Violencia institucional
Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad de Córdoba, fue imputado por delitos relacionados con la investigación del homicidio de Valentino Blas Correas, de 17 años, ocurrido el 6 de agosto de 2020. De llegar a juicio oral, será el segundo por el mismo caso de gatillo fácil y también estarán en el banquillo de los acusados el comisario Gonzalo Cumplido, otro exfuncionario civil y 15 policías, algunos de los cuales ya fueron condenados en el proceso anterior. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero En el primer juicio por el asesinato del joven Valentino Blas Correas, dos policías recibieron la pena de cadena perpetua como autores del crimen y otros nueve fueron condenados por encubrimiento. El crimen fue calificado como “inadmisible masacre” y de ser “uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”, según afirmó Fernando López Villagra, uno de los fiscales. El asesinato de Correas se produjo durante un control vehicular, en la capital cordobesa, cuando los policías balearon sin razón alguna el automóvil en el que iban Blas y cuatro amigos que también podrían haber perdido la vida por la violencia irracional del ataque. En estos días, Soledad Laciar, la mamá de Blas, reiteró lo dicho cuando finalizó el primer juicio: “Voy a seguir luchando hasta que sean juzgados los responsables políticos y los que dejaron morir a mi hijo”, negándole la posibilidad de ser asistido en un sanatorio, cuando se encontraba gravemente herido. Laciar sostuvo: “Hay muchos casos que están clamando por justicia y esa también es mi lucha, para que esto no le ocurra a ningún pibe más”. El nuevo juicio Ahora, por derivaciones del mismo caso, el fiscal Franco Mondino, del fuero Anticorrupción, imputó a 18 personas, entre policías y exfuncionarios, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria en los primeros días de julio. La decisión de Mondino es el primer paso en el marco de las actuaciones que le fueron giradas por la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, luego de dictar sentencia condenatoria a los dos policías autores del homicidio y a otros nueve por el delito de encubrimiento. Los camaristas Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno habían solicitado al fuero Anticorrupción que investigara la posible comisión de delitos en torno al manejo de recursos del Ministerio de Seguridad, en 2020 a cargo de Mosquera, en los que se veía envuelto el comisario Cumplido. También se ordenó investigar los hechos relacionados con la falta de auxilio a Blas Correas cuando estaba agonizando y ahondar sobre las maniobras de encubrimiento que se revelaron en el juicio.Al comisario Cumplido, que no llegó al juicio oral porque había sido sobreseído en la instrucción, el fuero Anticorrupción lo imputó ahora por haber “recibido dádivas” y por encubrimiento. Al comisario, que era jefe de Seguridad de la ciudad de Córdoba, lo acusaron por “omisión de denuncia, agravado por su condición de funcionario público, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en el ejercicio de sus funciones”. El caso de Cumplido tiene íntima relación con la situación procesal de Fernando Mosquera, exministro de Seguridad de la provincia y actual legislador por Hacemos Unidos por Córdoba. A Mosquera se lo acusa de “ofrecimiento de dádivas” en los días en que era ministro y cuando Cumplido había sido separado de la fuerza policial por su vinculación con el caso Correas. Entre otras cuestiones, se sabe que Mosquera le regaló al comisario suspendido, con fondos públicos, un Toyota Corolla. También le prometió un ascenso, que no se concretó, una vez que se aquietaran las aguas de la investigación por el crimen. El incumplimiento de la promesa derivó en fuertes revelaciones del comisario, que ahora son investigadas a fondo. Mosquera fue cuestionado duramente por la familia de Blas, quienes lo mencionaron como parte del encubrimiento. Por si fuera poco, Mosquera tuvo que pedir licencia como legislador, luego de recibir una grave denuncia por violencia de género, de parte de una suboficial de la policía provincial. La víctima se presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, para denunciar al exministro, con quien mantenía una relación de pareja. La suboficial, de 34 años, fue encontrada con heridas en el rostro, ensangrentada y desvanecida luego de ingerir pastillas. Tuvo que ser hospitalizada. Esta causa contra Mosquera es por los delitos de “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo, por mediar violencia de género, y por amenazas calificadas”. Los otros imputados Las derivaciones del caso de gatillo fácil, involucran también a Lucas Mezzano, exfuncionario del Ministerio de Seguridad, quien hoy tiene un cargo nada menos que en el órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad. También está señalado en el “ofrecimiento de dádivas”, un delito penado hasta con dos años de prisión. El fiscal Mondino imputó por “violación de medios de prueba” a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.Por el delito de “abuso de autoridad”, deberán responder en las indagatorias los policías Víctor Rubén Di Stefano, Diego Norberto González. Emmanuel Fachisthers, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Henot, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emmanuel Toloza y Natalia Soledad Márquez, quien también está imputada por “lesiones leves calificadas en abuso de su función”. El listado puede ser parcial, ya que estaban en la mira de la Justicia otros funcionarios, entre ellos la comisaria general Liliana Zárate Belletti, jefa de Policía mientras se sustanciaba el juicio por el homicidio de Blas Correas. Las condenas En el primer juicio, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homcidio calificado los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón. Los condenaron también por los “homicidios en grado de tentativa” de los cuatro chicos que iban con Blas en el automóvil baleado por los policías. También fueron condenados el comisario inspector Walter Soria, a cuatro años y nueve meses de prisión; el subcomisario Enzo Quiroga y el comisario inspector Jorge Galleguillo, ambos a cuatro años
