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gatillo fácil

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A un mes del incendio de la Brigada de Mujeres de Concepción, las familias sólo encuentran lentitud en la investigación judicial sobre la muerte de las cuatro mujeres detenidas. Hasta el momento, la Unidad Fiscal de Delitos Graves del Centro Judicial de esa localidad tucumana informó que el siniestro tuvo una duración de aproximadamente cuatro horas y comenzó en el exterior de la celda, lo que descarta las primeras versiones policiales sobre un supuesto motín. Hoy, la pesquisa ya se encuentra entre los delitos de abandono de persona u homicidio. Intervienen fuerzas de seguridad nacionales y organismos internacionales de derechos humanos muestran su preocupación ante el caso.  ✍️ Redacción: Milagro Mariona (La Nota – Tucumán) 💻 Cobertura colaborativa de La Nota/La Retaguardia/Cítrica/Revoluciones     El jueves 2 de septiembre, a las 17, se registró un incendio en la Brigada Femenina de la ciudad de Concepción. A raíz del incendio, Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Squilán, María José Saravia y Macarena Salina murieron por asfixia dentro de una celda cerrada con candado. Según los testimonios recolectados por la prensa, fueron los vecinos quienes alertaron a los bomberos y con baldes de agua intentaron apagar el fuego. Cuando finalmente pudieron ingresar, ya habían pasado al menos tres horas desde que se inició el incendio. Familiares relataron que las mujeres estaban abrazadas en el baño, donde buscaron protegerse del fuego. Las policías a cargo de la guardia eran tres, quienes salieron ilesas. También sobrevivió otra mujer que estaba detenida en otro espacio de la dependencia policial.  Las víctimas fatales del incendio tenían entre 23 y 26 años. Ninguna debía estar cumpliendo su condena en esa brigada ya que no es un centro de detención, pero por la sobrepoblación carcelaria que existe en Tucumán, el único penal de mujeres de Tucumán no tenía cupo.  Familiares denunciaron que cuando reconocieron los cuerpos en la morgue, presentaban hematomas y golpes. Además, señalaron que a través de cartas las jóvenes contaron que eran maltratadas por las guardias, castigadas y hostigadas constantemente.  El Ministerio de Seguridad, a cargo de Claudio Maley, pasó a disponibilidad a las tres mujeres policías encargadas de la seguridad de la dependencia, Sandra Rivarola, Susana Rodríguez y Margarita Gutiérrez, y a la jefa de la Brigada, Fernanda Lazarte. La primera versión que echaron a rodar las fuentes policiales, fue que se trataba de un motín y los medio de comunicación hegemónicos dieron por cierta esa información, titulando: «El trágico motín fue originado por una joven que pretendía ser trasladada a la cárcel». No se trata de un hecho aislado. En 2015 sucedió un hecho similar en la Brigada de Investigaciones Norte de Yerba Buena donde murieron Ariano Viza y Emanuel Gallardo, dos jóvenes que se encontraban detenidos en un calabozo junto a otras 16 personas. Hasta ahora, la causa no llegó a juicio oral y familiares continúan con el pedido de justicia. Además, el alojamiento en comisarías por el hacinamiento de las cárceles disparó múltiples fugas en las últimas semanas, siendo la de Roberto Carlos Rejas la de mayor trascendencia, condenado por doble femicidio y quien se cree contó con ayuda policial para concretarla.  Peregrinar por las respuestas Virginia Santana, madre de Rocío Micaela Mendoza, después de esperar varias semanas los resultados de las pericias, llegó sola a la fiscalía a cargo de Miguel Varela, para saber qué es lo que pasó con su hija bajo la custodia del Estado tucumano. “Me dijeron que el incendio se inició afuera, en un patio. Duró más de cuatro horas y que investigan si hubo abandono de persona u homicidio” cuenta Vicky. La investigación no descarta que el incendio fuera provocado por una persona externa. Según fuentes judiciales, una de las oficiales apartadas fue vista por las cámaras de seguridad hablando con un hombre. El resultado del análisis de las imágenes aún no se han concluido. Rocío Micaela Mendoza Hasta el momento no hay personas imputadas. Las familias de las mujeres tendrán que esperar una semana más para que el Ministerio Público Fiscal defina si hubo responsabilidad por parte de las tres policías que estaban de guardia ese día. «Hay elementos de sobra para formalizar cargos», sostiene el abogado querellante de la familia Mendoza, Benito Allende, quien también interviene en la causa por el homicidio de Ceferino Nadal en manos de la policía. «Hay dos elementos que afectan en forma directa a este caso. La responsabilidad personal de las funcionarias policiales que estaban en la Brigada, y la responsabilidad del Estado, tanto de los jueces por las cuáles estaban a disposición las personas privadas de la libertad y el Ministerio de Seguridad que está al frente del control de los funcionarios policiales, es imposible separar uno de otro en este hecho», explica. “Los familiares de las víctimas están expuestos a la violencia institucional del Estado que los revictimiza en su reclamo de Justicia. Los operadores jurídicos y políticos juegan con el desgaste y la inactividad. En este tipo de casos, no está garantizado el acceso a la Justicia de los familiares”, agrega. “Las dejaron encerradas” Yanet Yaqueline Saquilan, tenía 23 años. Era oriunda de Juan Bautista Alberdi. Estaba procesada por una causa  que no había llegado a juicio, estaba con prisión preventiva desde enero del 2021. El 12 de septiembre se cumplía la prórroga de tres meses que le habían dado para estar detenida en esa brigada. Su familia fue la primera en organizar una movilización en su ciudad para pedir que fueran detenidas las tres policías de guardia. «El pase a disponibilidad no significa nada» dice Marta, la cuñada de Yanet, sobre la medida que tomó el ministro de Seguridad de la Provincia. Yanet Saquilán tenía un hijo de seis años.   Yanet era mamá de un niño de seis años. Ya no tenía ni a su madre, ni a su padre, sólo a sus hermanas y hermanos. Durante meses, tuvo a su cargo el cuidado de un hermano con diversidad funcional y de su padre, quien sufría una enfermedad oncológica. Para cumplir con las

