represión estatal
Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad de Córdoba, fue imputado por delitos relacionados con la investigación del homicidio de Valentino Blas Correas, de 17 años, ocurrido el 6 de agosto de 2020. De llegar a juicio oral, será el segundo por el mismo caso de gatillo fácil y también estarán en el banquillo de los acusados el comisario Gonzalo Cumplido, otro exfuncionario civil y 15 policías, algunos de los cuales ya fueron condenados en el proceso anterior. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero En el primer juicio por el asesinato del joven Valentino Blas Correas, dos policías recibieron la pena de cadena perpetua como autores del crimen y otros nueve fueron condenados por encubrimiento. El crimen fue calificado como “inadmisible masacre” y de ser “uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”, según afirmó Fernando López Villagra, uno de los fiscales. El asesinato de Correas se produjo durante un control vehicular, en la capital cordobesa, cuando los policías balearon sin razón alguna el automóvil en el que iban Blas y cuatro amigos que también podrían haber perdido la vida por la violencia irracional del ataque. En estos días, Soledad Laciar, la mamá de Blas, reiteró lo dicho cuando finalizó el primer juicio: “Voy a seguir luchando hasta que sean juzgados los responsables políticos y los que dejaron morir a mi hijo”, negándole la posibilidad de ser asistido en un sanatorio, cuando se encontraba gravemente herido. Laciar sostuvo: “Hay muchos casos que están clamando por justicia y esa también es mi lucha, para que esto no le ocurra a ningún pibe más”. El nuevo juicio Ahora, por derivaciones del mismo caso, el fiscal Franco Mondino, del fuero Anticorrupción, imputó a 18 personas, entre policías y exfuncionarios, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria en los primeros días de julio. La decisión de Mondino es el primer paso en el marco de las actuaciones que le fueron giradas por la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, luego de dictar sentencia condenatoria a los dos policías autores del homicidio y a otros nueve por el delito de encubrimiento. Los camaristas Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno habían solicitado al fuero Anticorrupción que investigara la posible comisión de delitos en torno al manejo de recursos del Ministerio de Seguridad, en 2020 a cargo de Mosquera, en los que se veía envuelto el comisario Cumplido. También se ordenó investigar los hechos relacionados con la falta de auxilio a Blas Correas cuando estaba agonizando y ahondar sobre las maniobras de encubrimiento que se revelaron en el juicio.Al comisario Cumplido, que no llegó al juicio oral porque había sido sobreseído en la instrucción, el fuero Anticorrupción lo imputó ahora por haber “recibido dádivas” y por encubrimiento. Al comisario, que era jefe de Seguridad de la ciudad de Córdoba, lo acusaron por “omisión de denuncia, agravado por su condición de funcionario público, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en el ejercicio de sus funciones”. El caso de Cumplido tiene íntima relación con la situación procesal de Fernando Mosquera, exministro de Seguridad de la provincia y actual legislador por Hacemos Unidos por Córdoba. A Mosquera se lo acusa de “ofrecimiento de dádivas” en los días en que era ministro y cuando Cumplido había sido separado de la fuerza policial por su vinculación con el caso Correas. Entre otras cuestiones, se sabe que Mosquera le regaló al comisario suspendido, con fondos públicos, un Toyota Corolla. También le prometió un ascenso, que no se concretó, una vez que se aquietaran las aguas de la investigación por el crimen. El incumplimiento de la promesa derivó en fuertes revelaciones del comisario, que ahora son investigadas a fondo. Mosquera fue cuestionado duramente por la familia de Blas, quienes lo mencionaron como parte del encubrimiento. Por si fuera poco, Mosquera tuvo que pedir licencia como legislador, luego de recibir una grave denuncia por violencia de género, de parte de una suboficial de la policía provincial. La víctima se presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, para denunciar al exministro, con quien mantenía una relación de pareja. La suboficial, de 34 años, fue encontrada con heridas en el rostro, ensangrentada y desvanecida luego de ingerir pastillas. Tuvo que ser hospitalizada. Esta causa contra Mosquera es por los delitos de “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo, por mediar violencia de género, y por amenazas calificadas”. Los otros imputados Las derivaciones del caso de gatillo fácil, involucran también a Lucas Mezzano, exfuncionario del Ministerio de Seguridad, quien hoy tiene un cargo nada menos que en el órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad. También está señalado en el “ofrecimiento de dádivas”, un delito penado hasta con dos años de prisión. El fiscal Mondino imputó por “violación de medios de prueba” a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.Por el delito de “abuso de autoridad”, deberán responder en las indagatorias los policías Víctor Rubén Di Stefano, Diego Norberto González. Emmanuel Fachisthers, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Henot, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emmanuel Toloza y Natalia Soledad Márquez, quien también está imputada por “lesiones leves calificadas en abuso de su función”. El listado puede ser parcial, ya que estaban en la mira de la Justicia otros funcionarios, entre ellos la comisaria general Liliana Zárate Belletti, jefa de Policía mientras se sustanciaba el juicio por el homicidio de Blas Correas. Las condenas En el primer juicio, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homcidio calificado los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón. Los condenaron también por los “homicidios en grado de tentativa” de los cuatro chicos que iban con Blas en el automóvil baleado por los policías. También fueron condenados el comisario inspector Walter Soria, a cuatro años y nueve meses de prisión; el subcomisario Enzo Quiroga y el comisario inspector Jorge Galleguillo, ambos a cuatro años
