CORREPI
Lo dijo María del Carmen Verdú en la actividad de actualización de datos del informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el 14 de marzo pasado en el auditorio de ATE Capital. Ya es el gobierno más represivo y con más casos de gatillo fácil desde la vuelta de la democracia, en proporción a los días que lleva desde que asumió. Incluso supera los asesinatos durante la presidencia de Mauricio Macri. Redacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Julián Bouvier La presentación de una nueva actualización de datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), tuvo un panel compuesto por María del Carmen Verdú, abogada y referenta de la organización, la diputada nacional por el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad (FIT-U) Myriam Bregman y Natalia Zaracho, diputada nacional por Unión por la Patria. En las primeras filas se encontraban familiares de víctimas de gatillo fácil, y estuvieron presentes periodistas, militantes, amigos y amigas que la Correpi fue recolectando en sus más de 25 años de construcción. Antes del comienzo del panel, compartieron un vídeo con fotos de los pibes y pibas asesinadas, con sus nombres y la fecha de su asesinato. Todo en silencio durante varios minutos. “¿Este silencio te incomodó?”, decía un cartel que invitaba a la reflexión. María del Carmen Verdú comenzó a hablar de la historia de la Coordinadora: el archivo de la Correpi existe desde 1996, por la iniciativa de Delia Garcilazo, madre de Fito Ríos, asesinado por los agentes penitenciarios de la cárcel de Caseros, en 1992. Garcilazo propuso crear un archivo donde aparezcan todos los nombres de los pibes y pibas que haya matado la policía y generar un relevamiento. Luego de esa presentación, comenzaron los datos duros. Las actualizaciones de Correpi están caracterizadas por los cambios de gobierno y las diferentes políticas represivas de cada Ministerio de Seguridad en las distintas presidencias. En los primeros 70 días del gobierno de Javier Milei, ya había registradas 56 muertes en manos policiales. Hoy, por lo menos son 63. En el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich con su Doctrina Chocobar, se produjo un incremento relevante de casos en comparación con la gestión anterior. “El de Macri fue el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia. Aunque el de Javier Milei, los va a bajar al segundo escalón del podio”, dijo Verdú. Durante el gobierno del Frente de Todos, hacia el comienzo hubo un retroceso en los casos de gatillo fácil, con Sabina Frederic como ministra de Seguridad, quien estaba presente en la actividad. Correpi se había juntado con la ministra al principio del mandato de Alberto Fernández y habían puesto en común algunos puntos propuestos por la Coordinadora para reducir daños. En los primeros tres meses, luego de que Frederic aceptara decretar algunos de esos puntos, el gatillo fácil había disminuido. “No era Disneylandia, pero reducir la cantidad de muertes es relevante. Son vidas”, planteó la referenta de Correpi. Con la pandemia, hacia marzo de 2019, las fuerzas de seguridad pasaron a tener el poder de las calles y aumentó significativamente el gatillo fácil, a pesar de la cuarentena. Otra problemática grande es lo que pasa en los penales y en las comisarías, utilizadas muchas veces como lugares de detención aunque eso no esté permitido legalmente. “Exigimos el cese del uso masivo de la prisión preventiva. Y que, se trate de quien se trate, sea juzgado de la misma manera, use o no gorrita. Porque los jueces mandan a la cárcel a pibes que tienen condenas excarcelables”, dijo Verdú. En 2023 hubo, al menos, 31 muertes en comisarías en todo el país. Para colmo, , el mismo día que la Correpi hacía su relevamiento, el Ministerio de Seguridad sacó la resolución 125, que exacerba las lógicas del gatillo fácil, reeditando en términos generales el reglamento de uso de armas que había establecido en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, lo que supimos llamar “Doctrina Chocobar”. Luego, Verdú expuso la situación de los femicidios en manos de uniformados. De un total de 792 mujeres víctimas en manos policiales, 447 son femicidios, es decir, crímenes de odio por ser mujeres. 11 casos de transfemicidios o travesticidios fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Los femicidios por parte de uniformados son la primera causa de muerte de mujeres en manos del aparato policial. Desde 1986 a 2023 hubo 93 personas asesinadas por la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. “La represión no son loquitos sueltos. Es una política de Estado, necesaria para el sistema capitalista para disciplinar a las clases populares”, planteó la abogada. Por último, Verdú reflexionó acerca de las fuerzas de los sectores populares y la necesidad de generar algunos lazos de unidad: “Tenemos que priorizar la poca fuerza que tenemos. Se concretó la peor pesadilla, que gane este gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel, con Bullrich y (Luis) Petri de la mano. A 40 años de la vuelta de la democracia, viene un gobierno que reivindica la última dictadura cívico militar. Persiguen a los que luchan. Hoy vemos las consecuencias de este gobierno: pero tenemos un resto, tenemos resiliencia, y necesitamos colaboración colectiva. Solos y solas no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos recuperar los derechos que nos están cercenando. No abandonemos las luchas por más. Sabemos que reclamarle gatillo fácil y represión a este gobierno de ajuste es absurdo. Pero no por eso vamos a bajar las banderas. Hemos aprendido de las mejores que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Necesitamos la mayor unidad. Y como muestra de esa vocación de unidad, decidimos que nos acompañen las compañeras Myriam Bregman y Natalia Zaracho”. Myriam Bregman reconoció la importancia del rol de la Coordinadora: “Correpi cumplió la tarea de ponerle nombre, apellido, barrio, edad, a cada pibe que asesina la policía”, dijo. La diputada se refirió a las represiones de los últimos años, como las que hubo
La referenta de la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, en diálogo con el programa La Retaguardia se expresó de ese modo sobre las próximas elecciones y agregó que “es una cuestión de supervivencia”. Durante la charla, Verdú analizó también el primer año del Mapa de la Policía. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Fernando TebeleFoto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), presentará el archivo anual de casos de violencia de las fuerzas de seguridad del año 2022. #correpi #mariadelcarmenverdu #gatillofácil #represión #represionestatal #violenciainstitucional
Lo dijo María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con Estás Muteadx. Verdú habló acerca del uso de las taser, los métodos de represión y la capacitación de las fuerzas de seguridad. El 17 de marzo, desde las 17.30, CORREPI presenta su informe anual en Plaza de Mayo. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Luciano MamoneRedacción: Pedro Ramírez Otero/Gabriela Suárez LópezEdición: Fernando TebeleFoto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia En las últimas semanas, el debate por las pistolas taser volvió a tener presencia en los medios tradicionales de comunicación. El reciente asesinato de la policía Maribel Nélida Zalazar en la estación Retiro de la línea C de subte, a la que asesinaron con su arma reglamentaria, fue uno de los motivos que generó que la balanza se incline aún más a favor del uso de las pistolas taser. Las fuerzas de seguridad tienen mecanismos represivos muy variados. Las taser se sumarían como una herramienta más, que los medios de comunicación tradicionales, junto con las y los políticos que defienden su uso, presentan como una opción prácticamente inocua. Uno de los hechos que llamó la atención hace algunas semanas fue la detención de una persona en la plaza Barrancas de Belgrano. Los efectivos de la Policía de la Ciudad lo redujeron a sillazos. “Si con sillas hacen eso, imagínate si les das una taser o si usan el arma de fuego. Estamos hablando de un tipo que estaba alterado en medio de un brote psicótico, un shock de excitación psicomotriz, en situación de calle, andá a saber en qué circunstancias. Y esto es una escena a repetición que sistemáticamente termina con una intervención policial y violenta, causando efectos mucho peores que si directamente no hubieran hecho nada”, planteó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y remarcó que estas situaciones requieren otro tipo de abordaje. “Hay un montón de situaciones de personas en esas mismas circunstancias que en lugar de terminar apaleadas, dentro de todo con vida, terminan muertas”, dijo. —En este caso fue la Policía de la Ciudad, pero uno creería que las fuerzas de seguridad deberían estar capacitadas para abordar un conflicto con una persona que se pone violenta en la vía pública. —Claramente no lo están. Trasciende cuando es un músico conocido (por el caso de Chano Moreno Charpentier). Ahí todo el mundo se pone a opinar, todo el mundo empieza a hablar de la falta de implementación de la Ley de Salud Mental. Ahora, cuando es un muchacho de barrio, una persona en situación de calle, nadie se acuerda. —En los medios tradicionales hablan de las taser casi como si fueran una herramienta bondadosa, ¿cómo le explicarías a la gente cuál es el peligro de que las fuerzas de seguridad tengan permitido su uso? —Ningún arma es no letal. Es una contradicción. Es un oxímoron hablar de un arma no letal, porque arma es algo que permite dañar a otro y lo que puede dañar puede matar. Depende de cómo lo usen. Concretamente tenemos ejemplos de las llamadas armas no letales: el gas lacrimógeno. ¿Qué mató a Carlos Fuentealba? Un cartucho de gas lacrimógeno. ¿Cuántas muertes tuvimos en el 19 y 20 de diciembre de 2001 y en otras circunstancias por disparos de posta de goma a corta distancia? Y esto sin hablar de lesiones gravísimas, como por ejemplo, la pérdida de un ojo. Pensemos en los seis compañeros que perdieron un ojo en la represión el 18 de diciembre de 2017, cuando fue la movilización contra la infame reforma previsional de (Mauricio) Macri. Entonces no existe tal cosa como un arma no letal. Todo depende de cómo se use. Segundo: nos dicen que es preferible una descarga eléctrica que un tiro. ¿Por qué me fuerzan a ponerme en la situación de tener que elegir entre que me den una descarga eléctrica o me peguen un tiro? No quiero ninguna de las dos. Tercero: si un instrumento, una herramienta, produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona, eso se llama picana. Y no me interesa el voltaje. De la misma manera que no me interesa cuántas veces le ponen la bolsita a un pibe en la cabeza para dificultarle mecánicamente la respiración con el submarino seco, o cuántas veces le sumergen la cabeza en el tacho de agua podrida en el submarino húmedo. Una vez es tortura. La cuestión de la intención es solamente para disfrazar el “no hablemos de tortura, hablemos de apremios, severidad de vejaciones, etcétera”. Entonces, si produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona, es una picana. Y en nuestro país, con nuestra historia, con una herramienta de tortura que inventaron los policías y que sabemos cómo ha sido utilizada en la represión social y política, es intolerable que esa arma pueda estar en poder de la fuerza de seguridad. —Frente a una situación en la que la policía tiene que controlar a una persona agresiva, ¿cuál crees que es la solución más factible? —Hay montones de mecanismos para reducir a una persona con la mínima fuerza necesaria, sin causar ningún daño grave ni irreparable. Cualquiera que tenga cinco minutos para prender la televisión lo ve en las series extranjeras. Vos fijate que tenés policías de todo el mundo, Inglaterra, los países escandinavos, buena parte de Europa, donde la policía, el patrullaje urbano ni siquiera lleva arma de fuego. Llevan esos bastones extensibles o directamente se manejan con otro tipo de entrenamiento para poder reducir a alguien. Las fuerzas de seguridad en Argentina tienen una corta capacitación, que queda expuesta constantemente. Un claro ejemplo es el de Zalazar, la policía de 35 años que fue asesinada en Retiro luego de que un hombre le sacó su arma reglamentaria. “Murió por culpa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la puso en la calle con un arma que no estaba capacitada para custodiar. Porque que a un policía le saquen el arma de
María del Carmen Verdú, la referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, se refirió a mapadelapolicia.com la nueva herramienta que da recursos para accionar ante los abusos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que ya recibió múltiples denuncias en el poco tiempo que transcurrió desde su presentación. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando TebeleEdición: María Eugenia Otero/Fernando Tebele
Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con el programa radial La Retaguardia. Habló de los casos de represión policial en el contexto de pandemia, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la relación entre la situación económica, la campaña electoral y los discursos emergentes que intentan justificar la represión estatal. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia —El año pasado a esta altura del año hablábamos casi todos los días de nuevos casos de represión policial a personas que salían a la calle en medio del aislamiento. ¿Cuál es la situación actual? —Lo que se nota en relación al año pasado es un manejo diferente de la cotidianidad en la calle. El año pasado a esta altura estábamos explorando nuevas formas de poder comunicar toda la cantidad de denuncias que nos llegaban de situación de vulneración de derechos, de hostigamiento, de verdugueo, de aplicación de torturas, de detenciones arbitrarias con la implementación en los primeros meses entre marzo y mayo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) más rígido, sin estar acompañados de las medidas asistenciales necesarias. Cuando sabíamos que era una medida útil que permitió sostener el sistema sanitario y evitar un colapso como hemos visto que ocurrió en muchísimos otros países del mundo. Y en este momento, desde el fin del veranito en relación a la pandemia que tuvimos en la época estival y con el rebrote de casos en el otoño-invierno, fue distinto el manejo que se implementó en materia de controles. Evidentemente ahí hay un cambio relacionado a la gran repercusión pública, no por los grandes medios hegemónicos, sino a través de la publicación de videos en redes, al laburo impresionante que hizo todo el sistema de comunicación autogestiva, alternativa, comunitaria, independiente. Lo que sí tiene algo de desatención es que al haber mayor circulación de personas, mayor reactivación del conjunto de las tareas de las personas, se han incrementado los casos de gatillo fácil. Seguimos teniendo números bastante más altos que lo habitual de muertes en lugares de detención. En particular, muchos casos de muertes en comisarías en los últimos meses. Y hemos tenido momentos muy duros como por ejemplo en junio tuvimos una semana en la que en siete días tuvimos siete casos, de los que conocimos. Siempre remarco que los casos que vamos conociendo a lo largo del año son muchísimos menos que los que finalmente recolectamos para el archivo, porque justamente el laburo fino de búsqueda y de sistematización lo hacemos en la segunda mitad del año y se termina a contrarreloj sobre el cierre de datos para la publicación a fin de año. En esta tarea de todos los días sólo trascienden los casos que de por sí llegan a los medios o que tienen repercusión porque hay un corte en un barrio o porque la familia tiene la posibilidad de lograr el contacto y de vincularse para que podamos tomar intervención. Es muy importante la cantidad de casos que tenemos en este año. La violencia como estandarte —Situaciones como las de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que apareció bien represiva, queriendo distinguirse e intentando diferenciarse de otras por ser la más violenta de todas, en año electoral, ¿podemos pensar que se puede potenciar o mostrarse más duros ante ese sector de población que vota? —En la Ciudad de Buenos Aires desde el 2019 hasta hoy no cambió nada porque seguimos con la misma gestión de gobierno. Recién ahora con la candidatura de (Diego) Santilli en provincia va a haber un cambio de dirección del Ministerio de Seguridad que lo viene conduciendo desde hace dos mandatos. La Policía de Buenos Aires viene funcionando de la misma manera, es algo increíblemente silenciado e invisibilizado por los grandes medios. Sobre las muertes en las comisarías, varias han ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y apenas hemos logrado visibilizar alguna, como el caso de (Daniel) Giovanni Yacquez Rodríguez en la comisaría 9 C (Comisaría Comunal 9) hace menos de un mes y medio, por influencia y por insistencia de CORREPI de estar llamando trabajadores y trabajadoras de prensa amigos para que nos hagan un rinconcito de dos renglones en algún diario. Y la cantidad de casos que no nos enteramos y recién cuando empiezan a aparecer algunos informes oficiales de la Procuración Penitenciaria o de otros organismos quizá podemos acceder. Pero cuidado, porque también en la Provincia de Buenos Aires seguimos con números altos y hay dos cuestiones que me parece interesante incluir en este mini balance. Por un lado, si observás los momentos de crecimiento o de pico de la represión en las barriadas populares, del gatillo fácil, de las muertes en comisarías en particular, porque las muertes en cárceles responden a otra lógica que tiene que ver con la lógica del encierro penitenciario, cuando lo comparás con la situación económica, esos picos coinciden con los picos de crisis económico-social. Lo vemos a grandes rasgos, cuando observás el año 89 con la hiper de Alfonsín o el período 2001-2002, o el 2008. Por supuesto lo vimos de manera repetida, año tras año los cuatro años de gestión de Cambiemos, y lógicamente la situación a la que nos ha llevado la pandemia en relación al aumento de la pobreza y de la indigencia también tiene ese reflejo. Porque ves mucha más gente teniendo que rebuscársela con ocupaciones y tareas precarias en la vía pública, con el cartoneo, con la venta ambulante, porque justamente se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo y tenemos una inflación galopante. Ahí venimos viendo que ese doble pico no es una casualidad ni una relación de causalidad inmediata y directa que uno pueda establecer pero sí que sistemáticamente hay una mayor dureza en el control y en el disciplinamiento social de los sectores más vulnerables cuando se agrava el
El hermano de Santiago Maldonado, junto con Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), pasaron por el programa Hasta que vuelvan los abrazos de La Retaguardia y Radio Sur. Ambos viajaron a Bogotá, Colombia, como integrantes de una comitiva de Derechos Humanos. Desde allí, Maldonado y Jalil contaron el recorrido que están haciendo por los barrios, hablaron de las desapariciones forzadas y de la situación represiva que se vive en Colombia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Julián Bouvier/Pedro Tato 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Twitter de Juan Grabois Sergio Maldonado relató que viajaron a Colombia para escuchar a la víctimas, observar lo que está pasando y generar informes que detallen esto. “Anoche fue una noche muy movida