gatillo fácil
Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad de Córdoba, fue imputado por delitos relacionados con la investigación del homicidio de Valentino Blas Correas, de 17 años, ocurrido el 6 de agosto de 2020. De llegar a juicio oral, será el segundo por el mismo caso de gatillo fácil y también estarán en el banquillo de los acusados el comisario Gonzalo Cumplido, otro exfuncionario civil y 15 policías, algunos de los cuales ya fueron condenados en el proceso anterior. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero En el primer juicio por el asesinato del joven Valentino Blas Correas, dos policías recibieron la pena de cadena perpetua como autores del crimen y otros nueve fueron condenados por encubrimiento. El crimen fue calificado como “inadmisible masacre” y de ser “uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”, según afirmó Fernando López Villagra, uno de los fiscales. El asesinato de Correas se produjo durante un control vehicular, en la capital cordobesa, cuando los policías balearon sin razón alguna el automóvil en el que iban Blas y cuatro amigos que también podrían haber perdido la vida por la violencia irracional del ataque. En estos días, Soledad Laciar, la mamá de Blas, reiteró lo dicho cuando finalizó el primer juicio: “Voy a seguir luchando hasta que sean juzgados los responsables políticos y los que dejaron morir a mi hijo”, negándole la posibilidad de ser asistido en un sanatorio, cuando se encontraba gravemente herido. Laciar sostuvo: “Hay muchos casos que están clamando por justicia y esa también es mi lucha, para que esto no le ocurra a ningún pibe más”. El nuevo juicio Ahora, por derivaciones del mismo caso, el fiscal Franco Mondino, del fuero Anticorrupción, imputó a 18 personas, entre policías y exfuncionarios, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria en los primeros días de julio. La decisión de Mondino es el primer paso en el marco de las actuaciones que le fueron giradas por la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, luego de dictar sentencia condenatoria a los dos policías autores del homicidio y a otros nueve por el delito de encubrimiento. Los camaristas Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno habían solicitado al fuero Anticorrupción que investigara la posible comisión de delitos en torno al manejo de recursos del Ministerio de Seguridad, en 2020 a cargo de Mosquera, en los que se veía envuelto el comisario Cumplido. También se ordenó investigar los hechos relacionados con la falta de auxilio a Blas Correas cuando estaba agonizando y ahondar sobre las maniobras de encubrimiento que se revelaron en el juicio.Al comisario Cumplido, que no llegó al juicio oral porque había sido sobreseído en la instrucción, el fuero Anticorrupción lo imputó ahora por haber “recibido dádivas” y por encubrimiento. Al comisario, que era jefe de Seguridad de la ciudad de Córdoba, lo acusaron por “omisión de denuncia, agravado por su condición de funcionario público, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en el ejercicio de sus funciones”. El caso de Cumplido tiene íntima relación con la situación procesal de Fernando Mosquera, exministro de Seguridad de la provincia y actual legislador por Hacemos Unidos por Córdoba. A Mosquera se lo acusa de “ofrecimiento de dádivas” en los días en que era ministro y cuando Cumplido había sido separado de la fuerza policial por su vinculación con el caso Correas. Entre otras cuestiones, se sabe que Mosquera le regaló al comisario suspendido, con fondos públicos, un Toyota Corolla. También le prometió un ascenso, que no se concretó, una vez que se aquietaran las aguas de la investigación por el crimen. El incumplimiento de la promesa derivó en fuertes revelaciones del comisario, que ahora son investigadas a fondo. Mosquera fue cuestionado duramente por la familia de Blas, quienes lo mencionaron como parte del encubrimiento. Por si fuera poco, Mosquera tuvo que pedir licencia como legislador, luego de recibir una grave denuncia por violencia de género, de parte de una suboficial de la policía provincial. La víctima se presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, para denunciar al exministro, con quien mantenía una relación de pareja. La suboficial, de 34 años, fue encontrada con heridas en el rostro, ensangrentada y desvanecida luego de ingerir pastillas. Tuvo que ser hospitalizada. Esta causa contra Mosquera es por los delitos de “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo, por mediar violencia de género, y por amenazas calificadas”. Los otros imputados Las derivaciones del caso de gatillo fácil, involucran también a Lucas Mezzano, exfuncionario del Ministerio de Seguridad, quien hoy tiene un cargo nada menos que en el órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad. También está señalado en el “ofrecimiento de dádivas”, un delito penado hasta con dos años de prisión. El fiscal Mondino imputó por “violación de medios de prueba” a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.Por el delito de “abuso de autoridad”, deberán responder en las indagatorias los policías Víctor Rubén Di Stefano, Diego Norberto González. Emmanuel Fachisthers, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Henot, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emmanuel Toloza y Natalia Soledad Márquez, quien también está imputada por “lesiones leves calificadas en abuso de su función”. El listado puede ser parcial, ya que estaban en la mira de la Justicia otros funcionarios, entre ellos la comisaria general Liliana Zárate Belletti, jefa de Policía mientras se sustanciaba el juicio por el homicidio de Blas Correas. Las condenas En el primer juicio, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homcidio calificado los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón. Los condenaron también por los “homicidios en grado de tentativa” de los cuatro chicos que iban con Blas en el automóvil baleado por los policías. También fueron condenados el comisario inspector Walter Soria, a cuatro años y nueve meses de prisión; el subcomisario Enzo Quiroga y el comisario inspector Jorge Galleguillo, ambos a cuatro años
