Fracking. Educación Y Salud
Sabrina Ortíz, abogada ambientalista e integrante de Paren de Fumigar Pergamino, habló acerca del procesamiento de un piloto y un ingeniero agrónomo por fumigar sobre una escuela rural, incumpliendo las reglamentaciones. Ortíz pasó por el programa radial La Retaguardia, donde también contextualizó la histórica lucha del pueblo pergaminense contra los agrotóxicos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Julia Iwela La abogada Sabrina Ortiz habló sobre el procesamiento del piloto Ángel García y del ingeniero agrónomo Santiago Jacobi, por fumigar sobre una escuela rural, incumpliendo las reglamentaciones previstas por la Justicia local. “Estas dos personas son las últimas que fueron procesadas. Pero se desprenden 11 procesados de todos estos hechos que vienen sucediendo en Pergamino, entre ellos ingenieros agrónomos, productores, dueños de campos. Uno de los procesados ahora es el piloto de un avión fumigador, Ángel Enrique García, quien sobrevoló de manera temeraria por sobre una escuela, mientras los niños estaban jugando en el patio de la misma, y las imágenes fueron captadas por gente del lugar. Por supuesto que la deriva en ese momento no estaba apta para hacer este tipo de fumigaciones. El otro procesado es el ingeniero a cargo del control de la receta agronómica (receta que nunca existió), que es Santiago Andrés Jacobi, representante de la empresa de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), del sector agropecuario, que era quien estaba a cargo de toda la seguridad de la fumigación. No solamente se los procesa sino que, además, se traba embargo por sobre los bienes de ambos, por una suma de 5 millones de pesos. Es importante remarcar este procesamiento, porque en esta oportunidad se trata de un ingeniero representante de empresas. ACA en Pergamino es muy reconocida. Y entendemos que en esta oportunidad, y como lo ha decretado anteriormente la Justicia, está respondiendo en pos de la seguridad de las personas, sin fijarse quien es el poder que está adelante”, comenzó. La integrante de Paren de Fumigar Pergamino contextualizó la lucha de años del pueblo de Pergamino contra los agrotóxicos: “Hace muchos años en esta ciudad somos víctimas directas del modelo agroproductivo actual, desde antes de 2011, cuando nos involucramos junto a muchas personas en esta temática. En 2018 ingresó una denuncia en Juzgado Federal, donde se empezó a mover toda una investigación de más de cuarenta cuerpos. Hemos asistido a la Justicia local, porque en la Justicia de la Provincia no hemos encontrado ningún tipo de respuesta. A partir de ello, conseguimos una medida cautelar para una zona de la ciudad, para una región puntual, que inicialmente abarcaba tres barrios. Y en 2019 logramos la ampliación de esa medida cautelar que indica 1.095 metros prohibidos para las fumigaciones terrestres, desde la zona periurbana y 3 mil metros por la vía aérea de la zona periurbana. Todo esto viene aconteciendo en medio de pruebas científicas, con análisis en el agua, por ejemplo, donde se encontraron 19 agrotóxicos en una parte de Pergamino, que casualmente es un barrio que en 8 manzanas tiene más de 50 casos de cáncer. Y, por otro lado, en barrios que se encuentran en el otro extremo de la ciudad, se encontraron 18 tipos de agrotóxicos, con daños genéticos en las personas del lugar, inclusive en mis hijos y en mi familia”. Ortíz contó cómo comenzaron a organizarse las familias pergaminenses ante esta problemática: “Una de las querellantes pertenece a ese barrio con más de 50 casos de cáncer, y perdió a su pareja por el cáncer, sus dos hijos también tenían cáncer, ella tuvo cáncer. Entonces empezó a hacer un relevamiento entre los vecinos y descubrió esta cantidad de casos en el barrio. Cuando se empezó a investigar los factores, se consiguió conocer que el agua del tanque central que consumen las personas de ese barrio tenía todos estos agrotóxicos, que los peritos médicos determinan como altamente cancerígenos, disruptores endocrinos, es decir, que afectan a todo el sistema hormonal. Además existen otras enfermedades en ese barrio, por los mismos motivos. Hay niños de tres o cuatro años que ya están recibiendo diálisis. Y es muy complejo porque hay toda una exposición diaria, al bañarse, lavar las verduras, al tomar, estamos en permanente contacto con el agua. No podemos prescindir de ella”. La abogada también comentó cuál es la posición del Gobierno de la Ciudad de Pergamino ante este conflicto: “Lamentablemente, el Gobierno (el intendente es Javier Martínez, de Juntos por el Cambio) niega toda esta cuestión. Niega a los enfermos de cáncer. Niega a los fallecidos por cáncer. Por el contrario, nos dicen que somos un grupo que quiere derribar al Gobierno. Y toda esa historia se comunica en los medios. En esta ciudad hay más de 70 empresas que lucran con el agronegocio y se hace difícil desde acá darles batalla. La medida cautelar de las distancias sigue vigente, como también la entrega de agua a los barrios que están incorporados en esta causa madre. Sabemos que esto es solo una medida paliativa, que las medidas cautelares no son eternas y que necesariamente debe haber decisiones políticas que conlleven a un modelo productivo que no atente contra la salud y la vida de las personas. Porque acá se privilegian los intereses económicos por sobre la vida”.
Lo dijo el periodista Facundo Viola. Las fumigaciones con agrotóxicos quedaron excluidas en toda la localidad santafesina reconocida por la producción de frutillas. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, brindó más detalles de lo que se podría considerar un triunfo en términos medioambientales y sobre todo de concientización del pueblo que le dijo definitivamente NO a la contaminación con agrotóxicos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia A partir de febrero no se podrá fumigar con agrotóxicos en Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe. El periodista especializado en medioambiente, Facundo Viola, comenzó explicando: “Desde 2015 venimos trabajando sobre esta situación donde se fumigaba sin ningún tipo de control sobre los monocultivos para hacer frutillas. Arroyo Leyes se ubica a 15 kilómetros hacia el norte siguiendo la ruta provincial 1 de la capital de Santa Fe, lo que sería el periurbano”. La lucha y resistencia Por otro lado, Facundo Viola denunció: “En esta zona se fumigaba sin ningún tipo de control, directamente sobre la población. Por dar ejemplos drásticos, a dos metros de la ventana de una escuela cuando los niños estaban dentro. Después de las fumigaciones se producía mortandad de aves, mucha gente se enfermaba con enfermedades terminales, eran vecinos cercanos a los campos. A través de relevamientos con distintas instituciones encontramos que existían altos índices de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, contaminación de agua por fertilizantes. Toda esta situación hizo que comencemos a movilizarnos para visibilizar más esto, concientizar, y reclamar. Llegamos a hacer denuncias penales, allanamientos, y a la par fuimos gestionando con el Estado provincial y la comuna local un proceso de ordenamiento territorial con un comité interministerial con el cual nos fuimos reuniendo y proponiendo una resolución a este conflicto. Fue algo que llevó años, y hacia 2019 obtuvimos una ordenanza con este trabajo participativo que es la 02/19, donde se fueron estableciendo plazos para que se dejara de fumigar”. En la provincia de Santa Fe se encuentra vigente la ley 273 para la aplicación de agroquímicos, que dice que no se puede fumigar en ámbitos urbanos. Viola remarcó que esto no se cumple. “Conseguimos que en el ámbito periurbano solo se permitan producciones sustentables o abocadas a la agroecología. Al vencerse los plazos, el año pasado se hizo una especie de prórroga donde se permitió a uno de estos campos permanecer en este tipo de producción (con agrotóxicos) pero ya este año las instalaciones se han levantado y retirado”, contó. El poder de lobby agroexportador “La ley vigente en Santa Fe tiene 27 años y es anterior a la introducción de los transgénicos y a su paquete tecnológico. Las organizaciones ambientales fuimos insistiendo con diferentes proyectos dentro de la Legislatura con evidencias científicas que fuimos aportando para demostrar los daños y perjuicios que presentan los agroquímicos para la población. Por otro lado, hay un lobby muy fuerte en la provincia, tenemos el puerto agroexportador, ubicado en Rosario, más grande del mundo junto al de Chicago, Estado Unidos. También existen formuladoras de agrotóxicos muy importantes y además está presente el poder de lobby de empresas aerofumigadoras que están ubicadas en la zona núcleo”, dijo el periodista. Un cambio cultural Viola mencionó en qué cambios pudieron avanzar, producto de mucho trabajo: “En la localidad de Arroyo Leyes pudimos accionar sobre 80 hectáreas divididas en 20 campos aproximadamente de productores frutihortícolas, que no por producir frutas y verduras son menos tóxicos. De lo contrario, se los fumiga mucho más. Entendemos que si no hay una concientización del peligro que esto representa, las leyes muchas veces no se cumplen. Incluso hay fallos judiciales que prohíben, por amparos judiciales que se han realizado, fumigar a determinada distancia en Santa Fe. Pero lo siguen haciendo porque nadie reclama, no hay fuerza para hacerlo. Nosotros trabajamos en la localidad fuertemente en un cambio de mentalidad y cultural en todos los sentidos, no solo a la población, sino también a las organizaciones intermedias, los representantes del Gobierno comunal y provincial para que puedan transformar esa visión que tenían que los agrotóxicos son agüita y no pasa nada si uno tira veneno ahí y no repercute en la salud y en el ambiente. Estamos hablando de un genocidio silencioso, donde miles de ciudadanos y ciudadanas están cada vez más expuestas a estos venenos y que traen formas de enfermar y morir con enfermedades, crónicas, de largo plazo”. Para cerrar, dijo: “Nuestro desafío es ir camino a poder comer frutillas sin veneno”. DESCARGAR
Matías Ruíz, profesor de historia y coordinador de la Campaña No al fracking de la ONG Conciencia Solidaria, detalló cómo funciona la técnica de extracción hidrocarburífera, comúnmente llamada “fracking”. También explicó cuáles son sus consecuencias, tomando como ejemplo Vaca Muerta y el nuevo negociado en la Costa Atlántica. Lo hizo en diálogo con Conciencia Rebelde, el nuevo programa de Conciencia Solidaria en Radio La Retaguardia, donde remarcó además la importancia de las movilizaciones populares como el Chubutazo y el Atlanticazo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Silvia Medrano/Mariela Silvestein ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Conciencia Solidaria —¿Qué significa “fracking” y qué consecuencias tiene esta práctica? —Literalmente en inglés significa “fracturando” y tiene que ver con una técnica distinta de la explotación convencional de petróleo. Para explicar que es el fracking tendríamos que ir mucho más atrás y empezar hablando del origen de la extracción petrolera, allá por principios del siglo XX, y que desde entonces hasta ahora la humanidad ha prácticamente acabado con casi todo el petróleo que había en las profundidades de nuestro planeta. Petróleo que es producido por los fósiles de especies animales, vegetales y minerales que han ido muriendo a lo largo de toda la historia. Sus restos se han ido depositando en el interior de la Tierra para finalmente producir el petróleo y los diferentes tipos de gases. Quedan muy pocos yacimientos y se han encontrado yacimientos llamados no convencionales de petróleo y gas de esquisto, que están a muy grandes profundidades dentro de nuestro planeta. Y eso no evitó que la industria del hidrocarburo encuentre la forma de extraerlo también. Y esto es la fractura hidráulica, el llamado “fracking”, que es un procedimiento de extracción que consiste en inyectar en el subsuelo una combinación de arena mezclada