en todo el país. Nosotros estamos en Bogotá y en diferentes barrios hubo, por decirlo gráficamente, una masacre. Porque hay un montón de heridos, hubo mucha represión. Hay por lo menos un asesinado también, hasta ahora es la información que nos llegó. Nosotros y nosotras estamos acá para ver y escuchar, no estamos para otra cosa. Solamente para estar acompañando y de esa manera visibilizar todo el horror que se está viviendo en Colombia, que es una violación constante de los derechos humanos y a pesar de ser un país democrático, tiene una política de estado de desaparecer y matar como está sucediendo ahora”, dijo. Sergio, como hermano de Santiago, vivió en carne propia la incertidumbre de tener a un ser querido desaparecido. En este sentido, hizo hincapié en la cantidad de personas desaparecidas que hay en Colombia en este momento: “Ayer vinieron personas de una ONG hablándonos sobre la desaparición forzada. Nosotros tuvimos el caso de Santiago, el año pasado, lo que sucedió con Luis Espinoza (quien estuvo desaparecido por una semana, hasta que se lo encontró asesinado por la Policía de Tucumán), lo de Facundo Astudillo Castro y nos horrorizamos cuando hay un caso de desaparición forzada. Acá escucho que dicen 700 personas, u otros informes dicen que hay 900 desapariciones forzadas de las cuales, quizá después aparecieron 300, por decir un número. Pero no sabemos si esos 300 aparecieron vivos, muertos, si están torturados, si están bien. Entonces nos damos cuenta de que acá está naturalizado. Eso de acostumbrarse, en un cierto modo, me recuerda a cuando veíamos los primeros casos de Covid. Decíamos ‘hay dos casos, cuatro, cinco por provincia’, pero llegó un momento que ni se contabiliza, ni sabes realmente cuánto hay. Eso mismo es lo que está pasando hoy con las desapariciones en Colombia. Ya no hay una estadística real, no toman denuncias, hay unos agujeros judiciales terribles” contó. Maldonado explicó que Colombia es “la cuna de la desaparición forzada” porque allí “se escribieron muchas de las leyes, de los informes y todo lo que tiene que ver con desaparición forzada”. Y agregó: “De hecho, nosotros en el caso de Santiago aplicamos todo eso por gente de renombre de acá que nos estuvo ayudando, especialistas en la desaparición forzada. Acá tienen trabas para hacer denuncias. Y tienen esta cuestión de siempre de que los cuerpos aparecen en los ríos, o desmembrados”. También se refirió al trabajo que están desarrollando desde la comitiva de Derechos Humanos que viajó a Bogotá,. Explicó que se trata de ir a los barrios, escuchar los testimonios de las familias que han perdido a sus seres queridos por la brutal represión estatal y generar informes para visibilizar lo que está sucediendo. “Es escalofriante escuchar los relatos de personas que han perdido a sus familiares. Con los pocos que he hablado que le han matado un padre, un hermano, los han echado de la casa, o ese tipo de cosas. Es como una resignación de no tener nada. De no recurrir a la justicia, cómo que ya está asumido. Es muy triste todo eso. Y por otro lado, ves como toda la juventud está en la primera línea, como luchan. Como los pibes y las pibas van al frente todos los días. Ayer me dijeron algo así como 87 casos de pérdida de visión, son números que todavía no están oficializados porque ocurrió anoche en la represión”, comentó Sergio. —La Retaguardia: ¿Se vive algo similar a un estado de guerra? —Sergio Maldonado: No me parece una guerra. Yo lo que siento es que hay un gobierno que detesta a su pueblo, y de esa manera lo está exterminando. Sería un genocidio en todo caso. Y todo el pueblo está luchando contra algo. Está luchando con los propios que tiene arriba, o sea con todos lo que los oprimen. Cuesta catalogarlo. Me parece que es más un genocidio por parte de los gobernantes y un desprecio hacia su pueblo. Como parte de la comitiva de Derechos Humanos también viajó Ismael “el Turco” Jalil, uno de los referentes de Correpi, quien estaba junto a Sergio al momento de la entrevista. Jalil explicó que el pueblo colombiano está viviendo bajo un estado de excepción: “Es decir, bajo la apariencia de un presunto Estado de derecho, en el cual el Estado, evocando la Constitución va tomando algunas medidas, y lo que está haciendo en definitiva es una masacre social. Porque aquí hay un pueblo levantado, un pueblo que ha dicho basta, que esta muy enojado por su situación, por su cotidianeidad, Un pueblo que tiene prácticamente al 63% de sus trabajadores en la informalidad, un pueblo que está sufriendo las consecuencias de las olas neoliberales que particularmente en Colombia están azotando hace mucho tiempo. En ese contexto el pueblo se ha levantado, y la respuesta que ha dado el Estado es una represión indiscriminada de carácter feroz”, dijo. Jalil hizo hincapié en quiénes son los sectores más atacados de la sociedad, puso el foco en las mujeres y disidencias, en las comunidades originarias y en la juventud. Además, especificó cuáles son los mecanismos represivos del Estado: “En las calles, cuando la gente sale a protestar es recibida por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), parecido al
Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En diálogo con el programa radial La Retaguardia, recordó a Walter Bulacio a 30 años de su detención ilegal y posterior muerte, a causa de las torturas recibidas. Además, Verdú analizó lo que implicó este caso que cuenta con una sentencia sin cumplir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2003, y se refirió a lo que simboliza Bulacio en la lucha contra la represión, la impunidad y las detenciones arbitrarias. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/ Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Walter Bulacio tenía 17 años cuando fue detenido por la Policía Federal Argentina, aun siendo menor de edad, cuando había asistido a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota el 19 de abril de 1991 en Estadio Obras Sanitarias, en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, Bulacio fue trasladado con traumatismo de cráneo al hospital Pirovano, donde le explicó al personal médico que había sido golpeado por la policía. Murió días después. “Cuando se habla de Walter hay dos cosas a tener en cuenta que inmediatamente me vienen a la cabeza, en primer lugar la irrupción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y por ende a nivel nacional de una pelea que se venía organizando a pulmón, a pata, contra el gatillo fácil, contra las detenciones arbitrarias denunciando la presencia de las fuerzas de seguridad y sus mecanismos de control social y disciplinamiento en los barrios, y también por supuesto la represión a trabajadoras y trabajadores organizados, aunque esa era la parte quizá más permeable”, comenzó a plantear María del Carmen Verdú, de CORREPI. Y continuó: ”Nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio: abril de 1991. Juntabas 500 personas en la calle y estabas para tomar el poder, en un nivel de desmovilización absoluta. Y de repente la muerte de un pibe en el marco de un recital de rock en la Ciudad, generó movilizaciones que arrancaron con 10 mil personas y llegaron a 40 mil como reflejan los diarios de la época. Y sobre todas las cosas, lo que hicieron fue poner en la mesa la discusión sobre el conjunto de las distintas modalidades de la represión policial y muy en particular sobre lo que en definitiva es, en los términos que lo dice la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) en su sentencia en el año 2003, el nudo de la discusión de derecho en la causa Bulacio que son ni más ni menos que las detenciones arbitrarias”. Facultades para detener En referencia a la potestad que habilita a las fuerzas de seguridad a detener a personas sin justificación alguna , la abogada María del Carmen Verdú expresó: “Estas facultades que tienen las policías, las fuerzas de seguridad en general, locales, federales, las que sean en nuestro país, de detener a cualquiera en cualquier momento y lugar porque se le canta sin tener que dar ninguna explicación. Siempre pongo este ejemplo para que se entienda: si en este momento un juez o fiscal deciden que yo tengo que ser detenida, mínimamente se tiene que sentar a escribir un parrafito fundamentándolo. No pueden solamente levantar el teléfono y mandarme a detener. Tienen que armar una orden de detención que más o menos pueda parecer que está fundamentada. En cambio, si en lugar de ser juez o fiscal sos policía, gendarme o prefecto, no hace falta. Basta con que me mires, me veas pinta de sospechosa, peligrosa, que debo ser identificada, que esté en donde no corresponde que esté por mi pinta, mi ropa, mi cara, el horario, la edad o lo que fuera y sin la necesidad de argumentar todo esto. ‘Me va a tener que acompañar’, la célebre frase que todo policía representa en la Argentina”. “Cumplan la sentencia ya” “En estos 30 años, como lo hemos hecho a los 25, como lo hemos hecho cada año, el eje de nuestra campaña en este nuevo aniversario entre el 19 (día de la detención) y el 26 de abril (el día de su muerte) es ‘Basta de detenciones arbitrarias’. Cumplan la sentencia del caso Bulacio ya. Ningún gobierno la cumplió. En la práctica no estamos igual, estamos peor en todos estos años que pasaron. Hoy, las fuerzas de seguridad tienen más facultades para detener personas, que tenían en aquel entonces y que escandalizó a la Corte Interamericana”, dijo Verdú. Por último, y respecto al contexto de pandemia, la integrante de CORREPI opinó: “Ocurrió que ante la situación de una emergencia sanitaria real, no hay otra manera de frenar el virus que con menor cantidad de gente circulando en la calle o transportándose en los medios de transporte públicos. La plata para la ayuda económica está, pero se usa para otra cosa”.