Lo dijo Laura Coronel, a cuatro años del asesinato de Mauro Coronel. El joven fue detenido a golpes y llevado a la seccional décima del barrio Autonomía, de Santiago del Estero, conocida en la zona como “la comisaría de la muerte”. Su familia todavía reclama justicia mientras los policías siguen en libertad. Entrevista: Luis AngióRedacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Es desgarrador el relato de Laura Coronel. A cuatro años del homicidio de su hijo, Mauro Coronel, de 22 años, sigue reclamando justicia, mientras los policías involucrados en el crimen se pasean impunemente por las calles de su barrio. Mientras tanto, el Poder Judicial local juega al sordomudo-ciego. El 30 de abril de 2020, luego de una discusión con su esposa por la tenencia de sus cuatro hijos, Mauro fue detenido a los golpes en la casa de su madre y llevado a la seccional décima, conocida en la zona como “la comisaría de la muerte”, por tener gravísimos antecedentes de violencia institucional. “Vino la policía, lo agarran a mi hijo, le pegan muy mal, lo golpean, lo patean, uno de los policías le puso la rodilla en la espalda, sobre el cuerpito de mi hijo”, relató Laura. A Mauro lo cargaron en una camioneta “como si fuera una bolsa de papas”. También hicieron tres disparos, para amedrentar a los vecinos del barrio Santa Rosa de Lima que presenciaron el procedimiento policial. El 1 de mayo, en la comisaría, Mauro fue sacado al patio, semidesnudo, descalzo y lo dejaron atado a un poste, luego de mojarlo con agua fría. Una fotografía y hasta un video, son prueba fehaciente de la forma en la que fue torturado en esa comisaría. “Cada media hora lo sacaban de la celda y lo llevaban al patio. No dejaban que ninguno de los otros detenidos le prestaran una colcha, o que le dieran un colchón, a mi hijo lo tenían mojado, tirado sobre el piso frío”, contó la madre. Laura se quiebra cuando habla del dolor que siente al ver hasta donde han llegado, porque su hijo “era una persona sana”. Mauro estuvo desaparecido dos días, hasta que Laura lo escuchó gritar dentro de la comisaría décima. Luego le dijeron que había muerto de una neumonía. “Pero yo sé que estuvo vomitando sangre por los golpes que había recibido”, dijo. Walter, el papá de Mauro, lo encontró cuando estaba internado en el Hospital Interzonal Ramón Carrillo. “Nadie nos dijo nada sobre dónde estaba Mauro, nos enteramos por una vecina que vio cómo lo llevaban unos policías. Mi hijo casi no podía caminar” por las torturas sufridas durante su permanencia en la seccional. “Hasta hay un video, que una persona subió al Facebook, donde se ve cómo la policía tortura a mi hijo”, relató Laura. A pesar de los testimonios y de las pruebas existentes, “desde hace cuatro años vengo recorriendo las fiscalías, pero nadie hace nada porque en Santiago del Estero no hay justicia”. Laura denuncia que los fiscales “nunca” la pueden atender. El primer abogado que tuvo la familia fue Emiliano Aguirre, pero él y su hijo dejaron de ayudar a la familia de Mauro “porque dicen que tenían miedo que les pasara algo” por investigar a la policía santiagueña. Laura señaló que solo es “una madre que pide justicia para un hijo, pero ha pasado demasiado tiempo y nadie hace nada” para castigar a los responsables. Además, contó que llegó a escuchar los gritos de su hijo mientras era torturado en la comisaría, pero sus autoridades le decían que él no se encontraba en ese lugar. “Mi hijo gritaba ‘sáquenme de acá que me están matando’”, recordó. La voz de Laura se quiebra entre sollozos. Por la información de una vecina, supieron después que Mauro estaba en el Hospital Carrillo, pero al principio las autoridades también negaron su presencia en el lugar. Walter, el padre, finalmente lo pudo encontrar, vestido con un buzo de Boca Juniors que le había prestado uno de los detenidos en la comisaría décima. El joven tenía la cara desfigurada por los golpes, tenía quemaduras en el cuello y “vomitaba sangre porque le habían reventado los pulmones, las costillas, el hígado y tenía una pierna quebrada”. Mauro falleció en el Hospital Carrillo el 5 de mayo de 2020. Los policías que serían los responsables de las torturas seguidas de muerte son Pablo Enrique del Valle Palacios Giménez, Matías Nahuel Paz, Marcelo Sebastián Giménez, Carlos Eduardo Salvatierra, Manuel Rafael Brandán Serrano y Marcelo Soria. Una causa fantasma “Hay una certeza absoluta de que Mauro fue torturado hasta la muerte durante su detención, pero la Unidad de Coordinación en Violencia Institucional no imputó a ninguno de los efectivos policiales”, dijo Ignacio Fernández Camillo, el abogado de la familia Coronel, en declaraciones a la prensa de Santiago del Estero. En 2021 Amnistía Internacional tomó el caso y denunció las irregularidades en la causa judicial, y desde entonces acompaña el reclamo de Laura Coronel. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó en un informe que las comisarías de la capital de Santiago del Estero “suman desde hace años reiteradas denuncias de violencia institucional”. Sin embargo, “a pesar de las arbitrariedades cotidianas, la investigación judicial es ineficaz y lenta” porque “los poderes Ejecutivo y Legislativo no avanzan en mecanismos de prevención de la tortura ni en el control de las fuerzas de seguridad”. En ese marco “la comisaría décima del barrio Autonomía cuenta al menos con dos casos de suma gravedad, anteriores al asesinato de Mauro Coronel”. Esos casos fueron por las torturas sufridas por Ramón Vázquez y Darío Ricardo Pérez. El CELS sostuvo que “a esos casos se agregan presuntos suicidios, muertes dudosas y denuncias por violencia institucional cuya investigación suele recaer, cuando se realizan, en las mismas policías”. En noviembre de 2018, en los barrios Belén y Bosco II, se produjeron arbitrariedades como consecuencia de la intervención policial por una pelea entre vecinos en la que fue agredido un uniformado. Esto derivó en la intervención de la Dirección de Investigaciones de