Lo dijo Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, acerca de la modificación de la ley penal para la que el Gobierno nacional ya presentó un proyecto en el Congreso. En diálogo con el programa radial Estás muteadx, Taffetani habló sobre la cuestión de fondo del tema y abordó cuestiones como la problemática en los barrios, la pobreza, y la falta de decisiones estructurales por parte del Estado argentino. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierRedacción: Agustina Sandoval LernerEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Colectivo de Medios Populares El 15 de mayo, en su presentación ante el Senado de la Nación, el ahora exjefe de Gabinete Nicolás Posse, habló de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, en el que estaría trabajando el Ministerio de Justicia. Hace algunos días, el diputado mendocino por La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, presentó en el Congreso un proyecto de ley para que un pibe o piba de 12 años sea punible. La actualidad de la imputabilidad en Argentina El sistema penal juvenil actual está regulado por el Decreto Ley 22.278/1980, y sumodificatoria 22.803/1983, sancionado durante la última dictadura cívico militar, que estableció el Régimen Penal de Minoridad, y fijó la edad de imputabilidad a partir de los 16 años, prohibiendo la imputación a personas menores de edad. Esta norma establece que tampoco es punible el adolescente que “no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”. Los y las adolescentes de entre 16 y 18 años no son juzgados como personas adultas. Sólo son punibles quienes cometen delitos con penas mayores a dos años, pero comienzan a cumplir pena privativa de libertad a los 18 años, porque durante ese tiempo se estipula que deben estar en centros de recepción y contención de menores. Acerca de las personas menores de 16, y según si se encuentra en situación de pobreza o vulneración social, la ley establece que el juzgado podrá disponer de forma tutelar del adolescente. Esto significa, por ejemplo, establecerlos en centros especializados de aprehensión durante el tiempo que se crea necesario, dejando a la persona sin una especial protección jurídica. Lo que ocurre con esta política que apunta a la penalización y aprehensión de las personas menores de edad, es que fija a determinada población como el problema e instala en la sociedad el discurso de que las personas en situación de vulnerabilidad son las más propensas a delinquir. La discusión está puesta sobre el delito en sí, y no se piensa a fondo cuál es la situación que lleva, a los pibes y las pibas, a cometer infracciones penales. Incomoda mucho ―demasiado, tal vez― abrir el tema, y la respuesta siempre es la misma: bajar de la edad de imputabilidad. “Venimos de esto que es señalar siempre como enemigo a quien sufre esa política. Entonces cuando yo coloco el dedo acusador en un sector de la población, lo que hago es desviarlo y que quede fuera del sector de población que yo deseo, como es en este caso, los que tienen el verdadero poder y dominio sobre todos los bienes de nuestra patria”, dijo Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas. Lo arbitrario de fijar una edad El Código Civil y Comercial de la Nación de nuestro país establece el principio de capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, situándolos como sujetos de derecho y no objeto de protección. Regula la edad de 16 a 18 años como una categoría intermedia dentro de la adolescencia, con especial importancia para el ejercicio de ciertos derechos personalísimos. La capacidad progresiva implica que depende de las condiciones de madurez efectivas de cada sujeto que va adquiriendo progresivamente hasta alcanzar la mayoría de edad, donde se adquiere la plena capacidad. Aunque la norma civil distingue edades, el foco se encuentra en lo progresivo, y en el ejercicio de derechos, en sintonía con la normativa internacional de derechos humanos. La norma penal no sigue un parámetro ni principio en materia de derechos humanos. La edad fijada para la imputabilidad es arbitraria y deja bien en claro qué clase de política punitiva quiere implementar. “El Estado establece una edad, que en realidad no es una edad para decir cuándo alguien es consciente de que comete un delito, sino es una edad para decir hasta acá el Estado se responsabiliza absolutamente por lo que ese pibe hizo o no hizo, en función de lo que no hizo el Estado”, explicó Taffetani. Esto se reduce a ver hasta dónde el Estado brindaría una respuesta de protección, y cuándo va a penalizar o a establecer cierta responsabilidad del pibe o la piba que se encuentra sujeto a una respuesta penal. “Es ahí donde tenemos que discutir seriamente. No hay posibilidad de que alguien que ha vivido cosas sumamente inhumanas, pueda tener valores humanos. Por eso me pregunto: ¿En Puerto Madero pasan estas cosas? Por supuesto que no, porque en realidad lo que ha ido pasando es que el sistema fue empujando a los pobres a barrios, cada vez más grandes, con una desigualdad tremenda “, planteó la abogada. La solución es estructural Acerca de qué se debe hacer para solucionar el conflicto de los y las jóvenes con la ley penal, Taffetani aseguró que “hay que cambiar absolutamente el sistema hacia la promoción de la igualdad en la gente, y no esta desigualdad tremenda y esta dominación y explotación”. Y agregó: “Es difícil que salga desde el Estado, porque esto está armado para que siga así. Sí creo que en la sociedad tenemos que ver cómo encontramos este tipo de políticas diferentes a desarrollar, apropiarnos de ciertas políticas comunitarias, con los pibes y las pibas que lo necesitan”. La abogada sostuvo que tampoco se soluciona poniendo un patrullero en cada esquina: “Es lo contrario, es volver a ganar la calle, lo público, ser parte de poder participar. Este es
