CORREPI
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Fue esta mañana. Los policías reprimieron la toma de la Sala Alberdi con balas de plomo e hirieron a tres personas, dos de ellos comunicadores populares que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. En conferencia de prensa la semana pasada habló su abogada, María del Carmen Verdú, junto a ellos y algunos militantes que acompañaron la resistencia en aquel momento. También estuvieron Marcelo Ramal y Laura Marrone del Frente de Izquierda. De esa convocatoria se realizó una cobertura conjunta entre la Red Nacional de Medios Alternativos (desde el estudio La Retaguardia, desde el lugar Dtl!), junto a Radio Sur. La primera audiencia se está desarrollando esta mañana, luego de una postergación del comienzo del juicio, en Talcahuano 550 a las 9 y media de la mañana. La militancia se convocó a las 8 y el debate oral está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº7. Los acusados son tres efectivos de la entonces Metropolitana, Pereira de la Rosa, Ledesma y Acosta. (Por RNMA) Foto: los tres policías acusados. De izq. a der. Pereira de la Rosa, Ledesma y Acosta. (Esteban Ruffa-ANRed) ¿Por qué pospusieron? María del Carmen Verdú, abogada Esteban Ruffa y Germán Darío de los Santos, señaló: “Estos policías Metropolitanos ya están disueltos y unificados con la policía de la Ciudad. Aunque siguen siendo la fuerza de este distrito, pertenecen a la misma fuerza política que el gobierno nacional. Nosotros creemos que esta postergación, sin otra explicación que los problemas de agenda del Tribunal, tuvo el tono político de bajarle la trascendencia a esta instancia judicial porque ya es un juicio no a tres integrantes de la policía existente sino de una fuerza que ya no existe”. Para la abogada de CORREPI, “esto en términos de que esto es un juicio a la policía de Macri. Como brazo armado del Estado, en ningún caso se trata de individualidades o fuerzas con algún problemita especial de indisciplina o mayor o menor índice de corrupción sino de una política que tiene la tonalidad que le va a imprimir el gobierno de turno de acuerdo a las necesidades”, aseguró.“La Ciudad de Buenos Aires tiene el índice de policía cada cien mil habitantes casi más alto del planeta. Un índice que no tienen las ciudades más militarizadas de Estados Unidos o los países centrales de Europa. No lo tiene México, ni Perú, ni Bolivia ni Colombia”, informó Verdú. El recuerdo de un fotógrafo Esteban Ruffa, uno de los comunicadores baleados, se presentó: “Soy fotógrafo de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed) en la RNMA. El 13 de marzo en horas de la madrugada fuimos heridos con impactos de balas de plomo en las piernas dos periodistas y un manifestante que también recibió impactos en el estómago y la pierna. En mi caso, tengo un plomo incrustado dentro de la tibia. Esa noche hubo una orden de realizar un despliegue represivo brutal sobre la avenida Corrientes y la zona aledaña. Hubo elementos tecnológicos que nosotros nunca habíamos visto, hubo detrás de la orden una intencionalidad de accionar de forma muy agresiva y de despejar”, aseguró Ruffa sobre el objetivo policial. “Fuimos perseguidos varias cuadras casi llegando hasta el Obelisco y estábamos tratando de registrar lo que sucedía. Evidentemente había una orden de que periodistas o quienes estuvieran allí registrando fueran especialmente agredidos. La represión estuvo enmarcada en el accionar que vimos en el Parque Indoamericano, en la intrusión violenta en los terrenos del Borda. La Justicia lamentablemente no nos acompañó. Queda un gusto amargo”, aseveró.Germán Darío De Los Santos, intregrante de Dtl!, otro de los baleados, expresó: “Desde la comunicación popular, sabemos que lo que hacemos implica esta tediosa labor de estar en la calle. Hay un contexto de violencia generalizada de parte del Estado, las policías se unifican y están desarrollando planes mucho más acabados. La Policía Federal también tiene sus imputados en esta causa que no hizo nada para impedir los balazos de plomo. Estas son fuerzas que supuestamente estaban enfrentadas en ese momento, la Federal y la Metropolitana. Sólo para aclarar que esas enemistades se terminan cuando hay que reprimir al pueblo”, consideró. De Los Santos cerró toda una definición sobre el rol de los comunicadores populares: “Nos sentimos parte del pueblo, por esa razón corrimos el mismo riesgo que quienes estaban ahí manifestándose. Todas las fuerzas, me parece, empiezan a mirar lo que leemos como una avanzada represiva. Ese gobierno que cayó hace cuatro años con la sucesión de represiones, hoy está ahí arriba. Nadie está preparado para recibir una bala de plomo en esas circunstancias, además el compañero se estaba retirando ¿Cómo defenderse de una fuerza que recibe esta clase de órdenes? Lamentablemente van a venir más luchas que impliquen más represión, así que tratemos de prepararnos”, advirtió. El contexto del juicio Lucía, del Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible HLI), que forma parte del espacio de coordinación que conformaron RNMA-CORREPI-HLI para empujar esta causa, explicó: “Nosotros formamos parte de este juicio porque esa noche fuimos parte con otras organizaciones y activistas. Hoy vivimos esta escalada represiva que no sólo tiene que ver con la violencia en las calles sino con relativizar si fueron 30.000 desaparecidos que no es algo menor y sirve para legitimar esa represión en las calles. El Estado no garantiza derechos fundamentales para poder desarrollarse en la vida y el gobierno actual focaliza la represión en la juventud. Pudimos ver como entró la policía al Mariano Acosta para intervenir una protesta estudiantil, también en la Universidad de Jujuy, también reprimen a los docentes que luchan por el salario y aumentan el presupuesto en la Ciudad al armamento policial antidisturbios”, señaló sobre el contexto político que se suscita en materia represiva. “Esa represión nos afecta a los jóvenes no solamente en el ámbito educativo sino también en el de nuestro trabajo. Argentina es el país con mayor desempleo juvenil en toda América Latina. La única posibilidad efectiva y rápida de conseguir el empleo es entra a las fuerzas represivas. Así es como ellos lo sugieren,