Lo dijo Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, acerca de la modificación de la ley penal para la que el Gobierno nacional ya presentó un proyecto en el Congreso. En diálogo con el programa radial Estás muteadx, Taffetani habló sobre la cuestión de fondo del tema y abordó cuestiones como la problemática en los barrios, la pobreza, y la falta de decisiones estructurales por parte del Estado argentino. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierRedacción: Agustina Sandoval LernerEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Colectivo de Medios Populares El 15 de mayo, en su presentación ante el Senado de la Nación, el ahora exjefe de Gabinete Nicolás Posse, habló de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, en el que estaría trabajando el Ministerio de Justicia. Hace algunos días, el diputado mendocino por La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, presentó en el Congreso un proyecto de ley para que un pibe o piba de 12 años sea punible. La actualidad de la imputabilidad en Argentina El sistema penal juvenil actual está regulado por el Decreto Ley 22.278/1980, y sumodificatoria 22.803/1983, sancionado durante la última dictadura cívico militar, que estableció el Régimen Penal de Minoridad, y fijó la edad de imputabilidad a partir de los 16 años, prohibiendo la imputación a personas menores de edad. Esta norma establece que tampoco es punible el adolescente que “no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”. Los y las adolescentes de entre 16 y 18 años no son juzgados como personas adultas. Sólo son punibles quienes cometen delitos con penas mayores a dos años, pero comienzan a cumplir pena privativa de libertad a los 18 años, porque durante ese tiempo se estipula que deben estar en centros de recepción y contención de menores. Acerca de las personas menores de 16, y según si se encuentra en situación de pobreza o vulneración social, la ley establece que el juzgado podrá disponer de forma tutelar del adolescente. Esto significa, por ejemplo, establecerlos en centros especializados de aprehensión durante el tiempo que se crea necesario, dejando a la persona sin una especial protección jurídica. Lo que ocurre con esta política que apunta a la penalización y aprehensión de las personas menores de edad, es que fija a determinada población como el problema e instala en la sociedad el discurso de que las personas en situación de vulnerabilidad son las más propensas a delinquir. La discusión está puesta sobre el delito en sí, y no se piensa a fondo cuál es la situación que lleva, a los pibes y las pibas, a cometer infracciones penales. Incomoda mucho ―demasiado, tal vez― abrir el tema, y la respuesta siempre es la misma: bajar de la edad de imputabilidad. “Venimos de esto que es señalar siempre como enemigo a quien sufre esa política. Entonces cuando yo coloco el dedo acusador en un sector de la población, lo que hago es desviarlo y que quede fuera del sector de población que yo deseo, como es en este caso, los que tienen el verdadero poder y dominio sobre todos los bienes de nuestra patria”, dijo Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas. Lo arbitrario de fijar una edad El Código Civil y Comercial de la Nación de nuestro país establece el principio de capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, situándolos como sujetos de derecho y no objeto de protección. Regula la edad de 16 a 18 años como una categoría intermedia dentro de la adolescencia, con especial importancia para el ejercicio de ciertos derechos personalísimos. La capacidad progresiva implica que depende de las condiciones de madurez efectivas de cada sujeto que va adquiriendo progresivamente hasta alcanzar la mayoría de edad, donde se adquiere la plena capacidad. Aunque la norma civil distingue edades, el foco se encuentra en lo progresivo, y en el ejercicio de derechos, en sintonía con la normativa internacional de derechos humanos. La norma penal no sigue un parámetro ni principio en materia de derechos humanos. La edad fijada para la imputabilidad es arbitraria y deja bien en claro qué clase de política punitiva quiere implementar. “El Estado establece una edad, que en realidad no es una edad para decir cuándo alguien es consciente de que comete un delito, sino es una edad para decir hasta acá el Estado se responsabiliza absolutamente por lo que ese pibe hizo o no hizo, en función de lo que no hizo el Estado”, explicó Taffetani. Esto se reduce a ver hasta dónde el Estado brindaría una respuesta de protección, y cuándo va a penalizar o a establecer cierta responsabilidad del pibe o la piba que se encuentra sujeto a una respuesta penal. “Es ahí donde tenemos que discutir seriamente. No hay posibilidad de que alguien que ha vivido cosas sumamente inhumanas, pueda tener valores humanos. Por eso me pregunto: ¿En Puerto Madero pasan estas cosas? Por supuesto que no, porque en realidad lo que ha ido pasando es que el sistema fue empujando a los pobres a barrios, cada vez más grandes, con una desigualdad tremenda “, planteó la abogada. La solución es estructural Acerca de qué se debe hacer para solucionar el conflicto de los y las jóvenes con la ley penal, Taffetani aseguró que “hay que cambiar absolutamente el sistema hacia la promoción de la igualdad en la gente, y no esta desigualdad tremenda y esta dominación y explotación”. Y agregó: “Es difícil que salga desde el Estado, porque esto está armado para que siga así. Sí creo que en la sociedad tenemos que ver cómo encontramos este tipo de políticas diferentes a desarrollar, apropiarnos de ciertas políticas comunitarias, con los pibes y las pibas que lo necesitan”. La abogada sostuvo que tampoco se soluciona poniendo un patrullero en cada esquina: “Es lo contrario, es volver a ganar la calle, lo público, ser parte de poder participar. Este es