con cientos de químicos contaminantes, que requiere una inmensa cantidad de agua insertada a altísima presión para poder quebrar la roca y llegar tan profundo como están estos gases y este petróleo no convencional. Una vez llegado a esa profundidad surge el reflujo de esto mismo que se usó para producir la apertura del camino, por donde va a subir el petróleo y el gas, refluye hacia la superficie y obviamente es agua tóxica, contaminada, que por filtraciones puede tranquilamente llegar a las napas de agua potable. Regresan hacia la superficie. No hay forma de recuperarla. Existen estos piletones de contención que están cerca de los sitios de exploración donde el agua es acumulada, pero también en nuestro subsuelo existen sustancias radiactivas que dentro del subsuelo cumplen obviamente funciones que tienen que ver con el planeta, pero que afuera son muy peligrosas. Y estos gases muy peligrosos para el efecto invernadero también pueden subir hacia nuestra atmósfera. Otra consecuencia puede ser el incremento de actividad sísmica. Que ya se estaba denunciando en nuestro país, especialmente en Añelo, allí cerca de Vaca Muerta, el yacimiento de fracking más famoso en nuestro país. La Asamblea de Allen y de Añelo hace muchísimo tiempo que vienen denunciando las diferentes consecuencias por este tipo de extracción. Una vez que se genera la grieta principal, vertical, que va hacia el subsuelo, se descargan explosivos a través de estos conductos para poder generar las grietas horizontales que muchas veces tienen kilómetros de expansión, cruzando por debajo de poblaciones, por debajo de lagos, de ríos. Entonces, ciertamente pueden llegar a generar enormes niveles de contaminación y de residuos que van a afectar nuestra agua, más allá del agua que se utiliza para producir la grieta para poder empezar con la extracción. —¿Por qué es importante hablar de fracking en este contexto del Atlánticazo y de lo que está sucediendo con la exploración sísmica, ya autorizada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente? —Porque una de las técnicas que se va a utilizar para poder hacer esta exploración es la técnica de fracking. Aparte de esto, también tenemos que considerar que tenemos un muy reciente incidente que tiene que ver con el petróleo, cercano también a Allen, a Vaca Muerta, a Añelo; en Catriel, Río Negro. Donde a mediados de diciembre se produjo probablemente el peor daño ambiental de las últimas décadas, cuando se rompió un oleoducto de 16 pulgadas que conectaba la estación de bombeo de puesto Hernández, en Neuquén, con la estación de bombeo de Medanito en Río Negro. Y esto produjo más de 3 millones de litros de petróleo derramado, afectando no solamente la zona de la rotura de este oleoducto que obviamente no tiene mantenimiento porque una vez que son construidos ya quedan así. Estos tienen 60, 70 años de antigüedad. Fueron creados allá por la década del 60, entonces se rompen. ¿Cuál fue una de las medidas de remediación que tomó la empresa Oleoductos del Valle, que tiene el 95% de la producción y yacimiento de Vaca Muerta? Pusieron una pileta pelopincho debajo de la grieta del oleoducto. Tremendo. No se había visto nunca ingenio argentino al 100%. Y bueno, obviamente más de 3 millones de litros de petróleo derramado, dos hectáreas afectadas de forma directa. Los pueblos originarios que viven cercanos a la zona del derrame denuncian que la pileta no fue lo único que llevaron, también estuvieron ahí haciendo algún otro tipo de contención y produjeron daños. Dos hectáreas más alrededor del área afectada. Entonces tenemos también cuatro hectáreas afectadas. —La cantidad de petróleo derramado no sólo contamina las hectáreas mencionadas, ¿no? —Claro. Además podemos vincularlo con lo que podría llegar a pasar en el Atlántico, porque es muy parecida la situación. Debajo de esta zona en Río Negro, en Catriel, hay solamente a tres kilómetros de profundidad una reserva de agua dulce muy importante que alimenta a los ríos de la región e incluso ríos que por sus ramificaciones llegan hasta la Provincia de Buenos Aires. O sea que no es que solamente se queda el problema en Neuquén, en Río Negro. Este petróleo que es absorbido nuevamente por la tierra va a llegar hasta estas napas que tienen un grado
El Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el 30 de diciembre a la empresa noruega Equinor a localizar pozos de petróleo en el fondo marino de la Costa Atlántica bonaerense. Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por una Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata y Mónica Tissone, de la Asamblea Ambiental del Tuyú de San Bernardo, dialogaron con los programas radiales Tengo una Idea y Otras Voces Otras Propuestas. Allí, hicieron referencia a las movilizaciones de asambleas y organizaciones ambientalistas que se dieron en diferentes puntos de la costa en oposición a este proyecto. Génova y Tissone destacaron el crecimiento de la participación ciudadana y argumentaron acerca del daño ambiental y sus posibles consecuencias. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevistas: Nicolás Rosales/Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner 📷 Foto de portada: Radio Comunitaria La Revuelta Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por una Mar Libre de Petroleras contó cómo fue la movilización que se denominó el “Atlanticazo” que tuvo como objeto expresar la oposición a la instalación de petroleras offshore en la ciudad de Mar del Plata de la Costa Atlántica. “Los vecinos y vecinas no querían irse, fue una movilización increíble. Una demostración de lo que queremos como población, como comunidad. Y de lo que estamos dispuestos para defender el mar y nuestra forma de vida”, comenzó. La asambleísta continuó detallando: “Nos concentramos en la avenida de la costa, frente al playón del Hotel Provincial, de la rambla. No pudimos estar en el playón de los lobos porque estaba vallado tratando de impedir que hiciéramos nuestra acción. Pero, como somos una comunidad que entendió que tenemos que salir a la calle para defender el bien común que más nos convoca e importa que es el mar, directamente nos concentramos en la calle. Fueron varias cuadras de gente sobre la avenida, personas que marcharon decididas a demostrarle a este Gobierno nacional, provincial y municipal que acá no hay lugar para el extractivismo, que las plataformas petroleras no tienen licencia en nuestro territorio. Y que no les conviene instalarse, porque no van a poder. No los vamos a dejar”. Por su parte, la activista ambiental Mónica Tissone desde San Bernardo describió: “Fue sorprendente e increíble la cantidad de personas que se sumaron a