Medio Ambiente
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Paola Escobar, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Santiago del Estero, describió en diálogo con Luis Angió y Rosaura Barletta en Otras Voces, Otras Propuestas las problemáticas de las familias campesinas de la zona del Salado Norte en Santiago del Estero. Caminos que ya no son tales, agua no potabilizada, avance de la soja, la ganadería extensiva y el agronegocio son algunos de los factores de crisis que se agravan con el paso del tiempo y con la gestión de Cambiemos. Pedro Tato, integrante de La Retaguardia, acompañó a la UTT que realizó, hoy por la mañana, una movilización sobre la ruta provincial que conecta varias poblaciones de la zona, se trató de una marcha de casi 10 kilómetros hasta la localidad de Bandera Bajada donde hubo una asamblea y se entregó un petitorio en la Municipalidad. (Por La Retaguardia)Foto: Hernán Vitenberg “Estamos en la región del Salado Norte, donde las familias campesinas viven de la agricultura del monte con la recolección de las frutas y la cría de animales como la cabra, ganado vacuno y también hay una zona muy importante de apicultores que cosechan la miel de la floración del monte del Chaco Santiagueño. Es una región muy amplia que atraviesa varias provincias de la Argentina con una importante reserva de monte virgen. En esa zona nos toca salir mañana una movilización y asamblea pública porque hay problemas estructurales de hace más de treinta años que no son solucionados. Además, en el contexto nacional de un gobierno que está quitando derechos a la agricultura familiar campesina”, denunció Escobar. “Se está retrocediendo en muchos de los derechos conquistados, hay un plan de exterminio al sector que produce la comida. Los problemas estructurales se sienten cada vez más agudizando nuestra situación, nuestra calidad de vida. Salimos a visibilizar la situación de emergencia social y productiva que venimos atravesando: la falta de agua para consumo y para riego, la falta de caminos adecuados para transitar, comunicarnos y sacar la producción y una serie de agravantes como el avance brutal que han tenido las fronteras agropecuarias, el agronegocio, los sojeros, la ganadería extensiva desmontando y desalojando a comunidades. Todos los días las familias campesinas se organizan para hacer resistencia en los lugares donde hace más de 300 años viven y producen”, destacó. “La frontera del agronegocio y la ganadería extensiva está permanentemente violentando y usurpando territorios campesinos. Aparecen conflictos de tierras todos los días y es una cosa de nunca acabar. Los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra salimos a visibilizar este tipo de problemas y también a exigir soluciones para que tanto el gobierno local de Bandera Bajada como el Estado de la Provincia -por el arreglo del camino y por el acceso al agua-. Buscamos establecer algún plan de trabajo para solucionar ese tipo de problemas que afectan seriamente a la vida de las familias campesinas”, aseguró.Santiago del Estero para principiantes “La provincia tiene dos zonas importantes. Una zona de Regadío bajo el riego del Río Dulce. Ahí se producen frutas y verduras de estación, toda la variedad de hortalizas que llegan a los mercados locales, lechuga, acelga, tomate, perejil, cebolla, zanahoria, sandía, melón y un sinfín de variedad de zapallos que las familias campesinas siembran. Mañana salimos de la zona denominada Salado Norte, toda una región de secanos. Algunos lugares no tienen posibilidad de riego y otros sí pero muy escasa. El Salado Norte es habitado por familias campesinas descendientes de tonokotés, lules-vilela, de comunidades originarias. Ahí está la producción de carne con la cría de cabras y ganado menor, la apicultura, pero no tanto la producción hortícola, más que nada la producción de pastura para la alimentación del ganado menor. Cada familia tiene majada de ochenta vientres e infinidad de cabritos”, calculó y especificó: “En total, entre 300 y 400 cabezas por familia. Es una zona muy productiva de cabras y cabritos alimentados con los frutos del monte. En esta zona han ejecutado obras de infraestructura, del Dique Figueroa, que es bastante controversial y no se han llegado a completar las obras de acompañamiento y llegada de cañerías que son complementarias a la obra grande para que las familias puedan acceder al agua. Hay una sola planta potabilizadora que no funciona”. “Las familias tienen reservorio de agua, aljibe y hace seis o siete meses que el gobierno local de Bandera Bajada está negando la distribución por una falta de compromiso político, de gestión, por desidia y abandono. Las familias acuden a acarrear el agua como en el siglo XVIII con carros, tachos y la saca de donde sea, de la acequia, de lugares donde está estancada antes de llegar al dique -es agua marrón y barrosa-. En algunos sectores tienen una gran incidencia con el arsénico y desechos. Esa es la situación de la zona del Salado Norte de Santiago del Estero, siglo XXI sin acceso al agua. Ni hablar de los caminos rurales que ya no son caminos, han pasado a ser huellas”, planteó Escobar.“Hemos empezado a gestionar varias cuestiones, exigir respuestas y el gobierno local ha llegado con un camión de agua para las comunidades donde reservan agua de lluvia y la distribuyó de una acequia, pero es imbebible. Una de las exigencias nuestras es eso, que comiencen a planificar obras complementarias, lo que fuese. Estrategias que tienen que ver con el saber local, hay comunidades que acopian agua de lluvia en aljibes comunitarios pero ese apoyo estatal para construir un aljibe comunitario de 30 mil litros tampoco aparece. Es una situación de mucha crisis de derechos, de no tener acceso a los derechos básicos”, insistió. “Las familias campesinas vienen soportando esto de mucho tiempo. Esta vez, con organización, hemos tenido asambleas a lo largo del Salado Norte y las familias han decidido salir a la calle a visibilizar esta situación y a poner en evidencia al Estado porque no se pude más vivir así. Hay soluciones y las estamos proponiendo, la cuestión es que el Estado asuma su
