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gatillo fácil

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A finales de octubre de 2020 Chile decidió ponerle fin a la constitución pinochetista. Ese triunfo histórico comenzó a forjarse en 2019, cuando el país trasandino explotó y las revueltas populares lograron evidenciar que el milagro liberal chileno dejaba tras de sí un tendal de desigualdad, pobreza y racismo. A la rebelión, siguió una represión feroz, ejecutada por los carabineros, ordenada por Sebastián Piñera y avalada silenciosamente por la mayoría de los gobiernos de la región. Hoy, con el plebiscito constituyente consumado, algunos y algunas intentan decretar el fin de la historia, sin percatarse que la explosión que parió la consulta popular dejó cientos de personas presas, y que la persecución al pueblo mapuche, numeroso en Chile, nunca cesó. El jueves 18 de marzo organizaciones de diferentes espacios, residentes chilenos y chilenas en Argentina y población mapuche realizaron una jornada de protesta en el Consulado chileno de la calle Sáenz Peña al 500, en la Ciudad de Buenos Aires. Para ellos y ellas nada ha terminado y todo está por comenzar. (Por La Retaguardia) 📷 Fotos: Virginia Chaile/La Retaguardia 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro

Este 2 de marzo inició el juicio por el asesinato doblemente agravado de Cristopher “Bocha” Rego, ocurrido el 12 de agosto del 2018 en el barrio de Parque Patricios. Esa madrugada “el Bocha” intentó esquivar un control de tránsito y el entonces prefecto Pablo Brites disparó contra la camioneta en la que iba. Una de las balas impactó en su espalda y le ocasionó la muerte algunas horas más tarde en el hospital Penna. Otros seis ex miembros de Prefectura están acusados de abandono de persona y encubrimiento. (Por Colectivo de Medios Populares*) El prefecto Pablo Brites llega al juicio detenido, exonerado y acusado de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser integrante de una fuerza de seguridad.  En el pedido de elevación a juicio que se leyó en la primera audiencia quedó claro que no actuó sólo, los seis jóvenes prefectos que estaban esa noche con él también llegan a juicio exonerados y enfrentando cargos por abandono de persona seguido de muerte y encubrimiento doblemente agravado. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3, presidido por Julio C. Báez, es el encargado de juzgarles. El juicio comenzó a las 11.51, casi dos horas después de lo pautado. También en la virtualidad la espera a la que someten a las familias es la regla. La explicación: dos de los imputados que se encuentran privados de libertad, Pablo Brites y Cristian Alberto López, no podían conectarse. Durante las más de tres horas de debate fueron constantes los cortes de internet del imputado López, quien se encuentra detenido en el  Complejo Penitenciario Federal de la C.A.B.A (Villa Devoto). A tal punto que, por esas interrupciones, el pedido de elevación a juicio, donde se detallan los hechos e imputados, tuvo que leerse dos veces. La escena del juicio en la virtualidad es bien diferente de la presencial. Mientras que en los juicios orales tradicionales las personas imputadas están siempre de espaldas o de costado al público y sólo el juez puede tener plena visión de sus gestos y movimientos, en la dinámica virtual los rostros de los acusados están visibles para todo aquel que esté dentro de la sala de Zoom. Así fue como Jorge Rego, el papá de Cristopher, pudo ver de frente y por primera vez al asesino de su hijo. Al menos a través de la pantalla.    Entre las cuestiones preliminares, el abogado defensor de Pablo Brites, Ricardo Mario Izquierdo, realizó un planteo que ya había sido rechazado en instancias anteriores: que no se realice el juicio en estas condiciones de virtualidad. Argumentó que con esta modalidad “no se respetan las garantías procesales, ni es posible controlar que los testigos no sean asistidos o tengan ayuda memoria”. El juez Julio C. Báez desestimó este pedido e inició el juicio oral, advirtiendo que garantizará la correcta comunicación entre los imputados y sus abogados, creando subsalas de Zoom, y que en caso de que los imputados quisieran declarar de manera presencial, se hará lugar a dicha petición.  Además de Brites, serán juzgados Cristián Alberto López y Lucila Tamara Carrizo, a quienes se les imputa el delito de abandono de persona seguida de muerte ya que no asistieron a Rego cuando aún se encontraba con vida, y encubrimiento doblemente agravado. En tanto que Lucila Tamara Carrizo, Rubén Darío Viana y Javier Eduardo Fernández están procesados por encubrimiento doblemente agravado, por haber levantado las vainas de los disparos efectuados por Brites; y Axel Gregorio Díaz Guevara y Roberto Mariano Parédez llegan a juicio por encubrimiento doblemente agravado, al haber omitido realizar la denuncia sobre el hecho, del que claramente tuvieron conocimiento.  La familia del Bocha está representada por la Gremial de Abogados y Abogadas, quienes se sumaron como querellantes en la instancia oral del proceso.  Sobre el final de esta primer audiencia, la fiscalía, representada por Andrés Madrea, presentó dos pedidos: que integrantes de la Dirección General de Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) puedan presenciar el debate y que la madre y el padre del Bocha, Alejandra y Jorge, puedan declarar para contar quién fue el Bocha y como parte del proceso de reparación del daño que todo juicio busca. Yamil Castro Bianchi, defensor del ex prefecto Díaz Guevara se negó, aduciendo que sus intervenciones no podían hacer más que aportes subjetivos. Esta oposición fue acompañada por la mayoría de los abogados defensores. Sin embargo, el juez Báez dio lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, razón por la cual Jorge Rego y Alejandra podrán ser parte del debate y declarar como testigos de concepto.  Mientras tanto en las puertas de Tribunales Las familias de las víctimas del gatillo fácil saben lo importante que es estar, acompañar y unirse en estos momentos, a pesar de la virtualidad en la que transcurrió la primera audiencia del juicio, madres, padres y amigxs irrumpieron en la calle del Tribunal para exigir justicia por el Bocha.  