gatillo fácil
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Luego de la balacera que provocó la muerte de Diego Cagliero, tres uniformados y un cuarto policía con ropas de civil, subieron a la parte trasera de la camioneta en la que el joven iba con sus amigos. Esto se produjo cuando todavía estaba allí el cuerpo de la víctima y antes de que llegara la Policía Científica. En un video proyectado en el juicio oral, se vio al policía de civil dando indicaciones y manipulando “algo” que llevaba en la cintura. Esto sería clave para confirmar que la policía “plantó” dos armas —un revólver marca Bersa y una pistola de aire comprimido— para argumentar la fábula del “enfrentamiento” y ocultar un típico caso de “gatillo fácil”. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Lo curioso es que el dato que ratificaría la maniobra policial, salió a la luz cuando uno de los abogados defensores intentaba demostrar que la parte acusadora había ignorado la existencia de una foto en la cual Cagliero, ya fallecido, aparecería “con un arma debajo del cuerpo y otra tirada en el piso”. El abogado defensor Fernando Lagares sostuvo que la foto fue tomada por Rosa Sofía Herrera, quien participó en el operativo en el cual fue asesinado Cagliero. El defensor introdujo el tema cuando Herrera declaraba como testigo en el juicio, sin hacer mención a la foto, que había sido sacada por ella misma.Lagares le señaló a la testigo su “omisión”, leyéndole lo que había dicho al prestar testimonio en la etapa de instrucción de la causa. La testigo aseguró, ante preguntas del defensor, que la Fiscalía “nunca se interesó por incorporar la foto” al expediente. Antes, para convencer a los jurados populares de la supuesta gravedad del “robo al supermercado” que dio lugar a la persecución de la camioneta Ducato, la testigo señaló que en el mensaje difundido a todos los móviles se decía que los autores del hecho eran “siete u ocho masculinos fuertemente armados”. El contragolpe estuvo a cargo de los abogados Fernando Sicilia, Iván Koffman y Emiliano Montini, quienes representan a los padres de Diego Cagliero. Le mostraron el video a Herrera y le preguntaron si podía reconocer a algunos de los policías que subieron a la camioneta antes de que llegara la Policía Científica. La testigo dijo que no reconocía a nadie, pero quedó en evidencia al reconocer que había subido a la camioneta para hacer las fotos, luego de que lo hicieron los cuatro policías no identificados. Antes de la intervención de Lagares dijo que no había subido a la Ducato. Luego prestó testimonio Elizabeth Rojas, quien el 19 de mayo de 2019, cuando fue asesinado Diego Cagliero, había participado en la persecución como compañera del subinspector Sergio Montenegro, acusado en la causa junto con el oficial Rodrigo Constatt. A los dos se los acusa de ser coautores de “homicidio agravado”. Entre los dos hicieron 13 disparos. Una bala disparada por Constatt fue la que mató a Cagliero, mientras que Montenegro hirió de gravedad a Mauro Tedesco. Elizabeth Rojas dijo que Montenegro bajó del móvil que compartían y que luego “lo perdió de vista”. Ella, en cambio, se quedó cerca del lugar donde quedó baleada la Ducato, sin intervenir en los hechos. Cuando le mostraron el mismo video en el que aparecen los cuatro policías que subieron a la Ducato, ella dijo que no podía identificar a nadie. Cuando le dijeron si era normal que un policía de civil interviniera en un hecho de tanta gravedad, dio una respuesta imprecisa, casi elusiva: “Desconozco”. Repitió lo mismo cuando le dijeron si podía reconocer al policía de civil que bajaba de la camioneta, moviendo las manos y dando indicaciones al resto de los efectivos presentes. También declararon como testigos, los policías Walter Martínez y Juan Pablo Lobaiza, que como todos los uniformados que prestaron testimonio, aseguraron que no hicieron disparos durante la persecución. “No hice disparos porque no había riesgo para mi seguridad”, señaló Lobaiza. En eso coincidieron también Herrera y Rojas. Los policías no vieron que llevaran armas los dos jóvenes que estaban en la cabina de la Ducato. Cuando el insistente Lagares le preguntó a Lobaiza si hubiera disparado en caso de ver un arma en poder de los jóvenes, sorprendió al abogado con su respuesta: “No lo sé”. En su declaración, la policía Rosa Sofía Herrera dijo que su compañero en el móvil era Martín Juárez, quien le comentó que “él había hecho un disparo”. La parte acusadora cree que hubo más de los 13 disparos admitidos por los policías. Y por supuesto, las pericias indican que las únicas balas disparadas eran de la policía.
Horacio Cagliero, el papá del joven asesinado por dos efectivos de la policía bonaerense, recordó que el día anterior a la muerte de Diego habían ido juntos al velatorio del “mejor amigo” de su hijo. “Después del sepelio lo dejé ir, porque quería ir a comer un asado con sus amigos. Lo tenía que haber subido al auto y llevarlo a casa. A los cuatro meses de su muerte nació su hijo, mi nieto, que no pudo conocer al padre”, declaró. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Carlos Rodríguez Lo último que hicieron juntos Horacio y Diego fue concurrir al velatorio y sepelio de Pablo Novaresco. “Era el mejor amigo de mi hijo y falleció el sábado, un día antes del asesinato de Diego”. Los padres del joven asesinado por la policía están separados y Diego, junto con su novia, estaban viviendo en la casa de Horacio. La joven tuvo un hijo de Diego “cuatro meses después” del trágico 19 de mayo de 2019. “No pudo conocer al padre”, señaló Horacio y su voz se quebró. El 19 de mayo, por la tarde, recibió un llamado de otro amigo de su hijo. “Me dijo que tenía que ir a la comisaría, pero que no me podía decir más. Lo primero que pensé fue ‘lo mataron a Diego’”. Julia, su pareja actual, se comunicó con el amigo y recibieron la confirmación. Cuando llegaron a la comisaría, una policía le dijo que su hijo se había “mandado una cagada”. El cuerpo de Diego ya estaba en la morgue. Les dio la mala noticia a Adriana, la mamá de Diego y a su hija menor. La mamá sufrió “un ataque de nervios”. A Horacio no le quedaron fuerzas “para avisarle a nadie más”.Afirmó que desde entonces no pudo hacer el duelo. “Mi hijo era músico, éramos los mejores amigos, él iba a ser papá”, dijo. Desde la muerte de Diego “nos metimos en esta lucha nuestra para que se haga justicia”. Durante 40 años, Horacio fue bombero, una institución que al principio pertenecía a la Policía Federal. Tanto el padre como el hijo, no habían terminado la escuela secundaria. “En 2007 nos recibimos los dos juntos, terminamos la secundaria juntos”, contó. Se sigue lamentando por “no haberme llevado a Diego a mi casa, en el auto, después del velatorio de su amigo, pero él quería ir a comer un asado con sus amigos y con algunos amigos del chico fallecido”. Recordó uno de sus últimos diálogos: “Me dijo que yo tenía mucha tos. ‘Si seguís así te vas a morir y no vas a conocer a tu nieto’”. Dijo que en el velatorio de su hijo hubo mucha gente: “Muchos hinchas de River, porque mi hijo trabajaba en una radio de River”. El abogado defensor Fernando Lagares, le hizo una pregunta malintencionada: “Hubo marchas de protesta frente al mercado de Martín Coronado, ¿usted participó de ellas?”. Horacio respondió que sí, que participó para “pedir justicia para Diego”.
La frase estuvo en boca del dueño del supermercado de Martín Coronado donde se produjeron los incidentes que derivaron en el asesinato de Diego Cagliero a manos de dos policías bonaerenses. El testigo sostuvo que no vio arma alguna en poder de Cagliero o de los siete amigos que lo acompañaban la tarde en que ocurrió el hecho. Los dichos fueron ratificados por un empleado de seguridad del comercio, quien aseguró que “ninguno tenía armas”. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Centro de Acción Cultural Diego Cagliero Lucas Carrasco y Roberto Alejandro Guerra, dueño y empleado del supermercado de Martín Coronado donde se produjeron los incidentes que derivaron en el asesinato de Diego Cagliero, fueron dos de los testigos que declararon en la segunda jornada del juicio oral que se realiza en los Tribunales de San Martín contra los dos policías involucrados. Un tercer testigo, el oficial Diego Reinaldo Torres, también puso en crisis la versión oficial que asegura que los policías imputados, el oficial Rodrigo Constatt y el subinspector Sergio Montenegro, provocaron la muerte de Cagliero e hirieron de gravedad a Mauro Tedesco, en el marco de un “tiroteo” con ocho jóvenes que tenían dos armas en su poder y que las usaron. El 19 de mayo de 2019, cuando ocurrió el hecho, el oficial Diego Reinaldo Torres era integrante del Comando de Patrullas de Tres de Febrero, al igual que los dos policías imputados. Torres participó en el operativo de búsqueda de la camioneta Ducato en la que iban los jóvenes, acusados de haberse llevado del supermercado algunas mercaderías sin pagar. Este testigo relató que él fue quien, con el móvil policial a su cargo, se cruzó en el camino de la Ducato, y se produjo un roce entre los dos vehículos. El encontronazo sucedió cuando el conductor de la camioneta intentó esquivar al móvil policial. Torres precisó que en ese momento escuchó “dos tandas de disparos”. Torres aclaró, de todos modos, que no vio ningún arma en la camioneta. Precisó también que no utilizó su arma reglamentaria por considerar que “no era el recurso adecuado para ese momento” dado que su vida “nunca estuvo en peligro”. Es importante lo dicho por Torres sobre las “dos tandas de disparos”. En la causa está probado que el oficial Constatt realizó diez disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales provocó la muerte de Cagliero. El subinspector Montenegro, por su parte, apretó tres veces el gatillo y con una de sus balas hirió de gravedad a Tedesco. Los dos policías están acusados de “homicidio agravado” y por “homicidio en grado de tentativa” de Tedesco y de los otros seis jóvenes. La balacera se produjo porque los amigos trataban de llevarse sin pagar algunas mercaderías. Al tema se refirió el primer testigo, Lucas Carrasco, dueño del supermercado de Martín Coronado. Ese día estaba en la caja, atendiendo a una clienta que le advirtió “te van a robar”, ni bien vio entrar al comercio a seis de los ocho amigos. La mayoría llevaba puestas camisetas de fútbol (River, Boca, Juventus), un dato que parece haber incentivado en la clienta el fantasma de la “inseguridad” que alimentan los medios masivos de comunicación. Carrasco llamó a su jefe de seguridad, para que observara los movimientos de los jóvenes a través de las cámaras de seguridad. Fue así que advirtió que uno de ellos ocultaba mercaderías debajo de sus ropas.Eso derivó en un conflicto entre Carrasco y Guerra, el encargado de seguridad, con los seis jóvenes, que ya habían salido del negocio y estaban en la camioneta Ducato. A pesar de todo, Carrasco aclaró que en ningún momento vio un arma en poder de los jóvenes. Guerra coincidió en afirmar que “ninguno tenía armas”. Los jóvenes devolvieron algunas de las mercaderías, pero como se llevaron otras, Carrasco los empezó a perseguir con su automóvil. Fue entonces que se cruzó con un móvil del Comando de Patrullas de Tres de Febrero. Allí comenzó la persecución policial, de la que participaron entre cinco y ocho patrulleros, según las distintas versiones de los testigos que declararon hasta ahora. Una frase de Carrasco pone de relieve la insensatez de una búsqueda salvaje. Dijo que se sorprendió cuando los policías volvieron al supermercado y le dijeron que tenía que ir a prestar declaración porque “habían tenido un tiroteo en el que había muerto una persona”. Cuando le preguntaron qué sintió al enterarse de lo sucedido, respondió: “Me sorprendí, porque no lo podía creer, en base a los hechos que sucedieron en el supermercado”. También declararon otros tres testigos: Analía Ibáñez, que era oficial de servicio de la Comisaría quinta de Eufrasio Álvarez, quien se hizo presente en el lugar de los hechos cuando comenzó la investigación; Juan Tripi, un motoquero convocado para ser testigo del procedimiento policial; y Gabriela Segundo, cabo de la Gendarmería, quien participó en las pericias. La oficial Ibáñez dijo que estuvo en el lugar del hecho, pero no ingresó a la camioneta Ducato. Señaló, sin embargo, que en el lugar los policías “secuestraron” dos armas, “un revolver marca Bersa y una pistola de aire comprimido”. En la causa se demostró que el revólver no fue usado. La Fiscalía y las querellas aseguran que esas armas fueron “plantadas por los policías” para apuntalar la versión oficial del “enfrentamiento”. El testigo Tripi, apenas señaló que vio una botella cerrada de vodka y un frasco con chimichurri, que serían las mercaderías no devueltas por los jóvenes que motivaron la persecución mortal. La cabo Gabriela Segundo mencionó la existencia de una pericia realizada al móvil policial en el que iba el testigo Diego Reinaldo Torres. Según dijo la cabo de Gendarmería, el vehículo policial presentaba golpes, producto del encontronazo con la camioneta Ducato, y un orificio producido aparentemente por un proyectil. Lo que no queda claro es si esa pericia intenta robustecer con una prueba “armada” la alicaída versión del “enfrentamiento” o si es el resultado de las dos “tandas de disparos” de la propia fuerza