La jueza Elena Liberatori, del Juzgado de primera instancia Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó disponer la suspensión inmediata de la Ley 5966 sobre la incineración de basura. Fue por un amparo que presentaron diferentes cooperativas de recicladores de basura a través del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Jonatan Baldiviezo, el presidente del Observatorio, habló con Fernando Tebele en Radio La Retaguardia y explicó el fallo. (Por La Retaguardia)Foto: organizaciones reclamando en la legislatura porteña (Foto: Archivo La Retaguardia/Luis Angió) El referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, repasó los detalles de la ley que se aprobó este año para la quema de basura en la Ciudad de Buenos Aires y contó en que se basó la jueza para suspenderla preventivamente: “El fallo de Liberatori es una medida cautelar que ordena la suspensión de la vigencia de la ley 5966. Es la ley que en mayo de este año modificó la Ley de Basura Cero, una ley del año 2005 que incorporaba a la Ciudad de Buenos Aires entre las ciudades vanguardistas en la gestión de residuos sólidos y urbanos. Al menos desde el punto de vista elegante, incorporaba este paradigma internacional de basura cero que implica que la gestión de residuos tiene que estar abocada a la reducción de residuos, a su reciclado y a su reutilización. Esta ley no fue cumplida por más de 10 años. Llegamos a esta nueva discusión donde el gobierno, a través de la sanción de esta ley, dio un giro de 180 grados autorizando nuevamente la incineración, ahora camuflada en termovalorización. Es decir, la quema de basura para obtener energía de esa basura. Es lo que la Justicia vino a suspender. Lo que detectó la Justicia es una violación en el procedimiento parlamentario que establece la Constitución. No se cumplieron cada uno de los pasos y la mayoría necesaria para aprobar la ley. (La jueza) decidió suspender los efectos de esa ley hasta que la Legislatura cumpla con esos pasos para aprobar la ley o se dicte sentencia definitiva”, expresó.Uno de los argumentos que se observan en el fallo de Liberatori para ordenar la suspensión de la ley es que no se cumple el procedimiento de Doble Lectura, necesario para la sanción de una ley de estas características: “La Doble Lectura es un procedimiento que hace que la Legislatura que es un órgano unicameral, es decir que tiene una sola Cámara de 60 legisladores, funcione como un parlamento bicameral. De esa forma, un procedimiento de un proyecto de ley tiene que ser aprobado dos veces: La Legislatura lo aprueba una vez, en una primera lectura, y luego convoca a una audiencia pública obligatoria. Después de esa audiencia pública, la Legislatura vuelve a tratar el proyecto ya sea confirmando, revocando o modificándolo”, explicó Baldiviezo y contó que la Legislatura porteña omitió la realización de la audiencia pública obligatoria: “Cuando son leyes ambientales se debería seguir este procedimiento de lectura, pero como el gobierno en la Ciudad no tiene un código ambiental decidió aplicar a todas las leyes ambientales que viene tratando un procedimiento de simple lectura. Eso quiere decir que no se llamó a una audiencia pública y no se convocó a la instancia de participación ciudadana obligatoria para la discusión de ese proyecto de ley. En el tema de la incineración no hubo ninguna instancia de participación donde los legisladores llamaran a la ciudadanía ni a las organizaciones a que den sus pareceres en un tema tan importante como es dar un giro de 180 grados en la política de la gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La jueza detectó esta deficiencia constitucional, no encontró asidero en los argumentos del gobierno y ordenó la suspensión por violaciones formales en las discusiones parlamentarias de la ley que modifica la ley de basura cero”, agregó el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad en Radio La Retaguardia. ¿Por qué no a la quema? Para Baldiviezo “la incineración es una técnica más contaminante, más cara y que compite con el trabajo de las cooperativas de cartoneros y de recicladores en la Ciudad de Buenos Aires” y el gobierno soslayó la realización de la audiencia “porque está tratando de imponer una política que no tiene el acuerdo de la ciudadanía”.Por el momento, el fallo de Liberatori ordenó suspender la implementación de la quema de basura en la Ciudad de manera provisoria hasta que se realice el juicio correspondiente: “Hasta que llegue la sentencia se demora un tiempo. Lo que la jueza dictó fue una medida preventiva. Como sabe que lleva tiempo que finalice cada una de las etapas de los procesos judiciales, estableció una medida preventiva que es suspender la vigencia de la ley. Si la jueza sigue sosteniendo estos argumentos al finalizar el juicio, debería declarar que la ley es nula por no cumplir los procedimientos constitucionales. Hasta ahora, la ley tiene existencia jurídica, pero el gobierno no la pueda aplicar porque la jueza ordenó la suspensión de sus efectos”, aseguró.No es la primera vez que la Legislatura porteña sanciona una ley sin pasar por la audiencia obligatoria que establece la Constitución de la Ciudad. El Observatorio por el Derecho a la Ciudad que preside Baldiviezo ha enfrentado muchas veces al gobierno porteño por su aplicación de políticas urbanas y ambientales que no cumplen con la ley: “Nosotros denunciamos que el gobierno toma muchas políticas urbanas sin cumplir la ley. Ahora ni siquiera tenemos la confianza de que respete el procedimiento de sanción de las leyes, que es algo gravísimo. Eso lo suele hacer porque no quiere difundir los proyectos que se están tratando en la Legislatura. Hay muchas leyes que no pasan por la audiencia pública porque el gobierno no quiere que el resto de la ciudadanía se entere y tenga que brindar información con respecto a las políticas urbanas que se van adoptando”, cerró Jonatan Baldiviezo. DESCARGAR
Estela Lemes es docente y directora de la escuela N° 66 “Bartolito Mitre” de Costa Uruguay Sur, provincia de Entre Ríos. Aquí el diálogo durante el programa Tengo una Idea, de Radio La Retaguadia, con Carlos Morchio, Graciela Carballo y Nicolás Rosales. (Por La Retaguardia) Fue noticia en 2010 cuando recibió el premio “Abanderada de la Argentina”, una propuesta que partió desde Canal 13 de Buenos Aires. En aquella oportunidad, se la reconocía por la tarea realizada en la escuela donde se desempeña como directora. Paradójicamente, dos años más tarde también su nombre trascendió en algunos medios; pero esta vez por una cuestión mucho más dolorosa y preocupante: denunció que ella y sus alumnos fueron “fumigados” con agroquímicos mientras estaban en el patio de la escuela. La docente envenenada Estela recibió el veneno en su cuerpo tras una fumigación sobre el campo en donde se ubica la escuela en la que actualmente continúa trabajando. Su tratamiento es de por vida. En principio nos aclaró: “Nos solo tengo glifosato sino también clorpirifós, que es un insecticida y en estos momentos es el que más me afectó, porque yo tengo una neuropatía que está atrofiando mis músculos. Es una consecuencia de la exposición al insecticida”.Tras los estudios y análisis correspondientes, se comprobó que tiene glifosato en sangre, pero “hasta el momento he sufrido esa dolencia que tengo, y esperemos que no me llegue a afectar el glifosato. Todos sabemos que el glifosato es cancerígeno, aunque nos quieran hacer creer que no.El Estado cómplice Lemes nos contó que lleva adelante un juicio a la ART que debería cuidar su salud laboral y, hasta ahora, no se está haciendo cargo de las graves consecuencias que está sufriendo en su cuerpo. Además, hay personas que deberían responder ante la justicia por sus culpas. Los responsables materiales tienen nombre y apellido: Paula Ripa y su hermano son dueños del campo, el arrendatario es el señor Tronco y el fumigador se apellida Reverdito. Los dos últimos son de Larroque, también provincia de Entre Ríos. La docente agregó: “Nosotros con la señora Ripa tuvimos una mediación. Ella y su abogado dijeron que no tenían ninguna responsabilidad. La negaron, y sí les corresponde porque son responsables solidarios, así que estamos en pleno juicio. Eso va por la parte civil en conjunto con el señor Ripa, Tronco y Reverdito. Pero con la ART, es un juicio laboral. Llegamos a eso porque no lo quieren reconocer como una enfermedad de riesgo de trabajo. Yo no quiero indemnización. Lo único que pido es que se hagan cargo de mi tratamiento, porque yo tengo que venir a este lugar donde estoy ahora, que es en General Galarza, un pueblo del departamento Gualeguay. Tengo que instalarme acá durante un mes o mes y medio para hacer el tratamiento intensivo que hacen que mis músculos vuelvan a tener vida, flexibilidad. Que no se vayan atrofiando que es lo que desencadena la enfermedad que tengo”. La avioneta de la muerte La imagen recurrente para este caso sería la de una avioneta sobrevolando y fumigando una escuela y su comunidad. Fuerte.Le consultamos a Estela si los y las alumnas habían sufrido envenenamiento también y esto nos comentó: “Yo desde el año 2010 que estoy haciendo denuncias, en ese año fue con una avioneta y no fue en horario de clase. Yo vivía en la escuela. Por ser directora de una escuela rural, los directores viven en la misma escuela, en la casa del director. Yo vivía con mis hijos ahí. Y no era en horario de clase. En 2011 volvieron a hacerlo y tampoco fue en horario de clase. Pero en el 2012, que fue cuando hice la denuncia penal, y sí era horario de clase. Eran las dos de la tarde, yo llamé a los papás para que retiraran a los niños y para que los protegieran en sus casas. Porque yo tenía que hacer que ese señor deje de fumigar. Me acerqué al alambre, le hice señas con el guardapolvo. Y él no paró hasta que no terminó la última gota de su veneno. Y dijo después, porque ya para ese momento había llegado la policía que yo había llamado, que él no sabía que eso era una escuela, y que no sabía que estaban los niños. Lo que hablé con las mamás al otro día y esa noche para saber cómo estaban. Eran 13 niños de 4 familias, y una familia me manifestó qué que su niño había tenido náuseas, que le picaban los ojos y demás. Entonces le dije que los lleve al hospital, porque yo no los podía llevar al hospital en el horario de clase primero porque no tenía los medios en ese momento. Era lejos, estábamos a 15 kilómetros de la Ciudad, no tenía auto. Los papás sí los buscaban en auto a sus niños. Entonces les pedía que lo llevaran. Pero lo que pasa, que justamente esa familia trabajaba en una estancia muy grande donde su papá aplicaba también. Y si ellos hacían denuncia podían quedarse sin trabajo, ese era el gran miedo que tenían, y se quedaron con eso. Los niños, que hoy son adolescentes, no sé si tienen la misma afección que yo. Deberían saberlo por medio de un análisis específico que no se hace en Entre Ríos. Se hace solamente en Mar del Plata, en la clínica Fares Taie -explicó Lemes-. Yo me lo hice en Buenos Aires. Me sacaron la muestra y la llevaron. Yo lo he contado muchas veces. Fuimos al Congreso y la gente de “Médicos de pueblos fumigados” nos pidió si queríamos hacerlo, les dijimos que sí, y luego yo fui a Mar del Plata en enero del 2016, para hacérmelo yo, y salió que también tenía glifosato, porque me lo hice en orina, así se hace. El otro era en sangre. Entonces yo no puedo saber si los chicos tienen esta afección o no porque no se han hecho el análisis. Pero es muy probable que lo tengan, no solo los
Este sábado se realizó otra jornada de denuncia contra Monsanto, la multinacional privatizadora de semillas que fomenta el modelo de agricultura tóxica. Esta actividad de repudio a la empresa Monsanto se realiza una vez al año en distintas ciudades de todo el mundo sintetizando el reclamo en una sola consigna: fuera Monsanto. En Plaza San Martín hubo actividades, charlas de concientización, intervenciones, bandas en vivo e intercambio de semillas y plantas sin transgénicos. Aquí un fotoinforme de Agustina Salinas. (Por La Retaguardia)
El polémico proyecto ya fue aprobado por la Legislatura porteña, pero eso no es lo más grave. En conferencia de prensa, diputados de la oposición y organizaciones sociales denunciaron que Cambiemos se dio una estrategia para convencer -o extorsionar, o comprar- a periodistas y ONG’s. Andrea Conde, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el bloque de Unidad Ciudadana, dialogó con Cristina Varela y Luis Angió en el programa Oíd Mortales y en La Retaguardia, Facundo Di Filippo, ex legislador, dialogó con Fernando Tebele. En este proceso puede verse claramente cómo se construye una ley dentro del sistema actual. (Por Luis Angió, Fernando Tebele y Rosaura Barletta para La Retaguardia)Las fotos de este informe son parte de la filtración de un plan del gobierno exhibido por legisladores y militantes sociales. La mano de Durán Barba “Amigo de la casa”, sentencia una de las columnas del recuadro de ONG’s que el gobierno de la Ciudad consignó en el archivo filtrado para armar un ejército de lobbistas de la incineración de basura. “MUY crítico de la gestión ambiental y social del gobierno. Uno de los militantes en contra de la incineración”, reconoce sobre otro dirigente ambiental este trabajo de inteligencia. Periodistas: “Habrá que ver si acepta cambiar (o morigerar) su posición a cambio de algún acuerdo de pauta para sus medios”, sincera obscenamente el recuadro sobre comunicadores pasibles de defender la modificación de la ley.Este archivo filtrado no sólo contiene un listado de consideraciones sobre periodistas y organizaciones a convencer -o extorsionar, o sobornar-, sino también una serie de estrategias comunicacionales para hacer pasar la ley a la ciudadanía. Legisladores de la oposición y organizaciones ambientales y sociales lo denunciaron en conferencia de prensa: “Participaron cooperativas de cartoneros, doce legisladores de tres bloques de oposición (FIT, Suma + y Unidad Ciudadana), organizaciones ambientalistas y diversos activistas sociales. Hicimos la presentación de una filtración que se produjo del gobierno de la Ciudad en la que se dieron a conocer algunos archivos de trabajo interno del propio gobierno, principalmente de la Agencia de Protección Ambiental. Esto comprueba cómo el gobierno comenzó una campaña a partir de diciembre del año pasado que durará hasta diciembre de este año. La finalidad es tener concensionada a empresas privadas la incineración de la basura. También se ve la manipulación de la información pública, cómo se intenta confundir a la población enviando una cantidad de proyectos a la legislatura. También se coaccionó a periodistas invitándolos a viajes para promover notas a favor de esta política. A otros, que son críticos, se les iba a proponer la pauta oficial para comprar su voluntad. Así aparecen una gran cantidad de periodistas en este listado. A otros se los buscaba presionar dado que trabajan para medios públicos. Fue una radiografía