pistolas taser
Lo dijo María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con Estás Muteadx. Verdú habló acerca del uso de las taser, los métodos de represión y la capacitación de las fuerzas de seguridad. El 17 de marzo, desde las 17.30, CORREPI presenta su informe anual en Plaza de Mayo. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Luciano MamoneRedacción: Pedro Ramírez Otero/Gabriela Suárez LópezEdición: Fernando TebeleFoto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia En las últimas semanas, el debate por las pistolas taser volvió a tener presencia en los medios tradicionales de comunicación. El reciente asesinato de la policía Maribel Nélida Zalazar en la estación Retiro de la línea C de subte, a la que asesinaron con su arma reglamentaria, fue uno de los motivos que generó que la balanza se incline aún más a favor del uso de las pistolas taser. Las fuerzas de seguridad tienen mecanismos represivos muy variados. Las taser se sumarían como una herramienta más, que los medios de comunicación tradicionales, junto con las y los políticos que defienden su uso, presentan como una opción prácticamente inocua. Uno de los hechos que llamó la atención hace algunas semanas fue la detención de una persona en la plaza Barrancas de Belgrano. Los efectivos de la Policía de la Ciudad lo redujeron a sillazos. “Si con sillas hacen eso, imagínate si les das una taser o si usan el arma de fuego. Estamos hablando de un tipo que estaba alterado en medio de un brote psicótico, un shock de excitación psicomotriz, en situación de calle, andá a saber en qué circunstancias. Y esto es una escena a repetición que sistemáticamente termina con una intervención policial y violenta, causando efectos mucho peores que si directamente no hubieran hecho nada”, planteó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y remarcó que estas situaciones requieren otro tipo de abordaje. “Hay un montón de situaciones de personas en esas mismas circunstancias que en lugar de terminar apaleadas, dentro de todo con vida, terminan muertas”, dijo. —En este caso fue la Policía de la Ciudad, pero uno creería que las fuerzas de seguridad deberían estar capacitadas para abordar un conflicto con una persona que se pone violenta en la vía pública. —Claramente no lo están. Trasciende cuando es un músico conocido (por el caso de Chano Moreno Charpentier). Ahí todo el mundo se pone a opinar, todo el mundo empieza a hablar de la falta de implementación de la Ley de Salud Mental. Ahora, cuando es un muchacho de barrio, una persona en situación de calle, nadie se acuerda. —En los medios tradicionales hablan de las taser casi como si fueran una herramienta bondadosa, ¿cómo le explicarías a la gente cuál es el peligro de que las fuerzas de seguridad tengan permitido su uso? —Ningún arma es no letal. Es una contradicción. Es un oxímoron hablar de un arma no letal, porque arma es algo que permite dañar a otro y lo que puede dañar puede matar. Depende de cómo lo usen. Concretamente tenemos ejemplos de las llamadas armas no letales: el gas lacrimógeno. ¿Qué mató a Carlos Fuentealba? Un cartucho de gas lacrimógeno. ¿Cuántas muertes tuvimos en el 19 y 20 de diciembre de 2001 y en otras circunstancias por disparos de posta de goma a corta distancia? Y esto sin hablar de lesiones gravísimas, como por ejemplo, la pérdida de un ojo. Pensemos en los seis compañeros que perdieron un ojo en la represión el 18 de diciembre de 2017, cuando fue la movilización contra la infame reforma previsional de (Mauricio) Macri. Entonces no existe tal cosa como un arma no letal. Todo depende de cómo se use. Segundo: nos dicen que es preferible una descarga eléctrica que un tiro. ¿Por qué me fuerzan a ponerme en la situación de tener que elegir entre que me den una descarga eléctrica o me peguen un tiro? No quiero ninguna de las dos. Tercero: si un instrumento, una herramienta, produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona, eso se llama picana. Y no me interesa el voltaje. De la misma manera que no me interesa cuántas veces le ponen la bolsita a un pibe en la cabeza para dificultarle mecánicamente la respiración con el submarino seco, o cuántas veces le sumergen la cabeza en el tacho de agua podrida en el submarino húmedo. Una vez es tortura. La cuestión de la