Con la esperanza de lograr una condena a perpetua para los dos policías bonaerenses involucrados en el homicidio de su hijo, el padre y la madre de Diego Cagliero estuvieron hoy en la apertura del juicio oral en los Tribunales de San Martín. “Tenemos un descreimiento total en la Justicia, pero igual venimos luchando con la esperanza de que los dos imputados sean condenados”, dijeron Adriana García y Horacio Cagliero. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Carlos Rodríguez Con la esperanza de lograr una condena a perpetua para los dos policías bonaerenses involucrados en el homicidio de su hijo, los padres de Diego Cagliero estuvieron hoy en la apertura del juicio oral en los Tribunales de San Martín. “Tenemos un descreimiento total en la Justicia, pero igual venimos luchando con la esperanza de que los dos imputados sean condenados”, dijeron Adriana García y Horacio Cagliero. Antes de entrar a la audiencia, el padre y la madre de Diego recibieron el apoyo de centenares de personas que se concentraron durante más de diez horas frente al edificio de los Tribunales de San Martín, en Balbín al 1700 (ruta 8), para repudiar “el gatillo fácil policial” y para reclamar “que se condene a los asesinos de Diego Cagliero”. En el debate serán juzgados los policías Rodrigo César Exequiel Canstatt (26) y Sergio Darío Montenegro (34). A la desconfianza natural en el Poder Judicial, Adriana García y Horacio Cagliero sumaron en este caso sus “dudas sobre cómo funcionan los juicios por jurados populares”. Esa será la modalidad del proceso judicial por el asesinato de Diego, quien tenía 30 años cuando fue baleado sin razón alguna, junto con otros siete amigos, el 19 de mayo de 2019. Eran los años de la nefasta “doctrina Chocobar” impuesta por el gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Canstatt y Montenegro están acusados por los delitos de “homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de armas de fuego”. Canstatt disparó diez veces con su pistola reglamentaria contra la camioneta en la que iban Cagliero y otros siete jóvenes. Uno de los disparos fue el que provocó la muerte de Diego. Por su parte, Montenegro disparó tres veces. Por esa razón, el policía, además de ser considerado coautor de los hechos, debe responder en forma personal por la “tentativa de homicidio” de Mauro Tedesco, otro de los jóvenes que iba en la camioneta. El chico estuvo internado en grave estado luego de recibir un impacto de bala que partió del arma reglamentaria de Montenegro. La fiscal María Fernanda Billone, quien imputa a los policías por el homicidio de Cagliero y por la herida grave sufrida por Tedesco, también acusa a los dos por el “homicidio en grado de tentativa” en perjuicio de los jóvenes que salieron ilesos. Los dos policías llegaron al juicio en libertad. El proceso, en lo técnico-jurídico, estará a cargo del juez Marcelo José Machado, presidente del Tribunal Oral Criminal 1 de San Martín. Hoy fueron elegidos los 12 jurados populares —más 6 suplentes—, quienes serán los encargados de evaluar las pruebas que se presenten en el juicio y dar su veredicto. “Mi nieto hoy no tiene a su padre y eso duele todos los días”, señaló Adriana García, la mamá de Diego Cagliero. Ella y su esposo dialogaron con La Retaguardia en la puerta de los tribunales. El abogado de la familia, Fernando Sicilia, ratificó por su parte que ellos comparten el pedido de la Fiscalía por “homicidio agravado” contra los dos policías. De lograrse esa calificación en el juicio, los dos recibirían la pena de prisión perpetua. La persecución policial, que involucró a cinco patrulleros, se produjo luego de que los jóvenes tuvieran un entredicho con los empleados de un supermercado de Martín Coronado, en el partido de Tres de Febrero, donde ocurrieron los hechos. Algunos de los jóvenes fueron acusados de haber intentado llevarse sin pagar unas mercaderías de bajo costo. Por ese motivo, los empleados de seguridad del comercio llamaron al 911. Eso dio lugar a una persecución policial de la que participaron los ocupantes de cinco móviles de la fuerza de seguridad. Se comprobó que los únicos que dispararon fueron los dos policías que están imputados. Luego de asesinar sin razón a Diego Cagliero y de herir de gravedad a Mauro Tedesco, los policías intentaron, una vez más, practicar el viejo truco del “enfrentamiento”. Para eso “plantaron” armas en el vehículo en el que iban las víctimas, pero las pericias demostraron de manera fehaciente que ninguna fue disparada y que los únicos que apretaron el “gatillo fácil” fueron los policías.El abogado de la familia Cagliero anticipó que “los defensores van a decir que Diego estaba armado, pero las pericias realizadas son contundentes y demuestran que todos los disparos partieron de la comisión policial”. Lo insólito, dijo Sicilia, es que “a Diego le plantaron un arma de plástico. Todo fue una causa armada y lo vamos a demostrar”. En su momento, el expediente fue desdoblado en dos: por un lado, se investiga el supuesto “robo agravado en poblado y en banda” contra el supermercado, y por el otro el “homicidio agravado” que hoy llegó a juicio. Mientras los policías acusados de “homicidio agravado” están libres, por el supuesto robo fue detenido Ángel Bramajo, uno de los amigos que acompañaban a Diego Cagliero. Horacio, el padre del joven asesinado, recalcó ante una consulta de La Retaguardia, que “la causa que le armaron a Ángel es funcional al entramado que montaron para tratar de demostrar que hubo un enfrentamiento”. Agregó que “lo de Ángel es inexplicable, pero esperamos que en el juicio contra los asesinos de Diego salga a la luz toda la verdad”. El ensañamiento con Ángel Bramajo es tal que estuvo detenido más de dos años en cárceles bonaerenses y en comisarías. Hace poco tiempo le dieron el supuesto “beneficio” de la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica incluida. De ser verdad que se haya quedado con alguna mercadería que no
14 años después de su desaparición forzada seguida de muerte, sus Familiares y Amigxs realizaron una nueva jornada para recordarlo. Mientras el caso de Fernando Báez Sosa se acerca a la justicia con cobertura premium de los medios tradicionales, Luciano continúa ausente en sus agendas. Buscamos respuestas a la pregunta del título en la actividad del sábado pasado. Redacción: Fernando TebeleEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Bárbara Barros/La Retaguardia Este enero de 2023 se fue a los piques. En los medios de comunicación tradicionales el video del asesinato de Fernando Báez Sosa se repitió hasta más que el hartazgo, sin respeto alguno por la víctima y sus familiares. Los más rescatados difuminaron su rostro mientras lo molían a patadas; ese es el máximo de cuidado que, evidentemente, se puede esperar Este enero termina como todos los eneros desde hace 14: se recuerda a Luciano Arruga con alguna actividad armada por el grupo de Familiares y Amigxs. Cabe preguntarse entonces, este enero, por qué una causa como la de Fernando tiene la fortuna de obtener Justicia a ritmo razonable y cobertura total en los medios tradicionales. Y por supuesto, cabe también que nos preguntemos por qué Luciano no tiene juicio a la vista, ni imputados en la causa por su desaparición forzada seguida de muerte, ni espacio en esos medios, a excepción de la TV Pública (que siempre debería poder hacer algo más, pero al menos suele estar) y alguno que otro que cada tanto se acuerda y manda movilcito para dos minutos al aire, depende de cómo venga la movida partidaria y por ahí se le pueda tirar el muerto a algún enemigo ocasional que mañana volverá a ser amigo. Como toda pregunta compleja, es difícil que se responda con un solo motivo. En una recorrida por la jornada tal vez aparezcan algunas de esas respuestas. La primera quizá esté entre las figuras que Familiares y Amigxs de Luciano prepararon para la quema de este año. Para quienes nunca estuvieron en estos 14 años, el cierre es con la noche iluminándose con el fuego de una figuras de cartón que durante toda la jornada son paseadas si hay marcha; o permanecen en un lugar central, si es actividad en un lugar fijo como esta vez. Quienes participan esperan especialmente ese momento que se ha ido cargando con algo de mística. Entre las figuras de este año está el infaltable Daniel Scioli, gobernador de la Provincia al momento de la desaparición de Luciano, quien evitó abordar el tema públicamente durante su gestión; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, haciendo la V acompañada con la leyenda “Con V de violador”, a propósito de una denuncia realizada por una mujer que fue su asistente; hay pelotones de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de acción represiva contra las comunidades mapuche en el sur; y también están los 7 nombres desconocidos para casi todo el mundo, pero a quienes la familia de Luciano conoce demasiado bien: son los policías que estuvieron operativos aquella noche del 31 de enero en la que Luciano finalmente, se sabría después, fue asesinado. Damián Sotelo, Ariel Herrera, José Márquez, Hernán Zeilz, Martín Monte, Daniel Vázquez, Oscar Fecter y Néstor Díaz. Esos carteles echarán humo al final de la jornada. En muchas de las movidas el punto de cierre ha sido la plaza del Barrio 12 de octubre, la pequeña villa en la que vivía Luciano y en la que todavía vive parte de su familia. En esa porción de verde entre los ladrillos sin revoque, ocurre cada año la quema. Bien en el centro del mundo que Luciano habitó mientras se lo permitieron. Pero este año la actividad transcurre en Indart y San Martín. Hay unas diez cuadras de distancia. En ese andar entre la plaza de la villa y esa esquina céntrica de Lomas del Mirador, se pueden observar las diferencias sociales, que derivan en resentimientos mutuos difíciles de desandar. Esta vez estamos en el barrio de clase media (más en el estribo que con asiento en el bondi social), de casitas bajas, que tuvo miedo ante algunos robos y crímenes ocurridos en la zona. Un grupo de posiciones extremas, autodenominado VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador), consiguió lo que quería: un nuevo destacamento policial. El Estado alquiló una casa tradicional de la zona, en Indart 106. Esa nueva dependencia tenía como cabecera a la Comisaría Octava, donde en los años oscuros del último genocidio en Argentina funcionó un Centro Clandestino de Detención Torturas y Exterminio denominado “Sheraton”, porque en comparación con otros, el trato bestial se convertía en semibestial. Como si nada se supiera de aquellos años, algunas prácticas, de ciertos lugares, nunca se fueron; las comisarías de La Bonaerense y las cárceles continúan siendo centros de torturas. Los Vecinos en Alerta no se alteraron nunca por los gritos que solían salir desde el destacamento. En cambio, Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, lleva tatuados en sus oídos los gritos de Luciano en la tarde/noche del 22 de septiembre de 2008. Faltaban seis meses para que lo desaparecieran. Lo acusaban injustamente del robo de un reproductor mp3 a un joven de una escuela. “Sacame de acá Vane, que me están cagando a palos”. Vane lo sacó, junto a Mónica, su mamá, como pudieron y cuando pudieron. Por fortuna convenció a su hermano de ir a realizar una consulta médica por los dolores que tenía en el pecho. En una clínica de San Justo quedaron asentadas las heridas. Tras muchos años de lucha, con la comunicación popular como herramienta esencial, Familiares y Amigxs consiguieron la expropiación del lugar que hoy es un enclave cultural de nombre cantado: Espacio para la Memoria Luciano Arruga. Donde había golpes y torturas, ahora hay talleres y acciones culturales. Pavada de diferencia. Indart se pega de lleno contra la Avenida San Martín. Ese recorrido de casi 100 metros se puede seguir por un caminito que le escapa al agobio a través de un corredor de media sombra que
Nelson Santacruz, referente de La Poderosa en la villa 21-24 analizó el comienzo del 2023 en los barrios populares. Habló acerca de las problemáticas que el Estado sigue sin resolver en las villas y puntualizó los conflictos que llegan todos los años en el verano: el calor en condiciones de hacinamiento, el crecimiento de los casos de dengue, la falta de acceso al agua y los problemas eléctricos. Además remarcó la situación que viven en las villas de todo el país por el narcotráfico. Fue durante el programa Estás Muteadx. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Pedro Ramírez OteroEdición: Fernando TebeleFoto de portada: Maxi Failla La Poderosa nació en 2004 como organización y en 2010 como medio de comunicación con la revista de papel La Garganta Poderosa. Desde la comunicación y con el trabajo en los barrios, denuncian la negligencia por parte de la Justicia y el Estado para resolver los problemas estructurales de los barrios populares. “La hipocresía está en que mientras tienen a mujeres mapuche presas en Bariloche hace casi 100 días, esos mismos jueces, que cobran millones de pesos al mes de sueldo, hacen caso omiso a hechos tremendos como las dificultades para acceder a Lago Escondido, que fue ocupado nada menos que por un inglés”, planteó Nelson Santacruz, referente de La Poderosa en la Villa 21-24. A la vez, se refirió a las problemáticas de los barrios que la Justicia también omite, como “la represión y el gatillo fácil dirigido hacia la población joven de los barrios populares” de todo el país. “Correpi señala que desde la llegada de la democracia ya hay más de 8 mil casos de personas que son asesinadas por la represión estatal. Nuestra lectura política también está puesta ahí, está puesta en esta coyuntura que de alguna manera marca la agenda de nuestros territorios también”, agregó. Santacruz se refirió también al narcotráfico en las villas de todo el país, que no solo se limita a la venta de drogas, sino que tiene un poder cada vez mayor en los territorios. “El narcotráfico sigue avasallando ese mercado paralelo en nuestros barrios. Por un lado, en el entramado de las reventas que termina calando en la salud de los más jóvenes, que no pueden salir del consumo. Lo que ofrece el Estado no va a erradicar el problema, no termina de acompañar integralmente a nuestra juventud. Y, por otro lado, esta narcoestructura que en todo el país se expande más allá de las drogas, también en el manejo de las obras públicas internas en los barrios populares, el sistema de cable, de internet y lo que fuera, sin ningún control de los tres poderes del Estado. Hay como una especie de zona liberada para que el narcotráfico avance. Y cuando se habla de inseguridad, como ya sabemos, como nos acostumbran los medios hegemónicos, vemos y vamos a verlo ahora cuando empiecen las elecciones que van a hablar de los choreos de celulares y de las motos, que no está mal, pero no es la matriz de fondo. A nosotros el narcotráfico nos mata o nos lleva presos”, explicó. El enemigo de todos los veranos En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los barrios más complicados con el dengue todos los años es la Villa 21-24. En plena pandemia por Covid-19, había unos 600 casos de dengue en ese barrio. “Nosotros vivimos al lado del Riachuelo. Si bien tiene cierto flujo, podríamos llegar a decir, sus orillas no. Las orillas están con basura, también son microbasurales que no son eliminados de raíz. Ahí también hay muchos mosquitos. Entonces a partir de nuestras postas de salud solemos hacer campaña de concientización para descacharrar y demás en todo el país, en todas nuestras asambleas. Pero si la estructura, barrial o territorial, no está siendo fumigada, es muy difícil que esto se erradique. Si bien hay barrios donde se fumiga constantemente, hay otros donde necesitamos que haya más implementación territorial del descacharrado y también el acompañamiento de prevención para que los datos no aumenten tanto”, dijo Nelson. El rol de las organizaciones La organización comunitaria y popular está cada vez más presente en los barrios a nivel nacional, y los reclamos en todo el país son muy similares: “Nosotros venimos denunciando el tema de la urbanización hace mucho tiempo. Es una de las banderas más importantes de las villeras y los villeros, y está totalmente vinculado con la falta de acceso a cloacas, el hacinamiento y un montón de otras necesidades estructurales que vivimos cotidianamente. Y hoy en día, en el verano, el agua es una de las necesidades básicas más importantes”, dijo Santacruz. Las obras para el acceso al agua y otras necesidades básicas no avanzan o lo hacen lentamente. En algunos casos, incluso, solo se anuncian obras que nunca comienzan. “Lo que nos pasa, a quienes crecemos en los barrios populares es que vamos cumpliendo cada uno 20 o 30 años de ver que no se hace nada y tenemos los mismos problemas de cuando éramos niños. La electricidad es el terror de de los veranos y de los inviernos, provoca incendios y de hecho esta semana leía que se condonó desde el Ministerio Economía a Edenor y Edesur una suma que asciende más o menos a los 220 mil millones de pesos y solo deberán pagar unos 80 millones de pesos. Dos entidades que también son responsables de las negligencias, de que se nos quemen todos los electrodomésticos en los barrios constantemente, de que se pudra la comida en los comedores populares. Hay una complicidad entre el Estado y también sectores privados para que el abandono se profundice”, planteó el integrante de La Poderosa. Los comedores y merenderos son los que a diario garantizan un plato de comida para los vecinos y vecinas. Santacruz se refirió al trabajo de estos espacios en un contexto en el que casi la mitad del país está bajo la línea de pobreza: “Desde La Poderosa venimos señalando que nuestro país produce toneladas de alimentos para todo el
Este martes 10 de enero se cumplen 10.592 días —29 años— del asesinato de cuatro personas y el intento de homicidio de una quinta, ejecutados por 12 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús. El 19 de diciembre pasado, siete de esos policías fueron condenados a 25 años de prisión, pero siguen en libertad hasta que la sentencia, que fue apelada por las defensas, quede firme. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, una de las víctimas, recordó la fecha del fusilamiento de su esposo y pidió a la población su ayuda para que se cumplan las restricciones ordenadas por la Justicia, para impedir cualquier intento de fuga de los siete sentenciados. Las otras personas asesinadas el 10 de enero de 1994 fueron Norberto Corbo, Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. El único sobreviviente es Claudio Díaz. El comunicado de las víctimas es acompañado por las fotografías, los datos personales y los domicilios declarados por los siete condenados: Marcos Ariel Rodríguez, Marcelo Daniel Valenga, Eduardo Ismael Gómez, Roberto Oscar Mantel, Pablo Francisco Dudek, Julio César Francisco Gatto y Osvaldo Américo Lorenzón. “Te pedimos prestados tus ojos, cual cámara ciudadana, para que se cumpla con lo que se dictó en la sentencia del 19 de diciembre de 2022”, dice el comunicado de Raquel Gazzanego, al que tuvo acceso La Retaguardia. La Fiscalía y las querellas habían solicitado que, de haber veredicto condenatorio, se ordenara la inmediata detención de los policías, pero los jueces del Tribunal Oral de Lomas de Zamora resolvieron que los condenados vayan a prisión cuando la sentencia quede firme. Mientras tanto, los policías deben cumplir una serie de medidas que ponen límites a sus movimientos. Gazzanego recordó cuáles son esas obligaciones que deben respetar los condenados “bajo apercibimiento de efectivizar” las detenciones en forma inmediata “ante su incumplimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 371 del Código Procesal Penal”. Estas son las obligaciones que deben cumplir los siete policías condenados: Fijar residencia “dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y someterse al control del Patronato de Liberados de la jurisdicción territorial de sus domicilios, debiendo concurrir (…) cada diez días a efectos de labrar las actas compromisorias”. El único exceptuado de estas normas es Pablo Francisco Dudek, teniendo en cuenta su estado de salud. En su caso, el control se debe realizar “mediante un sistema alternativo”. “Prohibición de ausentarse del domicilio por un término mayor a 24 horas, sin previa autorización de la autoridad judicial”. “Prohibición de acercarse y desarrollar manifestaciones de hostigamiento por cualquier medio, a los damnificados, familiares, sus representantes legales y testigos”. “Prohibición de salir del país sin autorización judicial previa, anoticiando en debida forma de ello a la Dirección Nacional de Migraciones mediante oficio de estilo”. Gazzanego reiteró que los familiares de las víctimas están “satisfechos de haber podido celebrar un juicio que por las trabas impuestas por las defensas se creía que nunca se iba a concretar”. La satisfacción es también porque se llegó al juicio y a la sentencia “a pesar de que los abogados defensores desplegaron todo tipo de artilugios, soberbia y burlas”, con “el único fin de conseguir la absolución de sus defendidos”. Las objeciones que hicieron a la sentencia se debe a que el hecho fue calificado por el Tribunal Oral 3 como “homicidio simple”, mientras que la Fiscalía y las querellas habían pedido condenas por “homicidio agravado con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas”. Por esas razones, las querellas anunciaron que presentarán en su momento un recurso de Casación para insistir con esa calificación de los hechos. Los defensores de los siete policías apelaron el fallo condenatorio y como había dicho Gazzanego al comienzo de la audiencia, la batalla por la “justa justicia” que reclaman tiene todavía varias instancias por dirimir. Un hecho que llamó la atención fue la renuncia, como defensora, de la doctora Liliana Martínez, una encarnizada defensora de la Policía Bonaerense. Su padre fue integrante de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. La abogada representaba a los policías Roberto Oscar Mantel, Julio César Gatto y Pablo Francisco Dudek.
En sus alegatos, los defensores de los siete policías imputados por la Masacre de Wilde, apelaron a justificativos gastados como el del supuesto “enfrentamiento armado” o el rechazo al fallo de la Suprema Corte bonaerense que reabrió el caso. Pero en el último alegato fueron más lejos, como con la frase del título. El 5 de diciembre se escucharán las últimas palabras. Por Colectivo de Medios Populares* Redacción: Carlos Rodríguez María Celeste Vázquez, la defensora oficial de Marcos Ariel Rodríguez, rompió las normas y dijo en forma tajante que su representado “No estuvo en la Brigada de Lanús ni participó en el hecho” ocurrido en enero de 1994. Por eso pidió su absolución. Para justificar su postura, rechazó la validez de la declaración de otro policía, Daniel Roque Cinquino, quien dijo que Rodríguez estuvo y que fue uno de los que más disparó. Según Cinquino, el cabo Rodríguez le sacó su arma, una pistola 9 milímetros, y disparó contra las víctimas. Vázquez coronó su alegato con una frase polémica: “Aplicar una pena 28 años después no es justicia, es venganza”. En su exposición, Vázquez no dijo una sola palabra sobre Edgardo Cicutín y Norberto Corbo, dos de los fallecidos, totalmente ajenos a cualquier hecho delictivo. Su postura choca con la de Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín, quien viene reclamando “una justa justicia”, luego de casi 29 años de impunidad. La defensora de Rodríguez Vázquez dijo que había pedido la realización del juicio oral para poder refutar “la imputación absurda” que pesa sobre su defendido. Sostuvo que en el debate “no se ha acreditado de ninguna forma la participación del señor Marcos Ariel Rodríguez”, en el cuádruple homicidio ocurrido el 10 de enero de 1994. La defensora, leyó la lista de integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús y señaló que Rodríguez no figuraba en la nómina, porque no formaba parte de ella. Además, recordó que su defendido “se encontraba en disponibilidad preventiva” desde el 23 de septiembre de 1993, “sin goce de sueldo”, como surge de su legajo. Eso la lleva a “presumir que no participó en ningún operativo” y que tampoco “Salió a hacer ninguna diligencia ni a matar a nadie”. Para justificar sus dichos, hizo mención al libro de guardia, en el que se indica que a las 14:,15 comenzó a salir personal de la Brigada, pero allí no se dejó constancia de la salida de Pedro Cinquino y de Rodríguez, en un Volkswagen Gol bordó, conducido por el primero. De acuerdo con constancias de la causa, la parte acusadora sostiene que Rodríguez y Cinquino salieron juntos, para unirse al operativo que terminó con la Masacre de Wilde. Cinquino estuvo imputado al comienzo del caso, junto con otros 11 policías, pero luego fue sobreseído porque se consideró probado que Rodríguez fue quien participó en la balacera contra el Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo y el Dodge 1500 en el que iban Claudio Díaz y Edgardo Cicutín, utilizando la pistola 9 milímetros de Cinquino. Los asesinados fueron Corbo, Cicutín y los pasajeros del Peugeot, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza, mientras que Díaz salió ileso. En su alegato, Vázquez señaló que Rodríguez “no prestaba funciones en la Brigada, estaba en disponibilidad y además, no tenía armas”, precisamente por estar sancionado. Esos datos son ciertos, pero la parte acusadora afirma que Rodríguez participó en el ataque y que el hecho de estar “en disponibilidad” agrava su situación, porque no estaba en condiciones de realizar ningún acto de servicio. Vázquez consideró que “lo único que vincula a Rodríguez con la causa es la declaración indagatoria de Daniel Roque Cinquino”. Este policía declaró que salieron con Rodríguez en el Gol, que él estaba al volante y que tenía su arma reglamentaria sobre el asiento, del lado del conductor, debajo de su pierna derecha. Según su relato, Rodríguez tomó el arma que no era suya, bajóo del auto y empezó a disparar con la pistola 9 milímetros de su compañero. La parte acusadora dijo que fue Rodríguez el que usó el arma y fue uno de los que más disparos realizó. Vázquez, en cambio, aseguró que “es increíble” el relato de Cinquino, quien dijo que Rodríguez se llevó su pistola, que hizo varios disparos contra el Dodge 1500, que luego lo perdió de vista y que al final lo vio regresar, siempre con el arma en la mano. Para la defensora “es inverosímil que un cabo como era Rodríguez, de más baja jerarquía que Cinquino, le haya robado su arma a un superior y que éste no haya hecho nada para recuperarla” en forma inmediata. Recalcó que esta declaración de Cinquino “no puede ser el único elemento a valorar para justificar una pena de prisión perpetua” como la que fue pedida para Rodríguez, al igual que para el resto de los acusados. La defensora reiteró que Rodríguez “no participó de los hechos” y le dio credibilidad a lo que dijo su cliente respecto de que nunca supo que estaba prófugo y por eso “desarrolló sus actividades en forma normal” durante 20 años, en la provincia de Córdoba, donde vivió sin que la Justicia hiciera nada para detenerlo. Al hablar en el juicio, Rodríguez dijo que nunca se enteró que estaba prófugo, algo difícil de entender por la gran difusión que tuvo el caso en los medios de comunicación de todo el país. En las noticias, Rodríguez siempre figuraba como “el policía prófugo”. Vázquez insistió en que su defendido “no estuvo presente en los hechos, ni siquiera estuvo presente en la Brigada, porque no cumplía funciones allí”. Agregó que para imputarlo “y haberlo tenido detenido ocho años (por la fuga) se ha traído al debate una declaración indagatoria realizada en 1994 por Daniel Roque Cinquino”. De todos modos, está probado que Rodríguez estuvo el 10 de enero de 1994 en la Brigada de Lanús, porque él mismo lo reconoció al dar su versión en el debate. También se demostró que lleva su firma el acta de detención del cabo y, por consiguiente, la posterior
Esteban Bellido era un trabajador de 39 años del Barrio Vernazza y fue fusilado por la espalda por un miembro de la Policía Bonaerense el 31 de octubre. Lo denunció parte del vecindario de Virrey del Pino, en La Matanza. Agustina Bustos, integrante de la CORREPI pasó por el programa Estás Muteadx y habló acerca del caso. Entrevista: Pedro Ramirez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Fernando TebeleFoto: Agustina Bustos Cerca del mediodía del lunes 31 de octubre, una vecina llamó a docentes del barrio, que a su vez, son comunicadores en La Matanza, y se contactaron con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Agustina Bustos, quien también es vecina matancera, fue quien atendió ese llamado. La vecina le contó que la policía mató a un vecino y que su cuerpo estaba en el piso, desangrándose. Le dijo que los oficiales se habían ido. “En La Matanza estamos acostumbrados a esto de que la policía te mate y te deje tirado, igual que hicieron los oficiales que dispararon contra Lucas Verón, dejando el cuerpo ahí”, destacó en el comienzo Bustos. “En este caso, es importante reconocer que les vecines estaban resguardando el cuerpo para que no se arme la hipótesis de enfrentamiento. Para que no vuelva la policía a plantar algun arma y decir que Esteban murió pero que estaba haciendo algo en contra de un policía”, remarcó. “La vecina nos contó que había un operativo de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), que no se entendía para qué iban ahí porque normalizamos que la UTOI entre motorizada, haciendo escándalo y dando miedo en nuestros barrios. Se escucharon entre 15 y 20 disparos según les vecines y testigues. Sabemos que el momento de balacera en los barrios es traumático, entonces es difícil recordar exactamente ese dato. Y entre todos esos disparos, dos fueron a la espalda de Esteban Bellido, que estaba volviendo de dejar el auto en el mecánico y corrió porque se asustó”, contó la integrante de la CORREPI. Agustina dijo que las primeras horas posteriores al hecho, que en general son clave para que luego en lo judicial no sea sencillo generar impunidad, la gente del barrio y la familia de Esteban estuvieron muy presentes. “Lo primero que salen a decir desde la versión oficial y los medios de comunicación es que estaba comprando droga, o que fue confundido con un ‘dealer’. Todo eso se repitió en los medios. Después hubo otra versión de que había un búnker de droga y que la UTOI quería desbaratarlo. Pero gracias a la resistencia y a la organización de la familia y les vecines, se fue desestructurando al correr de las primeras horas. Las únicas balas que se encontraron en el lugar eran de la UTOI que es un fuerza de despliegue de la Policía Bonaerense, comandada por Sergio Berni”, dijo, y de inmediato resaltó el valor de romper con la idea de la muerte en enfrentamiento, incluso para los vecinos: “s muy importante esa organización, porque en muchos casos nos cuesta desandar la hipótesis de enfrentamiento. La han gestionado de tal manera, con encubrimiento de fiscales, que se hace difícil desestructurar esa imagen, que además se plasma en lo colectivo, en la sociedad. Hay gente que empieza a repetir que tal persona es peligrosa, entonces la matamos”. ¿Qué dijeron los medios tradicionales? En cuanto al rol de los medios de comunicación en este hecho, Agustina comentó que hubo bastantes medios de comunicación que tomaron el tema y hasta reconocieron que Esteban era inocente. La militante reflexionó sobre esto: “Que alguien sea asesinado por las fuerzas policiales tendría que ser suficiente para que la sociedad comprenda que esto es un caso de gatillo fácil”, y reforzó la idea de que no hay víctimas inocentes o culpables: “Desde la CORREPI siempre denunciamos que no nos importa qué estaba haciendo la persona que fue fusilada. Incluso si estaba cometiendo un delito, no es legal la pena de muerte en la Argentina, y menos por un arma reglamentaria de un policía, que en tal caso lo que debe hacer es detenerte. En los medios se destacó que Esteban era un joven laburador, inocente. Igual, no dejaron de hablar de los búnkeres de droga. Incluso el mismo martes, antes del velorio de Esteban, estábamos cortando la ruta, había medios tradicionales y la pregunta que le hacían a Adolfo, el hermano de Esteban, era qué pasaba con los búnkers de droga, si hace mucho que están en el barrio. Entonces, la versión de los medios es que la UTOI tenía alguna razón para entrar así en el barrio. Sabemos que no es así, y que incluso la tranza de drogas está arreglada con la yuta. Esto también lo dijo la cuñada de Esteban. La policía que representa al Estado está coimeada con los tranzas”. Esteban era un laburante. Hace algunos días había sido efectivizado en su trabajo, algo tan complejo para un trabajador en estos tiempos. Y había sido padre, nuevamente, dos semanas antes del crimen: “Tenía dos niñes y vivía también con el hijo de su compañera”. Agustina comentó que el sueldo de Esteban era el más fuerte de la casa y que su familia está recibiendo fondos, en el alias de Mercado Pago: carnicerialafamilia “Quien se quiera solidarizar, sirve mucho porque estas construcciones son colectivas y es necesario contribuir a la causa. No solo para el sepelio, sino también para lo que viene. Adolfo, su hermano, contó que con Esteban habían hecho una promesa: que el primero que se iba de este mundo, le dejaba a cargo la familia al otro, y que él sentía que ahora tenía dos familias que mantener. Y que por eso tenía que ir a laburar igual, incluso en la mañana siguiente a que mataran a su hermano”, dijo. Agustina habló de la importancia de construir espacios apuntados a la cultura y la educación como alguna de las posibles formas de trabajar el gatillo fácil y la represión en los barrios. “Socialmente juzgamos. Y quizás nos