bastante cruda de cómo el gobierno de la Ciudad inicia una campaña de este estilo con el objetivo y la firme convicción de modificar esta ley por intereses propios y ajenos, que son los del sector privado”, explicó el ex legislador Facundo Di Filippo. La etapa fundamental: crear consenso social a través de los medios amigos. Medios y periodistas Di Filippo explicó por qué la denuncia realizada en conferencia de prensa mantuvo a los periodistas nombrados en el documento filtrado en el anonimato: “No dimos los nombres de los periodistas consignados en el documento filtrado porque lo que se dice sobre ellos ahí es lo que dice el gobierno de la Ciudad y nosotros no sabemos si esos periodistas están a la venta o no. No queremos violar el derecho a la intimidad en los términos en los que se maneja el gobierno de la Ciudad, que son bastante deleznables por cierto. A algunos periodistas los tilda de enemigos, de medios opositores, a otros los tilda de amigos, sobre otros dice que ya trabajan para el Estado, sobre otros, que serían influenciables y que pueden contar con ellos para la difusión de estas campañas. En otros casos, consideran que pueden cambiarles la voluntad con la entrega de publicidad oficial. Como son situaciones tan variadas, decidimos preservar los nombres y que en todo caso lo investigue la justicia cuando hagamos la presentación pertinente, que no sólo seguirá el origen de estos archivos sino si el gobierno de la Ciudad efectivamente asignó pauta para estos medios que allí aparecen detallados. Sí aparecen La Nación y Clarín identificados como dos medios de comunicación hegemónicos, que por cierto faltaron a la convocatoria de hoy para cubrir esta noticia. También aparecen algunos diarios como Infobae. Ya sabemos que tienen esta cuestión proactiva de comunicar que por momentos se convierten en ‘house organ’ del gobierno de la Ciudad”. Sesión escandalosa y van…La conferencia de prensa y posterior denuncia penal que realizaron legisladoras y legisladores de diversos bloques el miércoles no consiguió impedir que al día siguiente sesionara la Legislatura y se pusiera en tratamiento “el Despacho N° 87/20 que tiene por objeto modificar la Ley N° 1854 – Basura Cero autorizando la incineración de residuos urbanos con recuperación de energía (´valorización´)”.La votación en general fue de 36 afirmativos contra 22 negativos, sobre una presencia de 58 diputados/as. El oficialismo tiene 34 legisladores/as propios por lo que tuvo dos de bloques unipersonales que lo acompañaron. Uno de ellos, Sergio Abrevaya del partido GEN, que lidera Margarita Stolbizer a nivel nacional; el otro, Marcelo Depierro del unibloque Mejor Ciudad, desprendimiento de Confianza Pública que lidera Graciela Ocaña. Depierro se retiró de este partido en la Ciudad de Buenos Aires cuando Ocaña se unió a Rodriguez Larreta manifestando: “no me siento cómodo en la situación política que quedo en la Ciudad de pasarme al Pro…Sumo más como oposición que como oficialismo”. Sin embargo, en esta oportunidad sumó como oficialismo, y mucho. Organizaciones reclamando en la sesión (Foto: Luis Angió) En el debate en tratamiento de la ley la legisladora De las Casas, del bloque oficialista Vamos Juntos y Presidenta de la comisión de Ambiente, planteó una modificación al Art. 3ª del proyecto de Ley que ningún legislador/a de la
En el Enredando las Mañanas nos comunicamos con Marcelo Giraud, geógrafo e integrante de la Asamblea por el Agua de Mendoza. La provincia arde desde hace dos semanas, cuando se conoció la intención del gobierno de Cornejo de avanzar con el uso de la extracción de gas y petróleo mediante el recurso de la fractura hidráulica. Se produjo luego una gran pueblada protagonizada por habitantes de General, que casi no fue reflejada en los medios tradicionales de comunicación. (Por RNMA) Foto: la gente tras una asamblea reciente (Mariano Nadalich-Asamblea Popular por el Agua) Marcelo Giraud comenzó destacando que “las cosas están bastante caldeadas,m como hacía rato que no estaban”, en relación a la pueblada acontecida hace dos semanas en General Alverar: “los medios oficialistas hablan de 8 mil personas, así que no es de extrañar que hayan sido 10 mil, es decir que la mitad de los adultos del departamento estaban congregados en la plaza”.Lo que reclama la población de esa localidad mendocina es la derogación de un decreto firmado en el mes de marzo por el gobernador en el que le da luz verde al método de extracción no convencional.El Observatorio Petrolero Sur define al fracking como “una técnica experimental de explotación de hidrocarburos no convencionales, cuestionada en todo el mundo por su nocividad. Se utiliza en formaciones poco porosas y con baja permeabilidad, distintas a los reservorios históricamente explotados por la industria hidrocarburífera (las “convencionales”). Dentro de las formaciones no convencionales, las más importantes de la Argentina son el shale (o esquistos/lutitas) como es el caso de Vaca Muerta, y el tight gas/oil (arenas compactas) como el yacimiento Estación Fernández Oro (EFO), en el Alto Valle del Río Negro. El desarrollo masivo del fracking en áreas como Loma Campana en Añelo, y EFO en las inmediaciones de Allen ha conllevado una serie de accidentes, derrames, pérdidas de elementos radioactivos en los pozos, incendios, desplazamiento de comunidades, así como de actividades productivas como la fruticultura y la ganadería.”Giraud explicó que si bien ya se utilizó esa metodología en Mendoza, en este caso se proyecta “una escala totalmente distinta a la que históricamente se hacía”.“Los alvearenses están preocupados por la contaminación de las aguas subterráneas y por esa vía al caudal del Río Atuel y ellos están río abajo”, remarcó. “La Directora de Protección Ambiental dice que no entiende y trata de ignorantes a los alvearenses por protestar y manifestarse; que una funcionaria de ese nivel y encargada de la protección ambiental desconozca cómo funciona una cuenca hídrica y pretender que la gente no sepa que lo que pasa aguas arriba llega aguas abajo realmente es muy vergonzoso”.Giraud remarcó que “todos los riesgos de la explotación petrolera convencional se repiten en la técnica de fractura hidráulica, solo que potenciados, y además se agregan otros, como por ejemplo la sismisidad inducida por la reinyección de enormes volúmenes de los llamados fluidos de retorno; estamos hablando de decenas de miles de metros cúbicos por cada pozo”, que también “pueden producirse sismos entre leves y moderados”, que “hay muchas emisiones a la atmósfera y mucha mayor afectación de las aguas subterráneas” y que “además implica un uso muy intensivo y masivo del territorio para obtener, en proporción a los impactos generados, menor energía: la cantidad de energía que se gasta y la cantidad de impactos ambientales de todo tipo que se generan es mucho mayor a la cantidad de petróleo o de gas que se obtienen”. ESCUCHAR O DESCARGAR EL AUDIO ¿Que es el fracking y por qué genera tanto rechazo? Mirá esta animación donde se explica la técnica y sus impactos.