El 18 de septiembre pasado, el adolescente Esteban Vella murió en la ciudad de Chivilcoy, al norte de la Provincia de Buenos Aires. Rápidamente, la Policía y el Intendente salieron a plantear un robo, una fuga y, finalmente, un accidente mientras lo perseguían. Pero, ¿fue eso lo que pasó? (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción 🔍 investigación: Rodrigo Ferreiro 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Capturas de La Gaceta del Oeste y La Razón de Chivilcoy La madrugada del sábado 18 de septiembre no fue una más en Chivilcoy. Alrededor de las doce y media de la noche, y cerca del centro de la ciudad, comenzó una persecución de dos patrulleros a una moto. Los vehículos se dirigieron hacia el sur, y al llegar al Puente de las Tres Bocas todo terminó de la peor manera: la moto cayó al arroyo junto a un patrullero. Con rapidez, otros vehículos policiales, los bomberos y el SAME bonaerense aparecieron en el lugar. Era tarde. Esteban Vella, el motociclista de 15 años, ya estaba muerto. También con premura, la versión policial se convirtió en oficial: el pibe robó la moto, fue interceptado, huyó, y tras una mala maniobra se precipitó al costado del puente. Las cámaras y el Facebook Live del medio La Gaceta del Oeste Chivilcoy llegaron en instantes. Fue ahí cuando algunos comentarios de usuarios que seguían la transmisión en vivo comenzaron a poner en duda la hipótesis del accidente.  Un tipo duro El Intendente de Chivilcoy es Guillermo Alejandro Britos, y fue policía. Conoce la Provincia de Buenos Aires, ya que pululó con la gorra y el bastón por Lanús, Mar del Plata, Necochea y San Pedro. Se retiró de la fuerza siendo Comisario general y nos cuenta en Wikipedia que fue aplaudido masivamente por los vecinos de San Pedro tras los saqueos de 2001. Un héroe.  En 2011 Britos cambió palo por banca y fue elegido diputado nacional de la mano de Francisco de Narváez, cuando el ex dueño de Casa Tía ya estaba obsesionado por los mapas de inseguridad. Cuatro años después, don Guillermo llegó a Intendente, reelegido en 2019. Es un tipo diverso: coqueteó con Massa, con Lavagna, con el Movimiento Evita y con la JP. No le hace asco a nada.  En 2016, segundo año de su mandato, el juez Marcelo Giacoia, del Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial de Mercedes, decidió otorgar un Hábeas Corpus preventivo para niñas, niños y jóvenes de la ciudad de Luján, Marcos Paz y Chivilcoy, por las numerosas detenciones de menores llevadas a cabo en los meses de enero y febrero de ese mismo año. Cuatro años después, y en plena pandemia, Britos se puso el traje de justiciero y declaró, sin ponerse colorado, que “la Policía tiene orden de cazar al que viola la cuarentena y no me importa que me digan dictador o que violo los Derechos Humanos”. Por supuesto, lo prometido no fue deuda: hubo numerosas denuncias de organizaciones de Derechos Humanos locales y de la Correpi alrededor de detenciones de menores en comisarías a lo largo de toda la cuarentena, e incluso circularon imágenes en medios nacionales. Dos días después de la muerte de Esteban Vella, el Intendente declaró ante los medios su versión de los hechos, que no se alejan del robo, la persecución policial y el accidente. Aclaró que el cuerpo estaba en la morgue de Lomas de Zamora (lo que es positivo para la investigación, porque se trata de una morgue que no es policial) y que no sabía mucho más. Días más tarde amplió su declaración, explicando por qué el oficialismo, junto con el Movimiento Evita y el PJ, se había negado a tratar un pedido de informe sobre la muerte de Vella presentado por otro sector del Frente de Todos.  También pretendió llevar tranquilidad a la ciudadanía pateando la pelota de la información al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y a la investigación a la justicia. No es necesaria mucha sagacidad para caer en la cuenta que no logró  explicar qué sucedió ni llevar tranquilidad a nadie, mucho menos a la familia del pibe muerto.  Tiros “Se escuchaban disparos”. “Sí, le iban sacudiendo a tiros”. “Se escucharon tiros”. Esos son algunos de los mensajes que se pueden leer durante la transmisión en vivo de La Gaceta del Oeste Chivilcoy desde el lugar de los hechos. Es decir, no está tan claro lo que sucedió, y ya aparecen voces que contradicen la palabra oficial. Mientras tanto, los colectivos de Chivilcoy: No detengan Nuestros Derechos, Colectivo La Confianza, Colectivo por La Memoria Chivilcoy, La Ronda Centro Cultural y la Murga Colgados de La Rama, sacaron un comunicado en redes sociales pidiendo explicaciones y ya están acercándose a la familia del joven y metiendo presión a orgas nacionales de Derechos Humanos para que acompañen; mientras tanto, aún se esperan los resultados de la autopsia.  La versión policial no cierra, la cantidad de días que se tardó en identificar el cuerpo de Esteban es sospechoso y la teoría del accidente, que ya apareció en otros casos como el de Luciano Arruga cruzando lo más campante la General Paz por la mano rápida, o el de Ezequiel Demonty arrojándose a nadar al Riachuelo de puras ganas, comenzó rápidamente a resquebrajarse. 