En otra jornada callejera memorable, incalculables centenares de miles de personas colmaron los alrededores del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Para qué ensayar un número preciso si para algunos funcionarios hay cifras más importantes por discutir. Sin dudas, los embates políticos del gobierno de Macri contra la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, impulsaron a más gente que nunca a sumarse a alguno de los tres actos políticos, a todos, o a ninguno, pero a estar en la calle. (Fotografías de Agustina Salinas y Texto de Fernando Tebele para La Retaguardia) “Estoy contento”, respondió Carlos Lordkipanidse, el Sueco, cuando le preguntamos, en la apertura de la radio abierta que realizó la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) en el acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), de qué manera vivía un 24 de marzo alguien como él, que sobrevivió a la ESMA. Seguramente, en esa respuesta que puede sonar quizá contradictoria, que alguien que sufrió las peores torturas que se puedan imaginar (y las peores de las que ni podemos pensar como posibles) pueda estar contento cuando recordamos el golpe de Estado de 1976, esté la diferencia entre ser o no ser un militante político. A poco metros, como parte de la numerosa columna de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), están Miriam y Flavia, la mamá y la hermana de Álvaro Nicolás Soriano, el joven asesinado a plena luz del día por una bala policial hace pocos meses. Lloran. No pueden contener la angustia. Apenas hablan. Flavia, la hermana, ensaya una disculpa innecesaria por haber rechazado una entrevista que le pedimos un día, sin saber que apenas horas antes había enterrado a su hermano; nosotros deberíamos disculparnos. María del Carmen Verdú le explica diferencias entre prensa alternativa y tradicional. Entre dejar pasar primicias por estar al lado de las familias y respetar sus tiempos, o estar cerca solo para tener la primicia. Es la primera vez que van a una marcha de 24 de marzo; tal vez sea la primera marcha a la que asisten en sus vidas. Todavía no son militantes políticas, apenas si pueden ser ahora familiares desconsoladas que aún no sienten que caminar con otros pueda mitigar ese dolor incontenible. Pero están ahí, como el Sueco y demasiados más, encarnando el linkeo siempre necesario entre el ayer y el hoy, entre el Terrorismo de Estado que persiguió, torturó y desapareció a aquellos jóvenes idealistas y formados políticamente, con este Estado que de manera sistemática persigue a estos jóvenes que no han tenido ocasión de ser formados más que por la pobreza estructural en la que crecieron. El gobierno de Macri indigna tanto con su discurso negacionista y relanzador de la teoría de los dos demonios, que pocos recuerdan que este día en que marchamos estuvo a punto de no ser feriado. La obsesión por instalar una cifra menor a la simbólica de los 30.000 solo puede entenderse como parte de una estrategia para cargar contra la historia, contra los organismos de derechos humanos, englobándolos en un hebedebonafinismo totalizador que los simplifique ubicándolos dentro del kirchnerismo, para así poder seguir jugando ese River-Boca que tanto conviene solo a los grandes, con Clarín como punta de lanza informativa (cuándo no), titulando su crónica desacertada de los actos de ayer: “Un kirchnerismo dividido convirtió el 24 de marzo en un acto anti-Macri” En la minimización de uno de los dos actos más importantes (el tercero, el de Hebe desde el micro escenario junto a Aníbal Fernández, merecería otra nota), se encarna ese duelo polarizador que se adivina como la posible trampa del poder para las próximas décadas. Cerca de las 19, mientras todavía entran a la Plaza los partidos políticos de izquierda en el final de la marcha, desde el escenario leen un documento consensuado. Antes de eso, nombran su ausencia, que ya se había notado en la previa, en las arduas negociaciones entre los dos actos más numerosos en la puja por la Plaza de Mayo. En la imagen de Cachito Fukman, en la del primer 24 de marzo sin él, también puede retomarse el linkeo inicial. El Sueco no puede más, lo llora, lo extraña a su hermano del alma. A las familiares de Soriano todavía hay que explicarles a quién se perdieron de conocer. En todo caso, lo que quedó demostrado ayer, una vez más, por si hiciera falta (evidemente sigue siendo necesario demostrarlo), es que la construcción de Memoria Verdad y Justicia no le pertenece a ningún partido político en particular, más allá del intento de Macri y Cristina por convertirse en el nuevo SúperClásico. Ya con un Estado menos proclive a impulsar las causas judiciales para condenar a los genocidas y con una propaganda oficial que, tras el formato “democrático” al estilo A Dos Voces, deja asomar una condena generalizada que diluye el Terrorismo de Estado dentro de una Guerra Sucia, la defensa de los derechos humanos vuelve a estar en manos de los organismos, de la movilización popular. La defensa de los derechos humanos de ayer, porque la de los pibes como Soriano, Luciano Arruga, Daniel Solano o hasta el mismo Jorge Julio López, nunca tuvieron impulso estatal más que para desaparecerlos y asesinarlos. No hay reconciliación con los genocidas de ayer. La historia suele caer por su propio peso, como Milani. Con los que asesinan hoy con armas del Estado la cosa está más complicada. Todavía estamos lejos de romper el consenso social que carga las balas. Para buena parte de la población hay un solo demonio y son los pibes pobres de los barrios. Habrá que ver si somos capaces de evitar otro genocidio.
