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gatillo fácil

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El pasado sábado, la familia del joven asesinado por la policía en 2020, organizó el festival “Jornada x Memoria, Identidad y Futuro” junto a la Mesa de Memoria de la Matanza. El encuentro tuvo música en vivo, poesías y una mesa de diálogo para recordar a Lucas y denunciar la represión estatal, entre otras actividades.  Redacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Julián Bouvier/La Retaguardia En la madrugada del 10 de julio de 2020, Lucas Verón festejaba sus 18 años. Junto a su amigo Gonzalo salieron en moto a comprar una gaseosa a un kiosco de su barrio, en González Catán. Un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Ezequiel Benítez tiró varias veces y una de esas balas perforó el pecho de Lucas y lo mató. Los policías huyeron y no dieron aviso a sus superiores. La familia, vecinos y vecinas salieron al instante para exigir justicia.  El sábado 1 de julio, a días de que se cumplan tres años del asesinato de Lucas, su familia, junto a la Mesa de Memoria de La Matanza organizó el festival “Jornada x Memoria, Identidad y Futuro”. El encuentro fue desde las 10, en la Plaza de los Periodistas —llamada antiguamente Plaza de los Rateros— en San Justo.  Mientras cocinaban las verduras en una olla inmensa para alimentar a todas las personas presentes, a las 12  descubrieron el mural del artista visual Sergio Villalba: un primer plano del rostro sonriente de Lucas sobre un fondo negro con las insignias “Basta de violencia estatal” y “A lxs pibxs se los cuida”. Frente al mural, las músicas del Encuentro Canto con Caja de la Casa del Barrio, dedicaron unas coplas a Lucas y a la lucha colectiva.  Bajo un gazebo montaron una mesa a modo de conferencia, donde diferentes voces dieron su testimonio a lo largo de la jornada. Recordaron a Lucas y propusieron repensar cómo continuar con las resistencias territoriales. En la primera mesa estuvieron Cristian, el padre de Lucas, y Graciela, su madre. El abuelo del joven, Martín Aguilar (padre de Graciela), fue secuestrado y desaparecido en 1975. Una familia que vive en carne propia la continuidad del aparato represivo del Estado, entre dictadura y democracia. “Mis palabras son de agradecimiento eterno para ustedes. Les dejamos nuestro corazón. Disfrutemos esta jornada, acompañándonos. Hoy es un día más de lucha, a tres años del asesinato de Lucas”, dijo Cristian.   Luego de esta primera mesa, siguió el turno de Pica Para Todxs Mis Compas, que inauguró el escenario montado en la plaza. Le siguió el rap de Piñón de Laferrere y las poesías de la docente Cecilia Filippi.  Llegó el turno de Juan Carlos Lozza, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, quien realizó una intervención teatral donde interpretó a un representante del poder imperial, acompañado de un grupo de mujeres aristócratas que aplaudían cada una de sus intolerantes palabras. Las risas se mezclaban con los abucheos, que nacían a partir de las consignas liberales del personaje.  La tarde de sol simulaba la llegada de la primavera. Graciela, la madre de Lucas, dijo que él siempre ilumina las jornadas desde arriba. El momento cultural continuó con las palabras de El Verso Nómade, los raps de Marotte y Sapien y, luego, el canto del trovador Abelardo Martín, quien puso a la gente a bailar unas chacareras.  Más adelante, llegó el rap de los pibes de Soldati-Madero y las poesías de Crónicas del viento. El último en subir al escenario fue Hermann, quien interpretó algunas canciones de Silvio Rodríguez y cerró con “Hasta siempre comandante”. De a poco, el sol iba cayendo y se acercaba el cierre de la jornada. La batucada de la Unión de Trabajadores de la Calle generó un gran círculo musical y los y las presentes empezaron a mover los pies al grito de “¡Lucas Verón presente! ¡Todos los pibes caídos por las balas policiales presentes!

Fueron ocho las audiencias públicas para que un jurado popular dictara el veredicto de culpabilidad para cuatro policías bonaerenses acusados por lo que se conoce como la Masacre de Monte. Tras una decisión unánime, las y los policías fueron señalados culpables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de su función. El 2 de junio se realizará la audiencia de cesura para el requerimiento de las penas y el 9 se dará lectura de la sentencia. Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria, habló con La Retaguardia acerca del juicio. Redacción: Julián Bouvier/Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero El juicio por el asesinato de cuatro jovenes en San Miguel del Monte duró ocho jornadas ante la jueza Carolina Crispiani, del Tribunal Oral Criminal N° 4. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), actuó como acompañante de los particulares damnificados, es decir, las familias de los y las jóvenes. El juicio estuvo basado estrictamente en las pruebas que aportó la Fiscalía y los particulares damnificados. La abogada integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, habló con La Retaguardia acerca del juicio. Ella fue una de las abogadas que llevó adelante la querella. Contó que las defensas de los policías no tuvieron prueba alguna para ofrecer: “Sí interrogaron a los testigos que fueron pasando y ejercieron su derecho de defensa, pero no presentaron ninguna prueba. En ese marco, considerando que esta era una causa que tenía diez veces más pruebas que las que pasaron por el debate y que por el derecho de tratarse de un juicio por jurado se intenta de algún modo simplificar eso, la treintena de testigos que pasaron, lograron reconstruir de manera cabal que fue lo que sucedió esa madrugada del 19 y 20 de mayo del año 2019. En esa reconstrucción surge claramente la persecución policial que realizaron los cuatro imputados y por otra parte su clara intención de matar, porque sino no se comprende cómo llegaron a registrarse en todo el periplo de esa noche 13 disparos en el contexto de la persecución. Y después, el derrotero final, que es el impacto sin salida que se le produce a quien manejaba el auto contra el camión acoplado que se encontraba estacionado en la colectora de la Ruta 3. Eso es lo que se estaba juzgando, el hecho que causó cuatro víctimas fatales y también los padecimientos físicos de Rocío, la única joven sobreviviente. Su mamá declaró que estuvo a punto de perder la vida, que tuvo consecuencias pulmonares y una cantidad de operaciones que tuvo que padecer. Por otra parte también el impacto, el daño psíquico que ella hasta el día de hoy atraviesa con todo el peso que implica ser la única sobreviviente de una masacre en la cual murieron sus mejores amigos”. La abogada comentó que todas las pruebas fueron muy claras en relación a lo que sucedió. Además, explicó las razones por las cuales la querella alegó que se condene a los policías: “Lo que planteamos en los alegatos y siempre le pedimos al jurado fue que tuvieran claro si esa persecución que se realizó tenía algún tipo de motivación. O sea, toda persecución o acción policial hacia