La convocatoria inició a las 9 de la mañana en Talcahuano 550, allí estaban los amigos y la ex pareja del Bocha. Desde temprano habían desplegado un pasacalle con el escudo de Huracán “Bocha siempre presente”. A medida que llegaban las familias, el muro de vallas que separa a la Justicia de las calles se iba llenando de banderas y volantes con los propósitos del encuentro.  En el micrófono abierto hablaron familiares de las víctimas y también familias de las personas privadas de su libertad, que se encuentran acampando en la plaza del Tribunal desde hace un mes. Una de las madres, Inés Alderete, sintetizó el encuentro entre ambos reclamos: “Es tan simple lo que pedimos, queremos que dejen de matar a nuestros hijos”. Jorge Rego, padre de Cristopher, llegó tras el intermedio que debió tomar la audiencia por fallas en la conexión de uno de los imputados. Luego de agradecer el aguante en las calles, fue contundente con el pedido: “Si tenemos jueces que correspondan, Pablo Brites tendría que tener perpetua sí o sí”. Y agregó: “Yo creo que las fuerzas de

Jorge Farfán, padre de Jorge “Gury” Farfán fue entrevistado por el programa radial Oíd Mortales. Allí contó cómo, a dos años del asesinato de su hijo a manos de la policía de Salta, no han tenido respuestas a sus reclamos de justicia. También detalló la impunidad de parte de la policía y la justicia. Denunció al Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, y remarcó las similitudes del caso de su hijo con el de Luciano Arruga. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió/ Cristina Varela ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: La Izquierda Diario Cuenta Jorge Farfán que su hijo fue asesinado el 8 de febrero de 2019 en un hecho que sigue impune y acusa al Estado de encubrir deliberadamente a los asesinos. “En el 2019 hubo una serie de asesinatos sistemáticos, donde la policía de Salta asesinó al ‘Gury’, que tenía 24 años. Fue en manos de los policías Fadel, Guitián, Gómez y Morales. Acá en la provincia,  cuando un policía asesina a una persona pobre, el encubrimiento es sistemático entre jueces, fiscales, y hasta médicos corruptos que trabajan en el centro de investigaciones fiscal. Están alineados. En ese año, asesinaron a 6 personas, entre ellas a mi hijo. Fueron muertes a golpes, desfiguradas, donde la causa de muerte es realmente vergonzosa”, así comenzó el diálogo con Jorge Farfán. Versiones encontradas El papá del joven asesinado por la policía detalló cómo fueron los hechos: “Mi hijo fue al barrio San Ana a visitar a un primo. 3l tenía una riñonera con plata. Ahí le roban a mi hijo unas personas de ese barrio. Y la policía pasa de casualidad y ve cómo lo estaban golpeando, le estaban apuntando con un arma también. El tenía esa riñonera con plata porque estaba construyendo su casa. Cuando la policía pasa, le desaparece la plata, la riñonera que tenía, el celular. Resulta que después me entero por las versiones de los diarios, al otro día, porque yo estaba viajando, y a mí me comunicaron cuando ya había certificado mi familia que era mi hijo, que había entrado a robar en una casa, y en otra. De la noche a la mañana se transformó en ladrón y de repente terminó queriendo robar una bicicleta usada, pero en pantalón corto. Cuando él en realidad llegó a ese lugar con billetera, celular, gorra, camisa etc.”. Las sospechas de los familiares se acrecentaron con el informe del perito de parte que designaron para evacuar las dudas. Según el médico Marcos Cabezas, la muerte del joven se produjo por “traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax y traumatismo cerrado de abdomen”. Por esta situación Farfán padre efectuó un duro cuestionamiento a los médicos del Servicio de Medicina Legal del CIF, quienes determinaron que la causa de muerte de Farfán habría sido originada por “edema agudo de pulmón asociado al consumo de drogas”. Para Jorge Farfán, quienes le robaron a Gury son unos chicos usados políticamente como punteros políticos que trabajan en conjunto con la policía, y qué según él además pertenecen a unas familias que tomaron unos terrenos en el barrio.   Morir en la comisaría y la similitud con Luciano Arruga  “Se lo llevó la policía a golpes, nunca lo llevaron a un hospital. Mi hijo fallece dentro de la comisaría por la tortura (Comisaría 12 del barrio Santa Ana). Fue algo parecido a lo que le pasó a Luciano Arruga. Gracias a Mónica Alegre, la mamá de Luciano, que pudo llegar hasta acá para darnos un apoyo en esta lucha tan dura y solitaria en Salta. Porque la impunidad es terrible. La muerte, según el médico legista, está asociada al consumo, eso está en las declaraciones fiscales, sin embargo mi hijo no tenía droga en sangre. Yo llegué a eso porque tuve acceso a dos médicos forenses para hacer un informe de autopsia. Hoy en día la causa está cajoneada”, explicó.   Jorge continuó su relato realizando más denuncias: “Mueren los chicos por desnutrición y eso no sale en los medios, porque estos están cooptados por estos oligarcas. Son contados los pocos medios que por ahí aparecen en las manifestaciones multitudinarias que hacemos. Es una vergüenza el periodismo acá. Nadie quiere ir en contra el Estado. Nosotros formamos la primera Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de Salta para demostrarles a estos asesinos que el caso de Gury no fue un hecho aislado, sino que fue un asesinato sistemático” Farfán agregó que “Gury terminó el secundario y trabajaba. El estaba haciendo su casa. Estaba en pareja, y planeaban tener su familia, sus hijos”.  A dos años, marcha a la Casa de gobierno La primera semana de febrero, la familia y quienes acompañan la causa realizaron una marcha que terminó en la Casa de gobierno de la Provincia de Salta. Respecto a esto último el papá de Gury manifestó: “El anterior gobernador se encargó de cubrir el asesinato de nuestros hijos. El ladrón de Juan Manuel Urtubey, eso está comprobado, alambran los terrenos y los cerros y ya son los dueños. Y nadie les puede decir nada. El Gobernador pone a un Juez, a sus íntimos amigos en el poder, como hacen todos. Ahora está el Gobernador Gustavo Sáenz. Fuimos a ver si nos recibía en la casa de gobierno y nunca salió. Se cagan en el dolor de la gente. Salta está gobernada hace 35 años por dos o tres dinastías”, aseveró. 