Luego de 38 años de denuncias judiciales sin resultados positivos, Nancy Noemí Saavedra pudo demostrar que su esposo, Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas, fue asesinado en un caso de gatillo fácil policial. El fallo judicial sólo sirve para confirmar que fue un crimen alevoso, pero nadie irá preso porque los responsables ya fallecieron. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero El 13 de junio de 1986, Nancy Noemí Saavedra tenía 18 años y su esposo 24. En la madrugada de ese día, Alejandro había ingresado saltando una reja a la deshabitada casa de su padre, porque había olvidado las llaves. Un vecino denunció en forma anónima un robo inexistente, tres policías llegaron y uno de ellos ejecutó de tres disparos a un joven que ni estaba robando, ni tenía armas que pusieran en peligro a los uniformados. Además, era una casa a la que la víctima iba con frecuencia y era conocido por los vecinos y vecinas.Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas, estaba en el techo de la casa de su padre, cuando el agente bonaerense Gustavo José Di Giulio le pegó un primer tiro en el mentón y luego lo remató con otros dos disparos a quemarropa. “Debería estar feliz por el fallo, después de tanto tiempo, pero no lo estoy porque el fallo no repara nada, salvo que se sepa que Alejandro no era un delincuente, como afirmaba la versión policial”, dijo Nancy. La Retaguardia la conoció hace unos años, cuando se tramitaba en los Tribunales de Lomas de Zamora el juicio por la Masacre de Wilde, un emblemático caso de gatillo fácil que estuvo impune casi 30 años. Aunque en ese caso condenaron a siete policías, todavía todos siguen sin ir a la cárcel. El asesinato de Rodríguez Cernadas ocurrió un día que había paro general. El caso ocurrió en Lanús e intervino la comisaría segunda de esa localidad. Del operativo participaron tres policías, pero el único que disparó fue Di Giulio, quién a pesar del crimen cometido, llegó al grado de comisario y a la jefatura de la seccional de Luis Guillón. El policía murió años después en un operativo. En su declaración ante la Justicia, el policía asesino sostuvo que la víctima tenía un arma y que les disparó, pero en la escena del crimen sólo había vainas de la 9 milímetros de Di Giulio. “Como es habitual, la policía ‘plantó’ la supuesta arma que nunca tuvo mi esposo”, explicó Saavedra, quien, en junio de 1986, quedó viuda a los 18 y con un hijo de 3 años. Cuando Nancy y su suegro se presentaron en la comisaría de Lanús, llevaron la escritura de la casa en la que ocurrió el asesinato. “Di Giulio llegó a decirme que ‘lamentaba’ que mi esposo haya sido sorprendido ‘cometiendo un delito, porque estaba robando’”, contó. Ante tamaña mentira “les dijimos que no estaba robando, que estaba en la casa de su padre, lo que provocó que todos los policías se alteraran, que comenzaran a entrar y salir de las oficinas, fue muy impresionante lo que pasó en ese momento”, ante el dato clave que confirmaba un nuevo caso de gatillo fácil. Se abrió una causa judicial contra los policías involucrados y uno de los jueces que intervino, Tristán Rodríguez, le prometió a Nancy que “se haría justicia, pero no la hubo porque el Poder Judicial no administra justicia”. Después de un largo peregrinar, llegó la tardía resolución del juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, en la que se corroboró que Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas “fue víctima de un homicidio doloso, que para lograr la impunidad de los autores se falseó un sumario y el trámite judicial se limitó a brindar cobertura a la versión policial, sin realizar, pese a las evidencias, ningún esfuerzo investigativo”.Con la complicidad de sus compañeros, Di Giulio plantó en la escena del crimen un revólver calibre 22 largo, marca Pasper Bagual, al lado de la víctima. Luego, los jefes de la comisaría de Lanús crearon un sumario falso en el que se armaba que fue un caso de “legítima defensa”. Con posterioridad, sin investigar a fondo un caso de fácil resolución, varios jueces dictaron sobreseimientos y el caso fue archivado. Nancy hizo más de 20 presentaciones judiciales, hasta que en 2023 se contactó con el abogado Ciro Annicchiarico, el mismo que intervino en la causa por la Masacre de Wilde. Lo que se logró fue un juicio por la verdad, como los que se realizaron a partir de los 90, en la Cámara Federal de La Plata, como respuesta a los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado. Annicchiarico, con el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lograron el fallo del juez Gaig, a pesar de que la causa penal ya estaba prescripta “por el tiempo transcurrido y por el fallecimiento de todos los posibles imputados”. En el fallo, el juez Gaig dejó constancia que “no se puede establecer cuál fue la convicción” de los magistrados intervinientes para cerrar el proceso sin disponer condena alguna para los policías que intervinieron y los que fraguaron el sumario. El fallo hace responsable al Estado provincial “por incumplir con sus obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. También requirió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense la colocación de una placa conmemorativa en el patio central de los Tribunales de Lomas de Zamora en memoria de Rodríguez Cernadas “indicando su carácter de víctima de violencia institucional” porque “su homicidio no fue debidamente investigado en su momento”. Ciro Annicchiarico consideró que el fallo es importante porque “no hay antecedentes en la Provincia de Buenos Aires de declaración al derecho a la verdad en un caso de gatillo fácil, en un hecho que no está vinculado con los crímenes cometidos por la dictadura” cívico-militar.
