ya votó este proyecto en primera lectura. Este tipo de proyectos requieren de dos votaciones que se las denomina: primera lectura y segunda lectura. Y entre esas dos votaciones lo que hay, obligatoriamente, es una audiencia pública. Así que el Gobierno de la Ciudad avanzó. Es importante aclarar que votó en primera lectura este proyecto sin respetar las mayorías que la Constitución de la Ciudad establece. Y entonces el proyecto ahora está convocando a una audiencia pública.  —En el contexto de pandemia se han revalorizado los espacios públicos y verdes en las grandes urbes, como en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué se podría hacer en vez de edificios?  —Es un predio que hasta en la década del 60 fue ganando al río. Estamos hablando de tierras de relleno que luego se transformaron en humedales. Por eso es fundamental poder proteger este predio y evitar que se desarrollen torres suntuosas de 145 metros de altura para poder tener algún orden de magnitud. El desarrollo inmobiliario de Costa Urbana implica la construcción de 900 mil metros cuadrados. Es inimaginable, pero estamos hablando de una mayor densidad constructiva de la que actualmente tiene Puerto Madero, de rascacielos. Todo esto en un humedal al lado de la Reserva Ecológica en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en emergencia ambiental. Es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante. Es fundamental poder conservar este predio. La Ciudad, además, enfrenta dos amenazas de origen natural que son las inundaciones y las olas de calor. Para mitigarlas necesitamos superficies verdes absorbentes. Y por supuesto que la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de poder contar con superficies verdes y públicas. Es más, si los fines de semana recorremos la Reserva Ecológica, vamos a ver que las familias hacen cola para poder entrar a visitarla. Sin embargo, si recorremos por la noche Puerto Madero, vamos a aceptar que la mitad está vacío. Este proyecto, entendemos que es un contrasentido ambiental, social y urbano. Las ciudades del mundo, en el marco de la crisis climática, están recuperando los bordes costeros para justamente poder hacerle frente a eventuales ascensos de las aguas o para poder permitir que los vientos de las costas ingresen a los centros urbanos; Para lograr el recambio en el aire y se mejore la calidad de aire que respiramos y además mitiguen un efecto conocido como isla de calor urbana.  —Se lanzó “Plan Futuro”. Horacio Rodríguez Larreta lo anunció como un proceso de participación ciudadana, ¿estás al tanto? —Hace tiempo venimos impulsando con un conjunto de organizaciones y asambleas una ley marco para regular la participación ciudadana. La verdad es que nuestro sistema es la democracia participativa. Así lo establece la Constitución de la Ciudad. Sin embargo, en estos más de 25 años no hemos podido regular los mecanismos de participación ciudadana para que, entre otras cosas, puedan ser algunas instancias vinculantes. En ese sentido, las propuestas que el Gobierno de la Ciudad viene impulsando desde el año pasado y hasta la fecha en materia de mecanismos de participación

Walter Rubén Mansilla es uno de las doce personas detenidas entre el lunes 12 y el miércoles 14 de abril en Andalgalá, días después de la Caminata por la Vida de cada sábado, que terminó esa vez en incidentes motivados por el avance del proyecto minero Agua Rica. A Mansilla se lo  acusa de estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. Inés, una de las hermanas; y Analía, su compañera, reconstruyen cómo sucedieron los hechos.(Por la Red Nacional de Medios Alternativos) ✍️ Redacción: Red Nacional de Medios Alternativos – RNMA 📷 Fotos: Red Nacional de Medios Alternativos – RNMA Walter Rubén Mansilla, fotógrafo de la Radio El Algarrobo –  que integra la Red de Medios Alternativos (RNMA) –  y militante de la  Asamblea El Algarrobo fue detenido el lunes 12 de abril. Se lo acusa de estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. Inés, una de las hermanas y Analía, su compañera, reconstruyen cómo sucedieron los hechos. Rubén es uno de las doce personas detenidas entre el lunes 12 y el miércoles 14 de abril. Todos ellos son militantes de la Asamblea y participaron de la marcha el sábado 10 de abril, que, como desde hace 12 años, los andalgalenses realizan por el centro de la ciudad para manifestarse en contra de la explotación