Luego de 38 años de denuncias judiciales sin resultados positivos, Nancy Noemí Saavedra pudo demostrar que su esposo, Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas, fue asesinado en un caso de gatillo fácil policial. El fallo judicial sólo sirve para confirmar que fue un crimen alevoso, pero nadie irá preso porque los responsables ya fallecieron. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero El 13 de junio de 1986, Nancy Noemí Saavedra tenía 18 años y su esposo 24. En la madrugada de ese día, Alejandro había ingresado saltando una reja a la deshabitada casa de su padre, porque había olvidado las llaves. Un vecino denunció en forma anónima un robo inexistente, tres policías llegaron y uno de ellos ejecutó de tres disparos a un joven que ni estaba robando, ni tenía armas que pusieran en peligro a los uniformados. Además, era una casa a la que la víctima iba con frecuencia y era conocido por los vecinos y vecinas.Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas, estaba en el techo de la casa de su padre, cuando el agente bonaerense Gustavo José Di Giulio le pegó un primer tiro en el mentón y luego lo remató con otros dos disparos a quemarropa. “Debería estar feliz por el fallo, después de tanto tiempo, pero no lo estoy porque el fallo no repara nada, salvo que se sepa que Alejandro no era un delincuente, como afirmaba la versión policial”, dijo Nancy. La Retaguardia la conoció hace unos años, cuando se tramitaba en los Tribunales de Lomas de Zamora el juicio por la Masacre de Wilde, un emblemático caso de gatillo fácil que estuvo impune casi 30 años. Aunque en ese caso condenaron a siete policías, todavía todos siguen sin ir a la cárcel. El asesinato de Rodríguez Cernadas ocurrió un día que había paro general. El caso ocurrió en Lanús e intervino la comisaría segunda de esa localidad. Del operativo participaron tres policías, pero el único que disparó fue Di Giulio, quién a pesar del crimen cometido, llegó al grado de comisario y a la jefatura de la seccional de Luis Guillón. El policía murió años después en un operativo. En su declaración ante la Justicia, el policía asesino sostuvo que la víctima tenía un arma y que les disparó, pero en la escena del crimen sólo había vainas de la 9 milímetros de Di Giulio. “Como es habitual, la policía ‘plantó’ la supuesta arma que nunca tuvo mi esposo”, explicó Saavedra, quien, en junio de 1986, quedó viuda a los 18 y con un hijo de 3 años. Cuando Nancy y su suegro se presentaron en la comisaría de Lanús, llevaron la escritura de la casa en la que ocurrió el asesinato. “Di Giulio llegó a decirme que ‘lamentaba’ que mi esposo haya sido sorprendido ‘cometiendo un delito, porque estaba robando’”, contó. Ante tamaña mentira “les dijimos que no estaba robando, que estaba en la casa de su padre, lo que provocó que todos los policías se alteraran, que comenzaran a entrar y salir de las oficinas, fue muy impresionante lo que pasó en ese momento”, ante el dato clave que confirmaba un nuevo caso de gatillo fácil. Se abrió una causa judicial contra los policías involucrados y uno de los jueces que intervino, Tristán Rodríguez, le prometió a Nancy que “se haría justicia, pero no la hubo porque el Poder Judicial no administra justicia”. Después de un largo peregrinar, llegó la tardía resolución del juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, en la que se corroboró que Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas “fue víctima de un homicidio doloso, que para lograr la impunidad de los autores se falseó un sumario y el trámite judicial se limitó a brindar cobertura a la versión policial, sin realizar, pese a las evidencias, ningún esfuerzo investigativo”.Con la complicidad de sus compañeros, Di Giulio plantó en la escena del crimen un revólver calibre 22 largo, marca Pasper Bagual, al lado de la víctima. Luego, los jefes de la comisaría de Lanús crearon un sumario falso en el que se armaba que fue un caso de “legítima defensa”. Con posterioridad, sin investigar a fondo un caso de fácil resolución, varios jueces dictaron sobreseimientos y el caso fue archivado. Nancy hizo más de 20 presentaciones judiciales, hasta que en 2023 se contactó con el abogado Ciro Annicchiarico, el mismo que intervino en la causa por la Masacre de Wilde. Lo que se logró fue un juicio por la verdad, como los que se realizaron a partir de los 90, en la Cámara Federal de La Plata, como respuesta a los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado. Annicchiarico, con el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lograron el fallo del juez Gaig, a pesar de que la causa penal ya estaba prescripta “por el tiempo transcurrido y por el fallecimiento de todos los posibles imputados”. En el fallo, el juez Gaig dejó constancia que “no se puede establecer cuál fue la convicción” de los magistrados intervinientes para cerrar el proceso sin disponer condena alguna para los policías que intervinieron y los que fraguaron el sumario. El fallo hace responsable al Estado provincial “por incumplir con sus obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. También requirió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense la colocación de una placa conmemorativa en el patio central de los Tribunales de Lomas de Zamora en memoria de Rodríguez Cernadas “indicando su carácter de víctima de violencia institucional” porque “su homicidio no fue debidamente investigado en su momento”. Ciro Annicchiarico consideró que el fallo es importante porque “no hay antecedentes en la Provincia de Buenos Aires de declaración al derecho a la verdad en un caso de gatillo fácil, en un hecho que no está vinculado con los crímenes cometidos por la dictadura” cívico-militar.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires revocó la condena que había recibido Luis Chocobar en 2021. En el fallo, que no absuelve al policía, se hace hincapié en que la sentencia del Tribunal Oral de Menores N°2 tiene un “déficit de motivación lógica” y que surgen evidentes inconsistencias y contradicciones en cada uno de los votos de los jueces y manda a realizarse un nuevo juicio. Sabina Frederic, exministra de Seguridad de la Nación y María del Carmen Verdú abogada de la Correpi, hablaron con La Retaguardia y explicaron qué significa esta resolución. La voz de Pablo Rovatti, abogado de Ivonne Kukoc, madre del joven asesinado por Chocobar. Redacción: Agustina Sandoval LernerEntrevistas: Fernando Tebele / Lucrecia RaimondiEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Archivo Colectivo de Medios Populares En 2021 el Tribunal Oral de Menores Nº2 condenó a nueve años de prisión efectiva al menor acusado de intento de homicidio en ocasión de robo. El joven participó del hecho que terminó con el asesinato de Juan Pablo Kukoc por parte del policía Luis Oscar Chocobar. En el mismo juicio, también condenó a Chocobar a la pena de dos años de prisión en suspenso y a cinco de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por encontrarlo culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento del deber por parte del integrante de la policía local de Avellaneda. Luego de que tanto la querella como la defensa recurrieran esta sentencia, Casación emitió una nueva mirada sobre, específicamente, los votos de cada juez de primera instancia. La sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, con los votos de Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse (Daniel Morin no emitió un voto escrito), estableció que el fallo del Tribunal Oral de Menores N°2 cuenta con serias inconsistencias y contradicciones. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), habló con La Retaguardia sobre esta decisión de la Cámara. “El fallo de la Cámara de Casación reconoce que la sentencia del Tribunal de Menores que había condenado a Chocobar a una pena ridícula por homicidio en exceso del legítimo cumplimiento del deber, estaba plagado de fallas. Textualmente dice, por ejemplo, que ‘tiene un déficit de motivación lógica’, que es lo peor que se puede decir de una sentencia, y que surgen evidentes y serias inconsistencias y contradicciones internas en cada uno de los votos y también externas, pues los tres votos afirman circunstancias distintas sobre aspectos medulares del hecho atribuido a Chocobar”. Producto de esta decisión, varios funcionarios y funcionarias salieron a celebrar, promoviendo la fake news de una absolución que nunca fue. Acerca de esto, Verdú aseguró: “Es una mentira, una gran tergiversación, lo que salieron a festejar el defensor de Chocobar, el funcionario Fernando Soto (abogado del policía), la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, o el presidente Javier Milei. La Cámara de Casación no absolvió a Chocobar. Lo que hizo fue anular esa sentencia a raíz de todos esos defectos, tomando muy en cuenta los argumentos de la querella del doctor Pablo Rovatti, que representa a nuestra compañera Ivonne Kukoc, y exigió apartar al Tribunal Oral de Menores N°2 y llevar adelante un nuevo juicio, ante un nuevo tribunal que analice correctamente los hechos y defina el derecho aplicable”. La Doctrina Chocobar como caballo de batalla Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, habló con La Retaguardia acerca de la relevancia de este caso, y se refirió a la puja entre un Estado que promulga la Doctrina Chocobar y las organizaciones de derechos humanos que quieren impedir su implementación. “Es un caso emblemático que se convirtió en el caballito de batalla del concepto de trabajo policial, sobre cómo deben trabajar los policías, para este gobierno y para Bullrich y Macri en el pasado. Tal es así que ella pasó de un reglamento que aprobó en 2018, que nosotros derogamos en 2019, a ubicar esa modificación para avalar situaciones como la de disparar, incluso ante la ausencia de un peligro inminente de parte del supuesto delincuente, en la Ley Bases original, que perdió estado parlamentario”. No fue absolución A pesar de que en un principio la noticia que había circulado era la anulación de la condena a secas, la decisión de la Cámara de Casación está muy lejos de una absolución. El fallo de 166 páginas se centró en lo técnico de la condena a Chocobar, estrictamente sobre los votos de los jueces del Tribunal Oral de Menores N°2, y así los camaristas anularon esta condena para que se haga un nuevo juicio. Se analizaron, entre otras cosas, las contradicciones de los votos de los jueces, indicando que no había en la sentencia una “unidad argumental” en cuestiones clave de los hechos, tales como la cantidad de disparos, y cómo fueron efectuados, y el supuesto movimiento corporal de Kukoc que Chocobar habría tomado como un ataque. Sobre esto, Sarrabayrouse dijo: “Los tres votos afirman circunstancias distintas sobre aspectos medulares del hecho atribuido a Chocobar”. Es importante comprender que el fallo de Casación no analizó cuestiones de fondo del caso, como la culpabilidad de Chocobar, sino que sobre una mala sentencia, en sentido estrictamente jurídico, ordenó sortear un nuevo tribunal y rehacer el juicio. Pablo Rovatti, abogado de Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo, indicó a LR: “Lo que hizo ahora Casación es muy importante. No sostuvo ni que nosotros como parte querellante, ni que la defensa, tuviéramos razón sobre el fondo de la cuestión. Lo que sostuvo es que la sentencia del Tribunal de Menores tenía o presenta vicios de fundamentación, errores argumentativos muy graves, que hacen que no se pueda entender cabalmente qué posición fijó cada juez y qué posición fijó el Tribunal como órgano colegiado; es decir que la decisión tiene que ser tomada por los tres jueces en conjunto y no simplemente una
Lo dijo María del Carmen Verdú en la actividad de actualización de datos del informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el 14 de marzo pasado en el auditorio de ATE Capital. Ya es el gobierno más represivo y con más casos de gatillo fácil desde la vuelta de la democracia, en proporción a los días que lleva desde que asumió. Incluso supera los asesinatos durante la presidencia de Mauricio Macri. Redacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Julián Bouvier La presentación de una nueva actualización de datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), tuvo un panel compuesto por María del Carmen Verdú, abogada y referenta de la organización, la diputada nacional por el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad (FIT-U) Myriam Bregman y Natalia Zaracho, diputada nacional por Unión por la Patria. En las primeras filas se encontraban familiares de víctimas de gatillo fácil, y estuvieron presentes periodistas, militantes, amigos y amigas que la Correpi fue recolectando en sus más de 25 años de construcción. Antes del comienzo del panel, compartieron un vídeo con fotos de los pibes y pibas asesinadas, con sus nombres y la fecha de su asesinato. Todo en silencio durante varios minutos. “¿Este silencio te incomodó?”, decía un cartel que invitaba a la reflexión. María del Carmen Verdú comenzó a hablar de la historia de la Coordinadora: el archivo de la Correpi existe desde 1996, por la iniciativa de Delia Garcilazo, madre de Fito Ríos, asesinado por los agentes penitenciarios de la cárcel de Caseros, en 1992. Garcilazo propuso crear un archivo donde aparezcan todos los nombres de los pibes y pibas que haya matado la policía y generar un relevamiento. Luego de esa presentación, comenzaron los datos duros. Las actualizaciones de Correpi están caracterizadas por los cambios de gobierno y las diferentes políticas represivas de cada Ministerio de Seguridad en las distintas presidencias. En los primeros 70 días del gobierno de Javier Milei, ya había registradas 56 muertes en manos policiales. Hoy, por lo menos son 63. En el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich con su Doctrina Chocobar, se produjo un incremento relevante de casos en comparación con la gestión anterior. “El de Macri fue el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia. Aunque el de Javier Milei, los va a bajar al segundo escalón del podio”, dijo Verdú. Durante el gobierno del Frente de Todos, hacia el comienzo hubo un retroceso en los casos de gatillo fácil, con Sabina Frederic como ministra de Seguridad, quien estaba presente en la actividad. Correpi se había juntado con la ministra al principio del mandato de Alberto Fernández y habían puesto en común algunos puntos propuestos por la Coordinadora para reducir daños. En los primeros tres meses, luego de que Frederic aceptara decretar algunos de esos puntos, el gatillo fácil había disminuido. “No era Disneylandia, pero reducir la cantidad de muertes es relevante. Son vidas”, planteó la referenta de Correpi. Con la pandemia, hacia marzo de 2019, las fuerzas de seguridad pasaron a tener el poder de las calles y aumentó significativamente el gatillo fácil, a pesar de la cuarentena. Otra problemática grande es lo que pasa en los penales y en las comisarías, utilizadas muchas veces como lugares de detención aunque eso no esté permitido legalmente. “Exigimos el cese del uso masivo de la prisión preventiva. Y que, se trate de quien se trate, sea juzgado de la misma manera, use o no gorrita. Porque los jueces mandan a la cárcel a pibes que tienen condenas excarcelables”, dijo Verdú. En 2023 hubo, al menos, 31 muertes en comisarías en todo el país. Para colmo, , el mismo día que la Correpi hacía su relevamiento, el Ministerio de Seguridad sacó la resolución 125, que exacerba las lógicas del gatillo fácil, reeditando en términos generales el reglamento de uso de armas que había establecido en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, lo que supimos llamar “Doctrina Chocobar”. Luego, Verdú expuso la situación de los femicidios en manos de uniformados. De un total de 792 mujeres víctimas en manos policiales, 447 son femicidios, es decir, crímenes de odio por ser mujeres. 11 casos de transfemicidios o travesticidios fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Los femicidios por parte de uniformados son la primera causa de muerte de mujeres en manos del aparato policial. Desde 1986 a 2023 hubo 93 personas asesinadas por la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. “La represión no son loquitos sueltos. Es una política de Estado, necesaria para el sistema capitalista para disciplinar a las clases populares”, planteó la abogada. Por último, Verdú reflexionó acerca de las fuerzas de los sectores populares y la necesidad de generar algunos lazos de unidad: “Tenemos que priorizar la poca fuerza que tenemos. Se concretó la peor pesadilla, que gane este gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel, con Bullrich y (Luis) Petri de la mano. A 40 años de la vuelta de la democracia, viene un gobierno que reivindica la última dictadura cívico militar. Persiguen a los que luchan. Hoy vemos las consecuencias de este gobierno: pero tenemos un resto, tenemos resiliencia, y necesitamos colaboración colectiva. Solos y solas no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos recuperar los derechos que nos están cercenando. No abandonemos las luchas por más. Sabemos que reclamarle gatillo fácil y represión a este gobierno de ajuste es absurdo. Pero no por eso vamos a bajar las banderas. Hemos aprendido de las mejores que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Necesitamos la mayor unidad. Y como muestra de esa vocación de unidad, decidimos que nos acompañen las compañeras Myriam Bregman y Natalia Zaracho”. Myriam Bregman reconoció la importancia del rol de la Coordinadora: “Correpi cumplió la tarea de ponerle nombre, apellido, barrio, edad, a cada pibe que asesina la policía”, dijo. La diputada se refirió a las represiones de los últimos años, como las que hubo
Compartimos el informe especial a los 15 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Nahuel Arruga. Además, realizamos una emisión online de ¿Quién mató dónde está a mi hermano?, la película de Ana Fraile y Lucas Scavino que narra la lucha de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga. Cobertura: María Eugenia Otero / Fernando Tebele El 31 de enero de 2009 desapareció Luciano Arruga, un joven de 16 años que vivía en la villa 12 de octubre de La Matanza. Tuvieron que pasar 5 años y 8 meses para que sus Familiares y Amigxs lo hallaran enterrado como N.N. en el Cementerio municipal. Saber qué pasó aquella noche es una necesidad familiar. Pero también buscan cambiar la sociedad en la que viven. https://www.youtube.com/watch?v=rvquQw5zMqE “Luciano se negó a robar en sus casas para la Policía” “La seguridad no es golpear a los pibes de la Santos Vega y la 12 de octubre. No es controlar los barrios pobres por mera discriminación y criminalización. La seguridad es que todos y todas podamos acceder a nuestros derechos”. Con frases bien directas como éstas, la hermana de Luciano Arruga recorrió las calles para hablarles a sus vecinos y vecinas de Lomas del Mirador. Lo hizo en un formato “escrache”, que era la manera en la que hijos e hijas de personas desaparecidas le hablaban al vecindario para contarles que había un genocidio viviendo allí. Esta vez el escrache no es una persona, es a una institución: la Policía Boanerense. https://www.youtube.com/watch?v=A3vM6nvqImQ La mamá de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte el 31 de enero de 2009, habló en la plaza que lleva el nombre de su hijo durante la marcha y acto a 15 años de su desaparición. https://www.youtube.com/watch?v=ucBSqxBiMX0 Si conocés a Luciano es muy posible que sepas de Vanesa, su hermana, porque sostuvo en sus hombros contar la historia una y otra vez. También puede que hayas escuchado a Mónica, su mamá, porque aportó su voz valiente cuando aprendió a nadar en la angustia, porque en la vida todo se aprende, hasta lo que creemos que nunca podríamos.Pero seguramente no conocés a Sebastián, uno de los hermanos de Luciano. Este sábado se subió al escenario. No por casualidad ni obligación. Este año se puso la 10 de Familiares y Amigxs. Y cuando hablo dijo que estuvieron 15 años luchando y que estarán otro 15 si fuera necesario “hasta que Nunca más sea Nunca más”.Costó caminar cada cuadra bajo el sol. Volvió a doler escuchar a madre e hija un año más. Pero verles luego la sonrisa y la emoción al escuchar a Sebastián, le dio valor a toda la jornada. https://www.youtube.com/watch?v=AyzRmfEs0iA Mirá la emisión online de ¿Quién mató dónde está a mi hermano?, la película de Ana Fraile y Lucas Scavino que narra la lucha de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga. https://www.youtube.com/watch?v=qb_HpbAOwLM
Los siete policías condenados a 25 años de cárcel por la Masacre de Wilde continúan en libertad. Uno de ellos, el cabo Marcos Rodríguez, fue autorizado a afincarse en Córdoba, donde ya estuvo prófugo durante 20 años. “El Poder Judicial nos revictimiza”, denunció una vez más Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, uno de los asesinados por la banda policial. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero Raquel Gazzanego, Natalia Cicutín, Gonzalo Cicutín, Patricia Corbo, y los abogados Ciro Annicchiarico, Gustavo Romano Duffau y Fernando Sicilia. El 10 de enero se cumplen 30 años de la Masacre de Wilde. Los siete policías condenados a 25 años de prisión en diciembre de 2022 por el asesinato de cuatro personas y el intento de homicidio de una quinta, siguen en libertad porque la sentencia no está firme. El Poder Judicial es lento para escuchar a las víctimas, pero actúa con rapidez para beneficiar a los victimarios. Uno de los condenados, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, fue favorecido por una decisión judicial que le permite volver, en libertad, a la provincia de Córdoba, donde estuvo 20 años prófugo, con la ayuda de otros jueces y de sus colegas de uniforme. Para cambiar de domicilio, de La Plata a Córdoba, Rodríguez argumentó “razones de salud y de dificultad económica para renovar su contrato de alquiler en la Provincia de Buenos Aires”. El fallo condenatorio había ordenado que los siete policías debían fijar domicilio en territorio bonaerense y cumplir una serie de condiciones para evitar cualquier intento de fuga. Además del cabo Rodríguez, fueron condenados a 25 años de cárcel los policías Marcelo Daniel Valenga, Hugo César Gatto, Pablo Francisco Dudek, Eduardo Gómez, Roberto Oscar Mantel y Osvaldo Américo Lorenzón. Todos siguen libres. Los y las familiares de las víctimas de la Masacre de Wilde denunciaron una situación que vuelve a demostrar que la Justicia es arbitraria y cómplice de quienes llevan uniforme. “Cualquier otro condenado puede tener las mismas dificultades” que alegó Rodríguez, “pero jamás sucede, o es impensable, que un privilegio igual se le conceda a otros bajo esas excusas”, le dijo a La Retaguardia Raquel Gazzanego, la viuda de Edgardo Cicutín, uno de los asesinados por el pelotón policial. Además, señaló que el fallo que favoreció al policía “fue confirmado por la Cámara con argumentos meramente dogmáticos e inconsistentes”. Gazzanego afirmó: “A la mayoría (de los condenados) jamás les dan ese tipo de privilegios, pero a algunos, sí. ¿Por qué esa diferencia de trato? ¿Por qué esa doble vara? Sencillo: porque algunos tienen poder o son amparados por el poder (político y judicial)”.A diferencia de lo que dicen muchas y muchos políticos y periodistas, recordó que son los policías, y no la gente común, los que “verdaderamente entran por una puerta y salen por la otra”. Además, la viuda de Cicutín dijo que este “nuevo hecho desconcertante” fue “confirmado por la Cámara sin expresión de fundamentos, es decir, violando el artículo 1 de la Constitución Nacional”. Todo eso conduce a “dudar de la razonabilidad de nuestra administración de la justicia, y a preguntarnos para quiénes ejercen sus cargos y en qué piensan cuando resuelven”. Otra de las dudas es si los jueces “tienen en cuenta el dolor de las víctimas, o solo deciden según el poder de alguna de las partes”. En diciembre del año pasado, luego de 29 años de espera, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a 25 años de prisión, el máximo de la pena por homicidio simple “a siete criminales que el 10 de enero de 1994 cometieron de manera vandálica una masacre espantosa, asesinando a cuatro personas y casi a una quinta”, pero “los dejaron en libertad”. Los jueces desoyeron el pedido de inmediata detención formulado por la Fiscalía y la querella, y los dejaron libres, a la espera de la confirmación de la pena. Gazzanego puntualizó que fue “un cuádruple asesinato atroz”, y que aún así “los dejaron en libertad, cuando en casos similares se ordena inmediatamente la detención y alojamiento carcelario, aunque el fallo todavía no esté firme”. Son medidas que los jueces toman “en perjuicio de los más necesitados, en perjuicio de las víctimas y a favor de los que tienen poder y privilegios”. El Poder Judicial protege “a quienes actúan detrás de la impunidad del poder”. Un Poder Judicial que “evidencia haber dejado de lado su obligación de independencia y equidad, para mostrar de una manera clara que su único norte es hacer concesiones a los intereses de los poderosos, asegurándose así la tranquilidad de permanencia en una corporación que les asegura privilegios y la exime de rendir cuentas ante la sociedad”. Raquel sostuvo que esta es “una realidad rayana con lo monárquico, no con la República”. Las víctimas de la Masacre de Wilde fueron Edgardo Cicutín, un trabajador vendedor de libros; Norberto Corbo, remisero; y los pasajeros Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. La quinta víctima fue Claudio Díaz, compañero de trabajo de Cicutín, quien salvó su vida de milagro. Las otras víctimas son Raquel Gazzanego y sus dos hijos con Cicutín, Natalia y Gonzalo; Patricia, la esposa de Corbo; y el sobreviviente Claudio Díaz. La viuda de Cicutín agregó que “también hay que decir que la sociedad entera es otra víctima, maltratada y engañada por un sistema que se supone se establece en la Constitución para protección de los ciudadanos, no para dañarlos”. Las y los familiares y la querella sostuvieron: “Lo que se escribió en el fallo condenatorio, que fue realmente contundente, hasta hoy no es más que una mera representación escenográfica, un montón de palabras y de ficciones, solo para que parezca que se hizo justicia”. Gazzanego concluyó: “En definitiva es un agravio más a la buena fe de quienes aún seguimos creyendo en la verdadera justicia, a las familias de las víctimas y sobre todo, un agravio más a los masacrados por esa banda policial. Y a todos quienes, de esta manera, este poder judicial sigue revictimizando, produciéndoles dolor sobre
Entre el 17 y 18 de noviembre de 2021, Alejandro Martínez fue asesinado en la comisaría de San Clemente. La policía intentó hacer pasar el crimen por una “sobredosis” e “infarto”. Pero gracias a un testigo, a la familia que advirtió las mentiras de los oficiales, y a las dos autopsias, se pudo determinar que fue asesinado. Hay nueve policías procesados, tres de ellos se encuentran detenidos, y se aguarda el juicio. Redacción: Jorge Ezequiel RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Gentileza de la familia de Alejandro Alejandro Martínez había llegado a San Clemente para emprender un negocio familiar. Tenía un dinero importante que había llevado para invertir. A raíz de una supuesta “crisis nerviosa” la policía se lo llevó esposado del hotel donde estaba alojado, y al día siguiente la misma policía llamó a la familia para decirles que Alejandro había fallecido en la vía pública. El dinero nunca apareció. Martínez fue asesinado en la comisaría de San Clemente entre el 17 y 18 de noviembre de 2021. Por ese homicidio están acusados nueve policías, tres de ellos están detenidos como coautores del delito: José Pereyra, Christian Rohr y Maximiliano Munche, y los otros seis como partícipes secundarios, ahora en libertad: Laura Chiarullo, Evelyn Garófalo, Jaqueline Mansilla, Carla Cantarella, Sandro Mujica y Miguel Boulos. En las primeras horas en que se conoció la muerte de Alejandro se dijo de todo. En La Costa las voces corrían entre la defensa de los policías, la comisaría de San Clemente con reiterados delitos de violencia institucional, de abusos, y a Sergio Berni (ministro de Seguridad bonaerense) que puso en duda la autopsia y la palabra de la familia de Alejandro. Desde el entorno de los nueve policías amenazaron a diferentes personas que estaban apoyando a la familia de Alejandro, a través de mensajes, llamados u hostigamiento en redes sociales. Pasaron dos años, y en el territorio costero casi nadie nombra este crimen. El llamado y la mentira Alejandro tenía 35 años. Se dedicaba a la construcción, y luego ingresó a una empresa de limpieza. En 2017 tuvo un accidente laboral y quedó incapacitado de un ojo, y del otro con un 50% de la vista perdida. Tenía dos hijos, Brenda, de 20; y Juan Diego, de 6. Era oriundo de Brandsen y viajó a San Clemente con la oportunidad de emprender una empresa familiar de cocina porque él, por el problema a raíz del accidente en la vista, no podía realizar otra actividad. En el verano de 2021 había cobrado una suma importante de dinero, que iba a compartir con su exesposa, Laura Lagana, y sus hijos. El 17 de noviembre de ese mismo año, un día antes del crimen, Alejandro le envió un mensaje a la mamá de sus hijos para avisarle que tenía el dinero, y que podía depositarle 300 mil pesos al otro día. Ese fue el último mensaje, la última vez que hablaron, alrededor de las 18.30. Al otro día, a las 11.30, Laura recibió un mensaje, fue la primera persona con la que se comunicaron. Le llegó una solicitud de mensaje de Facebook, en el que una policía de La Costa le dijo que se quería comunicar con algún familiar de Alejandro. Cuando le respondió, la llamaron por esa misma red social, y le informaron ―por ese medio― que Alejandro había fallecido en la vía pública por sobredosis, por un infarto. El hermano de Alejandro viajó a San Clemente y cuando llegó le avisaron que en realidad había fallecido de sobredosis, pero en el calabozo de la comisaría. Martínez en ningún momento le había dicho a su familia que estaba en un hotel. Lo que entienden es que quizás él temía porque había llegado a otros oídos que tenía esa suma de dinero, y que fue al hotel por miedo. Nadie sabe lo que sucedió en la habitación, pero aseguran que Alejandro tuvo una crisis nerviosa. Llamaron a la policía y se lo llevaron, cuando en realidad el protocolo de violencia institucional dice que cuando una persona está en crisis tienen que llamar primero al SAME, al hospital, a un médico, y no llevárselo esposado del hotel. Existen imágenes, por las cámaras del hotel, donde se ve cómo se lo llevan, y que forman parte de la causa. Alejandro salió del hotel descalzo, esposado, sin sus anteojos, custodiado, sin golpes, sin fracturas. Sin nada. La versión de los nueve policías involucrados fue que él se golpeó a sí mismo. Las autopsias y el papel determinante Cuando le realizaron la autopsia constataron que Martínez había sufrido asfixia, que tenía golpes y fracturas. A los pocos días detuvieron a los policías, y el ministro de Seguridad de la Provincia salió a decir en la televisión que tenía dudas de la autopsia. Berni no sólo puso en dudas lo que sucedió sino que se mantuvo en la línea de estigmatizar a la víctima. Con la segunda autopsia corroboraron que Alejandro sufrió fracturas de cráneo, miembros, tórax, lesiones figuradas, y marcas de borcegos. A los 20 días le entregaron el cuerpo a la familia, a cajón cerrado, sellado. Estaba todo tan “embarrado” que su propia familia tenía dudas de si era él o no quién estaba ahí. La perito de parte les contó que en la mitad de la autopsia los peritos de la policía se tuvieron que ir por cómo habían dejado a Alejandro. Estaba molido a palos. Laura Lagana tuvo acceso a las imágenes de la autopsia, y afirmó: “No hay lugar, de la cabeza a los pies, que no esté golpeado o fracturado”. Los nueve policías involucrados estuvieron en prisión preventiva hasta marzo de 2022 que la Cámara de Apelaciones dictó la falta de mérito de seis de ellos, por “partícipes secundarios”. Legana contó: “En la causa hay un testigo, el testigo protegido, que reconoce a los tres policías coautores. Él escuchó y vio que estaban en el calabozo, que le pegaron a Alejandro, lo pusieron boca abajo, con la pierna y la rodilla en la cabeza, y que
Después de estar 5 años prófugo, Lautaro Curruhuinca se presentó a la Justicia para dar testimonio en el juicio por Nahuel. La persecución, la clandestinidad y la libertad actual. Su relato minucioso de aquel 25 de noviembre de 2017, al que calificó como “una cacería” en este diálogo con La Retaguardia. Redacción: Fernando Tebele Edición: Agustina Sandoval Lerner Lautaro Curruhuinca tiene 25 años. Estuvo prófugo de la Justicia desde los 19 hasta hace pocas semanas, cuando se presentó para dar testimonio de cómo vio morir a Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado por efectivos de la Prefectura que son juzgados actualmente en General Roca, la ciudad que lleva el nombre del genocida de pueblos originarios. Quiere hablar. Necesita romper el silencio. Aunque pensó que quedaría preso al presentarse, la Justicia lo liberó. Estaba acusado primero por el asesinato de su propio compañero. Cuando el disparate quedó en evidencia, le imputaron haber sido parte de un enfrentamiento con las fuezas federales y hasta le pusieron como cargo “Atentado contra el orden institucional”. El juicio por Rafael está certificando que tampoco fue así. Que fue más bien una cacería, como dirá Lautaro en la charla, como se denunció desde el primer momento. Ante la presentación de la Gremial de Abogados y Abogadas, el juez solo dejó el cargo de “Usurpación”, y lo dejó libre considerando prescripto el delito. Ahora está en Bariloche, a punto de regresar al territorio. Desde el otro lado de la línea, siempre acompañado por su mamá, Mirta Curruhuinca, se dispone a retroceder a aquellos días oscuros de noviembre de 2017. El día que estaban velando los restos de Santiago Maldonado en su pueblo, Rafa Nahuel era asesinado y otras dos personas resultaban heridas con balas de plomo. Allí comenzó el silencio de Lautaro que ahora se rompe con ese relato minucioso. —Una semana bastante particular, porque pasaste de estar en la clandestinidad, escapando de la Justicia que te buscaba, a estar en el juicio por el crimen de Rafael Nahuel dando testimonio. ¿Cómo fue ese cambio? Me imagino que es un cambio brusco. —Primeramente sí, obviamente uno se acostumbra a vivir así tantos años, porque yo estuve un poco más de cinco años prófugo, con pedido de captura, y la verdad que no me esperaba que pase así tan de repente, de un día para otro el cambio de la decisión del juez. Cuando yo decido presentarme como testigo, inclusive lo hacía pensando que podía llegar a quedar detenido. Pero igual iba a presentarme como testigo en el juicio, sin importar que esté detenido. Y la verdad es que me sorprendió bastante todo esto, porque todos estos años la defensa presentaba siempre la eximición de prisión y siempre se lo rechazaba la Fiscalía, porque yo no quise aceptar la versión de ella, que fue un enfrentamiento armado y esa fue la excusa para la captura, porque no me quise doblegar ante ellos. —El día del asesinato de Rafa, vos decías que una de las razones por la que no te quisiste presentar es porque la Justicia presentaba el asunto como un enfrentamiento. ¿Qué fue lo que pasó aquel día? ¿Cómo lo definirías? —Ese día, esos días, del día de desalojo, del 23 a la madrugada al 25 (de noviembre de 2017), en realidad fue tipo una cacería que hizo la policía mientras nosotros estuvimos en el monte escondidos. Y no fue un enfrentamiento armado, porque nosotros no teníamos armas, teníamos piedras no más. Y nos defendimos solamente con piedras. —Tuvimos hace algunas semanas el juicio contra Jessica Bonnefoi, acusada de un rasguño contra una oficial, el 23; dos días después, el 25, se produce finalmente la represión con Rafa asesinado. ¿Qué recordás de aquel día? —Bueno, el 23 a la madrugada llegó la policía y resistimos hasta donde pudimos. Y obviamente, con lo que teníamos a mano, que eran piedras no más. Y de ahí la gente que estuvimos ahí, nos replegamos para el monte, salimos corriendo para arriba, para la cordillera, y ahí estuvimos todo ese día, y ahí nos estuvieron cazando a nosotros con helicópteros, drones, con policías y con perros. El helicóptero iba y venía todo el tiempo. A la noche el dron también, y el 24 de la mañana decidimos volver para un lugar que conocían los peñi, donde hacían ceremonias, que fue donde lo mataron a Rafa. Y cuando llegamos ahí, nos encontramos con Fausto (Jones Huala) Rafita, que habían subido a llevarnos comida y abrigo y las noticias de lo que estaba pasando afuera. Ahí estuvimos hablando, descansamos, pudimos comer un poco y el 25 a la tarde seguimos, después de pasado el mediodía, y bajamos a ver qué es lo que estaba pasando en la ruta porque no se escuchaba más ruido, no se sabía nada. Y cuando bajamos a 200 metros de esa planicie donde estábamos, empezamos a escuchar disparos. Primero un grito de alto de Prefectura, pero al instante fue un disparo atrás del otro y empezamos a correr para arriba nuevamente. Nunca se dejaron de escuchar los disparos mientras corríamos esos 200 metros. En el momento, cuando llegamos arriba y veíamos que algunos no llegaban, empezamos a tirar piedras donde venían los disparos, corriéndonos porque la balacera era terrible y ya ahí en ese momento yo alcanzo a ver que lo hieren a (Gonzalo) Coña. Eso fue eterno. Duró poco, pero fue eterno, y de repente veo que a la izquierda mía cae Rafita y al instante empezamos a gritar, y seguía la balacera, y ahí hieren a Johana (Colhuan). Entonces entre toda esa gritería, ahí se van, se vuelven para abajo, con velocidad. —Entonces ustedes ahí se encontraban con tres personas que habían recibido balazos Coña, Colhuan y Nahuel, y se dieron cuenta rápidamente que la situación de Rafa era peor. —Sí, cuando lo revisamos, se revolcaba en el piso, no podía hablar mucho, decía algunas palabras, pero se revolcaba por el dolor. Lo empezamos a revisar y encontramos que tenía un poco de sangre en
La referenta de la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, en diálogo con el programa La Retaguardia se expresó de ese modo sobre las próximas elecciones y agregó que “es una cuestión de supervivencia”. Durante la charla, Verdú analizó también el primer año del Mapa de la Policía. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Fernando TebeleFoto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia