11 policías condenados en Córdoba por gatillo fácil contra Blas Correas

Lo decidió un jurado popular. Blas tenía 17 años y la fiscalía calificó al crimen como una “inadmisible masacre”. Uno de los fiscales del juicio, Fernando López Villagra dijo que fue “uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Pedro Ramírez Otero

Otros 9 policías recibieron penas de entre dos y cuatro años y nueve meses de prisión, “por encubrimiento, falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Dos uniformados fueron absueltos.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien participó como “observador” y amicus curiae del juicio que comenzó en septiembre pasado, resaltó la importancia del fallo. “Esta semana tuvimos seis condenas a perpetua por asesinar ciudadanos sin razón alguna, en los casos de (Luis Armando) Espinoza (en Tucumán) y ahora en el de Blas Correas”, dijo. Pietragalla recalcó que “el camino de la no impunidad es muy importante para que en el futuro cada policía que porta un arma sepa que no es gratis usarla contra las personas a quienes tiene que cuidar”.

En el debate por el caso Correas se dio un hecho inusual en las causas contra policías: una agente que fue condenada admitió que ella fue quien “plantó” el arma con la que se intentó disfrazar el caso como “enfrentamiento”. Dijo que lo hizo “por orden” de sus “compañeros y superiores” jerárquicos.
La Cámara Octava del Crimen, jurado técnico en el caso, ordenó que sean investigadas las responsabilidades políticas del exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera, del ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica Lucas Mezzano, de la actual jefa de la Policía local, Liliana Zárate de Belletti, y del excomisario Gonzalo Cumplido. Cuando ocurrió el hecho, el 6 de agosto de 2020, la actual jefa de la Policía cordobesa estaba a cargo de la formación de los efectivos. Fuentes cercanas a la investigación creen que, de realizarse una investigación a fondo, eso podría involucrar a otros funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad.

Soledad Laciar, la mamá de Blas –otra madre coraje en lucha por la justicia—, dijo que el fallo fue importante y le dejó “muchas sensaciones”, pero aclaró que seguirá luchando “hasta que sean juzgados los responsables políticos y los que dejaron morir” a su hijo. Los amigos del joven lo llevaron herido de gravedad al sanatorio Aconcagua, en la ciudad de Córdoba, pero los responsables médicos se negaron a asistirlo.

Soledad dijo: “No se trata solo de Blas, porque hay muchos casos que están clamando por justicia y esa también es mi lucha, para que esto no le ocurra a ningún pibe más”.

Desde marzo de 2020 hasta el asesinato de Blas, en Córdoba se habían registrado otros siete casos de gatillo fácil. En 2017 fueron 35 las personas que “murieron en la provincia por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad, y en 2018 hubo otros 10 casos”, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad de Ciencias Sociales de la provincia.

El 5 de octubre de 2020, el entonces ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, respondió al CELS por medio de una carta que incluyó una frase repudiable: “Resulta preciso hacer énfasis en la vocación democrática y de irrestricto respeto de los derechos humanos del gobierno de la provincia, bajo el mandato del Sr. Gobernador (Juan Schiaretti)”.

Mosquera señaló, además, “lo ético de la actuación institucional” en la provincia. Soledad Laciar sostuvo que el exministro Mosquera “a pesar de todo lo que estaba pasando, nunca dio ninguna explicación de nada”. La mamá de Blas, quien estaba embarazada cuando asesinaron a su hijo, agregó que “el gobierno de Córdoba nunca hizo nada” para terminar con la violencia institucional.

Su compromiso es “luchar, no solo por Blas sino por un montón de pibes invisibilizados en causas en las que ni siquiera hay un solo imputado”. Dijo que ella salió “a luchar” para no quedarse en su casa “solo a llorar”.

Las condenas

Los policías Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (35) fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y por el uso de armas de fuego. También les imputaron los “homicidios en grado de tentativa” de los cuatro chicos que iban con Blas en el automóvil baleado por los dos policías.

También fueron condenados el comisario inspector Walter Soria (43), a cuatro años y nueve meses de prisión; el subcomisario Enzo Quiroga (34) y el comisario inspector Jorge Galleguillo, ambos a cuatro años y ocho meses de cárcel.

La oficial ayudante Yamila Martínez (25) fue condenada a 4 años y tres meses; el subcomisario Sergio González (44) a 4 años y diez meses; el comisario Juan Antonio Gatica (46) y el cabo Alexis Quevedo (29), ambos a cuatro años de cárcel.

La agente Wanda Esquivel (32) fue quien confesó en el juicio que “plantó” el arma para simular un “enfrentamiento”. En su indagatoria pidió “disculpas” por el “error” cometido. A ella la condenaron a tres años y diez meses de prisión. Después de su confesión, siguió el debate desde una sala contigua, separada de sus excompañeros por razones de seguridad.

El otro condenado, a 2 años y seis meses de prisión, fue el oficial ayudante Ezequiel Vélez (23). Fueron absueltos el agente Rodrigo Toloza (27) y el cabo Leonardo Martínez (29).

En la audiencia estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres; y representantes de Amnistía Internacional, organismo que, al igual que Pietragalla, participaron como “observadores”.

Los hechos

En la madrugada del 6 de agosto de 2020, Valentino Blas Correas, de 17 años, iba con cuatro amigos en un Fiat Argo, luego de estar juntos en un bar. El auto era conducido por Juan Cruz Camerano Echevarría (20) y los otros ocupantes eran Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, todos de 17, compañeros de colegio.

En el cruce de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, en el sur de la capital provincial, se había montado un control policial de prevención. El conductor siguió su marcha, por miedo, sin atender la señal de los policías. Sin más trámite, el cabo primero Gómez efectuó cuatro disparos y su compañero Alarcón otros dos. Uno de los disparos realizados por Gómez hirió en la espalda a Blas Correas.

El joven herido fue llevado por sus amigos al Sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo. En forma simultánea, los policías “plantaron” un arma en la escena del crimen.

Ante el rechazo recibido en el sanatorio Aconcagua, los amigos de Blas partieron hacia el Hospital de Urgencias, pero otras patrullas policiales los interceptaron en la avenida Chacabuco. Blas todavía respiraba, pero falleció antes de recibir atención médica.

En sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto, el cabo Gómez dijo que no tuvo “intención de quitarle la vida a nadie”, mientras que Alarcón sostuvo: “No soy un asesino, no tuve intenciones homicidas”.

El fiscal Fernando López Villagra hizo una síntesis a través de una serie de “fríos números: 6 del 8 del 20, 00.07.57 horas, Automóvil Fiat Argo, 5 ocupantes, 6 disparos, 2 policías, 5 vainas servidas secuestradas, 1 muerto, 4 víctimas muy cerca de morir”. Y concluyó diciendo que “esta inadmisible masacre es uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”.