las personas, hacia la sociedad civil, hacia los particulares tiene que tener un motivo legítimo. Aquí no había ningún tipo de motivo legítimo, fue una persecución simplemente por perseguir, que se terminó tornando violenta tanto por el uso del patrullero como si fuera un arma persiguiendo a corta distancia, no dejando opción a los chicos para otro tipo de decisiones. Por otra parte, abusaron de la función policial también a través del uso del arma de fuego. Entonces, de ese modo es que el delito encuadra para nosotros, y así lo pedimos en los alegatos para los cuatro imputados, como homicidio agravado por el abuso de la función policial cometido con arma de fuego”. Y agregó: “El jurado entendió que este encuadramiento era el que correspondía para dos de los imputados, (Rubén) García y (Leonardo) Ecilapé, que son los que iban en el móvil, que persiguieron a corta distancia al momento que el móvil impacta con el camión. Al momento que se produjeron los disparos, hubo testigos: el camionero, y cinco vecinos más que bajaron rápidamente de sus casas, a ver qué es lo que había sucedido y escucharon el impacto del choque y a su vez la balacera que desplegaron los policías”. Jarque contó que los otros dos imputados, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, apoyaron a los primeros disparando también. “Para el jurado fue considerado como una tentativa, es decir que, para ellos, con su accionar intentaron también matar a los jóvenes abusando de su función y lo hicieron usando armas de fuego. Y que no lo consiguieron por causas ajenas a su voluntad. En definitiva, porque el otro patrullero actuó antes, porque iba a menor distancia. Eso ya son consideraciones que uno piensa, pero entendemos que ese es el razonamiento que erigió el jurado. No lo sabemos porque el jurado no tiene por qué dar sus razones, solo da su veredicto”, explicó la abogada. Desde la CPM consideran que es un caso de violencia institucional y de gatillo fácil emblemático, y que es muy importante que haya sido un jurado popular quien haya dado este veredicto. “Fundamentalmente porque el jurado comprendió aquello que distinguimos en los alegatos, que tenía que ver con la combinación de dos elementos: por un lado, el patrullero utilizado como si fuera un arma, porque se coloca en peligro el conductor, que no podía manejar de manera certera. Por otra parte, el arma propiamente dicha, con los disparos. Esto es muy importante, no solo por la condena en este juicio, sino también porque esto puede, de algún modo, servir a que estos hechos no ocurran nunca más”, concluyó Jarque.

Lo decidió un jurado popular. Blas tenía 17 años y la fiscalía calificó al crimen como una “inadmisible masacre”. Uno de los fiscales del juicio, Fernando López Villagra dijo que fue “uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Otros 9 policías recibieron penas de entre dos y cuatro años y nueve meses de prisión, “por encubrimiento, falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Dos uniformados fueron absueltos. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien participó como “observador” y amicus curiae del juicio que comenzó en septiembre pasado, resaltó la importancia del fallo. “Esta semana tuvimos seis condenas a perpetua por asesinar ciudadanos sin razón alguna, en los casos de (Luis Armando) Espinoza (en Tucumán) y ahora en el de Blas Correas”, dijo. Pietragalla recalcó que “el camino de la no impunidad es muy importante para que en el futuro cada policía que porta un arma sepa que no es gratis usarla contra las personas a quienes tiene que cuidar”. En el debate por el caso Correas se dio un hecho inusual en las causas contra policías: una agente que fue condenada admitió que ella fue quien “plantó” el arma con la que se intentó disfrazar el caso como “enfrentamiento”. Dijo que lo hizo “por orden” de sus “compañeros y superiores” jerárquicos.La Cámara Octava del Crimen, jurado técnico en el caso, ordenó que sean investigadas las responsabilidades políticas del exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera, del ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica Lucas Mezzano, de la actual jefa de la Policía local, Liliana Zárate de Belletti, y del excomisario Gonzalo Cumplido. Cuando ocurrió el hecho, el 6 de agosto de 2020, la actual jefa de la Policía cordobesa estaba a cargo de la formación de los efectivos. Fuentes cercanas a la investigación creen que, de realizarse una investigación a fondo, eso podría involucrar a otros funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad. Soledad Laciar, la mamá de Blas –otra madre coraje en lucha por la justicia—, dijo que el fallo fue importante y le dejó “muchas sensaciones”, pero aclaró que seguirá luchando “hasta que sean juzgados los responsables políticos y los que dejaron morir” a su hijo. Los amigos del joven lo llevaron herido de gravedad al sanatorio Aconcagua, en la ciudad de Córdoba, pero los responsables médicos se negaron a asistirlo. Soledad dijo: “No se trata solo de Blas, porque hay muchos casos que están clamando por justicia y esa también es mi lucha, para que esto no le ocurra a ningún pibe más”. Desde marzo de 2020 hasta el asesinato de Blas, en Córdoba se habían registrado otros siete casos de gatillo fácil. En 2017 fueron 35 las personas que “murieron en la provincia por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad, y en 2018 hubo otros 10 casos”, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad de Ciencias Sociales de la provincia. El 5 de octubre de 2020, el entonces ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, respondió al CELS por medio de una carta que incluyó una frase repudiable: “Resulta preciso hacer énfasis en la vocación democrática y de irrestricto respeto de los derechos humanos del gobierno de la provincia, bajo el mandato del Sr. Gobernador (Juan Schiaretti)”. Mosquera señaló, además, “lo ético de la actuación institucional” en la provincia. Soledad Laciar sostuvo que el exministro Mosquera “a pesar de todo lo que estaba pasando, nunca dio ninguna explicación de nada”. La mamá de Blas, quien estaba embarazada cuando asesinaron a su hijo, agregó que “el gobierno de Córdoba nunca hizo nada” para terminar con la violencia institucional. Su compromiso es “luchar, no solo por Blas sino por un montón de pibes invisibilizados en causas en las que ni siquiera hay un solo imputado”. Dijo que ella salió “a luchar” para no quedarse en su casa “solo a llorar”. Las condenas Los policías Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (35) fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y por el uso de armas de fuego. También les imputaron los “homicidios en grado de tentativa” de los cuatro chicos que iban con Blas en el automóvil baleado por los dos policías. También fueron condenados el comisario inspector Walter Soria (43), a cuatro años y nueve meses de prisión; el subcomisario Enzo Quiroga (34) y el comisario inspector Jorge Galleguillo, ambos a cuatro años y ocho meses de cárcel. La oficial ayudante Yamila Martínez (25) fue condenada a 4 años y tres meses; el