Luego de 38 años de denuncias judiciales sin resultados positivos, Nancy Noemí Saavedra pudo demostrar que su esposo, Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas, fue asesinado en un caso de gatillo fácil policial. El fallo judicial sólo sirve para confirmar que fue un crimen alevoso, pero nadie irá preso porque los responsables ya fallecieron. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero El 13 de junio de 1986, Nancy Noemí Saavedra tenía 18 años y su esposo 24. En la madrugada de ese día, Alejandro había ingresado saltando una reja a la deshabitada casa de su padre, porque había olvidado las llaves. Un vecino denunció en forma anónima un robo inexistente, tres policías llegaron y uno de ellos ejecutó de tres disparos a un joven que ni estaba robando, ni tenía armas que pusieran en peligro a los uniformados. Además, era una casa a la que la víctima iba con frecuencia y era conocido por los vecinos y vecinas.Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas, estaba en el techo de la casa de su padre, cuando el agente bonaerense Gustavo José Di Giulio le pegó un primer tiro en el mentón y luego lo remató con otros dos disparos a quemarropa. “Debería estar feliz por el fallo, después de tanto tiempo, pero no lo estoy porque el fallo no repara nada, salvo que se sepa que Alejandro no era un delincuente, como afirmaba la versión policial”, dijo Nancy. La Retaguardia la conoció hace unos años, cuando se tramitaba en los Tribunales de Lomas de Zamora el juicio por la Masacre de Wilde, un emblemático caso de gatillo fácil que estuvo impune casi 30 años. Aunque en ese caso condenaron a siete policías, todavía todos siguen sin ir a la cárcel. El asesinato de Rodríguez Cernadas ocurrió un día que había paro general. El caso ocurrió en Lanús e intervino la comisaría segunda de esa localidad. Del operativo participaron tres policías, pero el único que disparó fue Di Giulio, quién a pesar del crimen cometido, llegó al grado de comisario y a la jefatura de la seccional de Luis Guillón. El policía murió años después en un operativo. En su declaración ante la Justicia, el policía asesino sostuvo que la víctima tenía un arma y que les disparó, pero en la escena del crimen sólo había vainas de la 9 milímetros de Di Giulio. “Como es habitual, la policía ‘plantó’ la supuesta arma que nunca tuvo mi esposo”, explicó Saavedra, quien, en junio de 1986, quedó viuda a los 18 y con un hijo de 3 años. Cuando Nancy y su suegro se presentaron en la comisaría de Lanús, llevaron la escritura de la casa en la que ocurrió el asesinato. “Di Giulio llegó a decirme que ‘lamentaba’ que mi esposo haya sido sorprendido ‘cometiendo un delito, porque estaba robando’”, contó. Ante tamaña mentira “les dijimos que no estaba robando, que estaba en la casa de su padre, lo que provocó que todos los policías se alteraran, que comenzaran a entrar y salir de las oficinas, fue muy impresionante lo que pasó en ese momento”, ante el dato clave que confirmaba un nuevo caso de gatillo fácil. Se abrió una causa judicial contra los policías involucrados y uno de los jueces que intervino, Tristán Rodríguez, le prometió a Nancy que “se haría justicia, pero no la hubo porque el Poder Judicial no administra justicia”. Después de un largo peregrinar, llegó la tardía resolución del juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, en la que se corroboró que Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas “fue víctima de un homicidio doloso, que para lograr la impunidad de los autores se falseó un sumario y el trámite judicial se limitó a brindar cobertura a la versión policial, sin realizar, pese a las evidencias, ningún esfuerzo investigativo”.Con la complicidad de sus compañeros, Di Giulio plantó en la escena del crimen un revólver calibre 22 largo, marca Pasper Bagual, al lado de la víctima. Luego, los jefes de la comisaría de Lanús crearon un sumario falso en el que se armaba que fue un caso de “legítima defensa”. Con posterioridad, sin investigar a fondo un caso de fácil resolución, varios jueces dictaron sobreseimientos y el caso fue archivado. Nancy hizo más de 20 presentaciones judiciales, hasta que en 2023 se contactó con el abogado Ciro Annicchiarico, el mismo que intervino en la causa por la Masacre de Wilde. Lo que se logró fue un juicio por la verdad, como los que se realizaron a partir de los 90, en la Cámara Federal de La Plata, como respuesta a los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado. Annicchiarico, con el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lograron el fallo del juez Gaig, a pesar de que la causa penal ya estaba prescripta “por el tiempo transcurrido y por el fallecimiento de todos los posibles imputados”. En el fallo, el juez Gaig dejó constancia que “no se puede establecer cuál fue la convicción” de los magistrados intervinientes para cerrar el proceso sin disponer condena alguna para los policías que intervinieron y los que fraguaron el sumario. El fallo hace responsable al Estado provincial “por incumplir con sus obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. También requirió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense la colocación de una placa conmemorativa en el patio central de los Tribunales de Lomas de Zamora en memoria de Rodríguez Cernadas “indicando su carácter de víctima de violencia institucional” porque “su homicidio no fue debidamente investigado en su momento”. Ciro Annicchiarico consideró que el fallo es importante porque “no hay antecedentes en la Provincia de Buenos Aires de declaración al derecho a la verdad en un caso de gatillo fácil, en un hecho que no está vinculado con los crímenes cometidos por la dictadura” cívico-militar.