minera y en defensa del territorio, el agua y la vida. El sábado, Rubén recorría la marcha sacando fotos como siempre lo hacía. Al escuchar una explosión, cuenta Inés, una de sus hermanas, se volvió y quedó espantado frente a las oficinas de la minera Agua Rica que se estaba incendiando. “(El domingo) hable con él y me dijo que me quede tranquila. Que había estado en la marcha pacífica sacando fotos. Quédate tranquila, me dijo, vos sabes que todo esto está armado, que tratan de hacernos quedar como violentos. Ellos son los violentos, no nosotros, me dijo”, recuerda su hermana. Detención sin orden judicial, pero con muchos golpes Inés nos cuenta que el lunes a la mañana un vecino fue a buscarla para avisarle que estaban destrozando la casa de Rubén.  Cuando ella, acompañada por sus hijos, llega a la casa de su hermano, la encuentra cercada por cerca de 30 efectivos policiales y otros 15 en el interior de la vivienda. “Veo que lo sacan a mi hermano atado, descalzo y a los golpes. Lo tiran al piso y le dan botinazos y golpes con las armas. Yo no paraba de gritar: de qué lo acusan, déjenlo, suéltenlo, no es un criminal, donde están las pruebas. Entonces para que no lo vea lo llevan a un costado. Después me dejan entrar. Lo tenían atado y no dejaban que me mire y para que no se les vieran los golpes le ponen un barbijo, pero yo sabía que estaba golpeado”. Los policía a cargo del operativo pertenecen al Grupo Kuntur “grupo de presión que manda el gobierno”, subraya Inés, y a pesar de la insistencia de la familia no pudieron mostrar ni orden de allanamiento, ni de detención. Es más, según relata, uno de los oficiales del operativo le dijo que ellos solo tenían “la orden de destruir todo, que no sabían de que se lo acusaba (a Rubén)”. En su relato minucioso Inés describe que la presionaron para que firme el acta bajo amenaza de represalias con su hermana, con ella y con sus hijos, si seguía negándose a firmar. Además de ella, el acta de la detención fue firmada “por uno de ellos y por un señor canoso que no vio nada”, dice. Denuncia que a Rubén lo sacan de su vivienda a empujones y lo suben a una camioneta policial. En el trayecto a la sede policial lo siguieron golpeando. “Ellos creyeron que en las fotos (que sacó Rubén) salía uno de los tipos que ellos pagaron. En el barrio se sabe quiénes fueron, ellos mismos salen y gritan que les pagaron 500 pesos para quemar las oficinas de la minera”, dice Inés. De la casa de Rubén, se llevan la cámara fotográfica, la memoria, el celular y una memoria de USB, que Walter niega que sea suya, nos cuenta Analía, su compañera. Y nos dice que solo pueden verlo diez minutos por día y que se turnan entre toda la familia. Que el martes 13 de abril le tomaron indagatoria, y que quedó en calidad de detenido acusado – como el resto de los militantes detenidos – por estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. “En el momento de los incidentes tuvo la mala suerte de estar ahí frente a la puerta del galpón de Agua Rica. Imagino que lo que habrá pasado por su cabeza en ese instante, fue registrar la mayor cantidad de momentos posible. Nunca imaginó, que se lo iba a hacer responsable. Es más. En los videos y fotos se lo ve paralizado frente a todo lo que estaba ocurriendo”, cuenta su compañera. Radio El Algarrobo cumple diez años comunicando, este aniversario teñido por las detenciones de sus integrantes La Radio El Algarrobo cumplió diez años construyendo una otra comunicación que intenta romper el cerco informativo que imponen las usinas mediáticas que defienden a las empresas mineras. Soportando detenciones, amenazas, interferencias y trabajando de manera autogestionada para la defensa del agua, del territorio y la vida. La asamblea “El Algarrobo” y la radio que hoy cumple una década, son parte de la misma  organización de habitantes de Andalgalá que luchan en defensa de la vida y que hoy tiene 10 detenidxs (ayer dos asambleístas fueron liberados). El 15 de febrero del 2010 una pueblada bloqueo los caminos  de tierra que llevaban a la mina Bajo La Alumbrera. Las fuerzas de seguridad  desataron una feroz represión ordenada por la fiscal Marta Nieva que encarceló a más de 150 personas. Aquel día las multinacionales no pudieron imponer el proyecto de Agua Rica y los andalgalenses concluyeron que, tanto los medios nacionales como regionales, se habían esforzado por desinformar sobre lo que estaba