El jueves 2 de septiembre, cuatro mujeres detenidas en la Brigada Femenina de Concepción, Tucumán, murieron carbonizadas luego de iniciarse un incendio dentro de la celda. El hecho remite ineludiblemente a la Masacre de Pergamino, en la que 7 jóvenes murieron en las mismas circunstancias y por la que fueron condenados 6 policías. Ariel Salinas, hermano de Macarena, una de las víctimas de este nuevo crimen de Estado intramuros, pasó por el programa Otras Voces Otras Propuestas. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: De izquierda a derecha Micaela Rocío Mendoza, Macarena Maylen Salinas y Yanet Yaqueline Santillán, tres de las jóvenes que murieron calcinadas, compartiendo cerveza en la comisaría.  “A mi hermana se la tenían jurada desde el 20 de julio por una foto”. La frase, contundente y coloquial, surge de la voz firme de Ariel. Su hermana es Macarena, de 22 años. Quienes la tenían entre ceja y ceja eran las policías que debían cuidarla. La fotografía, donde se la ve sonriente junto a dos compañeras de celda tomando cerveza, es evidencia de la arbitrariedad con la que las fuerzas de seguridad administran las cárceles y comisarías: lo que sucede allí, pasa porque ellos y ellas lo deciden. Desde la entrada de alcohol hasta morir calcinada. El relato de Salinas se acomoda a esta realidad: “Las guardias, muchas veces, rompían las cosas que les llevábamos a Macarena. O ni siquiera se las daban”.   Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia murieron quemadas y juntas en una celda de Concepción, Tucumán. Ariel Salinas cuenta que su hermana, Macarena, ya tenía sentencia firme por el robo agravado que la había llevado a la cárcel. “Mi hermana ya tenía orden de traslado firmada por la jueza desde hacía una semana. No sé por qué no la llevaron al penal”. Lo mismo sucedía con el resto de sus compañeras. Esa demora, sumada a la crisis habitacional de las cárceles, las condiciones inhumanas en las que viven y la represión policial a la orden del día, dio como resultado la muerte de 4 pibas, todas menores de 30 años.  Cuando se produjo la Masacre de Pergamino el 2 de marzo de 2017, cuando 7 presos murieron calcinados en una comisaría local, los gritos desgarradores no llamaron la atención del personal policial presente en el lugar. Las similitudes con lo sucedido el pasado jueves son sorprendentes, según cuenta Ariel. “Los vecinos salieron a la calle por los gritos de las chicas. Llamaron a los bomberos. ¿Y la policía que hizo? Nada”. Por otro lado, y en ambas situaciones de represión estatal separadas tan solo por poco más de cuatro años, los familiares de las víctimas tuvieron que enterarse de lo sucedido por medios propios, ya que la policía les ocultaba la información. “Nosotros nos enteramos por las redes sociales”, afirma Ariel. Y completa: “Nunca vino nadie de la Policía a avisarnos lo que estaba pasando”. Una diferencia importante es, sin embargo, la actuación de los bomberos. Si en Pergamino trataron de salvar a los 7 pibes pese a la desidia policial, en Concepción formaron parte del abandono, pese a estar a dos cuadras de la comisaría.  Los familiares aún no tienen los datos de la autopsia realizada por el personal forense. Mientras tanto, las 4 policías responsables por la muerte de las chicas fueron pasadas a disponibilidad, pero no están detenidas. Para Ariel y el resto de las familias de las 4 pibas asesinadas por el Estado, comienza un recorrido complejo. Salinas, pese al dolor, tiene claro por dónde comenzar: “Las dejaron morir carbonizadas mientras gritaban pidiendo auxilio y nadie las ayudó. Quiero que se haga justicia. Que paguen los culpables”. 

Cuadras y cuadras de personas: organizaciones sociales, movimientos populares, partidos políticos, personas autoconvocadas y las familias. Que cada vez son más, y cada vez gritan más fuerte. Más allá de la pandemia, la 7ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, copó el centro porteño. Adelante de todo, una bandera con más de 250 obras de arte en las que se reflejaban las caras de pibes y pibas asesinadas por la policía. Abrazos, saludos, encuentros. Crónica de una jornada de memoria y clamor de justicia. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net) 📷 Fotos: Natalia Bernades/Virginia Chaile/La Retaguardia  A las cuatro de la tarde comenzó la caminata, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo, al canto de “Yo sabía, yo sabía, que a los pibes los mató la policía”, “El policía es un cagón, con un fierro y una bala, defiende a los que tienen plata, mientras el pueblo va a prisión…”. Y así, entró la gran marcha a la histórica Plaza, mientras una voz desde el escenario, la de Juan Diego Rossi, sobreviviente de Cromañón, recitaba poesías y cantaba contra el gatillo fácil, las desapariciones en democracia, los travesticidios, entre otras consignas. Una voz que vale por todas, esencia popular de un acto que escapa a la imposición de referencias y de nombres, que se arma entre todes y para todes. Fue entonces cuando Gonzalo Hormaechea (hermano de Nahuel Hormaechea), Nancy Sosa (madre de Ismael Sosa), Emilia Vassallo (madre de Paly Alcorta) y Silvia Bignami (madre de Julián Rozendgardt, víctima de Cromañón), comenzaron con la lectura del comunicado. Una extensa puesta en común del genocidio invisibilizado que mata a nuestras pibas/es todos los años. Una responsabilidad que el Estado parece no querer asumir, y que desde la Marcha se vuelve cada año una furibunda condena popular.  Se recordó a las niñas argentinas asesinadas por el Estado paraguayo y se insistió en la aparición con vida ya de Lichita. Entre testimonio y testimonio, las familias recordaron y homenajearon a los fotógrafos fallecidos recientemente, Reinaldo Ortega y Nicolás Avelluto, quienes siempre acompañaron a la marcha. Hicieron un reconocimiento a La Retaguardia, por estar desde la primera marcha cubriendo las actividades y acompañando a las familias; como así también a todos los medios y reporteros/as que con su trabajo suman a la difusión y visibilidad de las causas. Entrada la noche nos fuimos yendo de la Plaza, con las voces de esas madres y familiares que por un rato vuelven a traer los nombres de quienes fueron asesinadas/os en nuestros oídos. Esta marcha tan genuina, única, que al mismo tiempo que denuncia, repara. Porque para ellas poder contar lo que les pasó es una forma de encontrar un poco de justicia popular. Porque esa plaza llena que repudia y acompaña, que les grita “fuerza mamá” cuando alguna se quiebra, es quizás el tribunal dónde vamos entre todes construyendo una realidad distinta. Esta lucha no termina con la Marcha, sino que vuelve a empezar. Para que el próximo año no haya ni una bala más, ni una piba ni un pibe menos.