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires revocó la condena que había recibido Luis Chocobar en 2021. En el fallo, que no absuelve al policía, se hace hincapié en que la sentencia del Tribunal Oral de Menores N°2 tiene un “déficit de motivación lógica” y que surgen evidentes inconsistencias y contradicciones en cada uno de los votos de los jueces y manda a realizarse un nuevo juicio. Sabina Frederic, exministra de Seguridad de la Nación y María del Carmen Verdú abogada de la Correpi, hablaron con La Retaguardia y explicaron qué significa esta resolución. La voz de Pablo Rovatti, abogado de Ivonne Kukoc, madre del joven asesinado por Chocobar. Redacción: Agustina Sandoval LernerEntrevistas: Fernando Tebele / Lucrecia RaimondiEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Archivo Colectivo de Medios Populares En 2021 el Tribunal Oral de Menores Nº2 condenó a nueve años de prisión efectiva al menor acusado de intento de homicidio en ocasión de robo. El joven participó del hecho que terminó con el asesinato de Juan Pablo Kukoc por parte del policía Luis Oscar Chocobar. En el mismo juicio, también condenó a Chocobar a la pena de dos años de prisión en suspenso y a cinco de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por encontrarlo culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento del deber por parte del integrante de la policía local de Avellaneda. Luego de que tanto la querella como la defensa recurrieran esta sentencia, Casación emitió una nueva mirada sobre, específicamente, los votos de cada juez de primera instancia. La sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, con los votos de Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse (Daniel Morin no emitió un voto escrito), estableció que el fallo del Tribunal Oral de Menores N°2 cuenta con serias inconsistencias y contradicciones. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), habló con La Retaguardia sobre esta decisión de la Cámara. “El fallo de la Cámara de Casación reconoce que la sentencia del Tribunal de Menores que había condenado a Chocobar a una pena ridícula por homicidio en exceso del legítimo cumplimiento del deber, estaba plagado de fallas. Textualmente dice, por ejemplo, que ‘tiene un déficit de motivación lógica’, que es lo peor que se puede decir de una sentencia, y que surgen evidentes y serias inconsistencias y contradicciones internas en cada uno de los votos y también externas, pues los tres votos afirman circunstancias distintas sobre aspectos medulares del hecho atribuido a Chocobar”. Producto de esta decisión, varios funcionarios y funcionarias salieron a celebrar, promoviendo la fake news de una absolución que nunca fue. Acerca de esto, Verdú aseguró: “Es una mentira, una gran tergiversación, lo que salieron a festejar el defensor de Chocobar, el funcionario Fernando Soto (abogado del policía), la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, o el presidente Javier Milei. La Cámara de Casación no absolvió a Chocobar. Lo que hizo fue anular esa sentencia a raíz de todos esos defectos, tomando muy en cuenta los argumentos de la querella del doctor Pablo Rovatti, que representa a nuestra compañera Ivonne Kukoc, y exigió apartar al Tribunal Oral de Menores N°2 y llevar adelante un nuevo juicio, ante un nuevo tribunal que analice correctamente los hechos y defina el derecho aplicable”. La Doctrina Chocobar como caballo de batalla Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, habló con La Retaguardia acerca de la relevancia de este caso, y se refirió a la puja entre un Estado que promulga la Doctrina Chocobar y las organizaciones de derechos humanos que quieren impedir su implementación. “Es un caso emblemático que se convirtió en el caballito de batalla del concepto de trabajo policial, sobre cómo deben trabajar los policías, para este gobierno y para Bullrich y Macri en el pasado. Tal es así que ella pasó de un reglamento que aprobó en 2018, que nosotros derogamos en 2019, a ubicar esa modificación para avalar situaciones como la de disparar, incluso ante la ausencia de un peligro inminente de parte del supuesto delincuente, en la Ley Bases original, que perdió estado parlamentario”. No fue absolución A pesar de que en un principio la noticia que había circulado era la anulación de la condena a secas, la decisión de la Cámara de Casación está muy lejos de una absolución. El fallo de 166 páginas se centró en lo técnico de la condena a Chocobar, estrictamente sobre los votos de los jueces del Tribunal Oral de Menores N°2, y así los camaristas anularon esta condena para que se haga un nuevo juicio. Se analizaron, entre otras cosas, las contradicciones de los votos de los jueces, indicando que no había en la sentencia una “unidad argumental” en cuestiones clave de los hechos, tales como la cantidad de disparos, y cómo fueron efectuados, y el supuesto movimiento corporal de Kukoc que Chocobar habría tomado como un ataque. Sobre esto, Sarrabayrouse dijo: “Los tres votos afirman circunstancias distintas sobre aspectos medulares del hecho atribuido a Chocobar”. Es importante comprender que el fallo de Casación no analizó cuestiones de fondo del caso, como la culpabilidad de Chocobar, sino que sobre una mala sentencia, en sentido estrictamente jurídico, ordenó sortear un nuevo tribunal y rehacer el juicio. Pablo Rovatti, abogado de Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo, indicó a LR: “Lo que hizo ahora Casación es muy importante. No sostuvo ni que nosotros como parte querellante, ni que la defensa, tuviéramos razón sobre el fondo de la cuestión. Lo que sostuvo es que la sentencia del Tribunal de Menores tenía o presenta vicios de fundamentación, errores argumentativos muy graves, que hacen que no se pueda entender cabalmente qué posición fijó cada juez y qué posición fijó el Tribunal como órgano colegiado; es decir que la decisión tiene que ser tomada por los tres jueces en conjunto y no simplemente una
Con un tono fabulesco, pensamos el presente que atravesamos (¿o que nos atraviesa?) mientras transcurre el primer gobierno argentino de ultraderecha del siglo XXI. Redacción: Sergio ZalbaEdición: Valentina Maccarone Ilustración: Chechu Rodríguez / La Retaguardia En 2007, Oliver Clerk publicó un libro que alcanzó cierta notoriedad: La rana que no sabía que estaba hervida y otras lecciones de vida. Clerk, escritor suizo contemporáneo, trabaja sobre el espacioso y sutil universo de la autoayuda considerándose a sí mismo como especialista del perdón y del desarrollo personal. En el primer capítulo de su libro, propone una especie de tragicomedia: “Imaginen una cazuela llena de agua, en cuyo interior nada tranquilamente una rana. Se está calentando la cazuela a fuego lento. Al cabo de un rato el agua está tibia. A la rana, esto le parece bastante agradable, y sigue nadando”. Pero el agua se sigue calentando, dice Clerk, la temperatura sube y aunque el calor le produce algo de somnolencia, la rana no se inquieta. A los pocos segundos, con el agua muy caliente, ya no le resulta tan agradable, pero carece de fuerzas para patalear. Poco a poco, la rana queda hervida, casi sin darse cuenta. Es bien seguro, dice el autor, que si se la introduce de una vez en un recipiente con más de 50 grados de calor, saltaría inmediatamente de una sola zancada. En las sociedades y en las vidas personales, concluye este especialista en felicidad humana, ocurren situaciones similares. Cuando la tragedia se hace cotidiana, naturalizamos sus causas hasta caer, mansamente, en su inevitable desenlace: la muerte. ¿Nos estarán hirviendo como a la rana del cuento? Puede ser. Hace tiempo abandonamos el asado, después raleamos las verduras, ahora la polenta sale sin tuco ni queso y vivimos en penumbras escamoteando el consumo de energía. ¿Cómo pasamos del ímpetu revolucionario por conquistar derechos a la apatía de la supervivencia? ¿Cómo no nos avivamos que, desde hace mucho tiempo ―no sólo cuatro meses― estamos inmersos en una cazuela con agua avanzando a la ebullición? El canibalismo liberal-capitalista nos hierve para su propio alimento. Eso lo sabemos desde hace mucho. Lo que aparece como cierta novedad es que nos sintamos tan cómodos dentro de la olla; que no estemos pataleando, que hagamos la plancha en la misma pileta que nos cocina. Embajadores de la Luz Hace más de diez días, la Agencia Judía de Noticias (AJN) anticipó una información: “Milei y su hermana, Karina, recibirán la distinción Embajadores Internacionales de la Luz por su inquebrantable dedicación a difundir la libertad”. Vaya galardón. Tan ignoto como extraño, ese galardón será otorgado a Javier y Karina por un Centro de Jabad Lubavitch (organización del judaísmo ultraconservador) en Miami. Y hacia allí partieron, el martes 9 de abril, en un vuelo comercial. Mientras tanto, la hornalla sigue encendida. Y el pueblo argentino adentro de la olla. Sin embargo, el Presidente junto con la secretaria general de la Presidencia están siendo honrados por “su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad”, tal como reza la invitación a semejante evento. Invitación en la que, además, les agradecen por “sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global (y por ser) un faro brillante que ha inspirado un mundo más luminoso y compasivo”. Por otra parte, el mismo Javier Gerardo Milei, en una entrevista con su periodista-amigo Alejandro Fantino, dijo que este lunes se reveló una extraordinaria noticia. “Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo”, afirmó. Por supuesto que no mencionó la fuente ni quien le reveló semejante verdad. Pero, tengo una fuerte sensación: mientras sube el fuego de la cocina y nos revuelve con su mágico cucharón, el tipo está convencido de que todo eso es verdad; que efectivamente es un faro brillante, luminoso y compasivo. Y que, gracias a su capacidad y a las Fuerzas del Cielo, volveremos a ocupar ―en términos económicos― los primeros lugares del planeta. No terminar como la rana Así estamos. A punto de hervir en una cazuela gigante, sin demostrar capacidad de reacción y con un presidente que bambolea entre el desquicio y la perversidad. Sin embargo, no se avizoran cambios en el horizonte inmediato. ¿Cuántas muertes tienen que ocurrir para que nos dispongamos a salir masivamente de la olla? ¿Cuántos cadáveres tendrán que flotar alrededor nuestro? (A propósito, mientras se escriben estas líneas, la Policía Federal y de la Ciudad reprimen a manifestantes de las organizaciones sociales que reclaman alimentos para sus comedores. Y también, claro, gasean y balean a trabajadores y trabajadoras de prensa que cubren ese acontecimiento). LO QUE NO QUIEREN QUE VEAMOS Las salidas sectoriales son importantes. Pero resultan insuficientes. Una vez efectuadas, parece que se vuelve a la pileta de cocción. Si no queremos terminar como la rana de Clerk, habrá que buscar otras formas. Las instituciones tienen sus caminos legales. Es hora de comenzar a transitarlos.
Lo dijo María del Carmen Verdú en la actividad de actualización de datos del informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el 14 de marzo pasado en el auditorio de ATE Capital. Ya es el gobierno más represivo y con más casos de gatillo fácil desde la vuelta de la democracia, en proporción a los días que lleva desde que asumió. Incluso supera los asesinatos durante la presidencia de Mauricio Macri. Redacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Julián Bouvier La presentación de una nueva actualización de datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), tuvo un panel compuesto por María del Carmen Verdú, abogada y referenta de la organización, la diputada nacional por el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad (FIT-U) Myriam Bregman y Natalia Zaracho, diputada nacional por Unión por la Patria. En las primeras filas se encontraban familiares de víctimas de gatillo fácil, y estuvieron presentes periodistas, militantes, amigos y amigas que la Correpi fue recolectando en sus más de 25 años de construcción. Antes del comienzo del panel, compartieron un vídeo con fotos de los pibes y pibas asesinadas, con sus nombres y la fecha de su asesinato. Todo en silencio durante varios minutos. “¿Este silencio te incomodó?”, decía un cartel que invitaba a la reflexión. María del Carmen Verdú comenzó a hablar de la historia de la Coordinadora: el archivo de la Correpi existe desde 1996, por la iniciativa de Delia Garcilazo, madre de Fito Ríos, asesinado por los agentes penitenciarios de la cárcel de Caseros, en 1992. Garcilazo propuso crear un archivo donde aparezcan todos los nombres de los pibes y pibas que haya matado la policía y generar un relevamiento. Luego de esa presentación, comenzaron los datos duros. Las actualizaciones de Correpi están caracterizadas por los cambios de gobierno y las diferentes políticas represivas de cada Ministerio de Seguridad en las distintas presidencias. En los primeros 70 días del gobierno de Javier Milei, ya había registradas 56 muertes en manos policiales. Hoy, por lo menos son 63. En el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich con su Doctrina Chocobar, se produjo un incremento relevante de casos en comparación con la gestión anterior. “El de Macri fue el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia. Aunque el de Javier Milei, los va a bajar al segundo escalón del podio”, dijo Verdú. Durante el gobierno del Frente de Todos, hacia el comienzo hubo un retroceso en los casos de gatillo fácil, con Sabina Frederic como ministra de Seguridad, quien estaba presente en la actividad. Correpi se había juntado con la ministra al principio del mandato de Alberto Fernández y habían puesto en común algunos puntos propuestos por la Coordinadora para reducir daños. En los primeros tres meses, luego de que Frederic aceptara decretar algunos de esos puntos, el gatillo fácil había disminuido. “No era Disneylandia, pero reducir la cantidad de muertes es relevante. Son vidas”, planteó la referenta de Correpi. Con la pandemia, hacia marzo de 2019, las fuerzas de seguridad pasaron a tener el poder de las calles y aumentó significativamente el gatillo fácil, a pesar de la cuarentena. Otra problemática grande es lo que pasa en los penales y en las comisarías, utilizadas muchas veces como lugares de detención aunque eso no esté permitido legalmente. “Exigimos el cese del uso masivo de la prisión preventiva. Y que, se trate de quien se trate, sea juzgado de la misma manera, use o no gorrita. Porque los jueces mandan a la cárcel a pibes que tienen condenas excarcelables”, dijo Verdú. En 2023 hubo, al menos, 31 muertes en comisarías en todo el país. Para colmo, , el mismo día que la Correpi hacía su relevamiento, el Ministerio de Seguridad sacó la resolución 125, que exacerba las lógicas del gatillo fácil, reeditando en términos generales el reglamento de uso de armas que había establecido en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, lo que supimos llamar “Doctrina Chocobar”. Luego, Verdú expuso la situación de los femicidios en manos de uniformados. De un total de 792 mujeres víctimas en manos policiales, 447 son femicidios, es decir, crímenes de odio por ser mujeres. 11 casos de transfemicidios o travesticidios fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Los femicidios por parte de uniformados son la primera causa de muerte de mujeres en manos del aparato policial. Desde 1986 a 2023 hubo 93 personas asesinadas por la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. “La represión no son loquitos sueltos. Es una política de Estado, necesaria para el sistema capitalista para disciplinar a las clases populares”, planteó la abogada. Por último, Verdú reflexionó acerca de las fuerzas de los sectores populares y la necesidad de generar algunos lazos de unidad: “Tenemos que priorizar la poca fuerza que tenemos. Se concretó la peor pesadilla, que gane este gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel, con Bullrich y (Luis) Petri de la mano. A 40 años de la vuelta de la democracia, viene un gobierno que reivindica la última dictadura cívico militar. Persiguen a los que luchan. Hoy vemos las consecuencias de este gobierno: pero tenemos un resto, tenemos resiliencia, y necesitamos colaboración colectiva. Solos y solas no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos recuperar los derechos que nos están cercenando. No abandonemos las luchas por más. Sabemos que reclamarle gatillo fácil y represión a este gobierno de ajuste es absurdo. Pero no por eso vamos a bajar las banderas. Hemos aprendido de las mejores que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Necesitamos la mayor unidad. Y como muestra de esa vocación de unidad, decidimos que nos acompañen las compañeras Myriam Bregman y Natalia Zaracho”. Myriam Bregman reconoció la importancia del rol de la Coordinadora: “Correpi cumplió la tarea de ponerle nombre, apellido, barrio, edad, a cada pibe que asesina la policía”, dijo. La diputada se refirió a las represiones de los últimos años, como las que hubo