intención es solamente para disfrazar el “no hablemos de tortura, hablemos de apremios, severidad de vejaciones, etcétera”. Entonces, si produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona, es una picana. Y en nuestro país, con nuestra historia, con una herramienta de tortura que inventaron los policías y que sabemos cómo ha sido utilizada en la represión social y política, es intolerable que esa arma pueda estar en poder de la fuerza de seguridad. —Frente a una situación en la que la policía tiene que controlar a una persona agresiva, ¿cuál crees que es la solución más factible? —Hay montones de mecanismos para reducir a una persona con la mínima fuerza necesaria, sin causar ningún daño grave ni irreparable. Cualquiera que tenga cinco minutos para prender la televisión lo ve en las series extranjeras. Vos fijate que tenés policías de todo el mundo, Inglaterra, los países escandinavos, buena parte de Europa, donde la policía, el patrullaje urbano ni siquiera lleva arma de fuego. Llevan esos bastones extensibles o directamente se manejan con otro tipo de entrenamiento para poder reducir a alguien. Las fuerzas de seguridad en Argentina tienen una corta capacitación, que queda expuesta constantemente. Un claro ejemplo es el de Zalazar, la policía de 35 años que fue asesinada en Retiro luego de que un hombre le sacó su arma reglamentaria. “Murió por culpa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la puso en la calle con un arma que no estaba capacitada para custodiar. Porque que a un policía le saquen el arma de
María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dio algunos detalles del informe anual sobre la represión estatal. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, compartió datos de los últimos casos y mencionó el crecimiento exponencial de las muertes en lugares de detención. La presentación fue solo con la presencia familiares en el Auditorio de ATE y se transmitió por los propios canales de la organización. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales/Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia “Es un informe que este año viene con algunas particularidades. Empecemos por el hecho de que, por primera vez en 25 años, no vamos a estar en Plaza de Mayo haciendo la presentación con el acto habitual, sino que lo vamos a estar realizando en el anfiteatro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) a quienes agradecemos que nos cedieron el espacio. Teniendo todas las posibilidades de respetar los protocolos de cuidado y de poder transmitir con calidad a través de nuestro Canal de YouTube y las demás redes. Y con la sola presencia de las verdaderas protagonistas de esta historia que son los y las familiares víctimas de la represión estatal, que en su mayoría forman parte de grupos de riesgo y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el traslado y en garantizar esos protocolos de cuidado durante la transmisión”, comenzó explicando la abogada María del Carmen Verdú en esta charla sostenida días antes de la presentación. Un informe partido en dos “Más allá de las formas, este será un informe raro. Porque este año es necesario contemplar dos etapas: hasta y después del 20 de marzo. De hecho, hemos tenido que duplicar el trabajo de gráficos y de tablas en relación a las distintas modalidades, las incidencias de las distintas fuerzas; es decir, todas las variables que habitualmente trabajamos. Porque a partir de la aplicación del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y de todas la decisiones que se tomaron desde el 20 de marzo con el Decreto 297 seguido además por todas las demás provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de facultades a las fuerzas policiales para garantizar ese cumplimiento en detrimento de las medidas sociales que hubiesen ayudado de manera mucho más eficaz, generaron una situación anómala en materia represiva”, planteó Verdú. La referenta recordó que desde CORREPI creían que con la pandemia y la disminución de circulación de personas en la vía pública iba a ser un año de descenso del gatillo fácil. No por falta de balas policiales, dijo, pero sí por escasez de blanco móvil. “Eso no terminó pasando, tenemos un montón de casos registrados”, remarcó. “Por el otro lado, aparece un crecimiento de