María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dio algunos detalles del informe anual sobre la represión estatal. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, compartió datos de los últimos casos y mencionó el crecimiento exponencial de las muertes en lugares de detención. La presentación fue solo con la presencia familiares en el Auditorio de ATE y se transmitió por los propios canales de la organización. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales/Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia “Es un informe que este año viene con algunas particularidades. Empecemos por el hecho de que, por primera vez en 25 años, no vamos a estar en Plaza de Mayo haciendo la presentación con el acto habitual, sino que lo vamos a estar realizando en el anfiteatro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) a quienes agradecemos que nos cedieron el espacio. Teniendo todas las posibilidades de respetar los protocolos de cuidado y de poder transmitir con calidad a través de nuestro Canal de YouTube y las demás redes. Y con la sola presencia de las verdaderas protagonistas de esta historia que son los y las familiares víctimas de la represión estatal, que en su mayoría forman parte de grupos de riesgo y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el traslado y en garantizar esos protocolos de cuidado durante la transmisión”, comenzó explicando la abogada María del Carmen Verdú en esta charla sostenida días antes de la presentación. Un informe partido en dos “Más allá de las formas, este será un informe raro. Porque este año es necesario contemplar dos etapas: hasta y después del 20 de marzo. De hecho, hemos tenido que duplicar el trabajo de gráficos y de tablas en relación a las distintas modalidades, las incidencias de las distintas fuerzas; es decir, todas las variables que habitualmente trabajamos. Porque a partir de la aplicación del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y de todas la decisiones que se tomaron desde el 20 de marzo con el Decreto 297 seguido además por todas las demás provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de facultades a las fuerzas policiales para garantizar ese cumplimiento en detrimento de las medidas sociales que hubiesen ayudado de manera mucho más eficaz, generaron una situación anómala en materia represiva”, planteó Verdú. La referenta recordó que desde CORREPI creían que con la pandemia y la disminución de circulación de personas en la vía pública iba a ser un año de descenso del gatillo fácil. No por falta de balas policiales, dijo, pero sí por escasez de blanco móvil. “Eso no terminó pasando, tenemos un montón de casos registrados”, remarcó. “Por el otro lado, aparece un crecimiento de las muertes en lugares de detención, mucho más encima de la media habitual, llegando al 65% del total de casos que es también consecuencia directa de las medidas que se tomaron o no, en la relación a los cuidados en la pandemia”, detalló. Antes y durante la pandemia “El 10 de diciembre del 2019 terminó lo que habíamos denominado un periodo excepcional en materia de represión con índices nunca antes vistos: una muerte cada 19 horas. Algo inédito en estos 30 y pico de años post-dictadura y que además venía acompañado de todo un reforzamiento de una modificación estructural de la lógica de las fuerzas, los protocolos Bullrich, etcétera. En ese marco, hemos señalado desde el primer momento de la actual gestión hubo algunas señales que aunque incompletas e insuficientes, eran auspiciosas y progresivas, como la derogación de seis de los protocolos Bullrich, la suspensión del uso de las (pistolas eléctricas) Taser, del protocolo que habilitaba a disparar a las personas por la espalda aunque estuviesen desarmadas, el protocolo para detención de personas del colectivo LGBT, o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), etcétera”, manifestó Verdú. Pero registran un cambio a partir de las medidas tomadas por la pandemia: “Ahora, el 20 de marzo, eso dejó ocurrir y se tomaron decisiones en sentido contrario. Empezaron a tener preeminencia en las decisiones de gobierno alternativas más de la cara de (Sergio) Berni o de la cara de (Sergio) Massa, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo que desalojaban a sangre y fuego en Guernica, destinaban 38 mil millones de pesos a la construcción de comisarías, cárceles y compra de pertrechos para la Bonaerense ¿Cuántas viviendas populares se podrían haber construido con esa plata?”, aseveró. ASPO: militarización de los barrios populares y represión en las cárceles La integrante de CORREPI destacó que frente a una decisión correcta desde el punto de vista sanitario como el ASPO, algunos sectores de la sociedad pudieron quedarse en su casa como pedía el gobierno, pero otros no podían hacerlo: “Para ese momento el 40% y hoy mucho más que ese porcentaje de personas precarizadas laboralmente, gente súper explotada, cuentapropistas, desocupados, subocupados, y como siempre los bolsones más vulnerables como el colectivo trans -travesti, o las personas que viven en lo que el Gobierno llama barrios populares y que hay que decirles con todas las letras villas, había una disyuntiva feroz: o cumplo el ASPO y me cuido del virus, no como y me muero yo y mi familia de hambre; o trato de ver de qué manera puedo salir a hacer la diaria y me expongo al virus y también a la represión”, precisó. “Frente a esa situación, lo que se hizo fue insuficiente desde el punto de vista de las medidas sociales. O sea, muy bien el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero no llegó a todo el mundo y encima ahora lo cortaron, y lo mismo para el resto de las medidas. Está muy bien el decreto que suspendió los desalojos, pero qué pasa con quienes no tienen
