Medio Ambiente
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Ayer a las 16, en el Día Internacional del Agua, se realizó una sentada frente al Congreso Nacional y luego una movilización hasta Plaza de Mayo, para visibilizar la emergencia ambiental. El desastre ambiental a lo largo y ancho del país, con las particularidades de cada región y las distintas explotaciones que se hacen de la naturaleza, hizo que las consignas fueran muy variadas: Apaguen los fuegos ya, Ley de Acceso a la Tierra, Ley de Humedales, Ley de Educación Ambiental, No a la instalación de megafactorías para cerdos de China, Soberanía Alimentaria, Fuera Monsanto y sus venenos, el Agua vale más que todo, Basta de Megaminería a cielo abierto, entre tantas otras. En síntesis, Basta de Falsas Soluciones. Porque se evidencian las responsabilidades del estado, y también la negligencia con la que se está actuando (y no actuando). Miles de personas salieron a las calles y puede verse cómo comienza a tomar cada vez mayor impulso la unidad de las diferentes luchas ambientales, haciendo foco en que lo que está fallando es el modelo extractivista. (Por La Retaguardia) 📷 Fotos: Virginia Chaile/La Retaguardia
El Gobierno de la Ciudad a través de la Dirección de Fiscalización Urbana que depende a su vez del Ministerio de Espacio Público, confeccionó un acta de intimación en la que advertía multas y un plazo de 48 horas para retirar las huertas en la vereda de la calle César Díaz al 3300, en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Matías Lockhart, escritor e integrante del colectivo El Reciclador y de Acción Huerta Urbana, dialogó con el programa radial Mis hijos están con el padre y brindó más detalles de esta situación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Silvio Florio/Braulio Domínguez ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Facebook El Reciclador Urbano/Matías Lockhart “Me dedico a temas de huertas hace más o menos tres años, a partir de conocer a Carlos Briganti (conocido como El Reciclador, impulsor de este colectivo). Estamos organizándonos para extender la idea de que cualquiera puede tener una huerta, tenga espacio o no. Estamos con huertas en las veredas a través de Acción Huerta Urbana que es una de las patas importantes de El Reciclador”, se presentó Matías Lockhart. El integrante del colectivo El Reciclador describió dónde están ubicados y cómo trabajan coordinadamente con la comunidad vecinal: “Estamos en la calle César Díaz, en el barrio de Villa Santa Rita. Hace ya un año comenzamos con cubiertas de autos decoradas, con alimentos, hablando primero con las y los frentistas. Porque uno de nuestros lemas es ‘con el frentista todo, sin el frentista nada’, con lo cual hablamos con los vecinos y vecinas, nos ponemos de acuerdo: quienes quieran, deseen y se comprometan a cuidar las huertas, los ayudamos a instalarlas dentro del espacio público”, explicó. Matías Lockhart junto a la huerta de César Díaz al 3300 En un tono sarcástico, criticó a las autoridades del Gobierno porteño que conciben a las huertas urbanas como un peligro inminente: “Hoy, esto que hacemos es algo clandestino, como algo fuera de la ley, una amenaza. Tenemos tomates asesinos, berenjenas secuestradoras, copetes extorsivos. Somos muy revolucionarios con esto que hacemos”, ironizó. La inspectora Carla Grassi fue quien intimó a que se retiraran las huertas de la vereda, pero Lockhart ya había tenido también un conflicto semejante con uno de sus vecinos que le envió una carta documento el año pasado, sencillamente porque le molestaban las cubiertas sobre la vereda. Tal fue así que tuvieron que moverlas a la vereda de enfrente. Este año se sumaron cuatro intimaciones más, pero ya de parte de Gobierno de la CABA: “Hicimos una vigilia, pasaron tres días sin que ocurriera nada, hasta que aparecieron las funcionarias, que yo ya las conocía de la calle Roseti (Chacarita) porque fueron las mismas que estuvieron allá”. Las funcionarias se enteraron de la resistencia vecinal a través de las redes sociales y su superior les ordenó que fueran a tomar las medidas correspondientes. Por último, Matías intentó analizar la lógica que emplean estos y estas funcionarias a la hora de regular el espacio público: “Una de las cosas que más les molestan son las cubiertas. Creo que si ellos no hacen esto, no pueden justificar el presupuesto con sus propuestas, porque les encanta romper las veredas, es como su razón de ser. Ellos tienen que regular el espacio porque si no es un caos. Quieren que nosotros y nosotras seamos ordenados, que sigamos las pautas, y que no nos corramos de los carriles permitidos. Nos ven como a infantes, a quienes tienen que encarrilar”, señaló. La huerta urbana resiste. Quienes la eligen, trabajan en comunidad y a pesar de las intimaciones del Gobierno y las amenazas de algunos vecinos, sueñan con seguir creciendo: “Vamos a afianzar los vínculos vecinales, porque la idea es no retroceder. Educarnos para en un futuro instalar una compostera. Desde el Gobierno nos dijeron de palabra que no nos van a sacar. No hay huerta atrás”, aseguró.