subcomisario Sergio González (44) a 4 años y diez meses; el comisario Juan Antonio Gatica (46) y el cabo Alexis Quevedo (29), ambos a cuatro años de cárcel. La agente Wanda Esquivel (32) fue quien confesó en el juicio que “plantó” el arma para simular un “enfrentamiento”. En su indagatoria pidió “disculpas” por el “error” cometido. A ella la condenaron a tres años y diez meses de prisión. Después de su confesión, siguió el debate desde una sala contigua, separada de sus excompañeros por razones de seguridad. El otro condenado, a 2 años y seis meses de prisión, fue el oficial ayudante Ezequiel Vélez (23). Fueron absueltos el agente Rodrigo Toloza (27) y el cabo Leonardo Martínez (29). En la audiencia estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres; y representantes de Amnistía Internacional, organismo que, al igual que Pietragalla, participaron como “observadores”. Los hechos En la madrugada del 6 de agosto de 2020, Valentino Blas Correas, de 17 años, iba con cuatro amigos en un Fiat Argo, luego de estar juntos en un bar. El auto era conducido por Juan Cruz Camerano Echevarría (20) y los otros ocupantes eran Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, todos de 17, compañeros de colegio. En el

Los jurados populares habían puesto un techo muy bajo y el juez Marcelo José Machado del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín impuso las penas ayer. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Centro de Acción Cultural Diego Cagliero El juicio por el homicidio del músico Diego Cagliero, asesinado por una bala policial, y la “tentativa de homicidio” de siete amigos suyos víctimas de una balacera de la Bonaerense, terminó con condenas irrisorias para los dos efectivos que fueron juzgados por los hechos. El autor del disparo mortal, el oficial Rodrigo César Ezequiel Canstatt, fue condenado a seis años de prisión y ocho de “inhabilitación especial para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego y para el uso de armas de fuego”. Toda la prueba reunida lo hacía culpable y debía haber sido condenado por “homicidio agravado”, con una pena de al menos 20 años de cárcel, pero sólo le adjudicaron un delito menor, el de “homicidio culposo”, como si lo ocurrido fuera un simple accidente de tránsito. El otro policía que fue juzgado, el subinspector Sergio Darío Montenegro, fue condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión y “seis de inhabilitación especial” para cumplir funciones operativas y para el uso de armas de fuego. En el caso de Montenegro, la condena es por las heridas graves que sufrió Mauro Emanuel Tedesco y por el riesgo de vida que corrieron otros seis jóvenes que iban en una camioneta Ducato, baleada por los policías el 19 de mayo de 2019 en el partido bonaerense de Tres de Febrero.El que fijó los montos de las penas fue el juez Marcelo José Machado, del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín, en cumplimiento de la decisión tomada la semana pasada por 10 de los 12 integrantes de un jurado popular que tuvo a su cargo analizar las pruebas existentes contra los dos policías que llegaron al juicio oral. En el fallo, el juez Machado precisó que el delito adjudicado a Canstatt es el de “homicidio culposo agravado por el empleo de arma de fuego”. Quedó probado que el proyectil que provocó la muerte de Cagliero fue uno de los diez disparos que hizo Canstatt el día del hecho. La condena contra Montenegro es por “el delito de tentativa de homicidio con exceso del cumplimiento del deber, agravado por el uso de arma de fuego”. Las balas que mataron a Diego y las que hirieron a Tedesco también pudieron haber provocado la muerte o heridas graves a las otras víctimas: Emanuel Albelo, Alfonso Roldán, Jonathan Iadarola, Ángel Bramajo, Carlos Damián Villanueva y Rodrigo García. Los policías habían llegado al juicio por jurados por un delito mucho más grave del que finalmente fueron condenados. Se los acusaba de “homicidio agravado por abuso de sus funciones” y por el uso de armas de fuego, delito que prevé la pena de prisión perpetua. Tras la decisión del jurado popular de considerar que solo hubo “homicidio culposo” y “tentativa de homicidio”, la fiscal del juicio, Fernanda Billone, al igual que el abogado querellante Fernando Sicilia —quien representa a la familia Cagliero— y Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habían solicitado penas de seis años y ocho meses de prisión para los dos policías. El homicidio de Diego Cagliero, de 30 años, se produjo luego de que algunos de los jóvenes se llevaran mercaderías sin pagar de un supermercado ubicado en Perón al 7300, en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero. Eso dio lugar a la persecución policial de un supuesto “grupo comando armado”. En el juicio se probó que los ocho jóvenes no portaban ningún arma de fuego, que por consiguiente nunca hicieron disparo alguno y que las 14 vainas servidas halladas en la escena del crimen por peritos de Gendarmería, eran de balas disparadas por las pistolas reglamentarias de los policías involucrados. La manipulación de los jurados Al veredicto de los jurados populares se llegó luego de una aguerrida labor de las defensas, con la “seguridad” y la “violencia de los delincuentes” como lema central, aunque eso nada tuviera que ver con el caso analizado en el juicio. Los argumentos contra la dura acusación fueron compartidos por Fernando Lagares (defensor oficial de Montenegro) y de manera frontal por Diego José Martín Raidan, el expolicía bonaerense que representó a Canstatt, acompañado por la abogada Gisela Hiza. Raidan e Hiza fueron quienes “sugirieron” y convencieron a los jurados populares de que sólo había sido un “homicidio culposo”, porque Canstatt “no tuvo intención de matar”. Raidan es la figura preponderante del Estudio Jurídico Privanza, que pregona que “desde hace 30 años defiende los derechos de los policías y de las fuerzas de seguridad”. Siempre la misma falacia Para Raidan, todos los crímenes cometidos a mansalva por uniformados son “homicidios culposos”. Planteó el mismo argumento en abril de 2022, en el juicio oral por el crimen de Nicolás Vázquez, de 18 años, quien fue asesinado de un balazo en el cuello, a quemarropa, por el comisario Héctor Alejandro Amarilla. El asesinato de Vázquez fue el 25 de septiembre de 2013, a las 15, en 9 de Julio y Oncativo, en pleno centro de Lanús. Amarilla persiguió varias cuadras a Nicolás Vázquez porque el joven “había hurtado de un negocio una camiseta de fútbol”. En el juicio se probó que Amarilla le había disparado a un chico que estaba desarmado y que había levantado los brazos cuando recibió “la voz de alto” del policía, según dijeron los testigos presenciales. La fiscal del juicio, Viviana Giorgi, solicitó a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora que condenaran a Amarilla por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por ser miembro de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y de su cargo”. La pena solicitada fue de 30 años de prisión. Para simular un “enfrentamiento” Amarilla se hizo él mismo un disparo que lo hirió