Los siete policías condenados a 25 años de cárcel por la Masacre de Wilde continúan en libertad. Uno de ellos, el cabo Marcos Rodríguez, fue autorizado a afincarse en Córdoba, donde ya estuvo prófugo durante 20 años. “El Poder Judicial nos revictimiza”, denunció una vez más Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, uno de los asesinados por la banda policial. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero Raquel Gazzanego, Natalia Cicutín, Gonzalo Cicutín, Patricia Corbo, y los abogados Ciro Annicchiarico, Gustavo Romano Duffau y Fernando Sicilia. El 10 de enero se cumplen 30 años de la Masacre de Wilde. Los siete policías condenados a 25 años de prisión en diciembre de 2022 por el asesinato de cuatro personas y el intento de homicidio de una quinta, siguen en libertad porque la sentencia no está firme. El Poder Judicial es lento para escuchar a las víctimas, pero actúa con rapidez para beneficiar a los victimarios. Uno de los condenados, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, fue favorecido por una decisión judicial que le permite volver, en libertad, a la provincia de Córdoba, donde estuvo 20 años prófugo, con la ayuda de otros jueces y de sus colegas de uniforme. Para cambiar de domicilio, de La Plata a Córdoba, Rodríguez argumentó “razones de salud y de dificultad económica para renovar su contrato de alquiler en la Provincia de Buenos Aires”. El fallo condenatorio había ordenado que los siete policías debían fijar domicilio en territorio bonaerense y cumplir una serie de condiciones para evitar cualquier intento de fuga. Además del cabo Rodríguez, fueron condenados a 25 años de cárcel los policías Marcelo Daniel Valenga, Hugo César Gatto, Pablo Francisco Dudek, Eduardo Gómez, Roberto Oscar Mantel y Osvaldo Américo Lorenzón. Todos siguen libres. Los y las familiares de las víctimas de la Masacre de Wilde denunciaron una situación que vuelve a demostrar que la Justicia es arbitraria y cómplice de quienes llevan uniforme. “Cualquier otro condenado puede tener las mismas dificultades” que alegó Rodríguez, “pero jamás sucede, o es impensable, que un privilegio igual se le conceda a otros bajo esas excusas”, le dijo a La Retaguardia Raquel Gazzanego, la viuda de Edgardo Cicutín, uno de los asesinados por el pelotón policial. Además, señaló que el fallo que favoreció al policía “fue confirmado por la Cámara con argumentos meramente dogmáticos e inconsistentes”. Gazzanego afirmó: “A la mayoría (de los condenados) jamás les dan ese tipo de privilegios, pero a algunos, sí. ¿Por qué esa diferencia de trato? ¿Por qué esa doble vara? Sencillo: porque algunos tienen poder o son amparados por el poder (político y judicial)”.A diferencia de lo que dicen muchas y muchos políticos y periodistas, recordó que son los policías, y no la gente común, los que “verdaderamente entran por una puerta y salen por la otra”. Además, la viuda de Cicutín dijo que este “nuevo hecho desconcertante” fue “confirmado por la Cámara sin expresión de fundamentos, es decir, violando el artículo 1 de la Constitución Nacional”. Todo eso conduce a “dudar de la razonabilidad de nuestra administración de la justicia, y a preguntarnos para quiénes ejercen sus cargos y en qué piensan cuando resuelven”. Otra de las dudas es si los jueces “tienen en cuenta el dolor de las víctimas, o solo deciden según el poder de alguna de las partes”. En diciembre del año pasado, luego de 29 años de espera, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a 25 años de prisión, el máximo de la pena por homicidio simple “a siete criminales que el 10 de enero de 1994 cometieron de manera vandálica una masacre espantosa, asesinando a cuatro personas y casi a una quinta”, pero “los dejaron en libertad”. Los jueces desoyeron el pedido de inmediata detención formulado por la Fiscalía y la querella, y los dejaron libres, a la espera de la confirmación de la pena. Gazzanego puntualizó que fue “un cuádruple asesinato atroz”, y que aún así “los dejaron en libertad, cuando en casos similares se ordena inmediatamente la detención y alojamiento carcelario, aunque el fallo todavía no esté firme”. Son medidas que los jueces toman “en perjuicio de los más necesitados, en perjuicio de las víctimas y a favor de los que tienen poder y privilegios”. El Poder Judicial protege “a quienes actúan detrás de la impunidad del poder”. Un Poder Judicial que “evidencia haber dejado de lado su obligación de independencia y equidad, para mostrar de una manera clara que su único norte es hacer concesiones a los intereses de los poderosos, asegurándose así la tranquilidad de permanencia en una corporación que les asegura privilegios y la exime de rendir cuentas ante la sociedad”. Raquel sostuvo que esta es “una realidad rayana con lo monárquico, no con la República”. Las víctimas de la Masacre de Wilde fueron Edgardo Cicutín, un trabajador vendedor de libros; Norberto Corbo, remisero; y los pasajeros Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. La quinta víctima fue Claudio Díaz, compañero de trabajo de Cicutín, quien salvó su vida de milagro. Las otras víctimas son Raquel Gazzanego y sus dos hijos con Cicutín, Natalia y Gonzalo; Patricia, la esposa de Corbo; y el sobreviviente Claudio Díaz. La viuda de Cicutín agregó que “también hay que decir que la sociedad entera es otra víctima, maltratada y engañada por un sistema que se supone se establece en la Constitución para protección de los ciudadanos, no para dañarlos”. Las y los familiares y la querella sostuvieron: “Lo que se escribió en el fallo condenatorio, que fue realmente contundente, hasta hoy no es más que una mera representación escenográfica, un montón de palabras y de ficciones, solo para que parezca que se hizo justicia”. Gazzanego concluyó: “En definitiva es un agravio más a la buena fe de quienes aún seguimos creyendo en la verdadera justicia, a las familias de las víctimas y sobre todo, un agravio más a los masacrados por esa banda policial. Y a todos quienes, de esta manera, este poder judicial sigue revictimizando, produciéndoles dolor sobre
Un joven de 20 años, Agustín Tomas Ariel Martínez, fue asesinado el 15 de agosto en esa localidad bonaerense. Familiares indicaron que un custodio le disparó cuatro tiros a sangre fría y sin embargo está en libertad porque actuó en “legítima defensa”, aunque no le encontraron ningún arma a la víctima. Por La Retaguardia / Revoluciones Semanas atrás se realizó la 9ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil y, apenas unos días después, conocimos un nuevo caso de violencia policial. Otra familia destrozada que nos cuenta su historia, tan parecida a todas las que escuchamos en la Plaza de Mayo el lunes 28 de agosto, y que al difundirlas buscan encontrar un camino hacia la justicia. Agustín Tomas Ariel Martínez tenía 20 años, vivía con su hermana en Bosques, partido de Florencio Varela. A las 16:30 del 14 de agosto fue a dejar a su hija con la mamá antes de ir a trabajar, ya que era vendedor de alfajores en los trenes. “Se ve que se juntó con unos amigos, por la gente que lo vio y nos contó luego, y se pusieron a tomar bebidas a las que les habían puesto pastillas, y eso lo llevó a cualquier cosa”, cuenta su hermana, Micaela Belén Sarza. “Porque sinceramente a las dos de la mañana del 15 de agosto yo lo llamaba todo el tiempo para ver dónde estaba, no me contestaba, no sabíamos dónde podía estar, mis padres tampoco, estaba preocupada y no podía salir a buscarlo porque estaba sola con mis tres hijos”, agrega. Por lo que pudieron reconstruir sus familiares, “se ve que a las dos de la mañana Agustín se mete en la casa de un custodio del intendente Andrés Watson, Sergio Ruben Figliolo, a querer sacar una bicicleta, algo que él nunca había hecho, no sé qué le pasó”. Micaela relata que “este hombre en vez de detenerlo y llamar a la policía, le disparó cuatro veces, y no murió en el instante”. Su hermano falleció en el Hospital de Florencio Varela. “A mí me llaman a las cinco de la mañana del hospital para informarme que tuvo un accidente, nunca me dijeron que le habían pegado un tiro, cuando llego allá me lo dicen”, agrega su hermana. Como siempre, la versión oficial circuló rápidamente “En El Radar del Sur publicaron que ya lo habían encontrado muerto, pusieron fotos que no eran de él, y dijeron que este hombre como tiene portación de arma podía dispararle”, cuenta Micaela. “Si bien nosotros entendemos que no estuvo bien lo que hizo de meterse en esa casa, el policía no tenía derecho de quitarle la vida”, indica. “Es más: no lo mató dentro de su casa, sino que lo mató afuera de la casa, con un impacto de bala de 40 milímetros que le dio en el cuello y le quedó alojada en la cabeza”, detalla. Ahora comienza el largo camino judicial, que tantas veces le es esquivo a las familias de víctimas de gatillo fácil. “Estamos con una abogada, pero le dicen que no puede ir preso porque lo hizo en defensa propia, y no entendemos qué defensa propia es si mi hermano no estaba armado, si no se encontraron armas”, dice la hermana del joven. “Hay cámaras donde se ve perfectamente que mi hermano en el estado en el que estaba no podía defenderse, y este policía le disparó a sangre fría, a matar, cuatro tiros”, agrega. “El custodio dijo (ante el fiscal) que le disparó a la lona, que no le disparó a mi hermano, que no sabía que había alguien muerto en la vereda, dijo muchas cosas que eran mentira y como todo es política, se creen que nadie va a pagar por lo que le hizo a mi hermano”, dice Micaela. Es por todo esto que la familia de Agustín pide “que este hombre caiga preso, que pague lo que tenga que pagar, porque dejó una criatura de dos años sin su papá y a toda una familia destrozada”.
El lunes se realizó la 9° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue desde Congreso hasta la Plaza de Mayo, donde leyeron un documento y familiares de víctimas de la bala policial subieron al escenario a contar sus historias. Además, en otras provincias también hubo movilizaciones bajo las mismas consignas. La Retaguardia transmitió en vivo junto a Revoluciones. Compartimos un fotoinforme de la jornada. Fotos: Natalia Bernades/La Retaguardia
Desde las 13 se realizará la 9ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en la que se denuncian y visibilizan cada año las prácticas represivas del Estado y se recuerda a cada pibe y piba asesinadas por las fuerzas de seguridad. La marcha tendrá réplicas en diferentes provincias. Se marchará desde el Congreso a Plaza de Mayo y se podrá ver en el Canal de YouTube de La Retaguardia en cobertura junto a Revoluciones. En la previa de la 9ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, hablamos con familiares referentes de la marcha, quienes hace años encabezan la movilización y abrazan a las familias que, lamentablemente, se suman a las largas filas de familiares. El padre de Christopher “Bocha” Rego, asesinado el 12 de agosto de 2018 en manos de la Prefectura Naval, convocó a la marcha y denunció que “de la democracia a la fecha, los asesinatos por parte del Estado no dejaron de existir”. Además remarcó que es importante señalar la complicidad y responsabilidad del poder político, al Poder Judicial y al poder policial. “Gobierne quien gobierne, la impunidad es marca registrada de los represores de ayer y de hoy”, concluyó. Inés Alderete, madre de Marcos Sebastián Acuña, asesinado el 28 de agosto de 2015 por el prefecto Juan José Silva, en Quilmes y también madre de Gustavo Alejandro Alderete, asesinado el 3 de agosto del 2020 en una entradera en Almirante Brown, también nos brindó su testimonio: “Seguimos denunciando al Estado, porque gobierne quien gobierne el Estado mata y no solamente con gatillo fácil, sino en contextos de encierro, en las comisarías, lo que pasó con Facundo Molares, por asfixia. Mata de hambre, mata de muchas maneras: la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de seguridad que corresponde al mismo Estado, la droga en la calle. Y siempre perdemos nosotras, las madres y familiares somos los que entregamos a nuestros pibes para que ellos terminen ejecutándolos o desapareciéndolos”, contó la madre. Y dijo que es importante recibir con los brazos abiertos a las víctimas que cada año se suman a esta lucha, “que sabemos que lo que se les viene es muy largo y doloroso”. Alderete hizo hincapié en el rol de los medios de comunicación tradicionales a la hora de dar cuenta de los casos de ‘inseguridad’, instalando lógicas cada vez más punitivistas y excluyentes: “Sabemos que cada año es más difícil, porque los medios lo único que saben instalar son los robos, que sabemos que van a seguir existiendo si el sistema no cambia. Y no puede ser que en una cuadra viva un policía y dos transas, ¿en qué país vivimos? Cuando quieren instalar justicia por mano propia, no entiendo la verdad la conciencia de las personas, porque un día va a ocurrir que su hijo pasó y fue otro el que realizó el “hecho” y que se equivoquen las fuerzas de seguridad y maten a cualquiera. Y creo que todos los pibes son inocentes, porque a veces tenés que explicar esto, porque para mí, mi hijo era inocente. Para mí, el hijo que estaba cometiendo un delito, que se arrepintió en ese momento y se entregó, y sin embargo le dieron un tiro en el medio de la frente, también es inocente. Así como la Justicia siempre dice que el policía siempre es la víctima, que siempre se le pueden perdonar todos los “excesos” que comete. ¿Y por qué a la juventud o a los pibes que tenemos no se los puede perdonar, o no se puede trabajar para cambiar la vida de esos chicos?”, reflexionó la referenta de la Marcha Nacional. Emilia Vassallo, madre de Pablo ‘Paly’ Alcorta, otro joven asesinado por las balas policiales y referente de la Marcha destacó la importancia de seguir denunciando la represión de las fuerzas de seguridad y se refirió al reciente asesinato de Facundo Molares: “El 10 de agosto perdimos a un gran compañero y luchador como Facundo Molares y lo vivimos con tristeza”, dijo Emilia. Las drogas como problemática inicial Vassallo también habló de la necesidad de trabajar en la problemática de los consumos y en el rol de los medios en la estigmatización de la juventud: “Apenas nos levantamos y abrimos los ojos, lo que nos muestran los noticieros son todos los actos delictivos de los pibes que están totalmente consumidos por las drogas. Los grandes no tenemos esperanzas que venimos recorriendo un camino largo, ¿qué esperanza pueden tener los pibes?. No tienen educación, sus madres, padres y hasta sus hermanos más grandes no tienen trabajo, ¿qué proyecto de vida pueden tener esos jóvenes? Con esto no quiero justificar los robos y las muertes, porque a nadie le gusta que le roben y mucho menos que le quiten la vida a una persona. Pero también nos quitan la vida de nuestros pibes y lo justifican de esa manera”, comentó Vassallo. Y continuó a pesar de la incomodidad por abordar la cuestión: “No es un tema sencillo. Primero porque que te hayan arrebatado la vida de tu hijo, cuando empezás a luchar en búsqueda de justicia -y vivimos en un país supuestamente democrático- ahí te das cuenta que es totalmente estigmatizada la vida de nuestros hijos. Tenemos compañeros que han pedido ayuda en muchos lugares por el problema de las adicciones de sus hijos. Sienten culpa y encima no tuvieron justicia. Y si la tuvieron, son condenas irrisorias. Mientras vivamos en un sistema dominante, de explotación, muy injusto, que es el sistema imperialista capitalista, nunca vamos a tener justicia”, concluyó Emilia. Cada uno de los testimonios terminó con la invitación a la marcha y con las consignas bien claras: “¡Basta de represión! ¡Basta de hambrear al pueblo! ¡Basta de gatillo fácil! ¡Ni un pibe ni menos! ¡Ni una piba menos! ¡Ni una bala más! ¡El Estado es responsable!”
Lo dijo María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires anunció el uso de pistolas taser para 250 agentes de la Policía de la Ciudad. Verdú se refirió a esta decisión y planteó que, en la actualidad, la Policía de la Ciudad supera el índice de letalidad en materia de gatillo fácil de la Bonaerense per cápita. Entrevista: Pedro Ramirez OteroRedacción: Julián BouvierFoto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia En las últimas semanas se dio a conocer un comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires donde se anunció, finalmente, el uso de las pistolas taser para efectivos de la Policía de la Ciudad. Una de las discusiones que se dan alrededor de la problématica de la violencia y represión de las fuerzas de seguridad en Argentina, tiene que ver con la formación y capacitación de la policía. Muchas veces, la reflexión es que falta capacitación. “La policía donde pone el ojo pone la bala. En esos términos, no cabe duda que están capacitados. Sino, no hubiera logrado la Policía de la Ciudad, en menos de siete años, superar el índice de letalidad en materia de gatillo fácil de la Policía Bonaerense per cápita, en relación a la cantidad de efectivos que tienen. Hoy la Policía de la Ciudad, con 25 mil efectivos, frente a los 120 mil que tiene la Policía Bonaerense, si tomamos los últimos tres años y hacemos la comparación de la cantidad de casos, le pasa el trapo a la Bonaerense. Esa es la policía a la que le están dando estas armas”, planteó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policíal e Institucional (Correpi). Y explicó cómo funcionan estas pistolas: “Es una herramienta que produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona. Eso se llama picana. Eso es una herramienta de tortura, no tiene otra definición posible, en ningún diccionario del planeta. Y picana se escribe en castellano, porque se inventó en Avellaneda en 1930”. Las normativas dicen que esas pistolas deberían ser para reducir a una persona sin dañarla. En los países donde utilizan las taser, la evidencia muestra otra cosa: “Cuando dicen que este arma no es letal, es un mito. Nos hablan de eso para que aplaudamos estas picanas, como si tuviesemos que elegir entre que te den una descarga eléctrica o te disparen con una bala de plomo. En primer lugar, no existe tal cosa como un arma no letal. Porque arma es algo que tiene por definición ‘capacidad lesiva’. Que sirve para dañar a otros. Si sirve para dañar, puede matar. A Carlos Fuentealba no lo mató una bala de una 9 milímetros, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El arma ‘no letal’ por excelencia. A Diego Gallardo, lo mataron los bastones de madera del tipo de los que usan en las canchas. Diego Olivera fue asesinado con una tonfa, el famoso ‘bastón de abollar ideologías’ de Mafalda. Y así podemos seguir con la infinidad de casos de muertes o lesiones gravísimas, como la pérdida de la vista, con las postas de goma a poca distancia o disparadas a lugares vitales. Un arma es un arma, y sirve para matar”, dijo Verdú. La campaña por las taser Eugenio Burzaco, el ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad explicó que el uso de las Taser está pensado para ‘contener a la persona sin peligro para ella o para terceros’. Cuando Horacio Rodriguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, anunció hace unos meses que llegaron estas pistolas, habló de su utilidad para casos de personas en situaciones de brotes psicóticos, de problemas de tipo psiquiátrico. “¿A un tipo que está enfermo le vas a tirar una descarga eléctrica? Cuando además, una de las contra indicaciones para el uso de estas armas, desde el punto de vista técnico, es la existencia de alguna alteración morbosa de las facultades mentales. Porque ahí, habiendo un cuadro neurológico, es mucho más posible que se produzca un daño irreversible. Cualquiera que ponga en un buscador de internet ‘Taser + Muerte’ se encuentra con infinidad de informes de todo el planeta, empezando por supuesto por Estados Unidos porque es el lugar donde más se utilizan y desde hace más tiempo, donde en 2012 ya había más de 500 casos relevados de muertes. El último caso muy conocido en Estados Unidos fue el de un pibe afroamericano de 31 años que tuvo bastante trascendencia porque era el primo de una de las referentas fundadoras del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan). Entonces, la cuestión de la no letalidad dejemosla a un costado. Agregemosle a eso, que es una herramienta de tortura. Y finalmente, un último dato, que ha pasado bastante desapercibido: cuando se hace la información final de a qué cuerpos de la Policía de la Ciudad se entregaron estas armas, la enorme mayoría van a la DIR (División de Intervenciones Rápidas) y al DOEM (Dirección de Operaciones Especiales Metropolitanas), o sea, son los ‘cascarudos’ que vemos en las movilizaciones. Esos son los que van a tener las taser. Es a nosotros y nosotras que nos van a tirar con las taser en la próxima movilización grande”, explicó la referenta de Correpi. El uso de las pistolas Según la información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, las y los oficiales trabajarán de a dos. Uno/a “reduciría” a la persona y, el otro/a contaría también con su arma de fuego. “No es que desaparece el arma reglamentaria del escenario. Simplemente se duplica con un efecto diferente, porque en vez de un balazo, recibís una descarga eléctrica”, dijo Verdú. —Las pistolas taser graban toda la secuencia de uso de la pistola, ¿eso podría ser una posible forma de control para que la policía no se exceda en su uso? —Es la historia de las cámaras. Cuando las precisamos, nunca andan. Se supone que todos los patrulleros
En un polémico fallo de dos votos contra uno, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario absolvió a los 18 policías y 1 civil que estaban imputados por la desaparición forzada seguida de muerte del joven que fue asesinado en 2014. El presidente del tribunal votó en disidencia. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero El veredicto popular fue expresado desde temprano y tenía fundamento, pruebas, pero la Justicia, en fallo dividido, optó por la absolución de los 18 policías y el civil imputados por el homicidio de Franco Casco. El fallo causó indignación y dolor, pero superando la instancia desfavorable, la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, manifestó su confianza en que el fallo será revertido y ratificó el compromiso de seguir luchando para que quede probado que “a Franco lo torturó y lo mató la policía”. Entrevistados por La Retaguardia, el fiscal general Fernando Arrigo y la fiscala auxiliar Ana Oberlín se declararon “sorprendidos” porque había “pruebas contundentes” para que se produjeran, al menos, “algunas condenas” de las que solicitaron, en varios casos de prisión perpetua por desaparición forzada de persona, privación ilegal de la libertad y tortura seguida de muerte. La fiscala auxiliar Ana Oberlín dijo por su parte que eran 20 los imputados que llegaron a juicio y que sobre sólo uno de ellos la parte acusadora había pedido la absolución. “La verdad es que estamos sumamente sorprendidos y sorprendidas porque esperábamos algunas condenas por lo menos porque creemos que había pruebas suficientes”, señaló Oberlín a La Retaguardia. Ahora hay que esperar que se conozcan los fundamentos, aunque Oberlín consideró que “es importante que el fallo no haya sido unánime, porque eso sirve a la hora de apelar” el veredicto. Recalcó que fue “un juicio muy difícil, muy duro, con muchas instancias complejas, pero se hizo un trabajo muy bueno desde la Fiscalía y desde las querellas”. Oberlín señaló que es importante analizar también porque, ni siquiera en el voto disidente, se tomó en cuenta “la figura de la desaparición forzada de persona” a la que la Fiscalía le dio trascendencia teniendo en cuenta que “Franco estuvo desaparecido hasta que fue encontrado su cuerpo casi un mes después de que fue detenido”. Incluso “se le negó información a la familia” acerca del paradero de Franco y de su detención en la comisaría séptima. Fernando Arrigo, el fiscal general que imputó a 18 de los policías, en algunos casos con pedidos de prisión perpetua, admitió que no estaba “de la mejor forma” porque “la verdad que ni siquiera esperaba” un veredicto de absolución para todos. Arrigo reconoció que podía esperar que hubiera “alguna diferencia en algún caso u otros, pero nada más”. Sobre el fallo por mayoría, y a manera “de hipótesis porque no se conocen todavía los fundamentos” es la consideración que pueden haber tenido los jueces sobre “las declaraciones de personas privadas de su libertad cuando escuchan que están torturando a otra persona”. Los presos que estaban el 6 de octubre de 2014 en la comisaría séptima dijeron haber escuchado las torturas recibidas por Franco, sus gritos y el golpe fuerte, presumiblemente de su cabeza golpeando contra la pared de la celda. En su alegato, señalaron lo difícil que resulta, para una persona que está detenida, “poder establecer una fecha exacta cuando todos los días son medianamente iguales a otros”. Esa cuestión “la tomó la Cámara en algún momento, sobre la posibilidad cierta de que en el caso de algunas diferencias entre los testimoniales” se tenga en cuenta “esas particularidades”. Recordó que ha tenido un montón de juicios en los últimos tiempos y nunca hubo “una diferencia tan grande en la valoración probatoria como en este caso”. Dijo que en los fundamentos, los jueces siempre hacen una consideración “sobre todas las posturas” que hubo en un juicio y que hay que esperar a que eso ocurra para sacar conclusiones sobre los temas concretos. “Allí los jueces expresan los fundamentos que han tenido en cuenta, en un sentido y en otro, y de allí tenemos nosotros para recurrir estas absoluciones”, explicó. Se le dijo al fiscal general que, en muchos juicios, los policías acusados llegan en libertad. En este ocurrió lo contrario, lo que significa que había pruebas importantes para llegar al juicio y para que ellos llegaran detenidos con prisión preventiva. Arrigo respondió que ellos también lo comprobaron “durante el propio juicio y antes del juicio, que estaban amenazando a los testigos, este (policía) Saucedo que dice que (el comisario) Álvarez lo había convocado para la búsqueda (de Franco), es el mismo que aparece amenazando a uno de los testigos detenidos esa noche” de las torturas a Casco. Ese no fue “el único caso (de amenazas a testigos), con lo cual había elementos ciertos de entorpecer la investigación que fue el fundamento para dictar la (prisión) preventiva”. El sistema dual que se da en los juicios contra policías, fue otra de las consultas al fiscal. En el caso Casco se deja en libertad a los policías con este fallo, mientras que los policías involucrados en la Masacre de Wilde están condenados pero siguen en libertad porque la sentencia no está firme. Arrigo comentó al respecto que con el actual Código Procesal “las condenas llegan muchos años después, cuando las hay”. Agregó que eso, en su condición de fiscal, le genera “una desazón bastante importante”. De la esperanza, a la bronca Desde las 9 de la mañana, Ramón Casco, el padre de Franco, se instaló en la puerta del Tribunal Oral Federal N° 2, sobre el Boulevard Oroño, acompañado por centenares de personas movilizadas por la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario. Cuando se conoció el fallo absolutorio, hubo llantos, bronca y finalmente llamaron a continuar la lucha para conseguir la condena de los responsables del asesinato de Franco Ezequiel Casco, asesinado en 2014, a los 20 años. Julieta Riquelme, de la Multisectorial, recordó que en 2017 les tocó asumir la misma situación, en el caso de su familia por el fusilamiento por
El joven de 20 años fue asesinado en Rosario en octubre de 2014. Casco fue detenido por la policía, que fraguó las actas de la comisaría para aparentar haberlo liberado la noche siguiente. Sin embargo, no se supo nada de Franco hasta casi un mes después, cuando su cuerpo apareció en el Río de la Plata. El próximo martes se conocerá el veredicto contra 18 policías y un civil acusados de haber participado de su asesinato con diferentes responsabilidades. La voz de su papá, Ramón Casco, y uno de sus abogados. Redacción: Carlos RodríguezEntrevista: Fernando Tebele / Pedro Ramírez OteroEdición: Pedro Ramírez Otero “Acá estamos, esperando todavía, más angustiados que antes”, dijo Ramón Casco, el papá de Franco Casco, ante la postergación del veredicto en el juicio que involucra a 18 policías de Rosario y a un civil acusados por la desaparición forzada y las torturas seguidas de muerte sufridas por su hijo en octubre de 2014. El fallo, previsto para hoy, fue postergado hasta el martes próximo. “La postergación es algo totalmente desatinado”, sostuvo Guillermo Campana, uno de los abogados querellantes. Campana recalcó que se trata de “una causa muy importante y postergar el veredicto cuatro días, aunque parezca poco tiempo, es una eternidad y nos parece que la decisión no tiene ningún tipo de asidero”. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral N°2 de Rosario, ante un pedido del Ministerio de Seguridad local, que argumentó que no contaba con el personal policial necesario para garantizar la seguridad durante la lectura de la sentencia. Ramón Casco, entrevistado por La Retaguardia, recalcó que la familia está “más angustiada” hoy que hace nueve años, cuando se produjo la desaparición de Franco, el 6 de octubre de 2014, en la ciudad de Rosario. “Dijeron que (el veredicto) va a ser el martes 18, pero ahora como viene la feria judicial, no sé qué puede pasar”, dijo Ramón, y recordó que les “costó mucho” reconstruir lo que había pasado con su hijo, por las maniobras de encubrimiento realizadas por las autoridades de la Comisaría 7° de Rosario. “Trataron de ocultar todo y por eso se pasó al fuero federal y ahí se empezó a investigar un poco más, pero se han ocultado muchas cosas”, dijo. Mencionó entre ellas la ausencia en la investigación de “las cámaras de la comisaría, que dicen que no existían, que estaban rotas” y cuyas imágenes podrían haber sido un aporte a la verdad. Por otro lado “han querido hacer callar a los pibes, que han sido apretados” por la policía, en referencia a las personas que estaban detenidas en la comisaría el día que detuvieron, golpearon, torturaron y mataron a Franco. A pesar de eso “de todos modos tenemos un buen testimonio de todos y nos sirven en la causa”. Los testigos estaban detenidos en la comisaría y “escucharon golpes, gritos de Franco, lo mataron ahí y después lo tiraron al río (Paraná) como si nada, fue muy tremendo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque era de Buenos Aires”. Por eso, la familia y los amigos están “reclamando que se haga una buena justicia, que paguen los que tienen que pagar”. El padre de Franco Casco se refirió luego a la cantidad de policías involucrados y al hecho de que la mayoría se negara a prestar declaración indagatoria. “A mi hijo lo mataron ahí y ahora esperamos que se haga justicia”, dijo. En el juicio, las defensas sostienen que a Franco lo liberaron al otro día de su detención cuando en realidad “no lo largaron, lo tiraron al río directamente”. Afirman que lo detuvieron porque “un vecino lo vio merodeando, un vecino que era amigo del comisario (Diego José Alvarez), que lo llamó por su teléfono privado”. Ahora, el vecino está imputado por “falso testimonio” y pidieron para él una pena de tres años “en suspenso”, es decir sin que vaya a prisión. El comisario Alvarez dijo que Franco “le quería tirar con una piedra, con un adoquín, que le quiso romper la camisa, se lo llevaron y lo golpearon hasta la muerte, los chicos que declararon dijeron que Franco pedía que no le siguieran pegando”. Los testigos precisaron que en un momento dado se escuchó “un golpe seco contra la pared, un golpe como de la cabeza y después no se escuchó más nada”. Sobre lo que espera del veredicto, que se daría a conocer el martes próximo, sostuvo que no sabe qué pensar porque “hubo muchos casos así en los que los han dejado a todos libres”. Agregó que en el caso hay “19 policías” y por eso espera que “por lo menos a cuatro o cinco les den la cadena perpetua porque lo han matado a golpes, han hecho una barbaridad con mi hijo”. Dijo que está en contacto con otras familias que llevan una espera más larga, todavía, que la de él para que se haga justicia. “Nosotros estamos luchando para tener justicia”, insistió. Franco tenía 20 años cuando fue asesinado. Trabajaba como albañil, junto con su padre. Había estado una semana en Rosario, visitando a familiares, y fue detenido cuando estaba regresando a Buenos Aires. Por su parte, el abogado querellante Guillermo Campana sostuvo: “La postergación del fallo nos sorprendió porque no teníamos ningún indicio de que eso pudiera ocurrir”. La demorase debe “a una solicitud planteada por el Ministerio de Seguridad, que intercedió ante los jueces para que se produjera la postergación del veredicto, algo que nos parece totalmente desatinado”. Recalcó que se trata de “una causa muy importante y postergar el veredicto cuatro días, aunque eso parezca poco tiempo, tanto para la familia de Franco como para los acusados, eso es una eternidad y nos parece que la decisión no tiene ningún tipo de asidero”. Campana dijo que lo único que hacía falta, en este caso, era “un cordón policial de seguridad entre los familiares de Casco y los familiares de los acusados, y nada más que eso”. Recalcó que “no se esperaba ningún tipo de incidentes” que justificara