Durante la cuarentena, la organización “El Reciclador” empezó un proceso de expansión que ocupó veredas de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la de la calle Roseti al 1000, en el barrio de Chacarita. El proyecto que nació hace 11 años como una huerta de producción agroecológica en una terraza, rompió sus límites y se extendió hacia la calle, donde vecinos y vecinas se encuentran cada semana.. Utilizando como canteros cubiertas de autos que simbolizan el desastre ecológico que implican los pasivos ambientales, la cuadra pasó de ser un espacio de tránsito a un corredor biológico en plena Ciudad de Buenos Aires. Sebastán Briganti, integrante del colectivo El Reciclador y de Acción Huerta Urbana pasó por el programa radial La Retaguardia y contó acerca de los diferentes procesos que atraviesan en estos momentos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner/Fernando Tebele ✍️ Redacción: Pedro Tato 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: El Reciclador Urbano Desde el comienzo de la pandemia por Covid-19 surgieron voces que auguraban un antes y un después en la sociedad. Era una etapa para que repensemos las formas en que vivimos, el hacinamiento, y los problemas que acarrea nuestra forma de vida. Después de casi un año poco parece haber cambiado, salvo algunos espacios como la calle Roseti, donde hoy encontramos veredas con cubiertas de autos pintadas y repletas de plantas en su interior. Esto que vemos es la parte visible del trabajo del colectivo “El Reciclador”, en el que vecinos y vecinas se organizan para mostrar que en la Ciudad pueden producirse alimentos sanos, a contramano de las lógicas del cemento que avanza a pasos agigantados. Sebastián Briganti es integrante de este proyecto y en su paso por La Retaguardia explicó cómo fue que comenzaron a ocupar las veredas, saliendo de la terraza donde se gestó el proyecto hace ya 11 años: “En época de pandemia decidimos salir a la calle y empezar a practicar el estar puertas afuera, demostrando que en la ciudad podemos producir alimento sano, seguro y sin ninguna práctica dañina para el ambiente. Las huertas las armamos con cubiertas de autos y están intervenidas por artistas plásticos y artistas plásticas; la gente de la cuadra, con niños y niñas, se acercan a pintarlas. Hay un gran trabajo que se fue gestando en esta época de pandemia. Empezó a crecer, los vecinos se empezaron a contagiar, quisieron tener una huerta y así se fue ocupando la calle Roseti al 1000, que ya es un gran corredor biológico donde asoman girasoles, donde se producen tomates, donde vemos que se cosechan zapallitos, calabaza, tabaco Virginia, plantas aromáticas y medicinales”, relató. Estar en las veredas trabajando de forma comunitaria trasciende las lógicas de habitar la ciudad que habitualmente conocemos. Sebastián contó los cambios que generó el proyecto, muchos de ellos ocultos para el transeúnte de Chacharita: “Hay una gran diversidad y una gran riqueza que no solo lo aporta la naturaleza, sino que se empieza a generar un entramado social que es muy rico, y que no lo veíamos hace mucho tiempo en la urbanidad y en nuestra vereda. Y es que las vecinas y los vecinos empezaron a salir hacia afuera, se empezaron a conocer, empezaron a charlar, a compartir saberes, a hablar de jardinería, de huerta y se empezó a recomponer algo”, celebró Briganti. No todo fueron flores en la huerta del Reciclador Urbano. El mes pasado debieron enfrentar una amenaza de desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad: “A partir de que un vecino denuncia que había mosquitos, se desata una situación en que el día 8 de enero de 2021 se acerca un inspector de muy mala manera, sin dar nombres ni nada y sin entrar en diálogo, de una manera muy violenta, nos amenaza que el día lunes se ibamos a tener que levantar la huerta o la iban a tener que levantar ellos. A partir de esta situación nos organizamos, damos aviso las vecinas y vecinos y en un fin de semana planteamos una estrategia de estar en vigilia en una jornada de reflexión y concientización con actividades de huerta, donde se acercó muchísima gente, y se empezó a gestar un espacio de reflexión e intercambio de ideas terminó en el día martes, con la gente del Gobierno de la Ciudad ahí para entablar un diálogo”, explicó.. “De esa manera empezamos a hablar con ellos hasta que conseguimos que un funcionario se comprometiera a que, si ocurría algún intento de desalojo por parte de la comuna, él se hacía responsable para que llamemos y deje sin efecto esa acción. A partir de ahí quedamos a disposición y empezamos a charlar con la gente del Ministerio.” explicó Sebastián, dando un panorama completo de cómo continúa el conflicto hasta la actualidad. En el colectivo “El Reciclador”, piensan la huerta como una forma de ejercitar la ciudadanía, un espacio para pensar qué ciudad queremos y poner el cuerpo para conseguirla. En este sentido, el proyecto cuenta también con composturas comunitarias para que las y los vecinos puedan separar los residuos orgánicos: “ No puede ser que a esta altura estemos tirando basura, que si separamos esas fracciones el 50% es orgánico y se composta. Y otra cosa del valor de la calle Roseti es que tiene dos composteras de 200 litros, bajo la sombra de un palto, que pertenecen a Frutas de la Ciudad y son parte de nuestro colectivo. Con ese compost, 14 vecinos separan en origen sus orgánicos y gente de la cuadra también separa su cartón, su plástico y su papel. Es decir que de ese kilo promedio de basura que se dice que tiramos por persona, en la calle Roseti se tira mucho menos. Realmente hay que pensar una política porque a esta altura estamos llenándonos de basura viviendo en la ciudad, y esto da para largo. Vamos a vivir cada vez más gente, esto va a crecer para arriba, y tenemos que pensar ya en políticas que vayan directamente a