Tras la muerte de dos personas en el recital que el Indio Solari dio el pasado sábado 11 de marzo, los programa Sueños Posibles -que conducen Alfredo Grande e Irene Antinori- y Otras Voces, Otras Propuestas -a cargo de Luis Angió y Rosaura Barletta- dialogaron con la referente de CORREPI, María del Carmen Verdú, sobre las condiciones de sanidad y seguridad del concierto, y el afán ilimitado de lucro de los organizadores. Además, Verdú se refirió al accionar de Solari y su banda tras la muerte de Walter Bulacio en 1991. (Por La Retaguardia) “Nosotros venimos señalando que lo ocurrido en Olavarría este fin de semana tiene que ver con la aplicación directa de la política represiva por parte del aparato estatal por lo que se relaciona con Cromañón, por esta conjunción del afán de lucro sin límites de los empresarios, en este caso la productora, y su asociación histórica de clase con el aparato estatal, representado en el caso de Olavarría por este intendente (Ezequiel) Galli, que se pasó varios meses haciendo campaña, en un año electoral nada menos, como quien traía al Indio a Olavarría e incluso asumió el rol de fiador de la empresa ante la propietaria del terreno, obligando al municipio a garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la productora, obligaciones que justamente brillaron por su ausencia porque eran la sanidad, la seguridad, la higiene, el control de los espectadores, la admisión, todos esos elementos que coayudaron para que el resultado fuera trágico”, afirmó María del Carmen Verdú en el inicio del diálogo con el programa Sueños Posibles, que se emite por Radio La Retaguardia.“Fue una sensación de que esto ya lo vivimos, esto de que fuera a la madrugada me revivió muy fuerte la madrugada de Cromañón, cuando íbamos sumando muertos sin saber dónde paraba, y por sobre todas las cosas la conjunción macabra de que te das cuenta desde el primer momento en este elemento común del ánimo de lucro económico o electoral por parte del grupo empresarial y de los funcionarios gubernamentales, el esquema es casi equivalente y el casi en realidad es porque el rol que jugó el intendente de Olavarría es muchísimo más comprometido todavía que el que tuvo (Aníbal) Ibarra en relación a Cromañón. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se constituyó en fiador, garante de las obligaciones de la producción del espectáculo en Cromañón, en cambio el municipio sí. Además, hasta una hora antes del inicio del recital seguían vendiendo entradas”, aseveró la abogada.Para la referente de Correpi, estos hechos tienen un componente de control social importante: “pero este control no se lleva a cabo solamente a través del aparato represivo –aclaró–, hay infinidad de dispositivos que pasan por todos los niveles de nuestra vida social, empezando por la escuela y el propio hogar en muchas oportunidades que apuntan en ese sentido y que tienen que ver con esta necesidad de disciplinar los cuerpos y los espíritus. Lo que para mí descolla como elemento importante es esto del afán de lucro llevado a límites inimaginables, porque por caso acá está constatado, según ha informado la propia autoridad municipal, que se habían vendido 325.000 entradas, así que como mínimo hubo 350.000 personas más las que no tenían entrada. Es una cantidad muy impactante, además en el medio de la pampa sojera y las toscas de la cantera de Amalita Fortabat. La misma cantidad de gente vio por ejemplo a Roger Waters en la Ciudad de Buenos Aires, solo que no lo vieron el mismo día, hubo 9 conciertos en el Estadio de River y de esa manera se distribuyó esa enorme cantidad de personas que querían ver a su artista. El tema acá es que resulta mucho más barato alquilar un predio por 300.000 pesos, como surge del contrato suscripto por la síndica de la ex propietaria, porque es una empresa que está en quiebra, del predio La Colmena, y los representantes legales de la productora del Indio; si dividimos los 300.000 pesos por la cantidad de asistentes es menos de 1 peso por persona, y esas personas compraron entradas por 800 pesos cada una, es un margen de ganancia obsceno. A partir de ahí es que se entiende de qué manera toda la gestación de este espectáculo tiene como único basamento ese lucro voraz, desmedido, donde además en esta oportunidad lo más grave es que el Estado no aparece como un socio del silencio sino que aparece como un socio explícito en el propio contrato, haciéndose cargo de las obligaciones de la productora, y eso es lo que nos lleva a decir una vez más que el capitalismo y su Estado matan, no hay mayor diferencia entre la responsabilidad por las muertes de Olavarría del 11 de marzo y las muertes en Cromañón, o la muerte de un obrero que cae de un andamio porque es más barato para la empresa pagar cada tanto una indemnización por muerte que mantener condiciones de seguridad de forma permanente”.Respecto al accionar de la justicia, Verdú aseguró: “el intendente debería estar preso, el tipo se constituyó en fiador de los dos que están imputados. Y por supuesto hay que develar cuál es la trama empresarial porque no nos olvidemos de Time Warp, donde había una persona jurídica por un lado pero todo el mundo sabía que era la productora de otra persona”.Verdú advirtió a su vez que lo sucedido en Olavarría no tuvo un resultado aún peor gracias al cuidado y atención de los propios asistentes al recital y de los habitantes de esa localidad bonaerense: “yo reivindico profundamente la solidaridad de los chicos y chicas que se cuidaron entre sí como no los cuidó el Estado, ni el capitalista productor del espectáculo, que compartieron todo y que solamente ceden frente a la descollante lección de solidaridad que dieron los vecinos de Olavarría que al día de hoy todavía están dando una mano para rastrear gente perdida. Escuchaba al ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, que
Como Luciano Arruga, Jonathan “Kiki” Lescano y tantos otros pibes pobres en el país, Álvaro Nicolás Soriano transitaba la ruta hacia la muerte como N.N., ese camino que el Estado se encarga de mantener siempre en buen estado, para cuando resulte necesario. Después de la bala policial disparada a quemarropa en la cabeza el 21 de diciembre pasado en el barrio de San Cristóbal en la CABA, permaneció en estado de coma inducido durante unas semanas y falleció en el hospital Ramos Mejía el jueves pasado cuando parecía en recuperación. Al caso de gatillo fácil le siguieron varios motivos para indignarse: su internación como N.N. durante unos cuantos días, hasta que CORREPI logró dar con su familia; el privilegio del asesino, el policía Sergio Damián Lucero (que tras la muerte tendrá que ser indagado), de contar con el asesoramiento jurídico gratuito de letrados del ministerio de Seguridad de la Nación; y el accionar de la policía que, cuando constató el domicilio de la víctima, no informó a la familia que Soriano estaba hospitalizado, sino que estaba detenido. En el programa radial La Retaguardia, María Eugenia Otero y Fernando Tebele dialogaron con Micaela Corzo, integrante de CORREPI. (Por La Retaguardia) Ser un N.N. “El jueves 9 nos encontramos a la tardecita con esta triste noticia. Nico luchó hasta donde pudo, estuvo un poco más de 45 días internado peleándola y tratando de aferrarse a la vida lo más que podía pero lamentablemente no le dio más el cuerpo. Es una noticia muy triste para nosotros. Veníamos contentos con toda la lucha que habíamos emprendido: poder recuperar su identidad, poder contactarnos con la familia, no permitir que esté solo”, expresó Corzo, hermana de Rodrigo, asesinado por una bala policial en 2003. “Con toda la impunidad con que se manejan la policía y el poder judicial querían eso, dejarlo solo. Fue una lucha muy grande el trabajo militante exhaustivo que hicimos de ir todos los días, hablar con gente que no conocíamos, ir a una terapia intensiva y encontrarnos con que ahí todo el mundo está triste, con un familiar delicado. Tuvimos ese cachito de sensibilidad de poder hablar con personas y preguntarles ‘¿vos sos familiar? ¿Qué te anda pasando?’, escuchar historias de otra gente. Fue un trabajo arduo hasta que pudimos dar con la familia. Un trabajador del hospital nos dijo que estaba su nombre”, destacó, contando cómo fue que consiguieron dar con su familia.Sobre la situación del chico, Corzo contó: “Nicolás estaba hacía un tiempo en situación de calle y si bien no tenía contacto con su familia, cada tanto Nico aparecía. Hablaba con sus hermanos, con su mamá, lo iban a visitar sus sobrinos. Nico tiene una familia grande, muy linda, lamentablemente cayó en las adicciones y esto le jugaba una mala pasada en cuanto a las relaciones familiares, pero siempre que pudieron estuvieron al lado de él. Al otro día del disparo les dijeron que Nicolás estaba detenido, pero no les dijeron que estaba detenido en el Ramos Mejía agonizando con un tiro en la cabeza. La hermana estaba esperando la oportunidad para ir a verlo”, aseguró.La única mano del Estado “En la causa que interviene, Nicolás estaba acusado por robo. Por dichos, habría robado algún celular, pero no hay nada concreto ni siquiera en la causa; seguramente fue un celular, algo que no es comparable con la vida de una persona… Estamos acostumbrados a que ciertas cosas materiales valgan más que una vida. Tenemos que replanteárnoslo como sociedad. Si este chico robó, seguramente necesitaba plata para sus adicciones y esas adicciones también tienen que ver con un Estado ausente, que son los mayores problemas de los chicos. Un Estado que por un lado les da esta posibilidad de drogarse y perderse en esa adicción pero la respuesta más fácil que reciben es una bala. Tenemos que pensar a raíz de qué los chicos van a robar. No son los grandes ladrones, que viven en countrys, manejan el país, les perdonan deudas a sus padres… esos son los ladrones y a ellos no les ponen una bala en la cabeza como a Nicolás”, denunció la militante de CORREPI.A partir de la muerte de Nicolás, “en la causa cambió la situación. Lo imputaron a Sergio Lucero, el policía que le disparó. Nos aceptaron como parte querellante cosa que no habían hecho antes. Ahora nos toca trabajar y esperar. Por lo pronto hay una indagatoria. En el caso de Lucero se trata de la cuarta causa judicial, tiene homicidios y apremios ilegales. La figura de apremios ilegales es el nombre que le pone la justicia a la tortura. Lucero estaba enseñado para esto y además tiene el condimento de la impunidad. Lo sobreseyeron en los apremios, en las otras causas tenemos que averiguar su situación pero, por su accionar, estaba acostumbrado a comportarse así”, consideró Corzo. “En esta causa estamos intentando que la carátula cambie a homicidio y ya está imputado. La indagatoria es el 2 de marzo, el mismo día que iba a tener que declarar Nicolás si tenía una mejoría. Si Nicolás no moría, seguramente Lucero continuaba impune”, denunció.“Intervienen el juzgado de instrucción Nº4 y fiscalía de instrucción Nº25 que tuvo la causa desde un principio. El juez es subrrogante y lamentablemente tenemos una mala experiencia, es el mismo juez que sobreseyó al asesino de Gonzalo Crespo que fue asesinado por una bala policial en Saavedra. Igual, no es un panorama muy distinto al que enfrentamos todos los días; es decir, por más que fuera otro juzgado con el que no tuviéramos ninguna experiencia, es parte de lo mismo, como decimos siempre. Es el mismo Estado. Hace diez años terminé el juicio por el asesino de mi hermano, y cuando nos enfrentamos a esos jueces era lo mismo, diez años atrás, en otra jurisdicción, pero siempre el mismo Estado”, planteó la militante sobre el accionar corporativo de las instituciones de un Estado que esta vez, por la acción de un organismo de derechos humanos, no pudieran utilizar su camino
Leonel Sotelo fue asesinado por un policía el 1 de diciembre de 2016. Como es habitual, el victimario habló de un supuesto intento de robo. Noemí Robelli, mamá de Leonel, negó las acusaciones y pidió justicia por su hijo. (Por La Retaguardia) Todos los años familiares de jóvenes asesinados por las fuerzas de (in)seguridad del Estado participan de las actividades que se realizan ante cada nuevo aniversario de la desaparición y muerte de Luciano Arruga. Son casos que mayormente permanecían ocultos pero que comienzan a visibilizarse a partir de la difusión que de ellos se hace en estas jornadas de lucha, a partir de la tarea de medios comunitarios, alternativos y populares.Este 28 de enero de 2017, Noemí Robelli fue hasta Lomas del Mirador para denunciar el crimen de su hijo Leonel Sotelo, un joven de 19 años asesinado por un policía el 1 de diciembre de 2016. Allí charló con Nicolás Rosales, de Tengo Una Idea. Luego, fue entrevistada por Fernando Tebele y María Eugenia Otero en el programa radial La Retaguardia.