El pasado domingo se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición forzada y asesinato de Luciano Arruga en manos de la policía y otros actores del Estado, el 31 de enero de 2009. Su cuerpo apareció cinco años después enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Compartimos la crónica de una jornada sin marcha, pero con muchos abrazos a través de la transmisión de radio y tv que realizaron Familiares y Amigos de Luciano Arruga desde el exdestacamento de Lomas del Mirador donde el joven fue torturado, ahora convertido en espacio de memoria y acción. (Por La Retaguardia) ✍️ Crónica: Rodrigo Ferreiro 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Daniel Calabrese Por primera vez en mucho tiempo, el 31 de enero llueve. El cielo está gris, plomizo, hace frío. Un peque corre por el pasto, desafiando a la garúa que comienza a caer. Tiene una remera blanca, mangas cortas, y una sonrisa de oreja a oreja. Va y viene por el jardín plagado de paltas, bananas y árboles. Un adulto lo mira a los ojos, se lleva el dedo índice de la mano izquierda a sus labios y pide silencio, en el cuarto donde finaliza la huerta hay radio. El pibe lo mira, cambia el rumbo pero no la canción que entona, a viva voz: “Nunca seré policía, de provincia y de capitaaaal”.  Luciano Arruga desapareció hace 12 años, pero en ese gesto irreverente del niño vuelve, se hace carne, es eterno en el Espacio recuperado del oeste que lleva su nombre. Es presente. Es futuro, también, por prepotencia y provocación.  La radio comienza puntual como cita inglesa. A las 15, la voz de Rosaura Barletta comanda la actividad principal de un domingo extraño, donde sobran barbijos y falta pavimento. El Espacio Luciano Arruga, exdestacamento de Lomas del Mirador donde Luciano Arruga fue torturado en 2008, acoge la primera entrevista de la tarde, a Martina Noailles y Antonella Álvarez, periodistas de los medios alternativos Sur Capitalino y Revoluciones.Net. Ambas resaltan la importancia de los medios no tradicionales en la cobertura de casos de represión estatal. Tienen experiencia reciente: Martina en el caso Chocobar y Antonella en la Masacre de Pergamino. Minutos más tarde, y luego de escuchar la voz grabada de Cristina Castro y Leandro Aparicio sobre la desaparición y el asesinato a manos de la Policía bonaerense de Facundo Astudillo Castro; Fermín Martínez y Nadia París copan la escena para contar lo que sucede en el sur del país, en el juicio Escuelita 2, sobre Centros Clandestinos en la última dictadura. La dureza del tema se endulza al final, arrancando las primeras carcajadas de la jornada: se cuela Lifko, el hijo de Nadia y Fermín, y el meet que conecta Buenos Aires con Neuquén se convierte en un analgésico para lo que resta de la transmisión.  Mientras afuera del improvisado estudio radial se cuelgan banderas que recuerdan momentos pasados y banners rememorando diferentes casos de represión estatal, los audios sobre Santiago Almirón, víctima de una causa armada por la policía, y la China Cuellar, mujer asesinada en prisión y recordada por su padre, Alberto, Oscar Castelnovo, Adolfo Pérez Esquivel y compañeras del penal, ocupan la escena. Finalizado este difícil momento, Matías Bregante, uno de los integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y co conductor de la radio, prepara la técnica para que Flavia Piraino dedique una adaptación del tango Naranjo en Flor a Luciano. Flavia protagoniza uno de los momentos más emotivos de la jornada, provocando lágrimas en los ojos y el abrazo profundo y sentido de Vanesa, la hermana de Luciano. Todo queda registrado en la transmisión audiovisual, supervisada hasta el mínimo detalle por Camilo Romano, otro integrante del colectivo.  Llegando a las cuatro de la tarde, y con una hora de transmisión encima, la pieza radial preparada para recordar el caso de la desaparición de Johana Ramallo se hace presente en el éter, en la voz de su mamá, Marta. Es el preludio para una de las entrevistas más extensas de la transmisión: al abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Tomás Griffa. Vanesa y Mónica, hermana y madre de Luciano, participan de una entrevista que, pese a contar con algunos inconvenientes técnicos surfeados impecablemente por Natacha Bianchi, la operadora radial y también integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, deja en claro el proceso de Jury de Enjuiciamiento hacia el juez Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín.  Afuera, el sol se asoma, para luego dar paso a la lluvia. Así, una y otra vez. Hay empanadas y tortas para hacerle frente a un estómago que poco a poco comienza a pasar factura del tiempo transcurrido. No hay muchas personas en el Espacio, lo que da cuenta de que el mensaje de cuidado de la familia, replicado en redes sociales, surtió efecto. Los vasos de vidrio tallados preparados especialmente por Celeste, otra integrante del colectivo, se van llenando de agua, y la transmisión prosigue. Llega el momento para Karina Olivares, maestra y secretaria de Derechos Humanos del gremio Ademys. Karina habla acerca de la importancia de tratar el tema de represión estatal en las escuelas, las resistencias que aparecen y el trabajo que tienen los sindicatos para preparar material. Promedian las siete de la tarde. El tiempo se ajusta, y solo restan dos temas antes del cierre: Pandemia en los barrios, un completo informe preparado por Nazareno Roviello, periodista del portal Posdata; y la entrevista con las fotoperiodistas Lidia Barán, de Ancap y La obrera, y Agustina Salinas, de Cítrica, acerca de la cobertura en la represión en Guernica. Alrededor de las siete y media todo está preparado para el bloque final: Vanesa, Mónica y Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH).  Pablo Pimentel fue el primer referente de derechos humanos en hacerle un lugar al reclamo de la familia de Luciano. Y comienza con ese dato, el recuerdo de la llegada de Vanesa a la APDH La Matanza, poco más de