Lo dijo Facundo Viola, quien sufrió un nuevo amedrentamiento que se suma a los ataques que recibe sistemáticamente el grupo de Vecinos Organizados contra las Fumigaciones en Arroyo Leyes, Santa Fe. En esta ocasión, entraron a la casa de Viola y le robaron su computadora, herramienta fundamental para denunciar las fumigaciones que se realizan en el territorio. El periodista fue entrevistado por el programa Tengo Una Idea de Radio La Retaguardia y contó lo sucedido. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Las fumigaciones en la provincia de Santa Fe traen diversas consecuencias a los y las habitantes del lugar, a los animales y al medioambiente en general, contaminan el agua y propagan enfermedades. Las denuncias para acabar con el uso de agrotóxicos se vienen realizando hace años y desde distintos sectores de la sociedad. Uno de ellos es el grupo de Vecinos Organizados contra las Fumigaciones que se formó en Arroyo Leyes, localidad cercana a la capital provincial de Santa Fe. El periodista Facundo Viola contó a La Retaguardia las consecuencias que sufren, hace años, al querer visibilizar estas temáticas y pelear por un territorio sin agrotóxicos: “Para el interior de los pueblos fumigados es muy importante visibilizar la situación que nos toca pasar, que es de mucha violencia, hostigamiento permanente, difamación y ataques de todo tipo. No sólo me sucede a mí, sino que le ha sucedido a varios compañeros en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Por quinta vez ingresaron a mi domicilio, rompieron los vidrios de entrada de la casa y me robaron la computadora. Es muy llamativo porque sobre la mesa había dinero y unas cámaras fotográficas que valen diez veces más que la computadora que se llevaron. No es la primera vez que nos dejan este mensaje mafioso donde se llevan nuestras herramientas de comunicación y trabajo, y dejan dinero a la vista dejando en claro que no son ladrones comunes sino un intento de amedrentamiento de ir sobre la información que nosotros manejamos. Cuando llegué a mi casa encontré el portón roto, la puerta de entrada rota y solo faltaba la computadora. No habían tocado nada, sólo revolvieron algunos papeles. Un trabajo limpio y profesional, como me habían dicho off the record algunos fiscales”, relató. El hurto de la computadora, el elemento que el periodista utiliza para llevar adelante sus protestas contra el uso desmedido de agrotóxicos en la región, es un claro mensaje contra la organización que está llevando adelante con otros vecinos y vecinas. Las denuncias judiciales por estos hechos delictivos se acumulan en cajones sin revisar, mientras que algunos de los logros de Viola y compañía para frenar las fumigaciones se ven eclipsados por la desidia del Estado y del Gobierno provincial: “La policía hasta el momento no me informó quién es el fiscal que está a cargo de esta denuncia. Desde 2016 hicimos diversas denuncias por amenazas de muerte, intentaron golpearnos, nos persiguieron en moto. Algunas veces nos avisaron que no iban a investigar. Es una situación muy difícil que genera muchos riesgos para nuestra integridad física y muchos trastornos emocionales en los vecinos. Es un mensaje para que la gente no se involucre en esto. Tenemos en claro que lo que intentan es seguir fumigando la localidad. Nosotros venimos batallando para detener las fumigaciones en distintos lugares que son sumamente críticos, zonas céntricas de escuelas. Esas fumigaciones se han detenido, pero todavía quedan varios campos fumigados en la zona. Fuimos logrando ciertas reglamentaciones y ordenanzas locales. Una de ellas definía que a fin de enero ya no se iba a poder fumigar en toda la zona que se determinó como eje urbano. Nos confirmaron que van a prorrogar la entrada en vigencia de esa ordenanza y van a seguir fumigando dentro de la zona urbana para producir frutillas con alta demanda de agroquímicos y hasta 40 productos diferentes”, lamentó Viola. Lo que el grupo ambientalista está denunciando son las consecuencias que genera la contaminación que producen en alimentos y derivados el uso excesivo de agrotóxicos y las fumigaciones en la provincia: “El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) informó que esos productos llegan a la mesa del consumidor. Vemos las consecuencias. La Universidad Nacional del Litoral determinó a nuestro pueblo con alto índice de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, agua contaminada. Fuimos viendo como nuestros vecinos se murieron muy jóvenes de leucemia y cáncer. Cada vez que fumigan aparecen pájaros muertos y los animales domésticos se enferman. Es la situación que venimos denunciando hace seis años a la fecha. Pretenden vetar esta información, silenciarnos y amedrentarnos. Es por eso que han atacado nuevamente nuestro domicilio. Es una situación muy difícil de sobrellevar. Estamos entre los territorios más contaminados por glifosato del mundo. Al año, se usan 600 millones de kilolitros de agrotóxicos, algo así como 15 kilos de agrotóxicos por persona si tomamos un promedio de los 40 millones de habitantes que tenemos en el país. Eso se intensifica si se toman los datos de las provincias que están siendo más fumigadas. Las consecuencias en la salud son tremendas”, aseguró. El problema, como bien señala Viola, es cuando estos actos mafiosos que pretenden adoctrinar a las personas para que abandonen su militancia ambientalista vienen del propio Estado y son los funcionarios del Gobierno quienes “encargan” esos trabajos delictivos: “El lobby del poder sojero en la agroindustria es muy grande. Hemos creado una red de solidaridad entre vecinos afectados por las fumigaciones. Nos acompañamos al momento de denunciar. Estamos recibiendo una presión muy grande. Son los mismos funcionarios, muchas veces, los que alientan este tipo de difamaciones, de escraches y hostigamientos sobre los vecinos que están involucrados en esta causa. Es una situación muy difícil la que se está viviendo. A los vecinos que son víctimas de las fumigaciones y que intentan salir a reclamar por esta situación se los criminaliza, se los judicializa y se le hacen acusaciones de todo tipo intentando
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció en la Justicia a las empresas dueñas del complejo de Vaca Muerta y a la que se encarga del “tratamiento” de los residuos del megaemprendimiento. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, el abogado ambientalista Rafael Colombo brindó más detalles. Además, analizó en profundidad el método extractivista contaminante y opinó que el activo petróleo podría quedar obsoleto en poco tiempo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero El abogado ambientalista Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas comenzó explicando de qué se trata la denuncia que realizaron a las empresas que explotan Vaca Muerta y a la que debería encargarse del tratamiento de los residuos: “Nuestra presentación y denuncia penal tuvo por objeto revelar el millonario negocio que hay detrás de los residuos petroleros en Vaca Muerta. Es lo que nosotros denominamos como ‘el lado B’, donde se desnuda una detallada trama que envuelve maniobras de usurpación y contaminación de tierras públicas. Zonas liberadas, simulación de tratamientos de residuos petroleros y, al mismo tiempo, la cuantificación de un pasivo ambiental que llega a los 5 mil millones de pesos. Esto está íntimamente relacionado con las empresas que llevan a cabo, en teoría, el tratamiento de estos residuos, y que en esta ocasión en nuestra denuncia en particular, así como lo habíamos hecho con Treater Neuquén S.A en el año 2018, concentramos la lupa sobre lo que está haciendo actualmente COMARSA en la planta del Parque Industrial de Neuquén, y en la de la localidad de Añelo”, dijo. “Con un volumen de 400 mil centímetros cúbicos de residuos petroleros peligrosos que equivalen a 720 mil toneladas, y que al mismo tiempo estimamos que representa a 500 piletas olímpicas. Con residuos acumulados que contienen materiales radiactivos, metales pesados. Sin ningún tipo de tratamiento. Meramente acopiados y acumulados en gigantescos piletones sin impermeabilización y medidas de seguridad. Mezclándose con la atmósfera, la tierra, el agua. Ubicados muy cerca de comunidades que habitan en la zona. Esto está configurando un desastre socioambiental de proporciones colosales”, planteó. Un modelo antieconómico “Lo que planteamos básicamente es que Vaca Muerta no puede funcionar como lo está haciendo. Existen hoy 2.200 pozos petroleros que se intervienen mediante la fractura hidráulica que ya de por sí genera brutales impactos sobre el ambiente, y sobre la salud humana. Este es un modelo necesariamente antieconómico, porque se concentra sobre un activo que internacionalmente va camino a ser obsoleto. Depende de los subsidios a los combustibles fósiles. En Argentina, desde el año 2013 el Estado federal viene invirtiendo un total de 10 mil millones de dólares en los subsidios antes mencionados. El presupuesto 2021 contempla casi 80 mil millones de pesos en el marco de lo que es el “Plan Gas 4”. Esto es diez veces más que el presupuesto del Ministerio de Medioambiente, y cuatro veces más de lo presupuestado para el Ministerio de Salud en contexto de pandemia. Las prioridades del Estado parecen estar destinadas a continuar subsidiando Vaca Muerta cuando es evidente, como han manifestado muchísimas empresas, que sin este tipo de subsidios se retirarían de la explotación de yacimientos”, aseguró. Y el boom petrolero, ¿dónde está? “Lo que decimos es mucho más genérico: tiene que ver con que este modelo de explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales es completamente inviable desde lo económico. Es un modelo que está muy alejado de las promesas del milagro de la revolución del boom petrolero que nos va a salvar mediante la entrada de divisas. Eso es mentira. Desde que se explota Vaca Muerta hay mucha más pobreza en Argentina según datos oficiales. Es una industria que se concentra sobre un activo que está en crisis de manera estructural, que es completamente incompatible con los compromisos constitucionales y convencionales que tiene nuestro país en materia de cambio climático. Los fósiles están en baja en todo el mundo, por la crisis de precios que actualmente atraviesa la industria hidrocarburífera. También es un momento de recambio estructural. Vaca Muerta resulta entonces una apuesta ciega, un extractivismo energético contaminante y depredador de gran escala. Es una auténtica pesadilla que colisiona con la condiciones de un planeta asediado por el cambio climático. Más de 150 ciudades del mundo están liderando un proceso de desinversión de la industria fósil para reinvertir en energías renovables. El Banco Mundial ya no financia más proyectos de gas y petróleo. Por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones va a camino a transformarse en un banco climático para destinar el 50 por ciento de sus activos en inversiones de energías renovables”, expresó el abogado ambientalista. Por otro lado, agregó: “Las falsas promesas que deliberadamente no se cumplen, parecen ser un denominador común con los extractivismos en general, porque ocurre con la megaminería, con la agroindustria a base de organismos genéticamente modificados con agrotóxicos, con la industria forestal. El Estado, en cambio, debería invertir en promover energías renovables”. Montaje político legal Al referirse a la otras empresas que integran el grupo Vaca Muerta y que también se encargan de de generar los residuos peligrosos, Colombo denunció: “Pedimos que se investigue a las empresas generadoras y que explotan Vaca Muerta, como YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) Pan American Energy, Shell Argentina, Chevron, TecPetrol, Pampa Energía S.A, ExxonMobil. Y al mismo tiempo pedimos que se investiguen las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios públicos involucrados en este gran montaje de una ingeniería política y legal, que generó las condiciones de posibilidad para que Comarsa pueda llevar las acciones que lleva a cabo sin ningún tipo de control o fiscalización sobre terrenos públicos. Porque las 50 hectáreas que suman la planta de Añelo y la planta del Parque Industrial neuquino son tierras públicas. Cuando estas empresas, el día de mañana, se retiren de Vaca Muerta, nos van a dejar un pasivo ambiental desastroso desde todo punto de vista”.
La Corte de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza que prohibía la megaminería en la provincia. La medida fue tomada en los últimos días de 2020 y determinó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2016, que explicitaba la prohibición de todo tipo de explotación minera en la cuenca del río Andalgalá, quedara sin efecto. Al respecto, Mariana Katz, abogada de la Asamblea el Algarrobo de Andalgalá, habló con La Retaguardia y dio sus sensaciones sobre esta decisión que pone en peligro el bien más preciado para el pueblo catamarqueño: el agua. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Diego Adur/Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Asamblea el Algarrobo En un fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que se dictó apenas unas horas antes de celebrarse la pasada navidad, la Ordenanza Municipal 029/16 que establecía la prohibición de la megaminería en la localidad de Andalgalá fue declarada inconstitucional. El pedido de nulidad de la medida dictada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de marzo de 2016 fue impulsado por la empresa minera Agua Rica, que cuenta con diversos negociados en la provincia. De esta manera, la paz social, el agua y la vida del pueblo catamarqueño se ve amenazada por las prácticas extractivistas que desarrollan las empresas y por los gobiernos provincial y nacional que avalan estas acciones. La abogada Mariana Katz, quien forma parte de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, habló con La Retaguardia y anticipó que existen recursos jurídicos para apelar el fallo de inconstitucionalidad: “Lo importante acá es que esto se va a apelar. Lo que va a ocurrir es que se van a presentar dos recursos extraordinarios federal. Uno por la municipalidad, quien es la demandada, y otro por los vecinos del propio pueblo de Andalgalá, que se presentaron como terceros interesados para sostener la constitucionalidad y pedirle a la Corte de Catamarca que también, además de hacerle el test de constitucionalidad, analice el test de convencionalidad. Al momento de analizarse cualquier ley que esté en posibilidad de ser contraria a la Constitución Nacional, esto tiene que ser pasado por el tamiz de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. No hay ningún derecho absoluto respecto