“El 30 de noviembre a la noche, en realidad ya era 1 de diciembre, mi hijo estaba en la puerta de casa y a las tres de la mañana se fue a llevar a un amigo que vivía en José Mármol. Por Burzaco un ‘pitufo’ pensó supuestamente que lo iban a robar y le disparó en el pecho tres tiros. El ‘pitufo’ dijo que mi hijo lo fue a robar y es todo mentira porque mi hijo trabajaba con su papá y sus hermanos en un lavadero, no era ningún motochorro”, relató Noemí Robelli en diálogo con La Retaguardia.Al policía que le disparó a Leonel, Noemí lo llama “pitufo”. Así se nombra en los barrios bonaerenses a los agentes de las distintas policías locales de la provincia porque llevan uniformes de color celeste.La versión oficial habló de un intento de robo, pero Noemí la descartó sin dudarlo: “dice que le intentó robar, que el compañero que iba con él sacó un arma de fuego, que nunca apareció (el arma). Yo no entiendo cómo lo pueden culpar, es todo mentira. Según las pericias mi hijo no tenía ningún arma de fuego y el otro muchacho tampoco”.Sin embargo, el amigo que iba con Leonel se encuentra actualmente detenido, acusado de este supuesto intento de robo: “es testigo y está detenido –explicó Noemí–, pero parece que la familia no quiere que tomemos contacto con él, me dicen muchas cosas que a mí no me cierran, es como que la familia no quiere tener contacto con nosotros”.De todos modos, Robelli está convencida de que el amigo de su hijo tampoco cometió el robo: “nada que ver. Ese día ese chico estaba en casa con mis otros dos hijos que se fueron a dormir, entonces le pidió a Leonel que lo alcanzara con la moto hasta José Mármol. El chico trabajaba, era un chico de barrio, bien”.Según contó su mamá, Leonel no había tenido previamente problemas con la policía: “no, él trabajaba, estaba en casa, salía con los amigos y nada más. La policía nunca lo molestó”.Apenas un día después de ocurrido el asesinato de Sotelo, Correpi presentó en Plaza de Mayo su informe anual sobre la situación represiva. Allí la referente de la organización, María del Carmen Verdú, decía que le había llegado información de un nuevo caso de gatillo fácil pero que hasta ese momento no tenían demasiados datos: “Ayer circuló en los medios que, ya cuando nuestro archivo estaba cerrado con la cifra de 4960 asesinados por el aparato represivo en estos últimos 11 meses, un gendarme le pegó un tiro por la espalda a un pibe en Burzaco, le reventó el riñón porque no paró en un control vehicular. Esa noticia circuló porque el pibe sobrevivió, porque la familia salió a contar cómo habían sido las cosas, lo que nadie contó es que a 3 cuadras de ese mismo lugar un policía local le metió dos tiros en la espalda a otro chico de 19 años y a ese sí lo mató, y de ese hecho lo único que pudimos encontrar fue un pirulito que como de costumbre decía ‘Policía ultimó a ladrón’. El pibe era alumno de un colegio secundario al que también iba la hermana de una compañera vinculada al Centro Cultural Tosco y compañero también del hijo de uno de los trabajadores de la línea 60. Por los dos lados hemos logrado contactar a la familia y nos vamos a estar arremangando junto a ellos. No tenemos idea de la cantidad de casos como esos de los que no nos enteramos, de los que no tenemos la posibilidad de llegar al familiar para poder visibilizarlos”.Ahora ya se sabe que ese otro chico de 19 años, el supuesto ladrón ultimado por un policía, era Leonel Sotelo. El 28 de enero pasado, Noemí participó de las actividades a 8 años de la desaparición de Luciano Arruga donde denunció lo que le había sucedido a su hijo. Al cierre de la charla con La Retaguardia, se le consultó cómo fue asistir a la marcha y acto en Lomas del Mirador y ver a tantos familiares que se encuentran pasando por su misma situación: “es un horror muy fuerte. Por empezar nunca pensé que me iba a pasar, veía tantas marchas de tantos chicos y nunca pensé que me iba a tocar a mí… pero me tocó y lo que quiero es que se haga justicia en nombre de mi hijo porque mi hijo no es ningún motochorro”, aseguró Noemí Robellí, mamá de Leonel Sotelo, otro joven víctima del gatillo fácil, otro joven víctima de la fuerzas de (in)seguridad del Estado.
Es extraña la mezcla de sensaciones. Díficil de poner en palabras. Por un lado es tristeza: nadie quisiera estar allí por los motivos por los que estamos. Pero también hay alegría cruzando el ambiente. Es otra movilización masiva con el caso de Luciano Arruga como disparador, pero con decenas de familiares de víctimas de represión estatal en todo el país. Esta es la fecha de Luciano, sí; pero también se va convirtiendo en la fecha para que cada cual levante su voz por cada uno de los pibes. (Por Medios comunitarios, alternativos y populares*)Por el No a la baja en la edad de imputabilidad Aquello de la alegría en el ambiente seguramente no corre para Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Otras veces ha contado que a ella en particular la fecha no solo la entristece, también la deprime. Sin embargo, saca fuerzas de algún lugar que ella misma desconoce y se queda en la primera fila: “Estamos acá para pedir justicia por Luciano, pero no tan solo por Luciano, sino por todos los pibes desaparecidos, por todos los pibes que no tuvieron la suerte de tener el eco que tuvo Luciano, para darle fuerzas también a esas familias que vinieron desde muy lejos, que vinieron a ser escuchadas. También marchamos por eso, por todas las mujeres víctimas de trata, víctimas de violencia de género. Luchamos por los negritos sin justicia y por las pibas sin justicia, por eso luchamos. También por el no a la baja de la edad de imputabilidad. Yo no entiendo mucho de leyes ni de política, pero yo creo que a los 14 años ¿qué le podés enseñar a un niño encerrado con personas que ya están mal? Ese niño va a salir con más bronca, con más odio a la sociedad, y eso no es reinsertar a una persona a la sociedad. Eso es involucrarlo en el delito, como ponerlo en un colegio para delinquir”, aseguró la mamá de Luciano minutos antes de arrancar la marcha desde el lugar donde su hijo fue atropellado por un auto en la madrugada del 1 de febrero de 2009, en la vía rápida de la General Paz, todo indica que obligado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que lo perseguía sistemáticamente desde hacía meses, tras haberse negado a aceptar una oferta para robar para ellos, con zona liberada y provisión de armas incluidas. “No es un policía