Este domingo 31 de enero se cumplen 12 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga, cuyo cuerpo fue encontrado 5 años y 8 meses después en el cementerio de la Chacarita, enterrado como NN. Como dice su mamá, Mónica Alegre, Luciano fue un negrito villero que se negó a robar para la policía. Tenía 16 años cuando lo desaparecieron. Meses antes, había sido torturado en el destacamento de Lomas del Mirador —hoy el Espacio Luciano Arruga—, hecho por el que el policía Diego Torales, es el único condenado. Los policías que estaban el día de su desaparición ni siquiera están procesados. Tampoco parece haber responsables políticos. En el programa radial La Retaguardia, Mónica Alegre contó cómo espera este nuevo aniversario, con jornada virtual y transmisión de Radio Zona Libre a las 15 desde el Espacio, y compartió algunas de las anécdotas con su hijo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia —Si un día yo no estoy, te pido por favor que me cuides a mi hermana. Prometeme que lo vas a hacer y que nunca la vas a dejar sola —le dijo Luciano Arruga a su madre. —Dejá de hablar, ¿a dónde te vas a ir? —No sé, mamá. Un día me voy a otro país, no puedo venir más y no la voy a poder cuidar. Te pido que la cuides. Cuidame a mi hermana, por favor. Entonces yo me voy a poder ir tranquilo. Mónica recreó así cómo fue la última conversación que tuvo con su hijo. Su voz es inconfundible. Casi que no haría falta presentación. Mónica Alegre habla de su hijo, Luciano Arruga, e inmediatamente se la nota llena de orgullo, de fuerza. Esa fortaleza que, admite, no siempre tuvo, pero que transmite cada vez que presta su voz para hablar de Luciano y de los pibes y las pibas asesinadas por la policía. Porque estas Madres que se unen en el dolor, en la pérdida, pero también en la lucha constante y en el grito incansable de justicia, no lo hacen solo por sus historias. Lo hacen por todos los pibes y las pibas víctimas del gatillo fácil, asesinadas en comisarías o desaparecidas por el Estado. Mónica es un claro ejemplo de esa solidaridad contagiosa que tienen estas madres compañeras. Por eso, dice que este 31 de enero, en medio de la pandemia, quien quiera recordar a Luciano lo haga de la manera que pueda y reivindicando a cada uno y cada una de esos jóvenes: “Este año es atípico por el contexto de pandemia. Se decidió no hacer marcha ni festival para cuidar y preservar la vida de los que vienen de tan lejos, de todas las provincias. Tampoco vamos a arriesgarlos a que se lleven una enfermedad de acá. Se va a recordar a Luciano con una radio abierta, se harán pintadas. No estamos convocando a la gente, pero sí yo les invito que el que quiera recordar a Luciano, cada uno desde su lugar, haga una actividad con sus precauciones, recordando a sus pibes porque lamentablemente en todas las provincias y en todos los lugares hay un pibe desaparecido, un pibe víctima de gatillo fácil, una piba desaparecida. El mejor homenaje que se le puede hacer a Luciano el 31 es recordar a sus pibes: recordar a Santiago (Maldonado), recordar a Facundo (Rivera Alegre), a Rafita (Nahuel), a Daniel Solano, recordar a todos y todas”, pidió.   Un pibe soñador y fánatico de River Es inevitable que el corazón de Moni no se estruje un poco cuando habla de su hijo. Sin embargo, comparte esas sensaciones con una calidez entrañable: “Yo lo recuerdo como era: un pibe de barrio, común. Un pibe que tenía sueños, tenía ilusiones. No le gustaba el estudio. Él simplemente quería terminar el secundario y regalarle el título a su hermana. Le gustaba tener amigos, jugar al fútbol en la plaza, descalzo, por el pancho y la coca. Soñaba con conocer lugares. Decía que me iba a llevar a muchos lados. Soñaba con conocer el mar. Decía que cuando sea grande iba a trabajar piola y me iba a hacer la casa linda, que no me iba a faltar nada. Era muy compañero conmigo. Soñaba con tener hijos y un sobrino. Amaba tener un sobrino. Se enojaba con su hermana, le decía ‘todos mis amigos tienen sobrinos y yo soy el único que no tengo, no sé qué estás esperando’. Vanesa se reía. Soñaba con ese sobrino que ahora está. Él decía que iba a tener hijos. Su primer hijo iba a ser varón y se iba a llamar Enzo Ramón. Soñaba con conocer la cancha y a sus idolos, Enzo Francescoli y Ramón Díaz. Soñaba con estar en esa tribuna”, ilustró Móni los deseos de un pibe de 16 años. “Blanco fácil” Como a muchos pibes y pibas del barrio, a Luciano lo fue a buscar la policía para que robara para ellos, en el intento por aprovechar su vulnerabilidad social. Él se negó, lo compartió con su familia y desde ese momento fue perseguido, hostigado y amedrentado por quienes después terminaron por desaparecerlo: “En ese momento nuestra situación no era la mejor. Yo recién venía al barrio. No tenía trabajo y no estábamos bien. Luciano era un blanco fácil. Era el momento del auge de la policía regenteando a los pibes. La mayoría de los pibes trabajaban para la policía. Tenía 16 años, era inimputable. Le ofrecieron el trabajo, pero gracias a que Luciano siempre tuvo la palabra sensata de su hermana, dijo que no. Siempre demostró otras cosas por qué luchar. Él dijo que no y eso fue marcar su sentencia de muerte. Poco tiempo después lo llevaron detenido, lo amenazaron, lo hostigaron. Lo golpearon y lastimaron física y psicológicamente. Cuando yo lo saqué a Luciano ya no fue el mismo. Sabía que tenía los días contados y yo no me di cuenta. Esto fue