a lo que alega la empresa minera y lo que alega el Estado provincial en cuanto a la titularidad del dominio de los recursos naturales y a que la minería es una actividad lícita. Los vecinos de Andalgalá, con mi representación jurídica, solicitamos a la Corte de la provincia que amplíe el test de la constitucionalidad a la convencionalidad y analice si esta ordenanza municipal era una forma de aplicar directamente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tal como así dispone la Constitución Nacional. La Corte no dijo nada al respecto porque no hay argumentos para contradecir esta cuestión”, explicó Katz. Uno de los argumentos planteados por la Corte para declarar la inconstitucionalidad fue determinar que la competencia municipal está por debajo de la competencia nacional. Esto significa que Andalgalá no puede prohibir una actividad que es propiciada por el Estado nacional, como lo es el actual modelo extractivista. Otra de las cuestiones que le permitió a la Corte dictar su fallo fue la falta de un referéndum, es decir, que la prohibición de la megaminería en Andalgalá sea sometida a votación popular por medio de un plebiscito: “La Constitución determina que los municipios tienen autonomía dentro de una cuestión de distribución de competencias en cuanto al ejercicio del poder político. En la toma de las decisiones por parte de las autoridades, lo que argumentaron es que en este ejercicio de reparto de competencias, los municipios tienen una competencia de segundo grado, como que sería menor. Y eso implica que la decisión de prohibir una actividad que tiene política de Estado, para la Corte de la provincia es inconstitucional. Esa es una de las líneas argumentales, porque hubo varias. Otras de las líneas argumentales que planteó uno de los ministros, que se llama (Carlos Miguel) Figueroa Vicario, dice que si bien en la provincia de Catamarca no hay una ley de protección ambiental, esta ordenanza municipal tendría que haber sido plebiscitada, tendría que haber sido convocado a un referéndum. En el año 2010, este ministro de la Corte era diputado provincial. Había hecho un proyecto de ley para que haya una ley provincial de protección del ambiente y en la cual pedía la prohibición de la megaminería a cielo abierto a nivel provincial. Primera incoherencia. Fue una de las líneas argumentales que siguieron todo el resto de los jueces que avalaron esa postura. Ese mismo año, el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una ordenanza municipal, que es la 02/2010, convocando un referéndum facultativo para que la población se exprese por el sí o por el no a la explotación minera. La propia Corte de la provincia dictó una medida cautelar limitando eso y suspendiendo ese referéndum facultativo que hoy vuelven a decir que hay que convocar. Ellos mismos fueron los que lo limitaron y le prohibieron a la población de Andalgalá ejercer la democracia. Entonces ahí te das cuenta de las propias incoherencias”, señaló. La lucha del pueblo de Andalgalá La respuesta del pueblo de la localidad catamarqueña fue inmediata: “Primero sacaron un comunicado repudiando esta situación, manifestándose masivamente en la caminata que todos los sábados llevan adelante como una de las herramientas que tienen como resistencia; porque una es la jurídica y otra es la resistencia en la propia calle, a través de las caminatas o de acciones concretas y de reclamos concretos en el ámbito local y en el municipio. Se manifestaron en las calles, pero además de eso también hubo un acompañamiento de muchos organismos de derechos humanos que vienen acompañando el reclamo del pueblo de Andalgalá, que sacó un comunicado de prensa y adhirieron cerca de 1.700 personas, entre organizaciones y personas. Eso fue también enviado a la Corte de la provincia para decirles al poder político y al
“Una laguna negra”, dirigida por Maricarmen Sordo y con guión e investigación del periodista Patricio Eleisegui, registra el desastre ambiental que producen en México las granjas porcícolas que se pretende instalar en Argentina. En diálogo con el programa A mí no me importa, Eleisegui habló del proceso de investigación que realizaron y detalló los riesgos que genera este modelo. Entre la contaminación del ambiente y la mala alimentación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Fernando Tebele Desde mediados de 2020 se conoció un acuerdo entre Argentina y China para producir cerdos en nuestro país. Rápidamente llegó el repudio por parte de organizaciones, especialistas y también por una amplia parte de la sociedad, porque el modelo que se quiere instalar genera altos riesgos en el medioambiente. Por la presión que se ejerció, el acuerdo se pospuso. Mientras tanto, los sectores que buscan que se firme y comience la producción de cerdos, siguen insistiendo: el representante especial para la Promoción del Comercio y de las Inversiones, Sabino Vaca Narvaja, aseguró que el acuerdo propone “instalar Granjas Inteligentes en nuestro país, que son granjas seguras, sostenibles y sustentables, y no la instalación de megagranjas”. Basta con buscar ejemplos de lo que sucede en otros países que adoptaron este modelo de producción para refutarlo. Patricio Eleisegui, autor de libros como Agrotóxico y Envenenados, viajó a México en octubre para comenzar con la investigación y filmación en la zona de Yucatán, donde están instaladas las factorías de chanchos similares a las que se establecerían en Argentina. “El modelo mexicano es uno de los que en su momento enarboló por parte de las asociaciones de producción de carne porcina en la Argentina como el ejemplo a seguir, como el modelo exitoso de comprobado efecto positivo desde la ecología, de no afectar el medioambiente. Todos aspectos que la cadena estuvo resaltando en los últimos meses como para darle cierto aval social al acuerdo con China”, comenzó a explicar el periodista. —La Retaguardia En Argentina se armó una fuerte oposición a este acuerdo con China, ¿allá hubo alguna resistencia? ¿Sabes cómo se instalaron las factorías? —Patricio Eleisegui: Sí, es muy especial realmente por la idiosincrasia también y las situaciones que se dan acá en el mismo territorio. Las zonas afectadas por las granjas en México ahora están en el área de Yucatán, que es donde todavía están muy consolidadas las poblaciones y las comunidades mayas. Este pueblo todavía tiene alrededor de un millón de habitantes, son muchos, y todas las poblaciones de Yucatán, fuera de las ciudades grandes como Mérida, son poblaciones mayas. Ellos son quizá los que más están encarnando la resistencia porque son afectados directos también. Lo que ocurre en México es muy parecido a lo que ocurre en América Latina, donde el hombre blanco urbano suele no acompañar en gran medida los reclamos de las comunidades indígenas. Entonces, hasta tanto no exista una afectación directa en la ciudad, que es lo que estamos tratando de mostrar porque esa carne también se come acá en Mérida, lo ven como algo lejano. Y al mismo tiempo, México enfrenta tantas complicaciones en temas de seguridad; en temas ambientales por la contaminación del agua, por la entrada del maíz transgénico, el uso de agrotóxicos. Ahora están discutiendo la posibilidad de activar el fracking. Hay realmente un descalabro tan grande y estas empresas se manejan con tanta impunidad a partir de la caja económica, que han logrado hasta ahora mantener muy separadas las luchas. Digamos que no ves un movimiento nacional. Esta situación de lo que vive el territorio en Yucatán, en Argentina sería un escándalo porque imagínense que estamos hablando de más de 250 granjas que están instaladas en 43 reservas naturales y están usufructuando el agua subterránea. Acá no hay ríos. Esto es lo particular, no existe otra fuente de agua que no sea los cenotes que son subterráneos, que están interconectados, y ellos están extrayendo esa agua y la están devolviendo totalmente contaminada por el volumen de animales que tienen concentrados en las granjas, y porque hacen un vertido de todos los residuos directamente en la selva. —LR: Se habla mucho del desastre que generaría este modelo en nuestro país. En México debés haber visto estos riesgos en el territorio, ¿no? —PE: Nosotros estamos haciendo un trabajo en Kinchil, que es donde está una de las sedes de la mayor porcícola mexicana exportadora que se llama Kekén. Para que se den una idea, el dueño de esta factoría es es un tipo que se sienta en la misma mesa que Carlos Slim, el megamultimillonario que maneja Telmex y Claro hasta en Argentina, y es uno de los siete tipos más ricos del mundo. En esa mesa chiquita acá en México se sienta el dueño de estas granjas y una de las bases está instalada en Kinchil en donde tienen más de 5 mil cerdas mamás, el volumen es bestial realmente. Imagínense que cada cerda da alrededor de 20 lechones por año, así que el volumen de animales que se está generando es una locura, es una auténtica fábrica de lechones. Y la realidad es que la empresa se instaló hace 12 años con todas las promesas que nosotros conocemos hoy en Argentina, que se están impulsando con China: que iba a generar trabajo, de que el impacto ambiental es mínimo, de que el tratamiento que se le da a los animales es bastante bueno. Todos estos aspectos fueron los mismos. Que usaban tecnología para reciclar los residuos y con eso generaban su propia energía. La realidad es que cuando uno va y visita la comunidad se encuentra con que es una absoluta mentira, y entrevistando a extrabajadores uno entiende que el régimen es una explotación cercana a la esclavitud. Estas granjas requieren agua, sobre todo agua. En el proyecto argentino se habla de un millón y medio de litros por día que van a demandar estas granjas. Acá la instalación que se produjo hace 12 años de
La periodista, autora de los libros Malcomidos y Mala Leche, se refirió a la ley de rotulados de advertencia que se está discutiendo en comisiones en la Cámara de Diputados. En su paso por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, Barruti explicó la importancia de este proyecto y la fuerte presión que está haciendo la industria para que se modifiquen algunos aspectos. Por su parte, Andrea Graciano, la presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), dialogó en el programa A mí no me importa. Allí aportó su visión acerca de esta propuesta indispensable para que los consumidores y consumidoras puedan decidir, con información clara, cómo alimentarse. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Fernando Tebele El proyecto de ley de rotulados frontales que implementaría sellos negros de advertencia cuando un producto procesado sea alto en azúcares, grasas, sodio o calorías, obtuvo hace algunas semanas media sanción en el Senado con 64 votos a favor y sólo 3 en contra. Cuando llegó a Diputados/as, Sergio Massa —el presidente de la Cámara— decidió girarlo a seis comisiones para debatirlo. Esta determinación fue, según la lectura de muchas personas que apoyan este proyecto, para dilatar su aprobación. Al poco tiempo, por la presión ejercida, la discusión se derivó a tres comisiones. Soledad Barruti, la periodista que derribó una y otra vez los mitos de la agroindustria y de los y las nutricionistas que acompañan este modelo de alimentos a base de ultraprocesados, manifestó su postura acerca de los etiquetados: “Es muy importante el proyecto, está muy bien armado y es muy necesario. Tenemos que empezar a discutir qué comemos, qué compramos, y meternos a conocer esa información que hoy en día está absolutamente relegada, oculta”. Explicó también que, de aprobarse los rotulados, implicaría que si un producto tiene al menos un sello de advertencia, no puede ser distribuido o comercializado en las escuelas. “Proteger a las infancias de esta avanzada de la industria en entornos escolares, en publicidades que están pensadas sólo para ellos, y que a través de esta ley estarían prohibidas. Es un paquete de medidas que como está muy bien pensada y muy bien fundamentada tiene muchísima oposición y muchísimo lobby en contra”, dijo. El poder de lobby del modelo agroindustrial La industria sigue buscando imponerse para modificar la ley, que está basada en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que establece una clasificación de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados con niveles excesivos de nutrientes críticos como azúcares, sal, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. Bajo esos parámetros, la mayoría de los productos que las principales marcas ofrecen tendrían sellos negros y esto no fue bien recibido por las empresas, que buscan modificar este aspecto del proyecto, entre otros que también les incomodan. Barruti detalló la situación de fuerte presión una vez que el proyecto pasó de recinto: “En Diputados entró a un círculo de lobby y de demoras, promovidas primero por Sergio Massa, que se reunió con azucareros y les prometió trabajar para ellos y para que la industria azucarera prospere en el mundo. Y luego, obviamente, por las interferencias que se sostienen también por las sociedades de nutrición. La Sociedad Argentina de Nutrición, a través de su presidenta Mónica Katz, ya se manifestó en contra de esta ley hace tiempo y ahora se suma como un actor fuerte Sergio Britos, que es otro nutricionista afín a las marcas, que trabaja frecuentemente para ellas y que viene a contarnos que él tiene la idea de un rotulado mejor a pesar de que este rotulado cuenta con el apoyo de Unicef, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Organización Panamericana de la Salud. O sea que hay evidencia de sobra para decir que realmente necesitamos esta ley, pero sin embargo aparecen todos estos profesionales de la salud con muchas comillas, muy afines a las marcas que la boicotean”. Poder elegir lo que comemos “El etiquetado que hoy tenemos en Argentina no cumple con su principal función, porque la razón de ser de un etiquetado debería ser informar y que la gente pueda tener en cuenta esa información y, particularmente, la información nutricional para tomar decisiones de compra”, remarcó Andrea Graciano, la presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran) e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA (CaLiSA). Graciano señaló que esa información debe estar en el frente de los envases, de manera clara, simple, y que la gente pueda tenerla en cuenta cuando elige sus productos a la hora de comprar. “Lo que sabemos es que en Argentina solamente un tercio de la población lee la información de las etiquetas y solamente la mitad, el 13%, comprende la información nutricional. Por eso es tan necesaria esta ley”, aseveró, y planteó que el tema es de suma urgencia. “Lo que venimos viendo en nuestro país es que la malnutrición por exceso es una consecuencia de cómo se vienen transformando nuestros patrones alimentarios: vienen perdiendo lugar en nuestras mesas los alimentos naturales y mínimamente procesados, las preparaciones caseras hechas en el hogar, y lo que viene ganando presencia son estos productos industrializados con el contenido excesivo de nutrientes críticos y por eso es tan necesario tener en cuenta que la transformación de los sistemas alimentarios tiene un impacto en nuestros hábitos alimentarios y también en la nutrición y en la salud”, especificó. Un problema de salud pública Aunque no en todos los casos el exceso de peso es por mala alimentación o un riesgo para la salud, la nutricionista expresó que las consecuencias de los cambios en nuestros patrones alimentarios, basados en una dieta de productos ultraprocesados, generan en Argentina un incremento en la obesidad. “La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo mostró que entre el 2005 y el 2013, la obesidad aumentó un 42%. Pero entre 2005 y 2018, que fue la cuarta Encuesta Nacional
María Florencia Juárez, integrante de la asociación Vecinxs Amigxs de Luyaba Ecológica pasó por el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. Allí habló acerca de los incendios que llegaron hasta el centro de este pueblo del Valle de Traslasierra y casi destruye todo. Los vecinos y vecinas se organizaron para detener la propagación de las llamas y están alertas porque el peligro de los incendios forestales sigue siendo extremo en todo el país. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Rodrigo Ferreiro ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto: En el fondo, una casa que vecinas y vecinos salvaron solidariamente del fuego. La capacidad de organización y las urgencias en la provincia de Córdoba quedaron evidenciadas en repetidas ocasiones cuando los vecinos y vecinas se juntaron para detener los focos de incendios forestales. María Florencia Juárez, integrante de Vecinxs Amigxs de Luyaba Ecológica, de este pueblo que pertenece al departamento de San Javier, se refirió puntualmente a la situación que vivieron a mediados del pasado octubre, cuando el fuego se extendió hasta alcanzar las casas de la gente: “Necesitamos equipamiento, necesitamos educación sobre todo. Ahora con toda esta experiencia espantosa nos vamos dando cuenta de que hay mucha gente que quizá quiere ayudar y no sabe cómo. Hablando sobre todo de los vecinos. Cada uno puede poner su granito de arena, acercando una botella de agua fresca a los voluntarios, una fruta, acercarse a cortar frutas para hacer una ensalada, no tenés que ir al fuego”. La comunidad resiste el fuego En Luyaba todo el pueblo sabe que la única forma de controlar las llamas es la organización de los vecinos y vecinas, el codo a codo que une saberes y fuerzas para apagar el fuego. Al respecto, Juárez enfatizó: “Estos son incendios forestales, no son incendios comunes como uno puede ver en las ciudades por ejemplo cuando se prendió una casa o un edificio y se va, se rodea y se apaga. Acá pasan los bomberos, pasa el avión, y quedan los árboles encendidos, las raíces encendidas, quedan brasas que pueden durar semanas con las altas temperaturas, el cambio de clima, la sequía. Y también tiene que ver con el cambio climático y con intereses que son de público conocimiento”. Del estado de situación al Estado en situación En referencia a la intervención y colaboración por parte del Estado, Juárez declaró que les llegó la noticia de un recorte para la lucha del fuego en el presupuesto 2021: “Eso nos están ofreciendo. Yo igual hablo personalmente, creo que también hablo en nombre de un grupo de vecinos. Hay un montón de gente movilizándose con la legalidad de todos los reclamos, de toda la presión y la presencia en la cuestión de la coordinadora de bosque nativo, hay un montón de movidas acá. Sin embargo, hay algo que es muy urgente y es poder equiparnos. Hago mucho hincapié en eso porque, por ejemplo, cuando fue el incendio en el casco, hubo un momento en que los bomberos no tenían combustible. No hay presupuesto, no hay ayuda, no alcanza”, manifestó. Juárez sabe que para alcanzar la solución necesitan la ayuda del Estado pero que también cada habitante de la zona puede acercarse a sumar su aporte y generar una red colectiva de contención: “No me quiero centrar en todo lo negativo y todo lo malo. Me quiero centrar en lo que sí podemos hacer. Podemos acompañar, organizarnos, equiparnos, capacitarnos. Las dimensiones de los incendios en lugares como éste son de tres mil hectáreas. No es que algo se prendió fuego en una manzana, esto es muy grande y realmente estamos tratando de trabajar en la concientización del vecino, de que el vecino se acerque a colaborar. Han venido igual de toda Traslasierra a ayudar, acá hay una red hermosa de contención y confianza. Vinieron vecinos desde Los Hornillos, desde Villa Las Rosas, desde Los Pozos, desde Cruz de Caña, desde Las Chacras. Todo un equipo hermoso de travesía que está siempre al pie del cañón para ayudar y colaborar. Los incendios en la sierra históricamente se apagan entre vecinos bajo supervisión de los bomberos porque no hay caminos, no entran los autobombas. Mucho, mucho cuerpo”, detalló. Los tiempos del fuego Para la activista el cuidado del bosque nativo en Luyaba es una asignación que está, no tanto como debería, pero está: “Yo siento que los fuegos no van a parar, los fuegos intencionales no van a parar. Y entonces donde tenemos que educar más es en la gente grande esto de la colaboración. Yo siento a veces que hay una actitud de que el fuego está lejos. ‘está allá por San Isidro, está allá por La Chacras, está lejos’. Porque es en el campo, porque es en la sierra, porque está lejos de las casas. Y esta vez creo que aprendimos la lección de que nunca está lejos: el fuego avanzó un kilómetro y medio en