El derrame se produjo en uno de los pozos convencionales explotados por la empresa mixta Ecopetrol. Ya ha contaminado el Río Magdalena, uno de los más importantes del país, e incluso llegó hasta el Mar Caribe. Óscar Sampayo, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, habló con Fernando Tebele y María Eugenia Otero en el programa radial La Retaguardia y contó los detalles de la tragedia. (Por La Retaguardia) El desastre comenzó hace más de un mes atrás en uno de los pozos del campo petrolero La Lizama que controla la empresa Ecopetrol, la más poderosa de Colombia, ubicado en el municipio Barrancabermeja, en el departamento de Santander. El derrame de petróleo mezclado con lodo y agua aún no se pudo contener y continúa afectando toda la zona: “El 2 de marzo, el Pozo 158 Lizama presentó un pequeño afloramiento. A partir de ese momento, se acordonó el sitio donde se dio esa situación y no dejaron entrar personal al área. El día 12 de marzo llovió por primera vez en ese territorio después de 60 días, lo que nos evidenció que no era una manchita como manifestaba Ecopetrol sino que era toda una situación caótica y supremamente alarmante. Ese día miles y miles de barriles de crudo, lodo y petróleo se observaron por la quebrada y fueron a parar al río Magdalena. Allí se empezó a observar la catástrofe. El 14 se dio una situación particular. Cerca del Pozo 150 ocurrieron esos afloramientos que generaron un geiser de alrededor de 20 metros. Empezó a bullir agua con lodo e hidrocarburos a 20 metros de altura con una presión de gas impresionante. La situación se volvió dramática. En la actualidad, existen tres de esos cráteres efluyendo y aflorando hidrocarburo. Se abrieron dos nuevos cráteres formando un nuevo geiser de alrededor 6 metros de altura. Está la emergencia. Hay cráteres en el suelo bullendo agua con lodo y petróleo del subsuelo. Una cosa de locos. Es una situación que nosotros en 100 años de industria extractiva jamás habíamos presenciado. No es una situación debido a una práctica de fracturamiento hidráulico (Fracking). Es una situación que se da en un pozo convencional, el Pozo Lizama 158. Es una tragedia y una catástrofe que lleva más de 30 días y aun continúa. Todavía no se detuvo la emergencia”, manifestó Sampayo evidenciando la gravedad de la situación. Si bien desde la Alianza Colombiana Libre de Fracking que integra Oscar realizaron las denuncias de inmediato, los medios de comunicación tradicionales comenzaron a cubrir la tragedia cuando ya era demasiado evidente. El Estado colombiano, mientras tanto, no brindó ninguna solución para frenar el desastre: “Al momento del afloramiento, entró el Ejército, fuertemente armado, y acordonó el sitio para mantenerlo bajo control. El 11 de marzo hubo elecciones aquí en Colombia y todo el mundo estuvo pendiente de eso. Nosotros seguíamos pendientes de la situación en la Lizama, donde no había ningún tipo de cubrimiento. Recién entre el día 18 y 20 de la emergencia es que empezaron a realizar un cubrimiento los medios de Colombia. Nosotros incrementamos nuestras denuncias, junto a nuestras evidencias y nuestro material probatorio manifestando la tragedia. Estamos llamando al Estado colombiano. Somos uno de los Estados con mayor desigualdad en el mundo, no es algo nuevo. Aun así tenemos que generar exigencias y eso es lo que estamos haciendo. Pedimos al presidente y a las instituciones que asuman sus responsabilidades. La emergencia continúa, ¿que estamos esperando?”, se preguntó Sampayo en Radio La Retaguardia.El vocero del grupo ambientalista advirtió que esta tragedia es una consecuencia del mal desempeño extractivo histórico en la zona y comparó la situación con la que se vive en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén: “Hoy es una alarma. Nos evidencia que lo que hemos hecho con este territorio ha sido un asesinato. Este territorio ha sido explotado desde 1936. Sobre estos territorios que llevan más de 100 años de explotación recién ahora nos vienen a decir que nos van a implementar el Fracking. Va a ser igual a lo que ustedes viven allí en la provincia de Neuquén con esa tragedia de Vaca Muerta. Aquí va a ser lo mismo. Una situación idéntica; realizar en parques naturales y en áreas protegidas esta criminal técnica. Hoy nos llama y nos alerta. Si no se puede detener una tragedia ni una catástrofe, mucho menos vamos a poder detener o generar algún tipo de contingencia”, remarcó, realizando una comparación con Vaca Muerta, que aquí está lejos de verse aún como una tragedia.La real visibilización de la situación llegó cuando los medios comerciales decidieron invertir recursos en averiguar qué era lo que sucedía en la zona y también gracias a distintas herramientas tecnológicas que permitieron conseguir imágenes de los ríos y las quebradas contaminadas, junto a miles de animales afectados: “A partir del día 21, la tragedia ya era algo muy evidente e inocultable. Los medios de comunicación tradicionales hicieron todo un despliegue. Gracias a sus recursos trajeron un helicóptero que logró captar unas imágenes impresionantes de lo que ocurre allí. En este momento, en ese sitio hay alrededor de 17 cráteres activos emanando y efluyendo agua y lodo. En los otros se observa la presencia de este tipo de sustancias. Es como si la tierra estuviera hirviendo. Tenían todo oculto y acallado con mentiras. Gracias a la herramienta popular, el voz a voz, creyendo en los campesinos y en lo pobladores de esa zona afectada, trajimos estas herramientas tecnológicas como los drones. A partir de allí es que se generó este descubrimiento”, aseguró.Sampayo se refirió a las zonas afectadas, como el río Magdalena que atraviesa todo el país y llega incluso hasta el Mar Caribe, y también a la gente que vive allí que debió ser evacuada, además de padecer el desastre ambiental en sus economías diarias: “El Magdalena Medio es un lugar con un sistema hídrico impresionante. Abunda el agua y el petróleo. Las imágenes más impactantes son de cuatro fuentes hídricas contaminadas. Hay
Si bien el modelo extractivista se ha consolidado en este último tiempo, con el uso abusivo de agrotóxicos como consecuencia, existen focos de resistencia que lo denuncian y lo combaten. Como cuando Monsanto se tuvo que ir de la localidad de Malvinas Argentinas, o el fallo reconocido en el Barrio Anexo Ituzaingó, ambos casos en la provincia de Córdoba. En el programa Tengo una idea, Carlos Morchio y Graciela Carballo estuvieron conversando con Darío Ávila, abogado ambientalista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la Red de profesionales de pueblos fumigados, quien defiende y acompaña estas luchas. (Por La Retaguardia) El histórico fallo de Ituzaingó (Córdoba), sentó precedentes Darío Ávila se refirió al fallo de Ituzaingó de la provincia de Córdoba: “El caso de Ituzaingó yo siempre digo que tuvo innumerables lecturas. Primero porque fue el primer juicio que se realizó en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, en el que se puso en discusión y en debate oral y público el modelo de producción agroindustrial imperante en la argentina del año ’95; es decir, desde que ingresó la soja transgénica, el paquete tecnológico compuesto por soja transgénica más los plaguicidas. El caso de Ituzaingó tuvo esa enorme virtud, y se puso en tela de discusión en un debate oral y público, en el cual todas las partes interesadas en este conflicto tuvieron la oportunidad de decir sus cosas, y aportar sus pruebas, y aportar sus evidencias en relación a este modelo. Tanto los que lo denunciábamos como altamente peligroso y contaminante, como aquellos que claramente lo defienden lo sostiene y lo promueven. Digamos, esto fue la principal virtud. ¿Y cuál fue la conclusión de eso?, y que bueno claramente ustedes saben que en este juicio se aplicó por primera vez en Argentina una ley nacional, la 24051, que es la ley de residuos peligrosos. Esa ley data del año 1997 y fijate vos, en la Argentina en el año 2012 se pudo aplicar por primera vez esa ley a través de un fiscal, cuando todos los fiscales en la Argentina tienen la obligación de aplicar esta ley, porque es una ley de orden público”, indicó Ávila. “La misma sanciona con una pena de prisión de 3 a 10 años, a quien utilizando estos productos, los agrotóxicos, contamina de un modo peligroso para la salud, ya sea el agua, el aire o el ambiente en general. En el caso de Ituzaingó, lo que se pudo demostrar a raíz de esta gran lucha titánica que llevaron adelante el grupo de madres del barrio Ituzaingó, quienes fueron las primeras que visibilizaron este problema de las enfermedades asociada al uso de agrotóxicos. Allí se pudo demostrar, en base a los testimonios de los afectados, en base a la evidencia técnica, en base a la evidencia científica, que todos estos productos que se utilizan en los campos son tóxicos, algunos en menor grado, pero son todos tóxicos. Segundo, que una vez que estos productos son liberados al ambiente, contaminan el ambiente, y que a su vez esta práctica es absolutamente incontrolable, porque claramente de acuerdo a la composición química de estos productos, hay algunos que tienen mayor capacidad para gasificar o para volatizarse, es decir para mantenerse suspendidos en el aire. Una vez que uno libera eso al ambiente, se produce un descontrol, que es difícil poder controlarlo porque interviene factores de tipo climático, el viento, la reversión térmica, la temperatura que hace que estos plaguicidas se transporte en el ambiente en cantidades y distancias insospechadas digamos. Y después que esta contaminación afecta a la salud de la ciudadanía. Eso fue lo que claramente se pudo demostrar en el juicio y fue eso lo que se condenó”, dijo el abogado ambientalista. Acerca del valor de ese falló, indicó: “Ustedes saben que en materia penal, vos para condenar a una persona tenés que tener certeza, tenés que estar plenamente convencido de lo que ocurrió y que las personas que están imputados son las autores de ese hecho. Bueno, aquí se tuvo la certeza de todo lo que yo les acabo de comentar, y por eso se condenó a la pena de prisión en suspenso de 3 años a un productor sojero y al dueño de una empresa implicada. Esa es la primera conclusión, y a partir de ahí, se pudo establecer y quedó sentado como jurisprudencia consolidada en Argentina, que todo aquel que utilice estos productos y en la medida que afecte a la salud de las poblaciones cercanas a estos campos, eso es un delito. Y esto ya ha sido jurisprudencia consolidada, no solamente en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que ha ratificado este fallo por unanimidad, sino que además recientemente La Corte Suprema de la Nación acaba de rechazar el recurso de queja, es decir el último recurso que podían poner como defensa los imputados y por lo tanto este fallo quedó firme y quedó consentido y ya puede ser citado como jurisprudencia en cualquier caso y en cualquier situación similar o parecida de lo que se discutió en Ituzaingo”, aclaró.Caso Sofía Gatica, un ejemplo de resistencia que se multiplica En relación a este caso, y más precisamente a la detención que sufrió Gatica en el mes de enero de este año, Ávila agregó más información. “Sofía sigue siendo absolutamente coherente con su lucha en la que la ha servido claramente el reconocimiento de haber sido nominada como premio Goldman en el 2012, en representación de América latina digamos. Ella sigue adelante con su lucha. Esa detención se produjo precisamente en el marco de una discusión judicial que estamos dando junto a los vecinos de Dique Chico (Córdoba)”.El caso de Gatica despertó la conciencia de otros pueblos, en este sentido el abogado ambientalista nos comentó, “como bien lo señalaban, una de los consecuencias que también se derivaban precisamente del fallo Ituzaingó, es que todos los pueblos que conviven o que están pegados a estos campos que se fumigan, los vecinos empezaron a cuestionar políticamente a sus autoridades,