es toda la institución” Mientras la marcha arranca en su paso firme y multitudinario hasta la Plaza Luciano Arruga, en su barrio, la 12 de octubre, alguien pasa ofreciendo la hermosa agenda 2017 de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). No es un simple “vendedor”; es, ante todo, el papá de Cristian Marcelo Bogado, asesinado a sus 20 años, en 2004 por el policía José Luis Díaz. Nicanor Bogado detiene un instante su tarea con las agendas y dice: “Una de las tantas cosas que aprendí en CORREPI es a discernir que no es un policía, es toda la institución. Debemos ir tomando la conciencia nuestra, que la burguesia y los explotadores, antes de que nazcamos, y lamentablemente por eso gran parte de nuestro pueblo explotado, actúa como lo hace porque tiene esa conciencia burguesa. No es que tengamos guita o poder, sino la conciencia burguesa que es fundamental. Lamentablemente los grandes medios nos biombaredean en forma permamente. Por ejemplo cuando los compañeros tienen que salir a la calle, los medios no salen a decir por qué se movilizan, no salimos por deporte, salimos por una necesidad, De esa forma los grandes medios confunden a nuestro pueblo explotado, enfrente a explotados contra explotados”, aseguró y siguió intentando generar recursos para la organización autogestiva. “La dirigencia política saquea Argentina y después el pibe de 14 años es el responsable de todo” No solo hay familiares. Los referentes políticos de un amplio arco de izquierdas también se hacen presentes. Uno de ellos es Luis Zamora, de Autodeterminacion y Libertad: “Siempre es un lugar de convocatoria de la familia de Luciano y de Vanesa. Es una fecha en la que se recuerda la desaparición de Luciano. Hace dos años se encontró a Luciano después de tanta pelea. Pero tambien significa lo que le pasa a miles de pibes, toda una discusion de la accion estatal, policial, judicial, de los dirigentes politicos, que terminan su accionar en un Luciano Arruga. Todos estamos escuchando la discusión de la baja de edad de imputabilidad, y como sigue en crecimiento todo el desastre que hacen las instituciones, y lo quieren descargar en un pibe de 14 años. La dirigencia politica saquea toda la argentina, y después el pibe de 14 años pasa a ser el responsable de todo. Esto es un rebrote, porque esto tambien lo discutió el gobierno anterior, hubo varios intentos de querer abrir el debate. La desigualdad avanza, al avanzar la desigualdad crece la protesta, y frente a la protesta tienen que tomar medidas, y como no tienen tanto sostén social para ciertas medidas represivas, por eso es un ida y vuelta. Ahora de acá nos vamos a la lucha de los trabajadores de AGR-Clarin”, sostuvo. El debate sobre una posible baja en la edad de imputabilidad penal fue recurrente. “Luciano fue llevado a la muerte por funcionarios de la Policía bonaerense” Ella sabe que quienes tenemos micrófono en mano la buscamos más que a nadie. Lo sabe y lo asume. Tiene la misma angustia de su madre, pero su lugar de hermana quizá le permita también algo de aquella alegría. Se la ve furiosa. Va a tomar el rol de ir hablándoles a los vecinos de un barrio de casas bajas de clase media como Lomas del Mirador. Se sube al camió que oficia de escenario y grita mientras mira a los costados buscando las miradas de sus vecinos y vecinas. En una de las pausas, deja su voz más calma para la transmisión inclusiva de los medios comunitarios, alternativos y populares: “Significa todo estar acá nuevamente
Se realizó ayer una nueva actividad a 8 años de la desaparición de Luciano Arruga. Compartimos un informe fotográfico que refleja algunos de los momentos más emotivos de una larga marcha de miles de personas que cruzó el Barrio de Lomas del Mirador (Partido de La Matanza), un lugar poco acostumbrado a las movilizaciones callejeras y populares. Aquí quedan ordenadas cronológiamente, desde el comienzo de la marcha hasta la quema simbólica de los patrulleros policiales. (Por Agustina Salinas para La Retaguardia)
La asamblea de despedidos de la gráfica tomada por sus trabajadores, resolvió la movilización de ayer a todas las empresas del grupo Clarín. La más importante, en la autopista bajo los ventanales de Canal 13 y TN, tuvo el objetivo principal de derribar el cerco mediático sobre el reclamo de los trabajadores, que ha tenido escasa cobertura en los medios tradicionales. La Retaguardia estuvo allí, tomó testimonios de algunos de los dirigentes presentes y realizó un informe fotográfico. (Por La Retaguardia)Testimonios por Paulo Giacobbe – Fotos de Agustina Salinas Los organismos de derechos humanos en el conflicto gremialCarlos Loza, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, expresó: “Venimos a apoyar a los trabajadores del taller gráfico en contra de la patronal de Clarín que programó el despido de los compañeros un lunes a la mañana con la policía en la puerta del taller y la policía en la puerta de Canal 13 con la finalidad de hacerles conocer que pasaran a buscar la indemnización dejando a 380 familias en la calle. Venimos acompañando esta lucha con los trabajadores y la Comisión Interna al frente y eso es muy importante. Esto es un caso testigo de cómo se comportan las patronales, no sólo las norteamericanas sino también las que hay en el país”, consideró Loza. “Hoy cortamos la autopista 9 de Julio frente a Clarín, la autopista. Estamos esperando que atiendan los reclamos, el gobierno de Macri se desentiende del problema, no existe ninguna dificultad económica en el taller, estaba trabajando muy bien, lo que la patronal pretende es mostrar el ejemplo de cómo se puede reprimir al movimiento obrero para desmantelarlo como hizo la semana pasada con los familiares. Estamos convencidos de que en esta línea nosotros vamos a poder tener una respuesta eficaz”, planteó. En ese sentido, María del Carmen Verdú, dirigente de CORREPI, reflexionó sobre el rol de los organismos antirrepresivos en ese tipo de manifestaciones: “Estamos haciendo el aguante y acompañando a los compañeros de AGR-Clarín, que no solamente tienen que enfrentar a una patronal que cierra la empresa para reabrirla con trabajo precarizado y dejando 380 familias en la calle, sino que han tenido que ponerle el cuerpo a la represión del gobierno de Macri y de Rodríguez Larreta. Por eso la presencia de CORREPI es indispensable como en todos los conflictos que hemos tenido contra el ajuste y la represión a lo largo de este último año”, declaró. “La presencia policial y de Gendarmería no es algo exclusivo de este conflicto, está sucediendo a lo largo y ancho del país a partir de las políticas antiobreras de los gobiernos nacional y provinciales independientemente de su color político. Lo vimos la semana pasada en Esquel, hoy y ayer en Quilmes con los trabajadores ambulantes que sufrieron la misma suerte que los de Once. Sólo vemos leyes más represoras y propatronales que salen de las legislaturas y el Congreso nacional. Hay un fortalecimiento del aparato represivo y hasta el intento de desarticular y quitarle entidad a la marcha del 24 de marzo pasando el feriado al lunes 27”, denunció Verdú sobre la provocación del gobierno con respecto al aniversario del golpe de Estado. Las nuevas comisiones se ponen de pie Verdú destacó el rol de los trabajadores de AGR: “Esto me recuerda a los cortes de LEAR en la Panamericana algunos años atrás. Lo que se ve aquí es a esta nueva generación de dirigentes obreros, de referentes, de comisiones internas y sindicatos recuperados que son verdaderas expresiones de la lucha de los trabajadores, verdaderos representantes de la base”. “Hoy es un día histórico” Rubén Schofrin, integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), agregó: “En el día de hoy se consuma un hecho histórico, los compañeros de AGR, con organizaciones y sindicatos hemos bloqueado la autopista frente al ventanal de Canal 13 y TN. Esta es una jornada histórica, hay miles de trabajadores y es una acción que va a continuar hasta que la patronal vuelva para atrás y reincorpore a los 380 trabajadores. El objetivo es destruir al convenio colectivo, bajar salarios y que la crisis capitalista que hoy viven los medios de prensa por la reconversión a la industria web la paguen los trabajadores cuando las patronales amasaron durante más de treinta años innumerable cantidad de beneficios”, aseguró. “Cuando hay comisiones fuertes, Ernestina y Magnetto quieren aniquilarlas” También participó de la movilización Pablo Llonto, abogado y periodista, ex trabajador de Clarín y planteó: “Uno con Clarín se imagina que puede pasar cualquier cosa, todos los años en alguna parte del país hay movilizaciones o reclamos de trabajadores de alguna de las empresas del grupo por despidos o congelamiento de salarios. Este es el cierre de una planta muy grande y por eso el apoyo es importante y esta lucha va a continuar un tiempo. Cuando yo entré a Clarín a los 17 años escuchaba lo que había pasado en los ’60 y en los ’70”, contó sobre su experiencia. “Parecían circunstancias de época, pero se fue comprobando que es una política de Ernestina y Magnetto que es que donde hay organización sindical fuerte que defiende a los trabajadores o vuelca más conquistas, más tarde o más temprano el objetivo es aniquilarla. AGR es un lugar que ya quisieron descabezar hace siete años pero volvieron a surgir jóvenes trabajadores que están defendiendo no sólo los puestos de trabajo sino su convenio colectivo”, aseguró Llonto, quien fue delegado en el diario y sostuvo un ya mítico conflicto judicial por su cesantía. La pelea gráfica Daniel Ibasca, delegado de la fábrica, actualizó las novedades: “En nuestra marcha al Ministerio no obtuvimos ninguna respuesta. Nos atendió el viceministro pero no hubo voluntad de resolver nada. Estamos desde el lunes pasado con la fábrica tomada. El ministerio de Trabajo dice que lo que hace la empresa es completamente legal pero no hizo protocolo de crisis ni nada, simplemente puso un cartel, cerró sus puertas y dejó un teléfono para que pasemos a buscar nuestra indemnización”. Por otra parte,
Ya está en marcha la nueva policía de la Ciudad que nuclea a la Federal y la Metropolitana pero no se han reducido, sin embargo, las postas ocupadas por la Gendarmería y la Prefectura especialmente en los barrios del sur. Por otra parte, es muestra del recrudecimiento de la situación represiva el hecho de gatillo fácil sucedido a plena luz del día hace días en San Cristóbal contra un joven con las manos en alto. Por Radio La Retaguardia, Alfredo Grande y Fernando Tebele en el programa Sueños Posibles, dialogaron con María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), sobre el accionar de las Fuerzas. (Por La Retaguardia) Reciclados “La policía que vamos a tener es la misma que venimos teniendo agravada por la forma en que está siendo dirigida por la nueva gestión de gobierno. Esta nueva policía de la Ciudad sólo tiene de nuevo el nombre y el uniforme bordó y celeste con el que salieron a la calle, que estaría bueno saber cuánto ha costado en momentos en que nos anuncian ajustes y recortes por todos lados”, sostuvo la abogada y especuló: “Probablemente hayan sido adquiridos como el 90% del armamento y la logística que viene comprando Macri desde la época de su jefatura de gobierno al Estado terrorista de Israel que tiene legitimada la tortura en su propio territorio. Decimos que es la misma policía porque son los 19 mil y pico de hombres de la Federal transferidos a la Ciudad más los 6 mil y pico de la Metropolitana que tampoco eran nuevos, eran requechos reclutados de la Federal, de la Bonaerense, de la Santafesina, de la Gendarmería, de la Prefectura”, aseguró Verdú. La militante ejemplificó: “Así lo demuestra la causa que esperamos que tenga en mayo el juicio que se suspendió en noviembre por los metropolitanos que dispararon con plomo contra nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos el 13 de marzo de 2013. De los tres grupos de combate de la Metropolitana, dos vienen de grupos de elite de la Federal y uno de un grupo de elite de la Bonaerense”. Sobran “No estamos nada lejos de hablar de un ejército de ocupación, lo denunciamos el 2 de diciembre en Plaza de Mayo cuando hicimos el acto de cierre del año con el informe de la situación represiva y la actualización del archivo de casos. Las Naciones Unidas dicen que lo ideal, en términos de lo que consideran óptimo, son algo así como 300 policías cada 100 mil habitantes”, contó. Sin embargo, “son muy pocos los países en el mundo que llegan a esa cantidad. Estados Unidos, sin ir más lejos, tiene entre 200 y 250, México 240, y así sucesivamente. Solamente España, Turquía y Rusia superan esos números. Argentina venía bien arriba con alrededor de 500 cada 100 mil a nivel nacional y ahora en la Ciudad de Buenos Aires rompimos todos los récords con 