Este viernes desde las 15 horas se realiza la 7ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, espacio que aglutina a familiares que luchan para que no exista ni un solo caso más. En esta nota nos cuentan sus vivencias personales, pero también el aprendizaje que les ha dejado tantos años de organización. Además reflexionan acerca de los caminos para terminar con este flagelo. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net) 📷 Fotos: Reinaldo Ortega “La Marcha sirve para visualizar todos estos crímenes que cometen las fuerzas de seguridad , y que muchas veces los medios y la misma justicia tapan. En todos los casos terminan en nada, la mayoría de los casos no son condenados y si los condenan, es una burla para los familiares. Los jueces y fiscales que tienen que investigar las pruebas, no lo hacen, es más fácil archivar el expediente y todo termina en ‘suicidios’. Si no hubiera jueces corruptos, esto no pasaría”. La que habla es Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. El 13 de junio de 2014 su hijo fue asesinado por Gendarmería Nacional en un control caminero mientras se dirigía en su auto por la Ruta 7, a la altura de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. La causa está catalogada como homicidio agravado. Están implicados los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, pero por ahora “el juez federal Walter Bento los ha dejado libres”. Ahora, como el juez está procesado por una causa de corrupción, lo sacaron, “pero me quieren poner al juez Marcelo Garnica que fue su secretario y mano derecha”, y por lo tanto Mónica espera que no lo acepten. “El que mata tendría que tener condena perpetua, así dejarían de matar por matar y se buscaría profesionalizar a las fuerzas de seguridad, capacitarlas, hacer test psicológicos cada seis meses, y prepararlos como corresponde”, agrega Mónica.  Un día especial Para Inés Alderete, mamá de Marcos Sebastián Acuña, “la Marcha es un día especial, no porque no luchemos todos los días, sino que es un día especial donde podemos estar juntas y lograr que el Estado vea que no somos un caso aislado como dicen ellos, esto es sistemático: están matando a los pibes. Así que la experiencia es grande y sirvió para que las mamás, los papás, los familiares puedan darse cuenta de que tienen derechos y que la voz de ellos y de sus seres queridos que ya no están necesita ser escuchada”. Marcos fue asesinado el 28 de Agosto de 2015 por el Prefecto Juan José Silva en el barrio La Cañada, Partido de Quilmes. Y aunque ya va para dos años que su causa está elevada a juicio oral, “por diversos motivos se ha suspendido cuatro veces, la última porque dicen que el prefecto estaba con Covid-19, por lo que hasta hoy estamos esperando una respuesta a ver si vuelven a darnos una nueva fecha”. Inés sostiene que, a pesar de que “a los pibes los siguen matando, creo que hoy con la 7ª Marcha las familias se animan a salir a la calle y reclamar por justicia”. También arremete contra quienes señalan con el dedo a las víctimas: “Todos juzgan el pasado del pibe, si era o no delincuente, si cometió o no un delito, si era o no adicto, miran el pasado y no miran el hecho. Porque cuando mataron a Marcos, yo le contesté a un juez: ‘¿para qué quiero un abogado? si lo mató la policía a mi hijo, por algo fue’, esas fueron mis primeras palabras. Hasta que el tiempo me hizo cambiar, y comprendí que no es lo que él pudiera ser, sino el hecho a partir del disparo que le provocó la muerte. Porque si no quiere decir que una persona que tiene el uniforme tiene derecho a disparar y hacer lo que sea. Eso cambió, hoy salen las madres y los familiares, y aunque empezamos con 100 o 200 mamás, hoy están unidas todas las provincias y eso es muy importante”. Los reclamos y consignas “Los principales planteos que hacemos en esta Marcha son exigir justicia, basta de impunidad del aparato represivo, que las causas lleguen a un juicio y a una condena, que se pueda mejorar la situación del grupo de familiares de las víctimas, ya que estamos muy solos en esto”, nos cuenta Paula, cuñada de Ariano Biza. A sus 22 años murió junto con Emanuel Gallardo en la Brigada Norte de Tucumán, en un motín, el 15 de junio de 2015. “Aún estamos sin avances en la causa”, denuncia Paula. “Creo que aún hoy continúa vigente este tipo de violencia porque el aparato represivo que es la policía se maneja con total impunidad, avalados por jueces y fiscales” agrega. Balas y justicia “En esta Séptima edición los reclamos son los mismos que la primera marcha, no ha cambiado nada, no ha variado nada. Los métodos son los mismos: el gatillo fácil, el encubrimiento del poder político, judicial y policial, la responsabilidad del Estado frente a estos casos no solamente de gatillo fácil sino de represión estatal, desapariciones forzadas, causas armadas, encarcelamiento a los que luchamos, a compañeros que salen a la calle día a día a reclamar los derechos que tenemos”. La que habla es Emilia Vassallo, mamá de Pablo “Paly” Alcota, fusilado el 18 de mayo de 2013 por el policía Diego Ariel Tolaba de un tiro en la cabeza, y fallecido el 6 de diciembre de 2013 después de una cruel agonía. La causa está elevada hace dos años, a la espera de un tercer juicio fallido y una pericia de la Corte Suprema de Justicia que todavía no se hizo. “Nuestros derechos son vulnerados todo el tiempo, ni hablar de lo que son las causas judiciales, sabemos que el Estado es el responsable y el que garantiza la impunidad para que esto siga sucediendo”, agrega Emilia.  Marchar para que no haya ninguno más “Hace 10 años que estoy peleando por una justicia que sé que nunca voy a tener,