María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dio algunos detalles del informe anual sobre la represión estatal. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, compartió datos de los últimos casos y mencionó el crecimiento exponencial de las muertes en lugares de detención. La presentación fue solo con la presencia familiares en el Auditorio de ATE y se transmitió por los propios canales de la organización. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales/Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia “Es un informe que este año viene con algunas particularidades. Empecemos por el hecho de que, por primera vez en 25 años, no vamos a estar en Plaza de Mayo haciendo la presentación con el acto habitual, sino que lo vamos a estar realizando en el anfiteatro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) a quienes agradecemos que nos cedieron el espacio. Teniendo todas las posibilidades de respetar los protocolos de cuidado y de poder transmitir con calidad a través de nuestro Canal de YouTube y las demás redes. Y con la sola presencia de las verdaderas protagonistas de esta historia que son los y las familiares víctimas de la represión estatal, que en su mayoría forman parte de grupos de riesgo y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el traslado y en garantizar esos protocolos de cuidado durante la transmisión”, comenzó explicando la abogada María del Carmen Verdú en esta charla sostenida días antes de la presentación.   Un informe partido en dos  “Más allá de las formas, este será un informe raro. Porque este año es necesario contemplar dos etapas: hasta y después del 20 de marzo. De hecho, hemos tenido que duplicar el trabajo de gráficos y de tablas en relación a las distintas modalidades, las incidencias de las distintas fuerzas; es decir, todas las variables que habitualmente trabajamos. Porque a partir de la aplicación del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y de todas la decisiones que se tomaron desde el 20 de marzo con el Decreto 297 seguido además por todas las demás provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de facultades a las fuerzas policiales para garantizar ese cumplimiento en detrimento de las medidas sociales que hubiesen ayudado de manera mucho más eficaz, generaron una situación anómala en materia represiva”, planteó Verdú. La referenta recordó que desde CORREPI creían que con la pandemia y la disminución de circulación de personas en la vía pública iba a ser un año de descenso del gatillo fácil. No por falta de balas policiales, dijo, pero sí por escasez de blanco móvil. “Eso no terminó pasando, tenemos un montón de casos registrados”, remarcó.  “Por el otro lado, aparece un crecimiento de las muertes en lugares de detención, mucho más encima de la media habitual, llegando al 65% del total de casos que es también consecuencia directa de las medidas que se tomaron o no, en la relación a los cuidados en la pandemia”, detalló. Antes y durante la pandemia “El 10 de diciembre del 2019 terminó lo que habíamos denominado un periodo excepcional en materia de represión con índices nunca antes vistos: una muerte cada 19 horas. Algo inédito en estos 30 y pico de años post-dictadura y que además venía acompañado de todo un reforzamiento de una modificación estructural de la lógica de las fuerzas, los protocolos Bullrich, etcétera. En ese marco, hemos señalado desde el primer momento de la actual gestión hubo algunas señales que aunque incompletas e insuficientes, eran auspiciosas y  progresivas, como la derogación de seis de los protocolos Bullrich, la suspensión del uso de las (pistolas eléctricas) Taser, del protocolo que habilitaba a disparar a las personas por la espalda aunque estuviesen desarmadas, el protocolo para detención de personas del colectivo LGBT, o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), etcétera”, manifestó Verdú.  Pero registran un cambio a partir de las medidas tomadas por la pandemia: “Ahora, el 20 de marzo, eso dejó ocurrir y se tomaron decisiones en sentido contrario. Empezaron a tener preeminencia en las decisiones de gobierno alternativas más de la cara de (Sergio) Berni o de la cara de (Sergio) Massa, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo que desalojaban a sangre y fuego en Guernica, destinaban 38 mil millones de pesos a la construcción de comisarías, cárceles y compra de pertrechos para la Bonaerense ¿Cuántas viviendas populares se podrían haber construido con esa plata?”, aseveró. ASPO: militarización de los barrios populares y represión en las cárceles La integrante de CORREPI destacó que frente a una decisión correcta desde el punto de vista sanitario como el ASPO, algunos sectores de la sociedad pudieron quedarse en su casa como pedía el gobierno, pero otros no podían hacerlo: “Para ese momento el 40% y hoy mucho más que ese porcentaje de personas precarizadas laboralmente, gente súper explotada, cuentapropistas, desocupados, subocupados, y como siempre los bolsones más vulnerables como el colectivo trans  -travesti, o las personas que viven en lo que el Gobierno llama barrios populares y que hay que decirles con todas las letras villas, había una disyuntiva feroz: o cumplo el ASPO y me cuido del virus, no como y me muero yo y mi familia de hambre; o trato de ver de qué manera puedo salir a hacer la diaria y me expongo al virus y también a la represión”, precisó.   “Frente a esa situación, lo que se hizo fue insuficiente desde el punto de vista de las medidas sociales. O sea, muy bien el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero no llegó a todo el mundo y encima ahora lo cortaron, y lo mismo para el resto de las medidas. Está muy bien el decreto que suspendió los desalojos, pero qué pasa con quienes no tienen