la movilización. Incluso visitantes turistas y también residentes de la zona sur del Partido de la Costa que se sintieron realmente estimulados e inspirados de alguna manera. Fue algo muy natural y orgánico. Los cánticos, las consignas de las pancartas que cada uno trajo, las formas en que grupos de jóvenes presentaron su reclamo de un mar sin petróleo”. Y agregó con orgullo: “Luego de la movilización hicimos una actividad artística con música y baile. Fue emocionante haber logrado una convocatoria tan masiva”. El offshore y la contaminación ambiental Hay una imagen dando vueltas en el imaginario social que es la de una Costa Atlántica contaminada de petróleo a raíz de este método extractivo. Al respecto, Génova realizó algunas aclaraciones: “En principio lo que ahora autorizó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación es iniciar la exploración sísmica que consiste en un bombardeo desde un buque con distintos disparos de aire comprimido que impactan sobre el subsuelo marino y van a generar una señal que le permitirá identificar dónde exactamente tienen que hacer las perforaciones. Aún no habrá. La empresa YPF dice que quiere hacer el primer pozo exploratorio a fin del 2022. Sin embargo, este bombardeo sísmico genera un daño terrible sobre la fauna marina y todo el recurso pesquero que es fundamental en la economía de las ciudades costeras, porque de ahí viven miles de familias, no solo en Mar del Plata, sino a lo largo de la Costa Atlántica. Las perforaciones en sí, son para sacar petróleo de la plataforma continental a la altura de la costa bonaerense y lo que se estableció por un estudio que hizo la Universidad Nacional del Centro es que hay un 100 por ciento de probabilidades de accidentes de derrames producto de las condiciones adversas en las que se hacen estas perforaciones en alta mar a 300 kilómetros de la costa. Por otro lado, es un método costoso y contaminante”. Además, la activista planteó que esto sucede en un contexto donde se están llevando adelante varias luchas contra el extractivismo a nivel mundial: “No se entiende por qué intentan hacer esto en este momento y de esta manera donde el mundo entero está diciendo que hay que dejar de extraer hidrocarburos para dejar de emitir gases de efecto invernadero y mitigar las consecuencias que estamos teniendo a partir del cambio climático. Vamos a contramano de lo que se está planteando y diciendo todas las comunidades científicas”. En esta línea de pensamiento y adherida al reclamo de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, la asambleísta Tissone desde San Bernardo afirmó: “Nos posicionamos también en defensa de la biodiversidad que es lo que más en riesgo está y que no tiene voz. Es por el impacto que pueden generar estas petroleras, no solamente las plataformas sino también los barcos petroleros. Estas bombas pondrían en riesgo la diversidad marina. A una ballena o a los delfines, le pueden llegar a producir sordera, estas especies se verían desorientadas y podrían llegar a morir. Lo mismo pasaría con los cardúmenes, afectando a la reproducción. También podrían migrar hacia otros hábitat más benévolos para sostener la vida. Y así con otras especies de la fauna marina”. “Conciencia ambiental” Por último, Génova volvió a remarcar la cantidad de personas que se movilizaron y en este sentido dejó ver un mayor grado de conciencia ambiental. “Nuestra asamblea viene funcionando hace unos seis o siete meses. Venimos haciendo acciones y movilizaciones. La realidad es que hasta ahora la población no se había sumado masivamente. Desde el día que salió y se publicó el Boletín Oficial con la resolución del Ministerio, la comunidad se está expresando en las
La embestida extractivista en Argentina apagó rápidamente la euforia por la victoria del pueblo chubutense que consiguió la derogación de la ley de zonificación que permitía la megaminería en la provincia. Otros conflictos, como la explotación petrolera offshore en Mar del Plata, movilizan a cientos de personas en las calles. Las luchas ganadas impulsan nuevas resistencias. Fabiana Cartolano, docente antiminera de Chubut, analizó el triunfo y remarcó que el pueblo sigue alerta más fuerte que nunca. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia La docente Fabiana Cartolano, militante contra la megaminería en Chubut estableció una relación con la pueblada que se generó a partir de la aprobación de la zonificación por parte de la Legislatura con lo que sucedió en Argentina en 2001. “Es un paralelismo con el 2001. Les voy a enviar una imagen de un fotógrafo que forma parte de un grupo de fotógrafos que están detrás de las luchas sociales. Compañeros que corren con nosotros entre las balas, que han tomado edificios. Aníbal Arizal es uno de los que hace un paralelismo con la foto del 2001, donde un compañero está tirando la piedra con una foto de frente, con la Policía del Chubut reprimiendo en 2021. Nosotros tenemos un paralelismo con el Chubutazo que siempre fue nuestro norte. Siempre que imaginábamos, deseábamos, teníamos la utopía de repetir aquel chubutazo. No solo lo repetimos, sino que lo superamos en una magnitud inmensa”, comenzó. Una historia de lucha La lucha en oposición a la megaminería en esa zona de la patagonia se viene dando desde hace mucho tiempo. Así lo recordó la docente: “Estamos agotados de todos estos días. De todos estos años. Porque en veinte años de lucha es la primera vez que el pueblo de Chubut se manifiesta de este modo. Entonces también es un paso fuerte, inmenso, que es que no solo hacemos un paralelismo con el 2001 y que la gente va a quedar en la memoria después de 20 años del Chubutazo. Sino que en Chubut también vamos a contar dos: el Chubutazo y el Chubutaguazo. Y de eso se trata la historia. Y nosotros decidimos cómo, cuándo y de qué modo contarla”. Días de fuego Minutos antes de la represión, Cartolano había sido entrevistada por La Retaguardia. “Cuando corté con ustedes comenzaron a reprimirnos. En ese momento el aire no se cortaba con nada. Había una tensión que en cualquier momento explotaba todo. Corté y tuvimos que correr. Estaba detrás de mi auto que quedó estallado de vidrios, de rotura de piedras. Ahora me dejé llevar por esa sensación. Pero bueno, también era esto de venir hace tantos años en la lucha. Tantos años caminando. Y qué no salía el pueblo completo. Creo que no se animaba a ser escuchado. Nos seguían silenciando, seguíamos opacados, seguían las mineras y las empresas, los patrones y los dueños de la verdad. El discurso político pisándole la cabeza a la gente con sus trabajos. Con sus compromisos laborales. El pueblo se manifestó. Venimos diciendo hace muchos años que no provoquen al pueblo, que no se les ocurra levantar la mano en contra. El pueblo no se defraudó a sí mismo. Tuvimos tres días de fuegos en Rawson, se prendieron 18 edificios públicos. Vi correr gente que jamás en mi vida creí que iba a salir a la calle. En Rawson metimos una marcha de 15 mil y 20 mil personas que jamás en la historia sucedió. Puedo estar horas hablando de imágenes, y de cómo se sucedieron todos estos días”, contó. El despertar del pueblo “El pueblo entendió que de ahora en más no tenemos que bajar la guardia ni dar un paso atrás. Ni siquiera para tomar el envión, como decíamos hacia el final de la marcha. Porque tenemos que aprender que de ahora en más vamos a luchar de acá para arriba, y que cualquier político que venga y de los que están aún en el gobierno sepan que de ahora en más el pueblo va a reaccionar así, porque el pueblo lo entendió. Por ejemplo, salimos con algunos de los pocos que quedamos con los cuerpos cansados a tomar algo. Estábamos comiendo algunos de los asambleístas y se nos acercaron varios vecinos a decirnos que no podían estar en ese lugar sabiendo que estaba presente el hijo de uno de los intendentes, uno de los diputados que levantó la mano en contra del pueblo. El bar estaba cantando cuando llegué, canciones que aprendieron de estos tres días en la calle. Así que le pedimos al dueño del bar que la gente estaba pidiendo esto, que se retire, y en un solo canto unánime el bar le empezó a cantar que si el pueblo no tiene paz, ellos tampoco. Y que se lo van a hacer saber cada vez. No podía parar de llorar de emoción, porque realmente ver el despertar de un pueblo no es cualquier cosa. Suena hippie, suena poético, pero yo vi despertar al pueblo y eso nadie me lo va a sacar de la memoria. Hablábamos con muchas compañeras y decíamos que el día de mañana las que somos docentes vamos a hacer de las viejas docentes antimineras. La gente entenderá que le vamos a contar a nuestros pibes lo que sucedió en Rawson y que fueron tres días de fuego. Que al Gobierno no le tembló la mano en dispararle a los vecinos durante cuatro horas y media. Tengo una amiga que dejó el reloj del conteo de pasos prendido, y la primera noche corrimos 25 kilómetros. Todos quedamos con perdigones en el cuerpo, todos quedamos agotados, estresados, pero entendimos que también la vida se defiende con vida. Pero nunca habíamos estado tan cerca, y el pueblo no lo dudó y salió a la calle. Y el marichiweu, el grito de guerra de mi pueblo ancestral, significa que por cada caído, diez se levantarán. Cada diez caídos, cien se levantarán. Vimos despertar al
Patricia Pines es docente de nivel inicial e integrante de “Vacantes para todxs en las escuelas públicas”, un colectivo de familias y docentes que luchan para que se garanticen las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días salió un fallo judicial que obliga al Gobierno porteño a resolver el problema. Siguiendo el slogan “No sobran pibes, faltan vacantes”, Pines sostiene una lucha por más y mejores escuelas para garantizar el derecho a la educación para todas las personas. La docente habló en el programa radial La Retaguardia y contó respecto a la problemática. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Diego Adur La educación es un derecho que tiene carácter fundamental porque es esencial para el desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y además, es garante de otros derechos y promotor del bienestar individual y colectivo. Ante el reclamo histórico que la comunidad educativa viene realizando sobre la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala N°3 de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Federal de la Ciudad dictó sentencia hace pocos días. Confirmando lo que la jueza Elena Liberatori dictaminó en el año 2019, el fallo dispuso que la administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria en los Distritos Escolares N° 1, 5, 13, 19, 20 y 21. Patricia Pines, integrante del colectivo “Vacantes para todxs”, dijo al respecto: “Ojalá el Gobierno ahora acate el fallo con la misma celeridad que acató otros fallos que eran acordes a su política. Eso es lo que esperamos. Básicamente lo que dice el fallo es que tienen que garantizar la escolaridad, particularmente en 20 barrios, que son los más afectados por la problemática de la falta de escuelas, pero entendemos que en realidad es para toda la Ciudad. Deberían destinar el presupuesto y ejecutarlo y construir las escuelas que faltan”. La Convención sobre los derechos del niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por la República Argentina a través de la Ley 23.849, contempla los derechos fundamentales de las infancias. En su artículo 28, la Convención reconoce el derecho a la educación para ser ejercido en igualdad de condiciones y declara que los Estados deberán implantar una serie de medidas que garanticen el acceso gratuito a la misma, y velar por el cumplimiento de las condiciones enunciadas para todos los niños y niñas del mundo fomentando el desarrollo integral y el respeto de las libertades fundamentales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece hacer caso omiso respecto de este derecho fundamental cuando se trata del otorgamiento de vacantes de escuelas públicas de esa jurisdicción. Sobre este tema, Pines explicó: “Nosotros lo venimos denunciando hace mucho. No solo no han dado respuesta favorable a la demanda, sino que en estos últimos años han cerrado cientos de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras”. Instantáneas del sarcasmo Durante el transcurso de la pandemia y en muchos casos cuando la situación sanitaria no estaba aún controlada, el Gobierno porteño presionaba por la vuelta a la presencialidad en las aulas. Sus argumentos eran variados: que en las escuelas los y las estudiantes no se contagiaban, que el derecho a la educación solo se garantizaba con la presencialidad. Sin embargo, en las inscripciones online las vacantes son un bien escaso para los pibes y las pibas. “El fallo habla de las 54 escuelas de las cuales venimos escuchando ¡hace cuanto tiempo! Están construyendo las mismas 54 escuelas, pero cuando te ponés a revisar dónde están esos edificios te das cuenta que son muy poquitos los edificios nuevos que se inauguraron y la mayoría fueron mudanzas de escuelas que ya existían. Las poquitas obras que se inauguraron se hicieron siempre en años electorales y las abren sin completar la obra, entonces entregan escuelas donde está el agujero del ascensor, sin el ascensor, sin gas, sin teléfono. Con luz de obra, o sea, los cables colgando. Después, si quieren usar algún artefacto de más enseguida salta la térmica y se quedan sin luz”, contó Pines. En un Congreso Internacional que se celebró la semana pasada en la Universidad Católica Argentina, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, aprovechó la ocasión para cuestionar el dictamen y seguir sosteniendo que las 54 escuelas existen y relacionó el fallo con la campaña electoral además de responsabilizar al Gobierno nacional por la falta de conectividad en los barrios populares. Ante la consulta por las obras que el Gobierno de la Ciudad se adjudica, la docente opinó: “Hay un gran desinterés por el bienestar y por la dignidad básicamente de las infancias. El colectivo Vacantes surgió pidiendo que construyan escuelas y después a medida que fue creciendo nos dimos cuenta que en realidad hay múltiples derechos vulnerados de las infancias. No solo el acceso a la educación pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida, que es lo que dice la Constitución de la Ciudad. Además, los comedores escolares también sufrieron muchísimos recortes en estos años, la comida es insuficiente, no es del todo saludable y no se entrega para todos los niveles. Han recortado el plan Sarmiento y el plan Conectar Igualdad”. La educación en el laberinto judicial Frente a las distintas demandas sin respuesta efectiva y la negativa al acceso a la información, el fallo traslada el problema a la Legislatura para resolverlo allí, aprobar presupuesto y ejecutarlo. Sobre el modo en que se resolvió este conflicto y la división de poderes, Pines agregó: “No es incumbencia del Poder Judicial legislar, ni aprobar el presupuesto, ni construir las escuelas. Entonces, en un punto la cuestión está en la voluntad política que es distinta de la voluntad judicial. Obviamente los jueces que le dan vacante a las familias que reclaman están de acuerdo con que hay un derecho vulnerado, pero es tarea del Legislativo y del Ejecutivo hacer
En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Melisa Correa, docente e integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, se refirió a la designación de Gustavo Albonico como director de la Escuela 2 del Distrito Escolar 8 “Tomás Santa Coloma”, en Parque Chacabuco. La docente contó que Albonico se ha expresado abiertamente en las redes sociales en defensa de la dictadura militar, entre otros dichos repudiables. La comunidad educativa reaccionó rápidamente y realizó algunas acciones en rechazo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur/Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Nicolás Rosales/La Retaguardia La comunidad educativa se movilizó en repudio a la designación de Gustavo Albonico como director de la Escuela 2 del Distrito Escolar 8 de la calle Santander 1150 de Parque Chacabuco, en la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Albonico ha tenido discursos misóginos en reiteradas ocasiones, palabras y actos que van en contra de los derechos de las mujeres y otras identidades de género, según contó en un comunicado la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. Por otro lado, la comunidad educativa entiende que la modalidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido rotarlo por diferentes escuelas y comunidades evidenciando complicidad y protección a este personaje. Melisa Correa, maestra e integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores y parte de la Asamblea de Docentes del Distrito 8 explicó cómo se enteró del hecho: “No conocemos personalmente a este sujeto, sí desde las notas que han salido a raíz de su fallida designación como director de una escuela del Distrito décimo. Ahí se pudo frenar la misma, ya que se dieron a conocer estos dichos y el discurso que hace apología del Terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad. También reivindica el gatillo fácil y tiene dichos misóginos, donde pretende cerrar el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades”. Por otro lado, Correa argumentó porqué es inadmisible que el director asuma el cargo: “No podemos tolerar que ningún integrante de conducción de un equipo escolar tenga este tipo de discurso porque nuestros lineamientos curriculares promueven la valoración de la democracia y de la construcción de la memoria familiar, social y colectiva. Es una ley que tenemos que cumplir, y claramente este sujeto representa lo contrario. Estaría fuera de la ley”. Entre las acciones llevadas a cabo, el miércoles pasado hubo una conferencia de prensa en la Escuela Primaria 2 D.E. 8 “Tomás Santa Coloma” y el viernes una radio abierta en la esquina de las calles Emilio Mitre y Asamblea, en Parque Chacabuco. En la conferencia de la semana pasada estuvieron presentes la ex directora del colegio, madres de alumnos y alumnas, e integrantes del gremio Ademys como la actual legisladora porteña del Frente de Izquierda Amanda Martín, la secretaria general Mariana Scayola, y el secretario adjunto Jorge Adaro. Del gremio UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) se hizo presente el secretario de Derechos Humanos, Matías Zalduendo. Por último y en relación a las expectativas luego del repudio de la comunidad, Correa expresó: “Hasta donde sé todavía no hay una respuesta, pero deseamos que se remueva o rechace la designación. Lo del miércoles fue movilizante. Creo que no es una opción seguir rotándolo (de un colegio a otro). De continuar en su cargo se estarían violando los derechos de los y las alumnas”. DESCARGAR
Lo determinó un informe de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico. Delia Aiassa, doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto, estuvo a cargo del estudio que se realizó en 2020. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, Aissa brindó detalles del informe y precisó cuáles serían las consecuencias a futuro. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico La Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico realizó un informe sobre la presencia de glifosato en la zona y sus consecuencias. El estudio en concreto fue llevado a cabo en niños y niñas de entre 5 y 13 años, habitantes de la Comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de Córdoba a 50 kilómetros de la capital, en el Valle de Paravachasca. Se realizó en 2020, en dos etapas de muestreo y en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos para el trabajo del agronegocio en zonas aledañas al pueblo. Desde la Asamblea denunciaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en detrimento de la salud de toda la población. La imagen de la activista ambientalista Sofía Gatica intentando impedir las fumigaciones en esta parte de Córdoba y su posterior detención quedará para el recuerdo de muchos y muchas. “Desde el ámbito privado y desde mi laboratorio hacemos análisis toxicológicos y clínicos. En este ámbito ofrecemos el servicio de la toxicología en sangre y en niños, y desde el área genética estudios de genotoxicidad. En ese marco, la localidad de Dique Chico nos contacta y realizamos los estudios también de plaguicidas de los que esa comunidad relata son los más utilizados en la zona y fundamentalmente en los cultivos de soja que se llevan adelante”, explicó Delia Aiassa, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En referencia a los daños que podría ocasionar el glifosato en términos generales, Aiassa puntualizó: “Cuando uno trabaja con niños tiene una ventaja, que es sacar la mayoría de los factores de confusión que puede tener una persona adulta. Por ejemplo si una persona adulta fuma tiene alterado el daño en su material genético, o si toma bebidas alcohólicas, medicación. En cambio, en los niños, como no tienen todo eso, uno puede atribuir o asociar el daño al agente tóxico que se encuentra en el ambiente o en su propio organismo. En el caso de Dique Chico nosotros buscamos glifosato y AMPA (ácido aminometilfosfónico), que es su metabolito que es la sustancia que se degrada, porque son las sustancias arrojadas al ambiente cercano donde viven. Son geografías muy particulares que se repiten en otras zonas de la provincia, donde el sector urbano limita con los campos de cultivo donde arrojan distintas sustancias químicas. El glifosato no es el único, son mezclas que se utilizan de herbicidas e insecticidas. Cuando encontramos esto en los organismos tienen un valor de daño aumentado, y se ha visto en las muestras que hemos hecho. Si esto a mediano o largo plazo se mantiene, el daño ocasionado no se repara en el organismo. La probabilidad de que se desarrolle algún tipo de cáncer es mayor. En personas adultas se observan problemas reproductivos con infertilidad, malformaciones. En los niños, es un sistema de alerta, y el daño genético podría ser reversible”. Cabe mencionar que hace cinco años la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2 dispuso a pedido de productores locales la suspensión de la Resolución 242/17, que establece la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de mil metros a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana. Así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno, Anexo Bajo Chico ubicados aproximadamente a 1.500 kilómetros del pueblo. Gracias a la organización vecinal de manera asamblearia y pese al continuo embate del lobby del agronegocio, se logró una medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con agrotóxicos, pero solo en un radio de 500 metros alrededor de la escuela, y no para toda la comuna como pedían las y los vecinos. Por último, la especialista advirtió: “Desde la salud observan un aumento en los cánceres que en otro momento veían como raros. Y que si existen daños aumentados quiere decir que hay una sustancia que lo está causando. Resulta interesante ver cómo otras localidades que no tienen estas características ambientales tienen un daño genético menor. Negar que se provocan daños en la salud en Dique Chico es no querer ver la realidad”. DESCARGAR
Lo dijo Santiago Levin, médico psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), en su paso por el programa Sueños Posibles de La Retaguardia. Allí se refirió a la situación de la salud mental en Argentina y a la invisibilización que existe por parte de la sociedad y el Estado. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: SportelliA Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), manifestó la postura de la APSA respecto a la Ley de Salud Mental que actualmente rige en nuestro país: “No estamos en contra de la Ley, pero hacemos algunas objeciones importantes. Por ejemplo, el artículo 12 dice que ‘la medicación farmacológica no debe ser nunca utilizada como castigo’, lo cual nos parece un innecesario pasaje antipsiquiátrico, ya que nosotros nunca la usamos como castigo. También estamos en desacuerdo con los institutos monovalentes y lo que sí proponemos es la eliminación completa de los manicomios. Manicomio significa abandono, exclusión, olvido. Pero nuestra práctica clínica nos indica que las instituciones especializadas siguen siendo necesarias, adaptándolas al siglo XXI, porque la urgencia psiquiátrica, que es muy común y cada vez más frecuente, en nuestro sistema suele ser rechazada en los hospitales generales, que no están preparados para recibirlas. Algunos pocos sí lo están, pero la gran mayoría no. Entonces, una cosa es pensar la transformación en términos ideales, y otra cosa es la realidad clínica”. Levin aseguró que la transformación en salud mental en Argentina tiene características predominantemente retóricas, pero no reales ya que no se cuenta con los instrumentos intermedios, las casas de medio camino, las residencias asistidas y los equipos de intervención en crisis: “¿Qué se hace cuando sucede algo como lo de Chano (Charpentier) el otro día? Que pasa todo el tiempo, solo que no repercute a niveles públicos porque están protagonizadas por personas anónimas. ¿Quién interviene? ¿Qué pasó con el caso del MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)? Donde ‘un loquito’ con un cuchillo terminó matando a un policía y el policía matando al paciente, generando una situación verdaderamente dramática, con pérdida de todos lados. ¿Qué pasó con ese señor en situación de calle, intoxicado por alcohol, que recibió una patada en el pecho, por parte de un personal policial, cayó hacia atrás, pegó con la nuca en el asfalto y falleció pocas horas después? ¿Qué hacemos con todo esto, más allá de la Ley?”, se preguntó el médico. Y continuó: “Porque este es el punto central. La realidad no se cambia con leyes. Las leyes acompañan movimientos de transformación, pero la transformación es una decisión política que necesita cambios muy puntuales e intensos. Una planificación en salud pública, que implica una reconsideración de cuál es el rol de la salud como valor social y como derecho, que en nuestro país tiene tal estatuto. Entonces, en vez de pensar qué cerramos y qué abrimos, tendríamos que estar pensando qué es lo que queremos para nuestra sociedad en materia de salud, y luego pensamos cómo lo vamos organizando. Pero con un presupuesto tan bajo, con un personal insuficiente, con falta de equipos de intervención de urgencia, con hospitales generales que en su mayoría no están preparados para la urgencia psiquiátrica, este tipo de situaciones se seguirán repitiendo. Ahora, cuando esto sucede y adquiere repercusión pública, aparecen distintos sectores, a veces corporativos, a veces con intereses privados, a tratar de sacar una tajada. Lo que tenemos que proteger y custodiar es el derecho de la persona que está atravesando una crisis mental grave, a recibir la atención que corresponde. Que nunca es un balazo en el abdomen, sino una intervención especializada para poder atender su problema de salud mental”. El médico psiquiátrico desmintió el mito de que no se puede internar a un paciente sin la firma de un juez. “A pesar de las objeciones que muchos psiquiatras le hacemos a la Ley, que básicamente son la poca claridad para la urgencia, los pasajes antipsiquiátricos y el cierre definitivo de los monovalentes; sí sostenemos el espíritu de derechos humanos de la Ley, y ésta prevé la internación en contra de la voluntad. Sin esperar la decisión de un juez. Escuché a colegas diciendo ‘no se puede internar en contra de la voluntad si no lo autoriza un juez’. Eso es absolutamente falso. Sí se puede, y con el paciente ya internado, darle aviso al juez. Incluso hay unas cuantas horas de margen para hacerlo”, explicó. Y agregó: “Esto no significa que la situación sea fácil, porque convergen la desfinanciación, la falta de formación de las fuerzas de seguridad (que confunden descompensación mental con situaciones de delito), la falta de equipos multidisciplinarios de emergencia, la escasez de ambulancias para la salud mental, y el hecho de que la salud mental es siempre la hermana menor olvidada de los planes de salud”. El psiquiatra destacó que es necesario una inversión para poder afrontar las emergencias en salud mental y lograr un reequipamiento en los hospitales y clínicas que lo necesiten. “Invertir en salud mental, aparentemente es poco redituable electoralmente. Entonces estamos con mucho ‘biribiri’, pero con poca realidad práctica. Están faltando medicamentos de salud mental en muchas de las guardias. Las provincias que no tienen internación, por ejemplo la de Chubut, terminan gastando una millonada pagando camas privadas de internación. Porque la urgencia en salud mental existe y necesita una atención especializada, y necesita camas. Lo cual no significa estar hablando de manicomios. Los manicomios son depósito de personas. Eso no puede existir más. Y existe por el mismo motivo que existen ‘villas miseria’, que hay más o menos 4 mil, donde viven 5 millones de personas”, comparó. Muchas personas padecen situaciones relacionadas a la salud mental y en su mayoría quedan invisibilizadas por la sociedad. Levin aseguró que sin mayor inversión y decisiones políticas al respecto la problemática no mejorará: “Las personas que padecen este tipo de situaciones son muchas, y son invisibles. Lo mismo que las personas que están
La educación ambiental, integral y transversal es ley en todo el territorio argentino desde la madrugada del viernes 14 de mayo, luego de una extensa sesión en el Senado, en la que se aprobó por unanimidad. “Esto es una luz”, dijo Jackeline Ermini, activista socioambiental de Jóvenes por el Clima en Rosario, Santa Fe. En diálogo con el programa radial A mí no me importa, la joven describió lo que significa esta ley en medio de un contexto donde los problemas medioambientales se potencian cada día. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Catalina Goldszmidt 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Virginia Chaile/La Retaguardia El Proyecto de Ley de Educación Ambiental se aprobó por unanimidad en el Senado, luego de que había logrado la media sanción en marzo en la Cámara de Diputados/as con 215 votos afirmativos, siete votos negativos y 18 abstenciones. “Es una ley de presupuestos mínimos, con lo cual se prevé que la educación ambiental sea obligatoria en todas las jurisdicciones y niveles educativos del país, adaptando el contenido para cada nivel y haciendo hincapié en las problemáticas y realidades de cada territorio en el que se la implementa”, explicó Jackeline Ermini, integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario, Santa Fe. Y es que detrás de cada plan de estudios, contó la activista, estará el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) y un consejo consultivo, conformado por pueblos originarios, guardaparques, representantes de organizaciones estudiantiles y socioambientales, y hasta personas de cada región, con el objetivo de aportar información pertinente y hacer un seguimiento de los contenidos que se dan. Si bien es un logro la aprobación de esta ley, lo que queda por delante es un camino de lucha para exigir que se implemente de forma correspondiente en todos los colegios del país. La activista la comparó con la Ley de Educación Sexual Integral, que es similar en el modo de aplicación pero no se cumple como debería. “Nuestro mayor miedo es que pase lo mismo que con la ESI, que no se termine implementando, o que se implemente según la voluntad de cada institución y de la forma que quieran”, dijo Ermini. Y mencionó lo que sucede en algunos colegios religiosos del país, donde la ESI es aplicada según creencias o doctrinas de la institución, y planteó que esto es algo que podría repetirse con la Ley de Educación Ambiental, ya que “toca los intereses de un montón de sectores”. Fue gracias al apoyo de una sociedad cada vez más despierta y a las campañas de organizaciones socioambientales como Jóvenes por el Clima y EcoHouse que esta ley se pudo impulsar. Pero el camino está lleno de barreras que aún quedan derribar, ya que la megaminería y el agronegocio siguen creciendo en todo el país. Una de las problemáticas urgente es la de los humedales que volvieron a arder en la zona de Santa Fe, mientras la Ley de Humedales sigue cajoneada. Ermini se refirió a las campañas que están haciendo desde Jóvenes por el Clima para que otras leyes que son de importancia para el medioambiente, puedan, efectivamente, salir. “Nosotros venimos impulsando una agenda legislativa, para tratar de sancionar diferentes leyes… En este momento una de las principales leyes y campañas que estamos llevando adelante, que nos parece como una de las más importantes, es la Ley de Humedales”, contó. Este proyecto, que fue presentado el año pasado en Diputados/as pero que hoy en día está “cajoneado”, tiene por objetivo establecer presupuestos mínimos para la conservación, uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar la integridad de estos espacios que son fundamentales para el ecosistema. “Hoy Rosario está de vuelta inundada de humo”, comenzó a decir la activista sobre su lugar de residencia, desde donde puede ver el humo que llega a la ciudad mientras se sigue postergando la ley. Pero la lucha sigue: “La Ley de Humedales es una ley por la que vamos a seguir trabajando hasta lograrla”, cerró.