Las incongruencias del jurado popular. La opinión de la familia de Diego. ¿Cuándo decide las penas el tribunal? Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Centro de Acción Cultural Diego Cagliero Con la prueba reunida en el juicio oral por el homicidio de Diego Cagliero, cualquier Tribunal Oral –hasta el más reacio a condenar uniformados— hubiera dictado la prisión perpetua de Rodrigo Ezequiel Canstatt, el policía que lo asesinó. A pesar de esa verdad incontrastable, un jurado popular declaró culpable a Canstatt solo por “homicidio culposo”, un delito menor. Los familiares de la víctima consideraron que el fallo es “una aberración jurídica”. El próximoo miércoles, el juez Marcelo José Machado, del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín, tiene que fijar el monto de la pena que recibirán Canstatt y el subinspector Sergio Darío Montenegro, en su caso por la “tentativa de homicidio” de Mauro Tedesco, un amigo de Cagliero que fue herido de gravedad. Los dos jóvenes, junto con otros seis amigos, iban en una camioneta que fue baleada por efectivos de la Policía bonaerense. El límite puesto por el fallo de 10 de los 12 integrantes del jurado popular dice que los dos policías, cuando mucho, podrían recibir una pena de prisión de seis años y ocho meses. Estos números pueden darse solo si el juez Marcelo Machado toma en cuenta el agravante “por el uso de arma”, según explicó uno de los querellantes. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, las y los familiares consideraron que el veredicto es “una decisión absurda y carente de sentido común” y que constituye “una aberración jurídica”. La opinión se fundamenta en que a Canstatt, por haber asesinado a Diego, le adjudicaron el delito de “homicidio culposo”. Esto equivale a decir que el oficial hizo diez disparos y mató al joven con uno de ellos, pero todo ocurrió porque actuó “con negligencia, imprudencia e impericia”. Lo que hizo el policía, según el fallo de los jurados, es equiparable a alguien que cruza con un auto un semáforo en rojo y mata a una persona. No se tuvo en cuenta que Canstatt, por ser policía, sabe muy bien el peligro que significa apretar diez veces el gatillo de una pistola 9 milímetros contra una camioneta en la que iban ocho jóvenes que estaban desarmados. Uno de los disparos mató “en el acto” a Diego Cagliero. Los familiares aseguraron que el “absurdo” y la “aberración” quedan al desnudo porque al otro policía imputado en el juicio oral, Sergio Montenegro, el jurado popular lo encontró culpable de “tentativa de homicidio por exceso en el cumplimiento del deber”, por haber herido de gravedad a Mauro Tedesco.La familia de Diego Cagliero explicó que “es una aberración jurídica que se le asigne una tipificación más gravosa a la acción de quien intentó asesinar (Montenegro), frente a la acción de quien, efectivamente, asesinó (Canstatt)”. Luego de diez días de debate, los y las familiares y amistades de las víctimas se sintieron “revictimizados” porque en las audiencias han tenido que defenderse. “Jornada tras jornada fuimos criticados por nuestras acciones (por ejemplo, por manifestar y pedir justicia en la puerta de los Tribunales de San Martín)”, plantearon. Dijeron que también recibieron cuestionamientos “por nuestras omisiones, emociones y hasta por la forma de vestir”. El trato de la policía judicial y de algunos y algunas funcionarias de menor rango del Tribunal Oral 1 de San Martín, fue discriminatorio hacia las familias de las víctimas, en comparación con el trato que recibían las personas allegadas a los dos policías imputados. Las familias de las víctimas consideraron que “el ataque y la agresión llegó al punto tan bajo” de tener que escuchar algunas expresiones vertidas en el juicio por el defensor oficial Fernando Lagares, quien representa al subinspector Sergio Montenegro. Lagares, sin éxito, se opuso a que Adriana García, la mamá de Diego Cagliero, pudiera expresarse en el juicio, ante los jurados, ante el juez Marcelo José Machado y ante las personas presentes en la audiencia. El argumento de Lagares fue deplorable: “Esta persona se va a parar acá a llorar para conmover al jurado”. Como es lógico en una madre que perdió a su hijo, Adriana lloró muchas veces a lo largo del juicio, pero nunca delante del jurado. La primera vez que lloró fue luego de haber estado frente a frente con Canstatt, el asesino de su hijo. Ese día, La Retaguardia la vio llorar en el hall de entrada al tribunal, acompañada por sus allegados. Lloraba en silencio, conmocionada. A pesar de la oposición de Lagares y de los defensores de Canstatt, la madre de Diego fue autorizada a decir unas palabras ante los jurados y en ningún momento lloró. Adriana recordó que ella y Horacio, el papá de Diego, lo educaron “para la música, para los libros, para el arte, para el baile”. Diego era músico, tenía sólo 30 años y su hijo nació cuatro meses después de su asesinato. Adriana dijo que Diego “amaba las plantas, la naturaleza, la ecología”. La mujer, con gran temple, sostuvo que a la familia no la guían “ni el odio ni la venganza” y que sigue comunicada con su hijo. “Yo le pido que siga bailando, que siga soñando”, dijo. La oposición de Lagares fue más odiosa, todavía, porque en una jornada anterior el que había llorado ante los jurados fue el oficial Canstatt, dolido por la posibilidad de ser condenado a perpetua y no poder ver a su hijo. La mamá de Diego ya no puede ver al suyo, solo lo mantiene vivo en su recuerdo, en su corazón. Los y las familiares y amistades de Diego expresaron que para los defensores “solo los policías asesinos pueden llorar, solo ellos tienen derecho a defenderse, solo sus familias importan, solo sus actos tienen que ser tomados con clemencia, aunque haya prueba científica arrolladora de su dolo homicida”.Señalaron que han visto “hasta el hartazgo” el dolor y la lucha de las víctimas “para lograr algo de justicia

El jurado popular compuesto por 12 personas dictaminó pasada la medianoche que la acción asesina del policía Canstatt contra Cagliero fue un homicidio culposo. En tanto, calificaron el delito del policía Montenegro, quien hirió a un amigo de Diego, como “homicidio en grado de tentativa en exceso del cumplimiento del deber”. El abogado de la familia calificó el fallo como insólito. El CELS, que representó a dos de los sobrevivientes, aseguró que “debió haber sido homicidio doloso”, es decir con toda la intención de matar. Las penas serán impuestas por los jueces, pero el máximo posible para Canstatt es de 5 años. Redacción: Carlos Rodríguez Después de más de cuatro horas de deliberaciones, las 12 personas que integraron el tribunal popular calificaron el asesinato de Diego Cagliero, ocurrido el 19 de mayo de 2019 a manos del policía Rodrigo Canstatt, como un homicidio culposo. Cuando los jueces den a conocer la pena, será de entre 1 y 5 años. En el caso de Darío Montenegro, acusado por las heridas que sufrió Mauro Tedesco, amigo de Cagliero, decidieron que se trató de un homicidio en grado de tentativa en exceso del cumplimiento del deber. En la extensa jornada, se habían realizado los alegatos de las partes. Luego, los jurados se fueron a deliberar con cinco opciones posibles. Declararlos inocentes, u optar por cuatro tipo de homicidios, como explicó unas horas antes a La Retaguardia el abogado de la familia de Cagliero, Fernando Sicilia. Sobre la base de las pruebas contundentes reunidas durante el juicio oral, la Fiscalía y las querellas habían pedido durante la tarde que se declare culpables de “homicidio agravado” y de “homicidio agravado en grado de tentativa” a los dos policías responsables, uno del crimen de Diego Cagliero, y otro de las graves heridas que sufrió su amigo Mauro Tedesco. Las defensas pidieron que se los declare “no culpables” o que, en el caso del policía que asesinó a Cagliero, que le apliquen penas menores. La parte acusadora, en cambio pidió que al homicidio de Diego y a las heridas graves de Mauro, se los considere en “concurso real” con el “riesgo de muerte” al que expusieron a otros seis jóvenes que los acompañaban.Más de cuatro horas y media después, cerca de las 0:30 los 12 miembros del jurado popular encargado de dar su veredicto en el caso, anunciaron su decisión. Los defensores del oficial Rodrigo César Ezequiel Canstatt, autor del disparo que provocó la muerte “en el acto” de Diego Cagliero, argumentaron que su representado “no tuvo intención de matar” y sin rebatir el dato concreto de que fue autor de diez disparos contra los 8 jóvenes, dijeron que el policía “vio un arma”, a pesar de que se demostró que las víctimas no tenían ninguna. Los defensores Diego Raidán y Gisela Hiza, alegaron que su defendido “sintió miedo” y por su “poca experiencia” (nueve meses en la fuerza), apretó el gatillo. Y vaya si lo hizo, porque las pericias determinaron que fueron “al menos diez” los disparos. Con el evidente propósito de generar dudas en los jurados populares, los abogados de Canstatt “sugirieron” que analizaran la posibilidad de optar por sanciones menos gravosas que la cadena perpetua que presupone la calificación de “homicidio agravado” reclamada por la parte acusadora. Las variantes que señalaron sonaban inconcebibles en ese momento, pero se convirtieron en una triste realidad para la familia de Cagliero: “legítima defensa” ante una agresión que nunca existió, “exceso en la legítima defensa”, como una leve concesión a una condena menor, e incluso “homicidio culposo”, una figura penal que ya casi no se aplica ni para algunos tipos graves de accidentes de tránsito, pero que sin embargo fue la utilizada. Mientras tanto, el defensor oficial Fernando Lagares, con su estilo tenaz y persistente, dijo que su representado, el subinspector Sergio Darío Montenegro, el 19 de mayo de 2019, día en que ocurrió el hecho, “sólo había salido a trabajar y no a matar” personas. Además, volvió a señalar las diferencias numéricas que hay entre los diez disparos que hizo Canstatt, con los tres que realizó Montenegro, uno de los cuales hirió de gravedad a Tedesco. Como informó La Retaguardia, en su afán por salvar a Montenegro, su defensor le preguntó a una perito si una de los proyectiles disparados por Constatt, en forma simultánea, pudo haber matado a Cagliaro y herido a Tedesco. El impetuoso Lagares no tuvo en cuenta que una sola bala fue la que asesinó a Cagliero y otra bala, en este caso de Montenegro, fue la que puso al borde de la muerte a Mauro Tedesco. La gravedad de los sucesos no puede medirse sólo contando la cantidad de balazos de uno y de otro. Más allá de los cuestionables argumentos de las defensas, en el juicio quedó probado que las 14 vainas servidas halladas por los peritos de Gendarmería en la escena del crimen, eran “compatibles con proyectiles calibre 9 milímetros”. Los peritajes realizados determinaron de manera fehaciente que diez de los disparos fueron realizados por el oficial Rodrigo César Ezequiel Canstatt. Uno de esos proyectiles fue el que impactó en el cuerpo de Diego Cagliero y “le provocó la muerte en el acto”. El plomo fue hallado en el cuerpo de la víctima. Otros tres disparos fueron realizados por el subinspector Sergio Darío Montenegro. Una de las balas fue la que hirió de gravedad a Mauro Tedesco, quien tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Bocalandro, donde permaneció internado cuatro días en la sala de terapia intensiva. La vaina número 14 corresponde al arma reglamentaria a cargo de la oficial de policía Micaela Fretes, quien hasta hoy no está imputada en la causa. Los peritos consideraron que ese proyectil no impactó en ninguno de los jóvenes que iba en la Ducato. De todos modos, resta saber si no le correspondería el cargo de “homicidio en grado de tentativa”, delito que también se les adjudicó a Canstatt y a Montenegro, por haber puesto en riesgo las vidas de

Un jurado popular decidirá si los dos policías son culpables o inocentes. En la última jornada de testimoniales, quedó expuesta la estrategia del policía Sergio Montenegro para responsabilizar solo al oficial Rodrigo Constatt Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Desde la apertura del juicio por el homicidio de Diego Cagliero, pero con mayor intensidad en las últimas tres audiencias, el defensor oficial Fernando Lagares se viene desempeñando con la sutileza de un elefante en el bazar. Con imperturbable tozudez intentó rebatir —sin exhibir conocimientos científicos compatibles— las pericias que indican que su representado, el subinspector Sergio Montenegro, fue quien hirió de gravedad al joven Mauro Tedesco. La estrategia de Lagares —poco usual en un juicio por “gatillo fácil” donde los policías hacen causa común por lo general— apunta a que se le adjudique al otro imputado, el oficial Rodrigo Constatt, no sólo el homicidio de Diego Cagliero —hecho ya probado— sino también las heridas graves sufridas por Mauro Tedesco. “¿Considera posible que un proyectil calibre 9 milímetros pueda herir a una persona y al mismo tiempo matar a otra”, fue la pregunta del millón que le hizo Lagares a una sorprendida perito de Gendarmería, Balbina de Jesús Cristaldo, quien le respondió: “No lo sé”. Por supuesto, lo que intentaba introducir como hipótesis era que el disparo que daba en las dos víctimas era uno de los realizados por Constatt. Los peritajes corroboran que uno de los diez proyectiles que partieron del arma reglamentaria de Constatt, fue el que se encontró en el cuerpo de Diego. De eso no quedan dudas, como tampoco que uno de los tres disparos que hizo el subinspector Sergio Montenegro, fue el que hirió en el bajo vientre a Tedesco, quien estuvo internado varios días en terapia intensiva. Las vainas servidas halladas en la escena del crimen eran 14 y los peritajes determinaron que el disparo restante fue hecho por la oficial de policía Micaela Fretes. Al principio se creía que ese proyectil había salido del arma del policía Martín Juárez, según lo declarado en el juicio por Rosa Sofía Herrera, su compañera en el móvil durante la persecución de los ocho chicos que iban en la camioneta Ducato. Los únicos que dispararon fueron los policías, es otra de las certezas. El perito oficial Mauro Gómez Foresta, del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, fue quien señaló en una pantalla, con un puntero láser, el proyectil que produjo la muerte de Diego Cagliero. Las marcas impresas en el proyectil indican, sin lugar a dudas, que el disparo salió de la pistola reglamentaria Bersa Thunder 9 milímetros que empuñaba Constatt. La alférez Balbina de Jesús Cristaldo, de la División Balística del Laboratorio de Criminalística de la Gendarmería, corroboró lo dicho por Foresta y precisó, además, que fue Sergio Montenegro el que hirió a Mauro Tedesco. Los peritajes incluyeron también a las armas “plantadas” por policías en la escena del crimen. Se confirmó que el revólver calibre 32 tenía sus cartuchos intactos porque nunca fue usada. Por supuesto, tampoco lo fue la pistola de aire comprimido. Una de las preguntas urticantes, por su insistencia con el único fin de confundir a los jurados populares, fue hecha por el defensor Lagares. Quiso saber si, a simple vista, por su similitud con un arma de fuego, la pistola de aire comprimido puede dar lugar a confusión y llevar a pensar a los policías que era un elemento de temer. Lo que no tuvo en cuenta el defensor oficial es que si alguien empuña una pistola de aire comprimido y sabe lo que tiene, mal puede estar convencido de amedrentar a oficiales expertos armados con 9 milímetros. Patricia Paniagua, médica legista de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, mostró una foto en la que aparece el cuerpo de Diego Cagliero dentro de la camioneta. Al mismo tiempo, recordó que la autopsia determinó que un proyectil calibre 9 milímetros entró a su cuerpo por el hombro, le atravesó una vértebra causándole la muerte en el acto. La bala fue encontrada en el cuerpo de la víctima. Los indicios revelan que estaba inclinado, en un claro gesto defensivo. Las pericias fueron complementadas con un análisis interdisciplinario encabezado por la alférez Cristaldo y la perito de parte Silvia Bufalini. Sobre ellas dos cargó con sus preguntas el abogado defensor Lagares. Quería saber si en el trabajo interdisciplinario se habían tomado en cuenta las declaraciones de los siete jóvenes que sobrevivieron al ataque policial. Su persistencia estuvo dirigida a si se basaron en las indagatorias —cuando no se tiene que jurar decir verdad— o en las testimoniales, donde sí deben comprometerse a no mentir. Cristaldo y con más contundencia Bufalini, recalcaron que la posición en la que iban los jóvenes dentro del furgón de la Ducato fueron establecidas por una serie de indicios contundentes, fortalecidos por la autopsia, la planimetría, la trayectoria de las balas y la distancia estimada desde la cual se hicieron los disparos, entre otros detalles. “Las declaraciones son datos subjetivos que hay que analizar sobre la base de los indicios objetivos que fueron tomados en cuenta”, recalcó Bufalini. Tras la respuesta, Lagares optó por llamarse a silencio. Maltrato a las víctimas El defensor oficial también se mostró muy duro cuando le tocó hacer preguntas a algunos de los sobrevivientes. Ya lo había hecho cuando dio su testimonio el sanjuanino Rodrigo García, quien lloró al recordar el trato recibido por los policías, que le quebraron algunos dientes. Lagares lo repitió cuando dio su testimonio Ángel Bramajo, el joven que sigue con prisión domiciliaria, imputado por el presunto “robo en poblado y en banda” al supermercado de Martín Coronado que dio origen a la persecución policial. “Ese día asesinaron a Diego”, fue lo primero que dijo Ángel Bramajo al declarar en el juicio, cuando le preguntaron qué recordaba sobre lo ocurrido el domingo 19 de mayo de 2019. Luego contó que el supervisor de la empresa AYSA, donde trabajaba, le prestó la camioneta Ducato para que asistiera

La frase es de Mauro Tedesco, herido de bala en el abdomen el mismo día en que fue asesinado Diego Cagliero, baleados los dos por policías bonaerenses. En el juicio oral contra dos de los efectivos de la fuerza, declaró también Rodrigo García, uno de los seis jóvenes que acompañaban a Diego y a Mauro. “Me arruinaron la vida”, afirmó al definir en cuatro palabras el impacto que tuvo en él lo que les tocó vivir. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Los dos jóvenes declararon en la quinta audiencia testimonial del juicio por jurados que se realiza en los Tribunales de San Martín, para juzgar a los policías Rodrigo Constatt y Sergio Montenegro, autores de los disparos que el 19 de mayo de 2019 mataron a Diego Cagliero e hirieron de gravedad a Mauro Tedesco.El primero en ingresar a la sala de audiencias fue Rodrigo García. Con los nervios lógicos de tener que recordar lo sucedido, Rodrigo, que vive en San Juan y es albañil, relató el momento en que fueron detenidos: “Los policías me ponían los pies en la cabeza como si fuera un animal, después me cargaron en una camioneta acusándome de que teníamos armas, que éramos un grupo armado que íbamos a robar”. Aclaró una vez más en el juicio, que los ocho jóvenes venían del velatorio de Pablo, un amigo común. “Era mi primo, más que primo, era mi hermano”, dijo Rodrigo. El domingo 19 de mayo estaba en Buenos Aires porque había venido dos días antes al sepelio de Pablo, quien falleció por un ataque de asma. Dijo que tuvo que juntar el dinero necesario para poder viajar. En el velorio de Pablo conoció a Diego Cagliero y al resto de los chicos con los que después del sepelio decidieron ir a la plaza del barrio Los Altos de Podestá a comer un asado en honor a su primo. Rodrigo precisó que sólo conocía a Ángel Bramajo, porque él había viajado a San Juan con Pablo, su primo. “Vamos a despedir a Pablo como a Pablo le hubiera gustado”, fue la propuesta de Ángel que convenció a Rodrigo. Cuando fueron al supermercado de Martín Coronado, Rodrigo se quedó con Ángel en la cabina de la camioneta en la que se movilizaban. Los otros seis chicos entraron al comercio y luego salieron discutiendo con el dueño y uno de los empleados de seguridad. Cuando Ángel se enteró de que se habían ido sin pagar algunas mercaderías, los retó a todos: “Boludos, dejen de joder, es la tráfic de mi laburo”. Ángel era quien había pedido prestada la Ducato de la empresa AYSA. Rodrigo hizo pausas para tomar agua y tratar de tranquilizarse. Luego recordó el momento en que Ángel, quien iba al volante, trató de esquivar a un móvil policial en la avenida Márquez. Segundos después empiezan los disparos, más de 15, según señaló Rodrigo. “Me tiro hacia la falda de Ángel para cubrirme. Era como que tiraban piedras a la chapa. Uno de los chicos (Mauro) estaba herido, se agarraba la panza pidiendo ayuda enchastrado en sangre, mientras atrás mío veo a Diego recostado sobre los asientos ya sin vida”, relató. Cuando bajaron de la camioneta “los policías nos empezaron a amenazar”. Le dijeron “quédate quieto o te mato, tirate al piso”. Además, contó llorando: “Me patearon, me esposaron, me quebraron dientes, me rompieron la boca”. Rodrigo aclaró, ante una pregunta de la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Agustina Lloret, que “jamás” en su vida usó armas de fuego. “Nadie disparó, nunca vi que alguno de los chicos tuviera un arma de fuego”, sostuvo, confirmando lo que ha quedado demostrado en todas las pericias incorporadas a la causa. Luego declaró Alicia Dominga Montenegro, tía de Rodrigo, madre del chico fallecido por asma. Confirmó todo lo dicho por su sobrino. La testigo dijo que su hijo era también amigo personal de Diego Cagliero y de Ángel Bramajo, otro de los jóvenes que iba en la camioneta. Lo que dijo Mauro Mauro Tedesco fue herido en el abdomen y su vida estuvo en peligro, según confirmó antes en la audiencia un médico del Hospital Bocalandro, donde fue intervenido quirúrgicamente y estuvo internado cuatro días en terapia intensiva. Ante los jurados, Mauro recordó lo que sintió al recibir el balazo: “Le dije a Emanuel (Albelo) que le diga a mis hijos que los amo, sentía que me moría”. Sobre la balacera, afirmó que se escucharon “rafagazos de bala, balas que entraban por todos lados de la camioneta”. Y continuó el relato: “Siento un disparo en el cuerpo, entonces le pido Ángel que frene que me sentía herido de bala”. El disparo impactó en la zona de la ingle. Aunque estaba chorreando sangre, se bajó de la camioneta como pudo y se tiró al piso por orden de los policías. “Les pedí que no me hagan nada porque estaba herido, luego vi a Emanuel y me desmayé”, dijo. Recuperó el conocimiento en la ambulancia, pero fue solo por un instante. Volvió a despertar dos o tres días después. Allí se enteró que lo habían operado de una herida grave. Todavía hoy sufre las secuelas: una hernia en el estómago que le impide conseguir trabajo ya que no supera el examen preocupacional.Ante una pregunta sobre qué más recuerda de ese 19 de mayo de 2019, respondió: “Que me mataron a un amigo”. Las armas “plantadas” En la quinta audiencia testimonial también declaró el perito de Gendarmería Fernando Martín Báez, quien en 2019 trabajaba en el Departamento Fisicoquímico Instrumental de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza. Báez tuvo a su cargo las pericias con la técnica de microscopio de barrido electrónico sobre las muestras de adhesivo de carbono tomadas por la Gendarmería de las manos de siete de las víctimas. Dijo que encontró huellas positivas en tres, pero aclaró: “Si yo disparo y voy y le pongo esposas a una persona es posible que le transfiera las partículas” de pólvora por

Eso declaró Carlos Damián Villanueva, uno de los jóvenes que iba en la Ducato. Las 14 vainas servidas halladas por los peritos de Gendarmería en el lugar donde fue asesinado Diego Cagliero, eran “calibre 9 milímetros”, compatibles con el calibre del arma reglamentaria que utiliza la Policía bonaerense. Así lo aseguraron los peritos gendarmes que declararon en el juicio por jurados populares en el que dos policías están siendo juzgados por el “homicidio agravado” de Diego y el “homicidio agravado en grado de tentativa” de los siete amigos que lo acompañaban. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero El médico que constató el fallecimiento de Diego Cagliero sostuvo que en la parte trasera de la camioneta Ducato en la que iban los jóvenes, sólo vio “instrumentos musicales”. No había ningún arma en poder de las víctimas. Todo confirma que las armas halladas fueron “plantadas” por policías no identificados por el momento, que actuaron luego de que el médico se retirara y antes que llegaran los peritos de Gendarmería. La inexistencia de armas en poder de las víctimas fue corroborada por los peritos, que dijeron que todos los disparos fueron realizados “desde el exterior” del vehículo. En la cuarta audiencia del juicio, se ratificó además que el revólver Bersa Taurus que según las defensas fue hallado junto al cuerpo de Diego, no fue disparado. Tampoco lo fue, por supuesto, la pistola réplica de aire comprimido que alguien dejó detrás del asiento de la camioneta, con el trasnochado propósito de que pudiera ser considerada un arma capaz de competir con las 9 milímetros de los policías. La cuarta audiencia El primer testigo fue el subalférez de Gendarmería, Daniel Torres, quien el 19 de mayo de 2019, cuando ocurrió el hecho, era integrante del Departamento de Criminalística de Gendarmería, con sede en Campo de Mayo. Torres participó en la recolección de indicios en la escena del crimen y dio una explicación simple de las técnicas utilizadas, para la mejor comprensión de los jurados populares. Torres precisó que en la camioneta tipo furgón, en la que iban las víctimas, pudo constatar la presencia de 11 orificios de bala producto de disparos realizados desde el exterior del vehículo. El perito recordó que la camioneta Ducato sólo tiene ventanas en la parte delantera, donde están los asientos del conductor y el acompañante. Aunque no lo dijo el experto, es propicio recordar que Diego iba en la parte de atrás del furgón. Si hubiera sido cierto que tenía un arma, mal podría haberla usado estando en un sitio desde el cual se tiene una visión muy lejana del afuera. Torres precisó que fueron 14 las vainas servidas calibre 9 milímetros encontradas en la escena. Once de ellas son de balas que impactaron en la camioneta; una más en la parte delantera de un vehículo policial que participó en el operativo y otras dos no dieron en un blanco que pueda ser determinado. Es importante la confirmación de que fue un disparo “propia fuerza” el que impactó sobre la parte delantera del patrullero en el que iba el oficial Diego Reinaldo Torres, quien declaró en la segunda audiencia del juicio. El policía fue el que dijo que le cruzó el vehículo a la Ducato durante la persecución. Relató también que escuchó “dos tandas de disparos”, ahora confirmado por los peritos que fueron hechos por sus propios compañeros. El perito gendarme Daniel Torres también inspeccionó el interior de la camioneta Ducato, cuando todavía estaba allí el cuerpo de Diego. Junto a la víctima halló la pistola de aire comprimido y bajo el asiento el revólver Bersa calibre 32 con dos “balas intactas” porque no fue utilizado. Las armas no fueron vistas por el médico que constató el fallecimiento de Diego Cagliero. Para confirmar que esas armas no fueron usadas, el perito de Gendarmería señaló que tampoco encontró vainas servidas en el interior del rodado. Dijo textualmente: “No se utilizó un arma de fuego que eyecte vainas”. Recalcó que las únicas armas compatibles con las vainas encontradas, eran las que portaba “el personal policial”. Luego declararon los peritos gendarmes Jacinto Javier Díaz y Pablo Enrique Di Bez, quienes coincidieron con lo dicho antes por su colega Torres. Díaz dijo que hubo “dos momentos de disparos”, dato que coincide con las “dos tandas” de balazos que dijo haber escuchado el oficial de policía Diego Reinaldo Torres. Díaz explicó al jurado que “cada arma es única” y al ser disparada deja huellas que permiten determinar de manera fehaciente desde que arma fueron realizadas. Di Bez confirmó que hubo 14 disparos. En la acusación se afirma que está probado que 10 balas partieron de la 9 milímetros del oficial Rodrigo