En una nueva audiencia del juicio, la madre de Juan Pablo Kukoc declaró en contra del policía que asesinó a su hijo en el barrio de La Boca. Mañana miércoles, y a muy poco de que se cumplan 3 años del homicidio, se realizará la inspección ocular en el lugar donde sucedieron los hechos. Por Colectivo de Medios Populares* Familiares que se nuclean en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil se congregaron el pasado miércoles en las puertas de Tribunales de Comodoro Py en apoyo a la familia de Juan Pablo Kukoc, un joven asesinado por la espalda por Luis Chocobar. Allí se llevó adelante la cuarta audiencia del juicio al policía, quien asesinó al joven en diciembre del 2017 luego de que este cometiera un asalto en el que resultó gravemente herido un turista estadounidense. La madre del joven, Ivone Kukoc, antes de iniciar su declaración, conversó con las madres de otros pibes asesinados. Fue así que respondió a la justificación previa del policía que aseguró haber cumplido con su “deber”. “Dice que fue su deber. Eso le quiero preguntar al juez, si el deber de los policías es matar y dejar tirado así como lo dejó a Pablo”, arremetió Ivone. Y agregó: “Con la cabeza en alto pido justicia y que el juez me aclare qué pasó con mi hijo y que haya un castigo para ese policía que es un asesino (…) No quiso responder las preguntas que le hizo mi abogado. Solamente declaró que él cumplía con su deber. Él sabe cuál es la verdad, él sabe que lo mató, que tiró a matar”. La jornada tanto dentro como fuera del recinto estuvo marcada por el sentir de las familias, con cánticos y pancartas recordaron a quienes murieron bajo el ilegítimo accionar policial y expresaron su repudio. En la calle un cordón de la Policía de la Ciudad separaba a quienes acompañaron el reclamo de justicia por Kukoc de un grupo “autoconvocado” que exige el sobreseimiento de Chocobar. Este último grupo, en las primeras audiencias contó con la presencia de Mariano Díaz, ex capitán del Grupo Halcón, sumariado en 2014 y reconocido vocero de los levantamientos sediciosos de la Policía bonaerense en septiembre de este año. En cuanto a la declaración, el abogado de la familia Kukoc, Pablo Rovatti, aseguró que el testimonio de Ivone fue “muy duro, muy sentido y doloroso”. “Declaró durante alrededor de una hora, y debió ser interrumpido durante algunos minutos”, expresó el abogado respecto al pedido de la madre que no pudo contener el llanto. Tras su participación, Ivone se comunicó nuevamente con las familias que por altavoz pudieron escuchar sus palabras. “Gracias a ustedes que estuvieron ahí dándome fuerza, pude contestar todo con la verdad, porque hay una sola verdad: el policía le disparó a mi hijo por la espalda (…) Yo no estoy pidiendo que lo maten como hicieron con mi hijo. Como él tiene la oportunidad de ser juzgado, que le den un castigo”, finalizó. El tribunal decidió continuar la próxima instancia este miércoles 11 de noviembre en el barrio de La Boca, para realizar una inspección ocular en Garibaldi y Olavarría, donde ocurrió el robo en el que fue herido el turista, y en Suárez e Irala, a más de dos cuadras de allí, donde Chocobar le disparó a Pablo por la espalda. Según comunicó Ivone Kukoc, espera estar en esta oportunidad, ya que su abogado, Pablo Rovatti, estaría tramitando el viaje de Salta a Buenos Aires para poder presenciar lo que resta del juicio. *La Retaguardia, Radio Gráfica, Radio Presente, FM Riachuelo, Revoluciones, Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, Revista Resistencias

Continúa el juicio contra el policía que asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc en diciembre de 2017. Mañana miércoles 4/11, le toca declarar a su mamá, Ivone, quien lo hará de modo virtual. Familiares de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil convocan a acompañarla desde las 8 hs en Comodoro Py.  Por Colectivo de Medios Populares (*) El miércoles pasado se llevó adelante la tercera audiencia de este juicio en el Tribunal Oral de Menores 2 de Comodoro Py, donde se les tomó declaración indagatoria al menor imputado y al policía Chocobar. Recordemos que mediante una decisión cuestionada por organismos de Derechos Humanos y la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, en esta oportunidad se juzga al mismo tiempo tanto al joven que presuntamente participó del robo en el que habría estado involucrado Juan Pablo Kukoc, como al policía que lo asesinó. Esto impide que los organismos puedan ingresar al juicio, lo mismo que los medios de comunicación, con la excusa de preservar la privacidad del menor.  