las muertes en lugares de detención, mucho más encima de la media habitual, llegando al 65% del total de casos que es también consecuencia directa de las medidas que se tomaron o no, en la relación a los cuidados en la pandemia”, detalló. Antes y durante la pandemia “El 10 de diciembre del 2019 terminó lo que habíamos denominado un periodo excepcional en materia de represión con índices nunca antes vistos: una muerte cada 19 horas. Algo inédito en estos 30 y pico de años post-dictadura y que además venía acompañado de todo un reforzamiento de una modificación estructural de la lógica de las fuerzas, los protocolos Bullrich, etcétera. En ese marco, hemos señalado desde el primer momento de la actual gestión hubo algunas señales que aunque incompletas e insuficientes, eran auspiciosas y progresivas, como la derogación de seis de los protocolos Bullrich, la suspensión del uso de las (pistolas eléctricas) Taser, del protocolo que habilitaba a disparar a las personas por la espalda aunque estuviesen desarmadas, el protocolo para detención de personas del colectivo LGBT, o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), etcétera”, manifestó Verdú. Pero registran un cambio a partir de las medidas tomadas por la pandemia: “Ahora, el 20 de marzo, eso dejó ocurrir y se tomaron decisiones en sentido contrario. Empezaron a tener preeminencia en las decisiones de gobierno alternativas más de la cara de (Sergio) Berni o de la cara de (Sergio) Massa, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo que desalojaban a sangre y fuego en Guernica, destinaban 38 mil millones de pesos a la construcción de comisarías, cárceles y compra de pertrechos para la Bonaerense ¿Cuántas viviendas populares se podrían haber construido con esa plata?”, aseveró. ASPO: militarización de los barrios populares y represión en las cárceles La integrante de CORREPI destacó que frente a una decisión correcta desde el punto de vista sanitario como el ASPO, algunos sectores de la sociedad pudieron quedarse en su casa como pedía el gobierno, pero otros no podían hacerlo: “Para ese momento el 40% y hoy mucho más que ese porcentaje de personas precarizadas laboralmente, gente súper explotada, cuentapropistas, desocupados, subocupados, y como siempre los bolsones más vulnerables como el colectivo trans -travesti, o las personas que viven en lo que el Gobierno llama barrios populares y que hay que decirles con todas las letras villas, había una disyuntiva feroz: o cumplo el ASPO y me cuido del virus, no como y me muero yo y mi familia de hambre; o trato de ver de qué manera puedo salir a hacer la diaria y me expongo al virus y también a la represión”, precisó. “Frente a esa situación, lo que se hizo fue insuficiente desde el punto de vista de las medidas sociales. O sea, muy bien el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero no llegó a todo el mundo y encima ahora lo cortaron, y lo mismo para el resto de las medidas. Está muy bien el decreto que suspendió los desalojos, pero qué pasa con quienes no tienen
La semana pasada se realizó un desalojo en una vivienda porteña. Nada que no ocurra todos los días. Sin embargo, algo cambió, porque quienes sufrieron la represión denunciaron el uso de pistolas Táser. Iliana Llanos, habitante la “Casa Santa Cruz”, contó en el programa La Retaguardia que conducen Pedro Ramírez Otero y Fernando Tebele, cómo la policía reprimió para desalojar la vivienda de Caseros y Solís, también en el barrio Parque Patricios. Además denunció que su hijo de 5 años fue lastimado por la Policía de la Ciudad. Según su testimonio, la policía usó las pistolas Taser; sería la primera vez que se ve su uso. (Por La Retaguardia) Los desalojos de viviendas en la CABA son diarios. Una de las zonas más afectadas es la que marca un límite entre Parque Patricios y Barracas. Suspendido por ahora el de la calle Santa Cruz, debido a la gran resistencia de organizaciones sociales, vecinos y vecinas, la Policía de la Ciudad realizó el miércoles un operativo que terminó, no sólo con el desalojo, sino también con 7 personas detenidas (que fueron liberadas a la mañana siguiente) y una represión que no reparó en alcanzar a los niños y niñas. En contra de la orden del juez Al referirse al desalojo, Iliana se notó un tanto sorprendida. “Nosotros estamos en comunicación permanente con los vecinos de la Casa Solís, mediante un grupo de Whatsapp. Ayer (por el marets) se logró suspender el operativo, y se acordó que las familias iban a ser citadas en quince días por el juez. Entonces no vimos que peligrara la situación de las familias, por lo menos por quince días. Y a la mañana (del miércoles) nos mandan un mensaje que por favor nos acerquemos que volvieron a vallar las cuadras que eran las de Caseros y la de Rondeau, que también había un micro lleno de policías. Nosotros, de la Casa Santa Cruz, estamos a cinco cuadras y fuimos. Yo fui con mis niñes, porque no tenía con quien dejarles, a hacer el aguante y hacer difusión desde acá también. Nos encontramos con que ya había un operativo preparado para desalojar a las familias. De hecho yo me comuniqué con quien estaba a cargo del operativo, me confirmó que era para la Casa Solís, y cuando llegó la oficial de justicia, que se llama Bárbara, ella dio la orden de que comiencen a avanzar con todo el operativo de manera muy violenta”. El desalojo y la violencia Llanos relató con detalles el hecho, “Estábamos al menos seis mujeres abajo, habíamos familias que estaban adentro de la casa, que ya estaba toda sellada también, y en medio de todo eso estaban mis dos niñez también, que no pudieron entrar a la casa. Nos empezaron a empujar, primero personal masculino de policía de la ciudad a pegar. Cuando les dijimos que no nos podían tocar, porque eran justamente masculinos, y que llamaran a las femeninas, nos dijeron que nos iban a desalojar igual, que ya se había acabado todo el jueguito. Les empezaron a pegar a las vecinas, me pegaron a mí, empezaron a forcejear. Les pegaron a mis niñes que están lastimades. Nos empezaron a tirar gases. Usaron balas de goma para reprimir. Las familias desde adentro, se negaron y se resistieron a quedarse en la calle. La policía se quedó muy ensañada, porque cuando lograron entrar a la casa empezaron a sacar a las familias a patadas, les pegaron a las mujeres, a una vecina que está embarazada le pegaron en la panza y en la cara con los palos”, señalóIrregularidadesIliana en su relato denunció que “una de las contestaciones que hicieron los abogados que pertenecen a la Liga Argentina por los Derechos Humanos fue que ni siquiera las familias están censadas como para que el operativo fuese de manera pacífica y las familias tuvieran un lugar adonde ir, que no quedaran a la deriva. Por eso ayer nos habíamos quedado tranquilas, de alguna manera, porque como se pensaba hacer una citación en quince días, eran puntos a tratar también de cómo dejar el inmueble y de cómo se hace para que las familias no queden desprotegidas. Les obligaron a firmar un acta, le pegaron a otra mamá con un bebé de menos de un mes. Fue todo muy violento, no pensábamos que iba a ser así”. El 690 (subsidio habitacional) una solución a medias Muchos desalojos se realizan a cambio de un subsidio que reciben las familias, que poco tienen que ver con los inconvenientes que encuentran cuando quieren alquilar una habitación de hotel. “Hoy está actualizado y es de 5000 pesos, y los hoteles están cobrando 14.000 pesos. Los hoteles cobran por día y por cantidad de habitantes. Si vos no lo podés acreditar con un recibo, se recibe el subsidio por dos meses y se corta. No se puede alquilar en un hotel cuando tenés más de dos niñes. Y se sabe que siempre son las mismas y pocas personas que administran los hoteles, que además reciben subsidios del Estado”, agregó. El debut de las taserHasta el momento La Retaguardia no había registrado un hecho en el que se hayan utilizado las pistolas Taser. Al respecto Llanos declaró: “Me dispararon, nunca las había visto una en mi vida, me pude correr. Le intentaron disparar a otra vecina también”, y lo enmarcó en una represión fuerte: “Los más pequeños están lastimados. Se llevaron detenidas a dos personas que pertenecen a la organización Proyecto 7. Yo tengo la filmación de cómo se los llevaban, que no se están resistiendo y que les pegaban igual. Mis hijes tienen 5 y 6 años, están raspados, lastimados. Reconocen la cara de quienes le pegaron, fue todo muy traumático. A la gente la bajaron con patadas en la cola y con palos”, aseguró. DESCARGAR
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