Constatt (una provocó la muerte de Diego) y otras 3 del arma del subinspector Sergio Montenegro (una hirió a Mauro Tedesco). De las otras dos balas, se sabe que una habría sido disparada por el policía Martín Juárez. Otro dato clave En la cuarta audiencia declaró José Vidal Oros, el médico del SAME de Tres de Febrero. Declaró que a las 14.05 del domingo 19 de mayo de 2019 constató el fallecimiento de Diego Cagliero. Cuando subió a la parte trasera de la camioneta, donde estaba el cuerpo, lo único que vio fueron “instrumentos musicales”. No recordaba haber visto armas en la escena del crimen. El médico llegó al lugar mucho antes que los peritos de Gendarmería, que sí encontraron las armas que habían sido “plantadas” por policías para tratar de instalar la falsa teoría del “enfrentamiento”. Un video mostrado en el juicio, revela que antes del peritaje subieron a la parte trasera de la camioneta tres policías de uniforme y uno de civil. Ellos son los sospechosos de haber “plantado” el arma. También dio su testimonio la médica Cecilia Sforza, quien era residente de Cirugía del Hospital Bocalandro, donde fue internado Mauro Tedesco. Dijo que el joven ingresó con un disparo en la zona púbica que le había atravesado la vejiga. Por tal motivo, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y permaneció en

Esa fue la última imagen que le quedó grabada a Emanuel Albelo, uno de los amigos del joven asesinado por una bala policial. Emanuel estaba al lado de Diego, en la parte trasera de la camioneta Ducato que fue baleada por efectivos de la policía bonaerense. “Ninguno de nosotros tenía armas y tampoco premeditamos robar el supermercado”, dijo. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero En la tercera audiencia del juicio por el asesinato de Diego Cagliero, declaró Emanuel Albelo, uno de los amigos del joven. Aunque reconoció que el dueño del supermercado tenía razones para estar enojado con ellos, aseguró que nunca se dieron cuenta de que eran el blanco de una persecución policial que terminó en un “homicidio agravado” por la muerte de Diego y la herida grave que sufrió Mauro Tedesco. Al dar testimonio en el juicio oral por la muerte de su amigo, admitió que siente miedo de ser perseguido por la policía, pero “estoy acá (en el Tribunal Oral 1 de San Martín) porque le prometí a Diego que iba a pedir justicia”. En el proceso están acusados de “homicidio agravado” los policías Rodrigo César Ezequiel Canstatt y Darío Montenegro. Emanuel relató que los ocho se reunieron ese domingo 19 de mayo de 2019 en el velatorio de un amigo. Luego participaron en el cortejo fúnebre hasta el cementerio, en la camioneta Ducato, con el logo de AYSA, que le habían prestado a Ángel Bramajo. Entonces surgió la idea de reunirse en una comida en el barrio donde vivía el amigo fallecido. Fueron al supermercado de Martín Coronado y Emanuel admitió que él se llevó una botella de licor oculta en su buzo canguro y salió hacia la calle “caminando, tranquilo”. Cuando se estaba subiendo a la camioneta, con dos de sus amigos, comenzó la discusión con el dueño y el empleado de seguridad del supermercado. Emanuel reconoció que “estaban enojados con razón”. Afirmó que sólo fue “una discusión, todo verbal, no hubo ningún tipo de golpe ni nada”. En ese momento devolvieron “gran parte de la mercadería, quedó solo una botella de licor que nos llevamos sin pagar”. Después del episodio, subieron a la camioneta y partieron hacia el lugar donde iban a realizar la juntada “en honor” al amigo fallecido. Se detuvieron en Marquez y Ruta 8, en San Martín, para esperar a unos amigos que finalmente no los acompañaron. Luego siguieron su camino “tranquilos, como si nada, sin sentirnos perseguidos”. En la esquina de Márquez y Gabino Ezeiza “se nos cruza un auto adelante, a contramano, muy de golpe”. Ángel, que era el que manejaba, se asustó y atinó a doblar. “Fueron unos segundos y ahí se empezaron a escuchar muchos disparos”, contó. Los que iban en la parte trasera del vehículo se tiraron al piso, mientras Mauro Tedesco gritaba de dolor “porque le había entrado una bala”. Emanuel dijo que se quedó tirado en el piso de la camioneta, sin saber si las balas eran de plomo “o de goma” porque “no podía entender lo que estaba pasando”. En la cabina, en el asiento delantero, iban tres de los amigos, pero otros se pasaron adelante por temor a recibir un balazo. De acuerdo con el relato de Emanuel, la puerta trasera de la Ducato intenta ser abierta por Diego y otro de los jóvenes. Mauro sale gritando por el dolor que sentía, los otros chicos bajan y en ese momento, Emanuel ve que los policías terminan de abrir la puerta, los apuntan con sus armas y él ni siquiera atina a moverse porque tenía miedo de recibir un balazo. En ese instante es que advierte que Diego tenía “los ojos blancos, estaba conmocionado y se quebró”. Es la imagen que le quedó de su amigo porque los policías lo agarraron y lo bajaron, mientras él levantó los brazos “para que no me hagan nada”. Los hicieron bajar a todos, los tiraron boca abajo en el piso y les pusieron las esposas. Mauro les decía a los policías que quería despedirse de su hija “porque pensaba que se iba a morir”. Poco después llegó la ambulancia que llevó a Mauro hasta el hospital donde fue internado en terapia intensiva. Los policías le pusieron a Emanuel una capucha, pero como él es claustrofóbico, les pidió por favor que se la sacaran. Se la sacaron, luego de decirle que era “un maricón de mierda”. El testigo presencial estimó que habían pasado unos 45 minutos desde que se fueron del supermercado. Para explicar que ellos no tenían dimensión de lo que estaba ocurriendo, señaló que estaban “a metros de la comisaría, íbamos a pasar por ahí, para nosotros era un día normal, no veníamos esquivando nada, yo vivo a pocas cuadras…”. Los subieron a dos patrulleros a los seis ilesos, con Diego muerto en la camioneta y Mauro en el hospital. Emanuel comentó que el patrullero en el que lo llevaron el conductor era un hombre mayor. “Nos preguntó que cagada nos habíamos mandado y nos dijo ‘miren el quilombo que se armó por esta boludez’”, relató. Cuando estaban en el calabozo, un policía les preguntó “de quién era el fierro, una (Bersa) Taurus 40”. Los habían hecho desnudar y cuando ellos respondieron que no tenían “ningún arma”, los empujaron y los encerraron en el calabozo. Las preguntas eran “agresivas”. Los seis estuvieron en un “calabozo chiquito” hasta las 6 del día siguiente. Antes de irse les hicieron el dermotest porque “hubo un tiroteo”. Al principio se negaron y dijeron que ellos no habían hecho nada. “Nos dijeron que ellos no se iban a ensuciar por otra fuerza y entonces accedimos”, dijo. Más tarde, otro grupo les comunicó que estaban acusados de robo y les confirmaron que Diego Cagliero había fallecido. Cuando le preguntaron cuántos disparos había escuchado cuando iban en la camioneta, respondió que fueron “muchos, más de cinco seguro”. En ese momento se quedó “petrificado”, tirado en el piso. Ante una pregunta, consideró “un disparate” que digan que alguno de ellos tuviera un