En la tarde del viernes se realizó la multitudinaria marcha que todos los años repudia la violencia estatal y denuncia el sistemático crimen de nuestras pibas y pibes a manos de las fuerzas de seguridad. Crónica de una marcha que (lamentablemente) no para de crecer Redacción: Juan Ciucci / Antonella Álvarez – (Revoluciones)Edición: Fernando Tebele (La Retaguardia)Fotos: Natalia Bernades (La Retaguardia) / Eva Soares (FM Riachuelo) Cobertura conjunta de La Colectiva Radio / FM Riachuelo / Revoluciones / La Retaguardia Desde las 14 horas del viernes, familiares, organizaciones sociales y políticas fueron reuniéndose frente al Congreso Nacional para iniciar una nueva Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Esta octava edición sumó dos objetivos puntuales: ponerle rostros a los asesinos para que la ciudadanía conozca su accionar, y denunciar la invisibilización que desde el Estado y los medios tradicionales de comunicación se les da a estos casos y a la Marcha. Por eso portaban carteles con la foto del asesino de su hijo, hija, hermana, amiga. Los arrojaron con toda sus broncas frente a Casa Rosada, a través de las rejas. Allí, Emilia Vassallo, madre de Pablo Paly Alcorta, víctima de gatillo fácil en Morón durante 2013, dijo: “Ahí les dejamos el rostro de los asesinos de nuestros pibes, porque gobierne quien gobierne el gatillo fácil es una política de Estado”. No es fácil este día, esta Marcha. En cada jornada de protesta contra el gatillo fácil, habitar las calles y la Plaza es también reencontrarse con el recuerdo de quienes les (nos) faltan, y de la impunidad de la que gozan los responsables materiales y políticos. “Vengo con mucha bronca, con ganas de llorar, pero también de no rendirnos jamás, de siempre mantenernos de pie por nuestros pibes”, indicó Roxana Cainzos, madre de Nehuen Rodríguez, asesinado por dos policías que conducían una patrulla policial a contramano en Barracas en 2014. Durante la transmisión de TV colectiva en vivo que realizamos desde FM Riachuelo, La Colectiva, Revoluciones y La Retaguardia, dio muestras de que se mantiene firme porque desde la lucha es que se puede encontrar la fuerza que hace falta ante una realidad en la que “cada vez vemos más familiares, más pibes muertos en todo el país”. La misma realidad en la que se profundizan “las diferencias de oportunidades para nuestros jóvenes, que lleva a la estigmatización y la muerte”. Carolina, mamá de Lucas Cabello, quien sobrevivió a un caso de gatillo fácil en La Boca en 2015, reconoció que siente “el dolor de todos los familiares, pero también la lucha y el compañerismo entre todas y todos que es muy importante para que podamos estar acá, para concientizar y poder proteger a nuestros pibes”. Para ella es fundamental invitar a participar de la Marcha, porque “no hace falta que nos pase para salir a luchar”. El fin último es que no vuelva a pasar, que nadie tenga que vivir lo que ellas han vivido, y desde allí construyen con amor pero también con mucha garra. “Nos interesa cuidar a la juventud”, agregó. “Queremos parar el asesinato masivo de jóvenes en Argentina, porque si bien no existe la pena de muerte, hay un guiño desde el Estado para permitir la ejecución de jóvenes, travestis, lesbianas, pueblos originarios”, denunció Gustavo, padre de Natalia Melmann, quien tenía 15 años cuando fue víctima de un femicidio en Miramar durante 2001. “Ser joven en Argentina significa poder ser vulnerable a ser asesinado por la bala de la policía”, agregó, ya que “hay policías que disfrutan con el asesinato de nuestros jóvenes”. La Marcha es un espacio de encuentro, de acompañamiento. En ella las diversas luchas se van conectando, hermanando. Sergio Maldonado también caminó las cuadras desde Congreso a la Plaza de Mayo: “Siempre que nos juntamos los familiares en la calle es para manifestarnos, para que no se repitan los hechos, para que se termine la impunidad”. Un pedido común, ante diversos crímenes que el Estado ha perpetrado, y que la lucha permitirá un espacio de denuncia común. “Que algún día podamos decir nunca más pero de verdad”, sumó el hermano de Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada hace 5 años mientras se solidarizaba con la lucha mapuche. “En toda la Argentina hay casos de Gatillo fácil y todos nuestros pibes muertos son pibes de trabajo o de barrios vulnerables, y no es una casualidad”, dijo Jorge, padre del Bocha Rego. “Es un país capitalista que defiende a la gente de plata, los que nos tendrían que proteger terminan matando a nuestros pibes”, denuncia Jorge. Su hijo fue asesinado en un control vehicular en Parque Patricios. “En este día salimos a la calle la verdad que con angustia, pero también para que vean los demás que estamos de pie, que no claudicamos, porque somos la voz de nuestros hijos”, dijo Angélica, madre de Jonathan Kiki Lezcano, víctima de una bala policial que lo dejó agonizando mientras su asesino lo filmaba extasiado. “El gatillo fácil es pena de muerte para los pibes de nuestros barrios”, sentenció, conocedora como pocas de lo que es luchar por justicia y no poder encontrarla en los juzgados argentinos. A Kiki se lo extraña desde 2009. Son solo algunas de las voces que se escucharon en la Marcha, y que luego coparon el improvisado escenario en Plaza de Mayo para contar casos nuevos, volver a compartir sus historias, llorar en conjunto por quienes faltan. “Me subí porque me gustaría que lo nombren como al resto de los pibes”, pidió la tía de Chaio, que habló por primera vez en el escenario porque la policía mató a su sobrino hace 6 meses. Hay momentos en que la angustia las invade, y en los que el dolor que las familias transitan parece inmovilizarlas. Pero es en esa fuerza que se les ve surgir, en esa impensada alegría que también aparece para darse ánimos y avanzar, desde donde se construye esta Marcha. En el grito de “justicia”, de “presentes”, de cada nombre que retumba en la histórica Plaza, se afianza cada