El martes 10 de agosto finalizó el juicio por el asesinato doblemente agravado de Cristopher “Bocha” Rego, ocurrido el 12 de agosto del 2018 en el barrio de Parque Patricios. Esa madrugada “el Bocha” intentó esquivar un control de tránsito y el entonces prefecto Pablo Brites disparó desde atrás contra la camioneta que manejaba. Una de las balas impactó en su espalda y le ocasionó la muerte algunas horas más tarde en el hospital Penna. Otros cuatro ex integrantes de Prefectura fueron condenados a cuatro años de prisión y dos resultaron absueltos. (Por Colectivo de Medios Populares*) La convocatoria que la familia del Bocha y la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil realizaron para acompañar el veredicto era a las 14 en Tribunales, pero recién cerca de las 18 pudo oírse la decisión de los tres jueces del TOC 3. Julio César Báez (presidente), Gustavo Jorge Rofrano y Gustavo Pablo Valle (vocales) resolvieron condenar a Pablo Miguel Brites a la pena de prisión perpetua, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con un arma de fuego y por haber sido realizado con abuso de su función como miembro de las Fuerzas Armadas.  Por otro lado, en el mismo fallo decidieron condenar a Cristian Alberto López, Lucila Tamara Carrizo, Rubén Darío Viana y Javier Eduardo Fernández a 4 años de prisión, con inhabilitación por 8 años, por ser consideradxs autorxs penalmente responsables del delito de encubrimiento doblemente agravado por la especial gravedad del delito precedente y por ser todxs ellxs integrantes de la Prefectura Naval Argentina, es decir, funcionarios públicos. Los últimos dos imputados del proceso, Roberto Mariano Parédez y Axel Gregorio Díaz Guevara, acusados de encubrimiento doblemente agravado, resultaron absueltos. La querella va a apelar las condenas a 4 años y las absoluciones. Todavía no se sabe cuándo se conocerán los fundamentos de la decisión judicial.   Los controles vehiculares mortales de la Prefectura La madrugada del 12 de agosto de 2018 el Bocha, como lo conocen todxs en el barrio y en la familia, iba a buscar a Luana, su pareja, a un cumpleaños. Como circulaba en una camioneta que había comprado hacía muy poquito y le faltaba algún papel, intentó esquivar un control vehicular en Ancaste e Iguazú. Hizo una maniobra para no atropellar al prefecto Brites, que luego disparó contra la camioneta que manejaba el Bocha. Una bala impactó en la espalda, lo que le ocasionó la muerte algunas horas más tarde en el hospital Penna. Brites fue quien disparó, pero no operó solo. Los otrxs seis prefectxs imputadxs actuaron para garantizar el encubrimiento del asesinato. Algunos meses antes de conocer el veredicto entrevistamos a Jorge, el papá del Bocha y le preguntamos qué creía que pasaría en la resolución. Entonces nos decía “Pablo Miguel Brites fue el asesino de mi hijo y creo que sería imposible que zafe. López y Carrizo están involucrados por encubrimiento seguido de muerte. Lucila Carrizo fue con López y Brites, se tomaron un Uber hasta el lugar donde el Bocha choca. Al Bocha le  pegaron dos balazos en Ancaste e Iguazú, el que lo mató fue por la espalda, así que además de asesino, cobarde. Sin ninguna necesidad, por evadir un control vehicular solamente. A las 3 cuadras, el Bocha choca. Se toman un Uber hasta ese lugar, miran y Brites les dice “vámonos”. No asistieron al Bocha, no llamaron al Same… así que no solo lo mataron sino que lo dejaron morir”. En la misma charla explicaba por vez un millón el por qué el Bocha esquiva el control de Prefectura, que resultó ser mortal: “había comprado una camioneta hacía una semana, o dos a lo sumo, y le faltaban papeles, le debía 20 lucas al suegro, diez a un amigo mío al que le compró la camioneta que terminó siendo su ataúd, y por eso no para. Estaba yendo a buscar a su mujer y a su hijo a un cumpleaños, no estaba haciendo nada raro. Lo mataron, encubrieron el caso, y encima le quieren echar la culpa al muerto. Pero estoy tranquilo, yo creo que va a salir todo bien, tengo mucha fe”.   De fe y organización popular: justicia para todxs lxs pibes Y la fe de Jorge resultó. La fe y la organización de familiares para exigir justicia por los asesinatos de pibes a manos de las fuerzas de seguridad, de los que también se acordó el papá del Bocha luego de veredicto: “espero que a partir de ahora sea un punto de inflexión para que, en el resto de los casos de gatillo fácil actúen así y haya perpetua para todos los asesinos de nuestros chicos. Espero que haya más fallos contundentes como el de hoy, para mis compañeros y compañeras”. Desde aquel 12 de agosto, Jorge camina al lado de otras madres que reclaman justicia para sus hijxs y para todxs lxs hijxs “mi segunda familia son las madres y los familiares de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Me acompañaron desde el principio”. Emilia Vassallo, madre de Paly Alcorta asesinado en 2013 por el policía bonaerense Diego Ariel Tolaba e integrante de la Marcha, acompañó a Jorge y su familia durante todos estos años y también en esta última jornada y compartió: “Antes nosotras entrábamos a los juicios y las mujeres oficiales nos cachaban, nos pasaban las espadas. No podíamos ni girar la cabeza para verle la cara del policía porque hacían desalojar la sala. En vez de juzgar a los policías, nos juzgaban a nosotros. Era todo muy difícil. Entonces que ahora hayan condenado a Brites a perpetua, para nosotros es ese poquito de justicia para todos los pibes. Porque cuando nosotros decimos que luchamos por todos es así, verdaderamente. Y no solo luchamos por la sentencia, sino por la conciencia, como dijo la compañera Julia Torres, la mamá de Cristopher Torres”. Emilia también recordó la convocatoria de la séptima Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, a realizarse el próximo 27 de agosto

José Lagos, un joven Qom de 23 años fue asesinado por la policía. El hecho ocurrió el 11 de junio, en el barrio Los Silos, en San Martín, Chaco. Luego, el barrio se movilizó exigiendo justicia y la respuesta fue más represión. Alejandro Romero, “Piringui”, referente del PCR en Chaco, fue entrevistado en el programa radial matutino Hasta que vuelvan los abrazos, por La Retaguardia y Radio Sur. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia El crimen del joven Qom José Lagos tuvo escasa repercusión en la agenda mediática tradicional. La pueblada que siguió al crimen, muchísimo menos. Alejandro Romero es referente del Partido Comunista Revolucionario (PCR) en Chaco. Esa organización tiene un intenso trabajo de base en esa provincia y específicamente con las comunidades originarias. Romero contextualiza que este asesinato se da en el marco de los 10 años del crimen de Mártires López, dirigente campesino de la Unión Campesina, parte del Comité Zonal del Chaco del PCR y suplente del Comité Central. Y que por lo tanto, el 14 de junio, en cada localidad se iban a realizar actividades recordatorias. El 12 estaban realizando el acto en un terreno del Federación Nacional Campesino (FNC), y a las nueve de la mañana se enteraron del asesinato de José Lagos, por lo que los y las militantes de la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y del FNC, fueron al barrio donde sucedió el hecho. “Lo que sucedió fue un hecho aberrante, porque fue prácticamente un fusilamiento”, relata Piringui Romero. Cuenta que se encontraban 3 jóvenes en la escuela de Los Silos, tomando tereré. Llega un patrullero, baja un policía de civil, saca su 9 mm y abre fuego. Da certeramente en el pecho de José, que cae muerto, y los otros dos muchachos quedan heridos. La gente del barrio, indignada, sale a enfrentar a esta policía y exige que se retiren, en lo que fue una enorme pueblada. Ese mismo día se hace un corte de ruta con más de mil personas, militantes de distintas fuerzas, pidiendo que bajen las autoridades de la Provincia, tanto la Ministra de Seguridad, como de Derechos Humanos. Que baje el equipo forense, porque se impidió que se hagan cargo los forenses de San Martín, ya que los policías de ahí están implicados en el hecho. Entonces el cuerpo, dolorosamente, estuvo custodiado por la comunidad hasta las 18.00 horas, tirado ahí en la escuela.    Relata que lo acordado entre la familia y las organizaciones fue hacer un petitorio que incluye el pedido de destitución de la cúpula policial, prisión para los policías que asesinaron a José, que la autopsia se haga en condiciones. La comunidad pide que se retire la Comisaría del barrio, porque lo único que hacen es provocar. “Se está acompañando a la familia, que está formando parte de los cortes de ruta que se están realizando. Esperamos que el gobernador nos de una entrevista y reciba a los hermanos, a los padres, a los tíos, y que se tomen cartas en el asunto y se haga lo que se tiene que hacer con esta policía que provocó una asesinato a sangre fría, un caso de gatillo fácil y siempre sobre las comunidades originarias, que además tienen que soportar la estigmatización de los medios. Se dice que son delincuentes y eso es totalmente mentira. Son un pueblo trabajador, con una cultura y una historia muy profunda”, dice Alejandro y agrega: “se está haciendo también un corte grande donde están las iglesias también, para pedir memoria, verdad y justicia y que el gobierno provincial no titubee y tome las medidas que tiene que tomar de índole política y de reordenamiento de esa policía que es la que hostiga a los pueblos originarios”.   Además, Romero aclara que los dos chicos menores que están heridos fueron cuidados por la comunidad. Uno de ellos tiene una herida de bala en su brazo y otro está herido de bala en la rodilla. “Ellos recién fueron atendidos el día 13, porque no estaban las condiciones de seguridad para que sean bien atendidos. Recién cuando se logró hablar con autoridades provinciales se tomaron las medidas en el hospital para que sean atendidos debidamente. Pero los dos pibes tienen balas en su cuerpo”, asegura el militante del PCR.   Por último, refleja que el gobernador Jorge Capitanich, parte del Frente de Todos, todavía no se expidió, y esperan que lo haga. “Según dicen extraoficialmente se ha removido a la cúpula policial, pero todavía no hemos visto la resolución. Lo otro que sabemos es que están detenidos los policías, pero nosotros queremos que se investigue a fondo. Acá hay videos, hay testimonios de las comunidades que tienen que ser anexadas a ese expediente y que haya juicio y encarcelamiento a esos policías que han cometido tal aberración”, concluye Alejandro Romero.

El Tribunal Oral de Menores 2 condenó a dos años de prisión en suspenso al policía Luis Chocobar, quien asesinó a Juan Pablo Kukoc de varios tiros por la espalda en 2017. Luego de escuchar el veredicto por celular, la familia exigió una condena justa a una justicia que, aseguran, jamás lo fue ni lo será. Por Colectivo de Medios Populares (*) “La justicia no es justa. Destrozaron a una familia”, lamentó Ivón Kukoc al escuchar el veredicto del juicio por el asesinato de su hijo Juan Pablo. La primera reacción fue la del llanto desconsolado de la impotencia. Ivón, abrazada a sus nietos y a sus hijos Belén y José, en su casa en la localidad bonaerense de Lanús Este, recibió la decisión de la Justicia por videoconferencia. El aislamiento impidió que estuvieran contenidos y apoyados por familias que sufrieron situaciones similares, y debieron ver la transmisión del veredicto por la pantalla de un celular, en su casa. Mientras que quienes alientan las políticas como la Doctrina Chocobar, rompieron las restricciones e igual se acercaron a la puerta de los Tribunales de Comodoro Py con carteles y cánticos de apoyo al policía que asesinó por la espalda a Pablo, a sus 18 años. El Tribunal Oral de Menores Nº2 condenó a Luis Oscar Chocobar a la pena de 2 años de prisión en suspenso y a 5 años de inhabilitación para cumplir funciones en las fuerzas de seguridad, por encontrarlo culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento del deber. Las últimas palabras de Chocobar fueron que para él cumplió con la ley. Afuera declaró a los medios de comunicación: “El corazón se me quiere salir porque es muy injusto. Estoy tranquilo porque está acá la gente que me apoya y me quiere. La Policía de la provincia tiene unos huevos impresionantes”. En el mismo veredicto, el menor acusado de intento de homicidio en ocasión de robo fue condenado a 9 años de prisión efectiva.  