En diálogo con el Colectivo de Medios Populares, Pablo Rovati, abogado de Ivone Kukoc en la querella en la que se acusa a Chocobar como autor del homicidio agravado de Juan Pablo, indicó que al menor de edad “se le realizó un interrogatorio de identificación, donde brinda sus datos personales y antecedentes de su vida, pero decidió no dar una declaración sobre los hechos que se le imputan”. A su vez, y aunque no estaba previsto que sucediera, “la defensa de Chocobar pidió que por lo menos le hicieran el interrogatorio de identificación, de manera que declaró sobre estos aspectos nada más, aspectos profesionales, de su vida y de su formación”. Es importante destacar que cuando la querella en representación de los intereses de la madre de la víctima “quiso profundizar un poco el interrogatorio sobre su formación como policía, su formación y entrenamiento en el uso de armas, el conocimiento de la ley que rige la actividad policial, rápidamente su defensa a cargo de los doctores Fernando Soto y Luis Cevasco, se opuso a que contestara esta línea de interrogatorio alegando una estrategia procesal”. De esta manera, al oponerse la defensa, cuando fue consultado por el presidente del tribunal “Chocobar dijo que no iba a contestar preguntas sobre esto ni sobre ninguna cuestión que tuviera que ver con los hechos, y así terminó su declaración”. “Lo único que señaló fue muy genéricamente que creía que había cumplido con su deber y con las leyes de la policía, cuando las partes le quisimos preguntar y ahondar en esto se negó a contestar pregunta”, agregó Rovati. En la próxima audiencia, que será mañana desde las 9 hs en Comodoro Py 2002, le tocará el turno de testimoniar a la madre de Juan Pablo, Ivone Kukoc, quien no podrá presentarse personalmente pues quedó varada en su provincia al desatarse la pandemia. Lo hará por lo tanto de modo virtual, y les familiares de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil convocan a acompañarla desde las 8 hs en las puertas del tribunal. *La Retaguardia, Radio Gráfica, Radio Presente, FM Riachuelo, Revoluciones, Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino.

El Tribunal Oral de Menores 2 rechazó esta mañana el planteo de la defensa del policía Luis Chocobar que buscaba suspender el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. En las puertas de Comodoro Py, madres de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil acompañaron a la familia y amigues de Juan Pablo Kukoc.  Por Colectivo de Medios Populares (*) 📷 Foto de portada: Juan Manuel Ciucci La segunda jornada del juicio oral que juzga al policía Luis Chocobar, acusado de haber matado en 2017 al joven de 17 años, fue breve. Los jueces sólo notificaron a las partes de su decisión de rechazar el pedido de la defensa que en la primera audiencia volvió a insistir con un juicio por jurados.  “Estamos felices porque el juicio va a seguir en pie. Gracias a Dios por todo el apoyo que nos dieron los familiares que son los que nos ayudan a nosotros a seguir en pie con este juicio. Espero que se haga justicia, que es lo que venimos a pedir todos los familiares”, expresó Belén, la hermana de Juan Pablo, en la vereda del Tribunal donde desde temprano esperaban la decisión de los jueces.  Desde Salta y por teléfono, Ivone la mamá de Juan Pablo, agradeció a quienes se acercaron hoy a acompañar a la familia y pidió que se haga justicia por su hijo “porque lo mataron a quemarropa, podría haberlo detenido y nosotros podríamos verlo en la cárcel, no en un cementerio”.  “En este sistema injusto jamás vamos a tener justicia, pero se la tenemos que arrancar y tenemos que seguir en la calle no sólo por Pablo sino por todos los pibes asesinados por gatillo fácil: a Pablo lo asesinó Chocobar y el Estado es responsable”, agregó Emilia Vasallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta, un chico de 17 años que recibió un disparo del policía bonaerense Diego Tolaba en 2013, y una de los motores de la Marcha Nacional.   Además de Emilia, con las imágenes y las remeras que recuerdan a sus hijos asesinados se movilizaron otras madres como Angélica, quien en julio de 2009 perdió a Jonathan “Kiki” Lezcano de tan sólo 18 años. “Estamos acá, a pesar de la pandemia porque nos matan a nuestros hijos. Hoy estoy acá por Chocobar, para que no sea injusto como lo que hicieron con Santiago Veyga el asesino de mi hijo, que está en la calle y ahí está matando… Hoy más convencida que nunca, estoy de pie, puedo decir justicia por todos los pibes asesinados por gatillo fácil, justicia por esas chicas que se las llevaron y nunca más volvieron, justicia por el hambre que estamos pasando en nuestros barrios, justicia para la igualdad”. Muy cerquita, policía mediante, un pequeño grupo de personas se manifestaron en apoyo al policía que mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc aquel diciembre de 2017 y que fue recibido por el ex presidente Mauricio Macri. Entre los manifestantes que tocaban cacerolas con la Marcha de las Malvinas como música de fondo, se encontraban oficiales y policías retirados que también fueron parte de las protestas que exigían aumento salarial. Como Mariano Díaz, ex suboficial del Grupo Halcón, separado de la fuerza por intento de sedición en 2014.  El juicio continuará el próximo miércoles al mediodía y está prevista la declaración –si es su intención declarar- del chico menor de edad acusado de haber participado del asalto al turista estadounidense. Luego será el turno de la indagatoria de Chocobar. (*) Sur Capitalino, La Retaguardia, Radio Gráfica, Radio Presente, FM Riachuelo, Revoluciones, Agencia Paco Urondo.