Esta mañana las fuerzas federales reprimieron en Avellaneda, en las cercanías del Puente Pueyrredón. Al mismo tiempo, la Policía de la Ciudad cargó contra quienes se manifestaban en Puente Saavedra. La Unidad Piquetera y la UTEP habían convocado a una movilización por la situación de hambre que se está viviendo en los barrios populares. La respuesta, lejos de solucionar el problema acuciante, fue otra vez la represión tendiente a desmovilizar. Compartimos un fotoinforme de lo que sucedió en Avellaneda. Fotos: Antú Divito Trejo
Lo dijo el abogado Juan Manuel Combi, quien asumirá formalmente la defensa de dos detenidos en la represión del jueves, luego de que fueran liberados con la condición de no permanecer dentro del radio de 1000 metros a la redonda del Congreso. La medida que atenta contra la libertad de las personas detenidas fue tomada a pedido del fiscal auxiliar Alejandro Pellicori. Redacción: Eugenia Otero Edición: Fernando Tebele Gráfico: Pato Lehrner Dos de las personas detenidas el jueves en las protestas contra la Ley Ómnibus frente al Congreso fueron liberadas recién después de firmar un acta con la prohibición de acercarse a la zona marcada en el gráfico que ilustra esta nota. “Haré las denuncias pertinentes, entre otros a la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) por la situación de violencia que han sufrido estos detenidos, tanto en el encierro como en la declaración tomada por videollamada sin presencia de la defensora. La violencia que sufrieron, no solo en la detención sino en algo más grave que tiene que ver con lo simbólico: que para darle la soltura se les exija firmar una cláusula, una especie de condición de restricción de la libertad”, afirmó Juan Manuel Combi en diálogo con La Retaguardia. El abogado asumirá la defensa de las personas imputadas por “atentado a la autoridad”. En su análisis general de la situación, Combi agregó: “Es de una gravedad institucional muy grande lo que estamos viviendo. El gobierno de Milei no quiere que la gente se manifieste. Esto de la perimetral, de la prohibición de acercamiento al Congreso de dos personas que fueron detenidas, sumado a los aparatos, a las nuevas tecnologías de identificación de rostro con los que la policía de la ciudad van caminando”. Y detalló que con esos nuevos intrumentos utilizados en clave represiva “van marcando el rostro de la gente para ver si tienen o no antecedentes penales. Todas las fuerzas de seguridad que han salido a la calle constituyen realmente un dato alarmante que no sólo preocupa, sino que directamente llego a la conclusión que hoy Argentina está viviendo en un Estado de Sitio con un gobierno que yo le digo dictadura. Si no quieren llamarlo así díganle cuasi dictadura, pero estamos viviendo al margen de la constitución y con la restricción de absolutamente todos los derechos”. Acerca del objetivo de la dura represión que se vio esa semana, Combi no duda: dice que quieren evitar las manifestaciones. “No podemos permitir que nos saquen de las calles o que nos pongan perímetros. Subirse a la vereda cuando la gente desborda es inexplicable. Si hacés una movilización y la movilización no genera ninguna situación que a la otra parte la incomode, la movilización no tiene sentido. Ahí también aplicaron perímetro, es el gobierno del perímetro”, calificó. Con efervescencia, Combi definió al gobierno y sus definiciones políticas y económicas. “El perímetro más importante que tienen es el perímetro del bolsillo. Ese lo tienen bien delimitado para darle de comer a los ricos y para que cada vez seamos más los pobres. Ese perímetro que tienen marcado es claro y tiene que ver con las medidas que se imponen desde los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. Y hay un perímetro que tienen bien marcado y que no nos debemos olvidar y es el perímetro de la codicia”, señaló. Acerca de la limitación ambulatoria para los dos detenidos liberados indicó: “Lo que no tiene que existir más en la Argentina son perímetros para los luchadores. Que pongan perímetros para los narcotraficantes para no dejarlos entrar en los barrios a arruinarles la vida a nuestros pibes. Que pongan perímetro a los violadores. Que pongan perímetro a las personas que violentan a las mujeres, pero que pongan perímetro en este caso los fiscales en complicidad con la señora Patricia Bullrich y el señor presidente Javier Milei es vergonzoso. Que personas que se hayan recibido en la carrera de derecho hagan esto es vergonzoso. Que hayan dictado semejante medida de restricción a la libertad que coarta todo tipo de derechos y garantías de los ciudadanos también lo es”.