872 policías cada 100 mil. Es un policía cada 112 personas”, denunció Verdú.La abogada contó que, además de la Policía de la Ciudad, “en CABA actúan también Prefectura y Gendarmería. No hubo ninguna indicación para que dejen sus lugares, de hecho se sigue ampliando la transferencia de gendarmes y prefectos de otros destinos hacia zonas urbanas para intervenir en el patrullaje territorial. Los últimos traslados son del mes de diciembre. En muchísimos casos, por ejemplo en los barrios del sur de la Ciudad, están instalados con destacamentos y puestos fijos. No vinieron de paseo”, planteó y ejemplificó: “Es como ocurrió en Las Heras después de la militarización de 2005/2006 con el conflicto de los petroleros, donde los 900 gendarmes que mandaron los Kirchner se quedaron a vivir ahí y siguen estando”.Gatillo fácil a plena luz del día “Álvaro Nicolás Soriano, el joven de 36 años que recibió el balazo en la cabeza en Jujuy al 900 el 21 de diciembre alrededor de las 16.15, 16.20, está internado. Sigue en coma inducido. Prácticamente su estado no ha cambiado en estos últimos días, lo que, considerando la gravedad del cuadro, es una buena noticia. Está conectado al respirador artificial, no tiene ningún tipo de reacción y no se puede evaluar el daño neurológico que ha sufrido hasta que no recupere la conciencia”, contó. Verdú sostiene que hay posibilidades de obtener resultados positivos: “Ayer, hablando con la mamá y la hermana les decía, no para generar falsas expectativas sino porque es un dato de la realidad, que Elsa Rodríguez, baleada junto a Mariano Ferreyra, estuvo exactamente igual muchos meses. Un día se despertó y hasta hoy no ha parado de mejorar. Si bien tiene gravísimas secuelas, está lúcida, puede comunicarse con dificultad absoluta pero puede deambular. No hay que perder las esperanzas”, insistió.Sobre el expediente penal, informó: “Efectivamente hemos podido no tomar contacto de forma plena con la causa pero sí al menos hay una primera mirada muy superficial en el momento en que hicimos la presentación como querellantes con Miriam, la mamá de Nicolás, el viernes. Nosotros logramos contactar a la familia en la noche del 27 y el 28 estuvieron todo el día en el hospital y el 29 a primera hora nos presentamos en el Juzgado de instrucción 4, hicimos la presentación formal con partida de nacimiento y todo lo que exige el ritual. Pudimos conocer, por un lado, la identidad del policía, es Sargento de la Federal (Sergio Damian Lucero) que está citado a indagatoria. Vamos a ver después por qué delito lo indagan, pero la noticia es que esa indagatoria se postergó porque se presentaron defensores particulares a asumir el cargo”, contó Verdú. En este sentido, la abogada expresó que esos letrados eran viejos conocidos: “La no sorpresa, al menos para nosotros, es que, otra vez sopa, son los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos y Penales de la Policía Federal. Algunos son empleados de planta del Ministerio, funcionarios porque además suelen tener grado policial, y en otros son contratados pero están bajo la órbita
El miércoles un joven fue fusilado por la policía federal en Jujuy y Carlos Calvo, en el barrio porteño de San Cristobal, pero todavía está peleando por su vida, con un tiro en la cabeza. Sobre esto, en el Enredando las Mañanas del jueves, dialogamos con María del Carmen Verdú de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional. Hasta el cierre de esta nota, el chico continuaba internado en el Hospital Ramos Mejía como N.N., pero al momento de la charla con Verdú se lo presumía muerto. (Por RNMA) El hecho ucedió en Jujuy y Carlos Calvo. “Este chico escapaba de la policía corriendo, a nosotros no nos importa por qué corría, porque cualquier reclamo que se le quisiera hacer es imposible con un balazo, estando desarmado y con los brazos en alto”, relató la abogada. “Aparentemente había robado un celular o algo por el estilo; intentó treparse a un camión que pasaba para huir, el camión estaba quieto y no pudo escapar por ahí, cuando ya había desistido de su huida y estaba con los brazos en alto, el policía de civil le pegó el tiro en la cabeza”. El efectivo de la Federal no dudó en tirar a matar, pero al menos hasta el cierre de esta nota su tarea no resultó completa. El joven cuyo nombre aún no se conoce permanecía, al cierre de esta nota, internado en gravísimo estado en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía.“Toda la gente de la cuadra escuchó un solo disparo, no hubo ninguna clase de tiroteo y los que alcanzaron a ver al pibe hablan de que estaba con los brazos en alto; incluso hay por ahí algún video que alguien llegó a grabar”, expresó Verdú.En el lugar se encuentra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumáticos y Afines (SUTNA), donde recientemente una línea de izquierda desplazó a la burocracia. “Salieron de inmediato cuando escucharon el disparo y seguramente dificultaron la escena de armado del enfrentamiento que querrá justificar la policía a partir de que se quedaron ahí e inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros”, relató la abogada de Correpi. “Hubo mucha gente que pasó por el lugar que inmediatamente se dieron cuenta de que lo que había pasado era un caso de gatillo fácil y empezaron a avisarnos”.María del Carmen Verdú resaltó que “al burgués que está a los gritos pidiendo orden por su seguridad, si hay algo que le molesta es que la sangre que es necesario derramar por el aparato estatal para garantizarle sus privilegios le manche los zapatos; reaccionan pidiendo que no sean tan brutos, que se hagan las cosas bien”. También criticó que para los medios hegemónicos “nunca es un chico, un pibe o un joven, siempre es un delincuente, un malviviente, un caco, un marginal y esa forma de comunicar es fundamental a la hora de construir el consenso para reprimir, es lo que le da de comer al gatillo fácil”.La causa continúa siendo instruida por la misma Policía Federal. Correpi está tratando de ubicar a familiares del joven que permanece internado para comenzar a iniciar una causa. No se conoce su identidad, ni siquiera se sabe de qué barrio es, y en el hospital no hay familiares suyos. Desde la RNMA nos sumamos al pedido de facilitar cualquier información al respecto para que la organización de derechos humanos pueda iniciar los trámites correspondientes y que este caso de violencia policial no quede impune. DESCARGAR