Lo aseguró la militante comunicacional, indígena y travesti Casandra Sand, que trabaja en la radio La Voz Indígena, de Tartagal, Salta. En diálogo con Fernando Tebele y María Eugenia Otero, Sand explicó qué compromisos asumieron las autoridades y cuáles son las principales falencias para cubrir las necesidades de las zonas afectadas. Además, sobre el final, la militante se refirió al aniversario de la muerte de la referente travesti Lohana Berkins. (Por La Retaguardia)Foto: cooperativas.com.ar “Según los últimos datos obtenidos a través del diálogo con las autoridades de las escuelas que pusieron al servicio de la ciudad de Tartagal, Aguaray y Mosconi. En Tartagal son 700 evacuados, en Aguaray 1500 y 200 en Mosconi. Esa fue la distribución que se hizo desde el momento en que se produjo el desborde de los ríos en la zona del Chaco salteño, una zona a la que se accede por la ruta provincial 54 desde Tartagal. Los principales afectados son pueblos originarios de las etnias toba, wichí y chorote de esa zona. En los distintos lugares de evacuados vi a muy pocas familias criollas. Desde el momento de producido semejante temporal, lo que se observa es que el gobierno provincial puso a consideración carpas pero eso no dio abasto”, explicó Sand.“Las autoridades del municipio de Aguaray recibieron a 1500 personas y luego se trasladaron otros evacuados a Tartagal. Los municipios del norte salteño ya tienen una experiencia de trabajo debido al alud que se vivió años atrás. Esto permitió que se conforme un equipo de trabajo que actuó. Mañana y pasado mañana comienzan a alistarse los vehículos para poder devolver a la gente a los lugares de origen”, informó sobre la restitución de los evacuados a sus casas. Los desmontes “El gobierno de la provincia insistió por todos los medios posibles en invisibilizar el hecho concreto que tiene que ver con los desmontes. En las zonas desmontadas siempre viven comunidades, parajes, gente vinculada a nuestra cultura originaria. Esto afecta a la salud y el medio ambiente de prácticamente todo el territorio provincial. No se lo puede negar. Todas las consecuencias sociales y sanitarias están vinculadas directa o indirectamente con el medio ambiente en la provincia. Que el gobierno de alguna forma intente a través del guiñe de ojo que le hace el gobierno nacional volver a desmontar en zonas que no se permitía, debería preocupar a todos los salteños y argentinos”, advirtió la periodista. “El Chaco Salteño es una zona árida y desierta debido al desmonte que se produjo durante décadas en ese sector. No sorprende que esas sean las zonas más inundadas”, señaló. El reparto de la ayuda “Por suerte, la lluvia dejó de caer en estos últimos días y le permitió al equipo de trabajo municipal y provincial y a algunos trabajadores vinculados a organismos nacionales, reorganizar todo. Lo que hoy sucede es que lo que la gente está enviando desde diferentes puntos del país está mal distribuido. Hay comunidades a las que no se llegó prácticamente con nada y acá en la ciudad de Tartagal, al menos por lo que observé, el depósito tiene prácticamente de todo. Lo que falta es una mejor organización y que la gente que tiene vehículos colabore con la redistribución y un relevamiento de datos más exactos para saber qué se está necesitando en cada uno de los lugares. Hay comunidades a las que ha sido difícil llegar”, explicó Sand. “En los primeros días, si no era por vía aérea no se podía. Ahora se reestableció la comunicación, había mucha gente aislada que no quiso irse de su lugar, su trabajo, su espacio, su hábitat. Las familias indígenas son familias numerosas. Acá se observaban decenas de niños pululando por los pasillos de las escuelas. Las tareas de los trabajadores no dieron abasto por la cantidad de gente evacuada. La solidaridad y el esfuerzo de la provincia y el país de gente que hace llegar lo que puede a esta zona, no es suficiente. La contención se da en la medida en que las autoridades comprendan que la tarea es mancomunada y organizada con el resto de la población”, insistió.La radio comunitaria en tiempos de desastre Para Sand, “el rol de la radio comunitaria es fundamental. La ciudadanía originaria de Tartagal y el norte salteño sabe ahora que hay un medio a disposición. Se han ido apropiando de esta herramienta comunicacional. Hoy por hoy, son las mismas autoridades indígenas que plantean la necesidad de hacer ellos mismos sus programas de radio. Son ellos los interlocutores y las mujeres originarias que sostienen la radio principalmente. Ellas integran la comisión directiva y es un medio de comunicación que se pone al servicio de las comunidades a las que representa”.Dos años sin Lohana Berkins “Puedo decir con orgullo que soy periodista, travesti e indígena. Son identidades, formas de presentarse que la han caracterizado también a Lohana. Ella nació en la última localidad antes de la frontera con la república hermana de Bolivia. Para nosotros es una necesidad indiscutida y una ausencia tan sentida la de Lohana… Nos legó un poder de resistencia y de lucha, que no es poco. Como siempre lo expresamos, hoy nos entendemos, nos pensamos y nos presentamos como sujetas y sujetos de derechos”, aseveró. “Correrse del lugar de objeto, de la nada, de la negación absoluta, a sentirse sujetos de derechos, hay un espacio que hay que trabajarlo y pensarlo. La población, la Argentina, va recuperando esa mirada que supo muy lentamente trabajar Lohana. No en vano la nombramos nuestra comandanta, la comandanta de las mariposas. Ha repensado nuestros lugares y sin correrse, desde el margen, desde las orillas de nuestro territorio, de nuestros espacios sociales, de nuestros grupos, de lo que la gente marca como diferente, construyó sabiduría, filosofía trava-trans. Lohana marcó el rumbo que hoy levantamos las que vivimos en cada uno de nuestros territorios. Por ejemplo, acá, en el municipio de Tartagal, todavía no tenemos una dirección de diversidad y probablemente necesitamos esa herramienta a nivel local. Podemos plantarnos frente a nuestras autoridades