tres minutos. Y eso lo vi yo estando parada al lado del camión de bomberos. Entre que pidieron ayuda porque un foco se descontrolaba, el foco había avanzado hacia la plaza, la escuela y la biblioteca en pocos minutos. Hay mucha seca, hay mucho material combustible, el cambio climático aumentó un grado el planeta, se nota. Y los fuegos no son los de antes, y el viento es otro. Desde que se prendieron las quemas que se hacían tradicionalmente en el campo en lugares como estos, en mayo, junio, con la tierra fría se va acumulando material combustible que hoy a 38, 39, 40 grados con un foquito se descontrola completamente”, explicó. Cuando el foco parece apagarse, la guerra contra el fuego continúa. La integrante de Vecinxs Amigxs de Luyaba Ecológica señaló que para realizar el trabajo los vecinos y vecinas necesitaron todo tipo de donaciones: “Una vez que se apagó el gran incendio forestal, quedan muchos focos y queda muy caliente el terreno. Entonces todo el trabajo consiste en que ese calor, esas brasas y esas chispas no se unan a lo
A pesar de la iniciativa popular del movimiento asambleario chubutense que juntó 30 mil firmas para oponerse a la extracción de minerales a cielo abierto, el gobernador Mariano Arcioni pretende avanzar por la zonificación dándole autorización a las mineras. En diálogo con el programa radial Tengo una Idea, Viviana Moreno, integrante de la Asamblea de Autoconvocados por el NO a la mina de Esquel, repasó la lucha de su colectivo. También mencionó el cambio de las leyes y señaló la responsabilidad política. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur/Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: @noalaminaesquel “NO a la mina” es el lema más significativo de la lucha contra la megaminería de la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut. Este modo asambleario de lucha se multiplicó en otras zonas y esa frase flamea en muchas banderas. La primera semana de noviembre, el polémico gobernador Mariano Arcioni, que aún le adeuda varios meses de sueldos a gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, participó de una mesa virtual nacional donde presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Allí, anunció con bombos y platillos que tienen un proyecto para avanzar con una zonificación a fin de habilitar la megaminería en la provincia. De esa reunión participaron también el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. El avance es inminente, y la resistencia también. 18 años de lucha Viviana Moreno, integrante de la Asamblea NO a la Mina de Esquel, explicó el método de extracción a gran escala y contó la historia del movimiento asambleario con sus constantes luchas y resistencias: “En el 2002 aparece una minera, descubren oro en Esquel. Hay un yacimiento de oro y plata que queda a 6 kilómetros de la ciudad. En su momento fue bien recibido. Necesitábamos trabajo, veníamos saliendo de la crisis de principios del 2000. Hay mucho empleo público, y creíamos que era crecimiento para la ciudad. De pronto aparece un señor que viene de una empresa francesa, que venía a vender el cianuro para la extracción del oro. En ese momento había dos compañeras químicas que se opusieron al uso del cianuro y empezaron a averiguar de qué se trataba esta minería a gran escala. Porque ya no hay más vetas de minerales, sino que está diseminado. Entonces, nosotros por ejemplo encontramos diez gramos de oro en una tonelada de roca. Y para poder extraerlo rápidamente hay que volar miles de toneladas de roca todos los días con explosivos, para después pulverizarlos. Esto es, en realidad, una industria minera o metalúrgica, no se produce nada. El cianuro se queda ahí en un piletón para la perpetuidad”, relató. La activista continuó detallando el daño que genera la minería a cielo abierto y cómo se organizaron los vecinos y vecinas para combatirla: “Ha ocasionado daños ambientales tremendos, sobre todo por las estructuras de estas piletas denominadas diques de cola. Están tan cerca de Esquel que quisimos saber los pro y los contra. Y en un par de meses armamos la asamblea. Primero éramos 60, después 600 y después todo el pueblo. Hicimos tal movilización que le arrancamos un proyecto de ordenanza para un plebiscito que ganó por el 81%. A partir de ahí los diputados provinciales deciden hacer una ley provincial, que es la 5001. Es como la paralela anterior a la ciudad de Mendoza que los está protegiendo también contra la megaminería con la ley 7722. Lo que pasa que para aprobar esa ley, el artículo 1 dice ‘Prohibirse la explotación de minerales a cielo abierto con uso de cianuro’, pero el artículo 2 dice que va a haber una entidad que se llama Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) que va a zonificar. Es decir, en este artículo exceptúan una región de la provincia para que sí se pudiera hacer la megaminería. Eso se aprobó, la zonificación nunca se hizo y la intención de las mineras es actuar sobre esto. Nosotros nunca paramos de luchar desde el 2002 hasta ahora en la defensa y la resistencia todo el tiempo. La provincia de Chubut tiene prácticamente el 70% del territorio lleno de minerales: oro, plata, 20 minas de uranio. Uno de los proyectos no va a empezar en Esquel porque tiene la oposición de la población, pero sí en un lugar muy poco habitado que es la meseta centro norte. Tiene ciudades muy pequeñas. La más poblada tiene 500 habitantes. Hay aldeas escolares que tienen 60 u 80 habitantes. Ahí hay una mina de plata, oro y cobre enorme que se llama Proyecto Navidad (porque el yacimiento se descubrió el 25 de diciembre). Este gobernador, que ganó diciendo que estaba en contra de la megaminería, hoy se vende a las multinacionales y, al mejor estilo Beder Herrera de la Rioja, declara, y nosotros lo sabíamos por los sucesos que íbamos viendo, que quiere la zonificación”, denunció De la foto del lobby minero a las 30 mil firmas reunidas en contexto de pandemia “En la Constitución de la Provincia hay dos mecanismos de democracia semidirecta. Una de ellas es una iniciativa popular, quiere decir que el pueblo puede presentar una ley a la legislatura, que tiene que ir acompañada por el 3% del padrón electoral. Entonces nosotros hicimos un proyecto superador a la ley 5001. No sólo prohibiendo el cianuro, sino también el uranio porque veíamos y vemos que quieren perforar y arrasar con toda la provincia. Además, con un único río que atraviesa de oeste a este toda la provincia y abastece a la mayoría de la población. Hicimos un intento en el 2014. Después de que se presenta, los legisladores la transforman y la convierten en una ley minera. Pierde la esencia y pone la zonificación, habilitando a la minería. Todo el mundo conoce esa historia porque nosotros le sacamos la foto al celular Blackberry de un legislador cuando recibía las órdenes de una minera durante la sesión, cediendo ante el lobby