María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), habló acerca de los últimos asesinatos en manos de fuerzas del Estado. Lo hizo en diálogo con el programa Hasta que vuelvan los abrazos, donde se refirió también a los matices entre gobiernos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades La Retaguardia El 22 de junio, días después del asesinato de Facundo Scalzo por parte de Gendarmería Nacional en el Barrio Rivadavia 1, en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrió otro caso de similares características en la localidad bonaerense de Quilmes. Acerca de este hecho, María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI detalló: “Lo que sucedió fue un caso de fusilamiento por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Una pareja, un varón y una mujer, policías bonaerenses en la Barrio Primavera, Quilmes Oeste, fusilaron a Fernando Matías Leguizamón, un muchacho de 31 años, mecánico de profesión, que además era sobrino de un compañero muy conocido y querido de la interna de Cresta Roja. Esa desgraciada circunstancia hizo que nos pudiéramos poner en contacto muy rápido con la familia, porque fue el compañero quien nos llamó. Estamos apenas en los preliminares, sin acceso a la causa, no se ha hecho la entrega del cuerpo y se está la autopsia en este momento en Lomas de Zamora. Y con la situación de feria judicial extraordinaria por la pandemia, sabemos que la presentación judicial va a tener todas las demoras que emergen con la dilación en responder las presentaciones electrónica y demás, pero allí estamos ya coordinando con la familia. Fernando iba caminando por la calle con su compañera, ellos tienen cinco chicos, y la situación culminó, después del fusilamiento de Fernando,y con la compañera demorada en la comisaría. Que afortunadamente fue liberada rápidamente. Y, como de costumbre, una causa que habla de tentativa de robo, completamente esperada, y como un caso más que viene a sumarse a esta ola que hemos tenido en las últimas semanas de unos cuantos casos. Cuando la lógica nos permitía decir que, dentro de todo lo que hay que denunciar de la implementación de políticas represivas durante la pandemia, va a tener que bajar el gatillo fácil por la sencilla razón que hay menos gente transitando por la calle”. Al referirse a la reacción del Gobierno nacional en estos casos, la referente de CORREPI expresó: “Lo cierto es que no tenemos políticas concretas de la enorme cantidad de hechos represivos que hemos denunciado a lo largo de estos ya más de tres meses de cuarentena, que van por todas las herramientas ocurrentes: detenciones arbitrarias, implementación de tormentos y torturas, desapariciones forzadas, muertes en situaciones de detención, gatillo fácil. No tenemos conocimiento de que haya detenciones de esos miembros de las Fuerzas de Seguridad. En algunos casos se ha comunicado públicamente la separación de las Fuerzas, una suerte de disponibilidad preventiva, o una cosa por el estilo. O la iniciación incluso de una causa penal como en el caso de aquellos gendarmes que obligaron en las primeras semanas de la cuarentena a los pibes de San Alberto a hacer flexiones mientras cantaba las estrofas del Himno Nacional. Lo cierto es que, en resultados concretos no tenemos gran cosa. Por eso, en este último informe que hemos presentado sobre la implementación del Decreto 297, es decir de esta decisión errónea por donde los miremos de garantizar el cumplimiento de una medida efectiva desde el punto de vista sanitario, como es el aislamiento preventivo y obligatorio, pero dejándolo en su efectividad en manos de las Fuerzas de Seguridad; hacemos hincapié en esa agenda pendiente, que fue nuestro caballito de batalla en los últimos meses del 2019, cuando empezamos a construirla y difundir y que llevamos a Plaza de Mayo el día de la presentación del Informe de la Situación Represiva 2019 y de la actualización de datos del archivo. Que también entregamos en su momento cuando la Ministra (Sabina) Frederic convocó a CORREPI para saber cuál era nuestro diagnóstico en materia de situación represiva. Lo que hicimos fue llevarle esa lista de medidas urgentes e imprescindibles que componen esta agenda, algunas de las cuales, vale decirlo, se cumplieron”. Acerca de cuales de esos pedidos se cumplieron, continuó: “Como la derogación de uno, no de todos, de los protocolos establecidos por (Patricia) Bullrich para la actuación de las Fuerzas de Seguridad: el de disparar por detrás a personas desarmadas, que no es que haya dejado de ocurrir, lo estamos diciendo, pero por lo menos esos funcionarios no van a poder alegar la disposición ministerial para su defensa, como nos ocurrió durante la vigencia de este protocolo; el del ‘Servicio Voluntario en Valores’; entre otros. Pero, naturalmente, cumplir a medias como decimos siempre, no es cumplir. Y, precisamente por eso, estamos insistiendo en esa agenda mínima que no necesita de un cambio radical, profundo, estructural, de nuestro sistema social para ser llevada adelante. Justamente son medidas que, cualquier gobierno que decida poner mínimamente un freno a estas cotidianas aplicaciones de la política represiva estatal, puede llevar adelante. Seguimos insistiendo y militando en ese sentido”. Además, repasó las medidas que no se vienen cumpliendo. La principal, aseguró, es derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias que,ue además, explicó que desde el 2003 tiene una imposición legal. “Porque el 18 de septiembre de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino a derogar todas las facultades normadas y dejar sin efecto todas las prácticas, para que las Fuerzas de Seguridad puedan detener personas por fuera de las hipótesis constitucionales. Es decir, la comisión de un delito, o una orden judicial en el marco de una causa preexistente. Eso solo reduciría drásticamente la cantidad de detenciones arbitrarias sin comisión de un delito. Como averiguación de antecedentes, razias, faltas, contravenciones, etc. Lo que no solamente sería el respecto de la libertad individual de las personas, sino que