Jenny Luján es integrante de la Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja, que lucha por proteger los bienes comunes del embate empresarial. Jenny habló con Braulio Domínguez en el programa Mis Hijos Están con el Padre que emite Radio La Retaguardia y contó parte de esa pelea por defender la vida. (Por La Retaguardia) El cerro Famatina fue explotado desde principio del siglo pasado por grupos de empresarios mineros que buscaron extraer de allí los recursos naturales pertenecientes a todos y todas nosotras. Las consecuencias del saqueo dejaron, y continúan dejando, graves problemas de salud para los habitantes de la zona. Es por eso que se conformó la Asamblea por la Vida de Chilecito, un colectivo de gente que lucha por defender este y otros cerros de los intereses económicos de los poderosos: “La Asamblea es un grupo de vecinos. Nacimos hace más de 12 años junto con la Asamblea de Famatina y motivados por defender nuestro cerro. El cerro Famatina es un cordón montañoso que tiene muchísimas riquezas y es muy codiciado desde hace siglos. A principios de 1900, tuvimos una explotación minera subterránea. De hecho, acá en Chilecito, se creó la primera sucursal del Banco Nación de todo el país. Acá llegó un ramal del ferrocarril General Belgrano y se construyó un cable carril que por mucho tiempo fue uno de los más largos de Sudamérica. Todo esto forma parte de una estructura para llevarse todo el oro. En ese momento se llevaron oro, plata y cobre. Todo salió para Europa y acá no quedó nada. Sólo viudas, gente desocupada, pobladores que perdieron la forma de defenderse anteriormente de la agricultura, artesanía y de la cría de ganado. Se dedicaron a eso. Un tiempo de explotación y después se fueron. Dejaron ese monstruo que es el cable carril, un monstruo de hierro que nos recuerda todo el tiempo lo aquí vivido. También, un gran pasivo ambiental que todavía lo sostenemos y sigue teniendo consecuencias terribles para la salud de nuestros pueblos. Siguen naciendo niños con problemas y siguen habiendo abortos espontáneos en las mujeres por ese pasivo ambiental que sufrimos hace más de 100 años. Eso nos motivó a juntarnos como Asamblea. Entendimos que la dinámica asamblearia es un poco lo que supera a otro tipo de organizaciones. Creemos en una democracia participativa donde la verticalidad es la enemiga. Intentamos que todos participen y opinen y tomamos decisiones por consenso y no por votación”, aseguró Jenny demostrando la amplitud participativa con la que cuenta la Asamblea.Luján contó algo así como una especie de victoria conseguida en los últimos tiempos: “Hemos logrado movilizarnos todos los pueblos que están alrededor del Famatina. Pudimos correr a cuatro mineras, acá en este cerro, y a 1 en el (cerro) Velazco”, informó y enseguida dio a conocer la peligrosidad de los enemigos a los que enfrentan: “De minería sabemos lo suficiente como para decir que no la queremos. Cuando empezamos con esto no teníamos ni idea contra quién estábamos peleando. También teníamos la idea equivocada de que las enemigas eran las mineras. Si las mineras están acá es porque hay gobiernos que las invitaron y sigue habiendo gobiernos que siguen invitando a esas inversiones para destruir nuestro territorio”, denunció.Jenny explicó que las medidas convencionales de reclamo y denuncia no alcanzan cuando se trata de grupos económicos inmensos y encima bancados por los gobiernos: “Las vías institucionales poco efecto tienen a la hora de defender el territorio. Hemos agotado todas las instancias y nada. Entendimos que hay una justicia que tiene todo su aparato puesto para defender los intereses económicos y sobre todo si esos intereses son poderosos y extranjeros. Esa justicia nos criminaliza y nos judicializa. Muchos de nosotros tenemos ya varios procesos en camino. Por ahora están quietos. Ellos saben que si mueven algo se mueve el pueblo. Nuestros métodos no son legales, pero son legítimos. Hemos intentado por la vía legal absolutamente todo. Así que decidimos cortar rutas y calles, apropiarnos de los espacios que son nuestros como las plazas, intervenir en cualquier acto que ellos estén y escracharlos. Esa legalidad que ellos tienen es el aparato que hace se defienda a este tipo de empresas de los agro-negocios, mineras, papeleras y petroleras”, contó, dejando ver mucho de lo que estas personas ponen de sí para defender algo que es de todos y todas. Jenny plasmó su preocupación por la masividad del problema y el deterioro que genera en la región: “Hay una maquinaria que avanza en todo Latinoamérica sobre el modelo extractivista. Un agro-modelo exportador que nos ha zonificado como país y que nos está robando absolutamente todo lo que ellos llaman recursos naturales, que para nosotros son bienes comunes. No se consideran las externalidades, el uso de energía y agua. Para nosotros es fundamental y prioritario. La Rioja es una provincia terriblemente seca. El agua que tenemos la defendemos porque es nuestra vida. Sobre todo en el Valle del Famatina. Es un Valle muy hermoso que se dedica a la agricultura. Nosotros somos parte del Cerro. No somos nada sin él. Es territorio, es identidad y es nuestra cultura. En eso ponemos todo”, exclamó Luján en Mis Hijos Están con el Padre, por Radio La Retaguardia.Las técnicas del enemigo se han perfeccionado para avalar la explotación y el saqueo en el territorio y al mismo tiempo mantener la impunidad: “A pesar de haber ‘echado’ a estas mineras, sabemos que ellas nunca se van, no renuncian a la presa. Así como nosotros fuimos aprendiendo, ellos también aprenden. Aprendieron el discurso. Se apropiaron de nuestra terminología: hablan de territorio, de protección ambiental y todo lo que nosotros usamos. Incluso se animaron a meterse con nuestros ancestros. Somos descendientes de los diaguitas y los aimaras. Hasta usan la wiphala, que es nuestro emblema. El tema pasa por dos cosas. Por un lado, por los Gobiernos que parecen estar ausentes, pero están más presentes que nunca en un cierto abandono de las economías locales y regionales. Van generando una gran necesidad