Después de 3 días de detenciones arbitrarias en las inmediaciones del Congreso, todavía hay una persona que no recuperó su libertad. Su nombre es Maximiliano Sosa y tiene padecimiento mental además de estar en situación de calle. Lejos de haber sido el primero en recuperar su libertad, aún está detenido y hay preocupación por su estado actual. Redacción: Fernando TebeleFoto: Antú Divito Trejo / La Retaguardia La Asociación Civil Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle, tomó su caso apenas conocieron sus particularidades. A la espera del resultado de la pericia del equipo médico del Hospital Borda, el abogado Emiliano Villar comentó a La Retaguardia que “desde Proyecto 7 tambien nos comprometemos a brindarle alojamiento inmediato para que la cuestión de estar en situacion de calle,no sea un impedimento para lograr su pronta libertad”. ACTUALIZACIÓN 14:30 HORAS: después de la intervención del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el juez determinó la inmediata liberación de Sosa. El organismo de derechos humanos presentó un hábeas corpus que fue inmediatamente aceptado por la Justicia. La acción coordinada entre Proyecto 7, el SERPAJ y la defensora oficial Raquel Hanono permitió no estirar más la detención.
Compartimos el informe especial a los 15 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Nahuel Arruga. Además, realizamos una emisión online de ¿Quién mató dónde está a mi hermano?, la película de Ana Fraile y Lucas Scavino que narra la lucha de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga. Cobertura: María Eugenia Otero / Fernando Tebele El 31 de enero de 2009 desapareció Luciano Arruga, un joven de 16 años que vivía en la villa 12 de octubre de La Matanza. Tuvieron que pasar 5 años y 8 meses para que sus Familiares y Amigxs lo hallaran enterrado como N.N. en el Cementerio municipal. Saber qué pasó aquella noche es una necesidad familiar. Pero también buscan cambiar la sociedad en la que viven. https://www.youtube.com/watch?v=rvquQw5zMqE “Luciano se negó a robar en sus casas para la Policía” “La seguridad no es golpear a los pibes de la Santos Vega y la 12 de octubre. No es controlar los barrios pobres por mera discriminación y criminalización. La seguridad es que todos y todas podamos acceder a nuestros derechos”. Con frases bien directas como éstas, la hermana de Luciano Arruga recorrió las calles para hablarles a sus vecinos y vecinas de Lomas del Mirador. Lo hizo en un formato “escrache”, que era la manera en la que hijos e hijas de personas desaparecidas le hablaban al vecindario para contarles que había un genocidio viviendo allí. Esta vez el escrache no es una persona, es a una institución: la Policía Boanerense. https://www.youtube.com/watch?v=A3vM6nvqImQ La mamá de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte el 31 de enero de 2009, habló en la plaza que lleva el nombre de su hijo durante la marcha y acto a 15 años de su desaparición. https://www.youtube.com/watch?v=ucBSqxBiMX0 Si conocés a Luciano es muy posible que sepas de Vanesa, su hermana, porque sostuvo en sus hombros contar la historia una y otra vez. También puede que hayas escuchado a Mónica, su mamá, porque aportó su voz valiente cuando aprendió a nadar en la angustia, porque en la vida todo se aprende, hasta lo que creemos que nunca podríamos.Pero seguramente no conocés a Sebastián, uno de los hermanos de Luciano. Este sábado se subió al escenario. No por casualidad ni obligación. Este año se puso la 10 de Familiares y Amigxs. Y cuando hablo dijo que estuvieron 15 años luchando y que estarán otro 15 si fuera necesario “hasta que Nunca más sea Nunca más”.Costó caminar cada cuadra bajo el sol. Volvió a doler escuchar a madre e hija un año más. Pero verles luego la sonrisa y la emoción al escuchar a Sebastián, le dio valor a toda la jornada. https://www.youtube.com/watch?v=AyzRmfEs0iA Mirá la emisión online de ¿Quién mató dónde está a mi hermano?, la película de Ana Fraile y Lucas Scavino que narra la lucha de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga. https://www.youtube.com/watch?v=qb_HpbAOwLM