Ivón está disconforme con el veredicto, pero a la vez se siente tranquila porque no absolvieron a Chocobar y el asesino de su hijo recibió una condena. “La Justicia no existe y menos para personas pobres que no tienen la plata o contactos para moverse. Yo esperaba una condena justa que lo inhabilite, que él no sea más policía y que pase por lo menos un día en la cárcel. Eso iba a ser bastante para mi familia, que él sienta lo que es estar así, solo, triste, vacío y que capaz ahí hubiera tenido la capacidad de pensar y ver si puede seguir viviendo con lo que hizo, porque en realidad pasó de ser un policía a ser un asesino”. El tope de años para el delito por el que condenaron a Chocobar es de 3 años, excarcelables, como había pedido la fiscalía. Los jueces no le dieron la máxima, tampoco lo absolvieron. El policía de Avellaneda hubiera quedado libre de todos modos, por el tipo de delito con el que se lo juzgó -exceso en el cumplimiento de un deber-. Excepto que el tribunal hubiera aceptado condenarlo con la tipificación que pidió la querella -homicidio doloso agravado por abuso de sus funciones-. Pero más allá de los tecnicismos, en definitiva, Chocobar recibió una condena de la Justicia. “Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, que eso está prohibido y es delictivo”, enfatizó Pablo Rovatti, titular del Programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos y representante de Ivón Kukoc como parte querellante.  “La condena impide que Chocobar siga siendo policía y que porte un arma, para lo cual evidentemente no estaba capacitado. Eso es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad: ningún policía que mata a tiros por la espalda a una persona que huye está justificado. Nadie que haga eso cumple con su deber, sino exactamente lo contrario”, aseveró Rovatti. Y aclaró que “en este caso no se juzgó a ‘la policía’, sino a un funcionario concreto que abusó de su función y privó arbitrariamente de la vida a una persona”. La familia Kukoc sufrió el hostigamiento de los medios hegemónicos de comunicación, de sus vecinos del barrio y también de la Policía. Sin ir más lejos, mientras los canales de televisión hacían guardia en la puerta de su casa, llegaron efectivos de la Policía de Lanús y se dirigieron a Ivón de forma hostil intentando impedir un corte de calle que no iba a suceder. “Ya sabemos quiénes son ustedes”, impartieron los policías. “Nos dicen que ya saben quiénes somos, como si hubiéramos hecho algo malo. Después de todo esto, ya sé cómo sigue. Sentimos miedo porque en algún momento se va a acabar esta cuarentena y vamos a tener que hacer una vida normalmente, mis hijos van a tener que salir a comprar e ir al colegio. También nos perjudicó mucho porque la policía siempre nos hostiga a nosotros y a mi familia”, contó Ivón y relató que tuvo que cambiar a los chicos de escuela por situaciones de acoso: “Cuando iban a la escuela, influenciados por los padres, los chicos los trataban como los hermanos del asesino de La Boca, del que quiso matar a un turista”. Ya son casi cuatro años en que la familia Kukoc sufre la pérdida de Pablo. Hay días que se sienten quebrados y no quieren nada más que ver a su hijo, a su hermano, a su tío, que no está entre ellos porque un policía lo asesinó por la espalda. Ivón lo describe como un vacío que no van a poder llenar con nada. “Estos años fueron muy duros para nosotros porque nuestro hermano no va a volver nunca. Para mí en el momento que mi hermano murió como que se nos partió el corazón a nosotros. Están sus sobrinos que

Desde el 2 de marzo se desarrolla el juicio oral por el homicidio doblemente agravado de Cristopher “Bocha” Rego. Por el hecho se está juzgando a siete ex integrantes de la Prefectura Naval Argentina, exonerados de la fuerza y procesados por los delitos de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser integrante de una fuerza de seguridad; abandono de persona seguido de muerte y encubrimiento y encubrimiento doblemente agravado. En la última jornada declaró Jorge Rego, papá del Bocha. Dialogamos con él sobre cómo está viviendo el juicio, qué implica declarar para un familiar y las expectativas de la resolución del proceso judicial. La próxima audiencia será el martes 20 de abril y se espera la declaración del ex prefecto Pablo Brites. (Por Colectivo de Medios Populares) —¿Cómo estás viviendo el proceso del juicio?  —Jorge Rego: Por momentos muy nervioso y por momentos tranquilo, esa es la realidad de como estoy atravesando el juicio del Bocha.  —El martes pasado declaraste, como testigo “de concepto”, porque no estuviste en el hecho, pero sos el padre de la víctima. ¿Por qué quisiste declarar? ¿Qué implica para vos, como papá, el hecho en sí de declarar?  —JR: Insistí en declarar para que los jueces, los fiscales y todos los abogados que están ahí sepan quién era el Bocha. Porque en ningún momento hablaron de quién era mi hijo, entonces sentía la necesidad de declarar. Entre algunas cosas comenté que al Bocha le quitaron la vida con 26 años recién cumplidos por no parar un control vehicular. Él no murió, lo mataron a los veintiséis años, sin saber lo que era un arma, jamás tuvo un arma, nunca, jamás. Nunca conoció una comisaría el Bocha, nunca lo arrestaron. Jamás estuvo preso. Y lo mataron por matar. Por no parar en un control vehicular, solamente por eso. Soy el padre pero estoy diciendo la verdad. Yo tengo cuatro hijos varones, contando al Bocha que era el más chiquito. Y viste, la gente te pregunta “¿qué te gustaría que sean cuando sean grandes?” ¿Qué sé yo?, médico, abogado, juez, veterinario dice la gente… Y yo a toda la gente le respondía “que sea buena gente” y con el Bocha lo logré. Eso también lo dije. Al entierro de Bocha fueron aproximadamente unas 500 personas a despedirlo. Para un pibe común, de barrio cómo era Bocha, me parece demasiado. Yo jamás ví tanta cantidad de gente en un velorio como el de mi hijo Bocha. También dije que le hicieron cinco murales, le dedicaron una canción del grupo Mandale Cumbia, sobre el gatillo fácil, lo nombran a Bocha, a la familia Rego. Que era hincha de Huracán, como todos nosotros, yo lo hice hincha llevándolo de la manito a la cancha y haciendo que juegue en las inferiores, en el baby, jugó en cancha grande y le hicieron una bandera que cada vez que juega Huracán la ponen en la cancha. —Distintxs familiares de otros casos de violencia policial les estuvieron acompañando, ¿cómo se siente ese acompañamiento y todo el proceso de lucha por justicia?  —JR: Siento que las Madres del Dolor, de la Marcha Nacional contra el gatillo fácil, que la mayoría son mujeres, son mi segunda familia. Lo digo y lo siento así, nos apoyamos en todo. Yo siempre digo que después de que mataron al Bocha yo no tenía idea que en el país pasaban estas cosas con las fuerzas de seguridad. No tenía idea que mataban a los pibes. Me enteré porque hicimos una marcha de la puerta de mi casa hasta Caseros y La Rioja, el corazón de Parque Patricios, la familia salió a la calle, vino muchísima gente, y ahí se presentó Emilia Vasallo, con Roxana Cainzos y Alfredo Cuellar, y me comentaron las cosas que pasaban y que nos venían a apoyar. A través del tiempo las conocí bien conocidas -no solo a ellas sino a muchas madres más, imaginate hay 7100 casos registrados de gatillo fácil- y son mi segunda familia. Me dieron total apoyo de entrada. Salimos a marchar por la muerte de nuestros hijos y para que de una vez por todas terminen de asesinar a chicos como el Bocha, Paly Alcorta, Nehuén Rodríguez. —¿Qué expectativa tenés para la resolución del juicio? —JR: Las expectativas para la resolución del juicio, por lo que yo presiento y veo, son muy buenas. Me da la impresión que los jueces son imparciales y el negro Soares y Rosario son nuestros abogados que son muy buenos, los fiscales también. Y hay pruebas muy contundentes, hay videos muy contundentes, contra eso va a ser muy difícil que alguno zafe. Pablo Miguel Brites fue el asesino de mi hijo y creo que sería imposible que zafe. López y Carrizo están involucrados por encubrimiento seguido de muerte. Lucila Carrizo fue con López y Brites, se tomaron un Uber hasta el lugar donde el Bocha choca. Al Bocha le  pegaron dos balazos en Ancasta e Iguazú, el que lo mató fue por la espalda, así que además de asesino, cobarde. Sin ninguna necesidad, por evadir un control vehicular solamente. A las 3 cuadras, el Bocha choca. Se toman un Uber hasta ese lugar, miran y Britez les dice “vámonos”. No asistieron al Bocha, no llamaron al Same… así que no solo lo mataron sino que lo dejaron morir. Después declaró un testigo, que lo encontró uno de mis hijos. Y también declaró uno de los jefes máximos de Prefectura, dijo que estaban asignados para estar en el Pabellón 70, dentro de la Villa Zavaleta, pero estaban donde querían, en Alcorta e Iguazú, que no era el lugar que les correspondía, estaban fuera de jurisdicción. Dijo que no estaban asignados para hacer control vehicular. O sea,estaban haciendo lo que querían. Que tenían la obligación de informarle a él. Pero lo mataron al Bocha y no le dijeron nada, incluso le dijeron que había sido una noche normal. Al otro día por la tarde noche se entera el jefe del operativo

Avanza el juicio contra los 7 prefectos por el homicidio de Christopher “Bocha” Rego. Este viernes se llevó adelante la cuarta audiencia, tercera de modo presencial, en los Tribunales de Talcahuano. Con expectativas favorables para la querella, testimoniaron José Luján García, segundo jefe a cargo de los efectivos, Redondo Leonardo Daniel, perito balístico, entre otros testigos de la fuerza. Además declaró como testigo de concepto, Luana Juve, pareja de Bocha con quien había tenido un hijo 41 días antes del asesinato por gatillo fácil. (Por Colectivo de Medios Populares*) 📷 Fotos: Juan Cicale Desarrollo de la cuarta audiencia El primer testimonio lo dio Luana Juve, pudo relatar la conversación que mantuvo con Bocha minutos previos al hecho, que se encontraba camino a buscarla a ella y su pequeño hijo, Bastián. Luana estaba en el cumpleaños de una de sus mejores amigas y ya quería volver: “Me manda un mensaje que estaba yendo a buscarme que en cinco minutos baje y abrigue al nene porque hacía frío. Yo abrigo al nene, bajo y lo espero. Se supone que ya estaba llegando y no llegaba, me parecía raro, empecé a llamar. Él no hacía esas cosas, nos manejamos siempre con horarios, sobre todo por el nene. Sigo llamando, mandando mensajes, no contestaba (…) Nunca tuvo ningún problema con la policía, sí tenía mucho miedo. Yo, en este caso soy amiga… era amiga de Nehuén Rodriguez, también lo mató la policía. Era amiga, iba al colegio con él y bueno… él (Bocha) tenía miedo porque ya sabía de muchos casos”, contó Luana. José Luján García, segundo jefe a cargo de los prefectos, enumeró varios de los incumplimientos cometidos por el grupo de oficiales, lo cual complicó aún más la situación de los imputados. Esa madrugada, Pablo Brítez, Axel Díaz Guevara, Javier Fernández, Cristian López, Lucila Carrizo, Rubén Viana y Mariano Paredes, no solo se habían desplazado de la zona de guardia, sino que tampoco informaron sobre procedimientos a sus superiores, ni del uso de armamento. Según García, todos estaban calificados con experiencia previa y la instrucción constante de la Fuerza. “Todo el personal que intervino tiene responsabilidad”, afirmó. Con los hechos cada vez más claros sobre la responsabilidades de cada uno de los prefectos, el oficial y perito balístico, Redondo Leonardo Daniel, descartó la posibilidad de que los disparos se hayan efectuado por doble tap, técnica que permite realizar dos disparos consecutivos o por mecánica del arma, recurso que pretendía utilizar la defensa de Brítez, principal acusado del homicidio por herir de muerte a Rego. Mal manejos hacia la querella Desde la primera audiencia virtual a las siguientes presenciales, el desarrollo no fue ejemplar en lo absoluto. Los problemas de conexión ahora son de acceso y espacio en la sala otorgada por el Tribunal. La familia de Bocha comparte en la incomodidad de un pasillo la trasmisión en vivo del juicio junto a familiares de los asesinos y consignas policiales. Haciendo caso omiso al pedido de la querella por una sala más amplia, que las hay, la justicia sigue su derrotero en el acompañamiento a las víctimas. Entre otra de las cuestiones, Jorge Rego, padre de Cristopher, por temas de salud tiene movilidad reducida y utiliza una silla de ruedas, pero para ingresar no hay ninguna rampa sino las grandes escaleras del Palacio de Justicia. Datos de próximas instancias Dentro de las próximas audiencias se espera el testimonio de la octava oficial implicada en los hechos, Jaqueline Acosta, quien no resultó procesada por falta de mérito. En cuya declaración previa había apuntado contra el resto de los implicados. Por pedido de la Gremial de Abogados y Abogadas, representantes de la querella, Acosta viajará desde Corrientes hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para declarar ante el Tribunal de manera presencial. El martes 23 y jueves 25 de marzo se realizará la quinta y sexta audiencia por el crimen de Bocha. *FM Riachuelo Revista Resistencias La Retaguardia Revoluciones Sur Capitalino