A casi tres años del asesinato de Juan Pablo Kukoc, comienza mañana el juicio oral y reservado contra el policía bonaerense Luis Oscar Chocobar, que en 2017 en el barrio de La Boca disparó por la espalda contra el adolescente y lo fusiló con su arma reglamentaria. El debate se desarrollará por videoconferencia, en el Tribunal Oral de Menores Nº2, presidido por Fernando Eugenio Pisano e integrado por los jueces vocales Jorge Ariel María Polo y Adolfo Calvete. La decisión de juicio reservado, a puertas cerradas sin público, es para preservar las garantías del menor involucrado en el asalto al turista estadounidense. La Justicia entendió que un hecho desencadenó el otro y por eso el menor y Chocobar deben ser juzgados en el mismo proceso pero con distinta imputación. Esto impide que se pueda presenciar el juicio para saber desde adentro qué pasa en el debate: cuáles son las pruebas y en qué condiciones se presentan, cómo intenta la defensa justificar el brutal accionar del policía Chocobar y qué actitud tiene el tribunal. (Por Colectivo de Medios Populares*) La fecha de inicio estaba prevista para el 15 de abril pero fue suspendida por el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus. El abogado de Chocobar se opuso a la modalidad virtual por considerar que afecta el ejercicio del derecho a defensa, que tampoco permite percibir los gestos y movimientos para orientar las preguntas, más las limitaciones para la exposición de pruebas: “La modalidad remota del debate conculcaría de manera inexorable los principios de oralidad e inmediación en tanto resultan parte integrante de la garantía del debido proceso y del derecho de la defensa en juicio.”, sostuvo Fernando Soto en su oposición. Además, insistió en que aún no fueron resueltos los recursos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema, para que Chocobar sea juzgado por un jurado popular. E informó que su defendido “no cuenta con los recursos necesarios para poder acceder a internet con los requisitos y tiempo necesario de conexión que demandarán las largas jornadas del juicio”. Pero el pedido fue rechazado: “Las alegaciones defensistas enunciadas sin orden sistemático y hasta conjeturales; no han demostrado a nuestro criterio la naturaleza del error o inobservancia de los principios reclamados cuyo contenido además parece confundir. En ese sentido creemos que la confusión más importante se suscita en torno al principio de inmediación”, respondió el Tribunal a la defensa de Chocobar que exigía la presencia física de las partes y de los jueces durante el debate. Hecho que fundamentan innecesario por interpretar que la modalidad remota no resulta un impedimento mientras los sistemas informáticos que proveen para el funcionamiento de la justicia, garanticen la presencia de un mismo juez que examine todo el proceso, las pruebas presentadas y dicte una sentencia. Además de posibilitar a las partes presenciar, interpelar y evaluar la validez de las pruebas que se analicen en el juicio.  “El derecho del imputado a presenciar la producción de la prueba y a interrogar personalmente o por intermedio de sus abogados a los testigos de cargo, no exige como única forma de materialización la presencia física de éstos durante las audiencias del debate oral, desechándose sin más su intermediación a través de medios tecnológicos. Por el contrario, nada obsta a que tales derechos y garantías sean ejercidos satisfactoriamente de manera remota tanto por el imputado como por su defensa mediante un sistema de video conferencia apropiado. -entienden los jueces del TOM 2- Tampoco tendrá favorable acogida la pretendida disminución de la capacidad de observación en el recinto de los gestos, movimientos o posturas corporales y tono de voz de quienes tengan manifestarse durante el debate oral”.  De todos modos, la dinámica será semi presencial ya que las partes podrán solicitar con antelación audiencias excepcionales para la declaración de testigos, que no podrán superar el máximo de ocho personas presentes en la sala. “Chocobar podrá ser oído para efectuar su eventual descargo bajo cualquiera de esas modalidades presencial o remota, con total seguridad para su salud y la de terceros, garantizando asimismo la salvaguarda de sus derechos. Así las cosas, entendemos que están dadas las condiciones indispensables para comenzar el debate oral y reservado a llevarse a cabo de forma semi presencial, cuya tramitación no admite más demora”, concluyó el Tribunal. La querella por el asesinato de Juan Pablo está a cargo de Pablo Rovatti y Sebastián Davita del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, de la Defensoría General de la Nación, que representan a Ivón Kukoc, mamá de Juan Pablo. Esta parte pidió que Chocobar sea juzgado por “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza policial con abuso de sus funciones”, delito que tiene prevista la pena de prisión perpetua. La Fiscalía General de Menores, parte acusadora a cargo de Susana Pernas, consideró que Chocobar es responsable, pero aplicó una calificación más leve: “homicidio cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber”, que tiene un máximo de 5 años de prisión.  Luis Chocobar volvió a trabajar como policía municipal el 22 de agosto de 2018. Hace pocas semanas se conoció que realizaba horas adicionales en el Hospital Melo de la localidad de Lanús, cuyo intendente adscribe al espacio político desde donde se defiende el accionar del policía, a pesar de estar procesado y a punto de enfrentar un juicio oral. La seccional Lanús de ATE repudió este hecho con un comunicado donde expresaron: “ATE Lanús se une al repudio expresado por los trabajadores y dice NO a la presencia de Chocobar en el Hospitall Melo”. Chocobar debió ser reubicado. El futuro de su función policial dependerá del resultado de este juicio oral. *La Retaguardia, Radio Gráfica, Radio Presente, FM Riachuelo, Revoluciones, Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino