pandemia
La estadística aportada por la Dra. Carina Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), aparece como una nueva prueba de la efectividad de la vacunación, ya que el porcentaje de personas no vacunadas a nivel nacional es bajo, pero aun así ese porcentaje comprende el 52% de las internaciones graves. Balasini participó del programa radial Oíd Mortales. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Cristina Varela/Luis Angió ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: SportelliA La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa la situación de las terapias intensivas y también las condiciones en las que trabajan los y las profesionales de la salud. La doctora Carina Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), habló del rol de esta área: “La terapia intensiva se dio a conocer hace dos años. Creo que hasta ese momento gran parte de la sociedad no sabía lo que era. Y no sabía que existían profesionales de la terapia intensiva. Hasta que apareció la pandemia y parece que ahí empezamos a ser relevantes. En 2009, cuando hubo otra pandemia (la de la gripe A H1N1), tuvimos un papel muy importante, porque también hubo pacientes gravísimos, que sus vidas fueron salvadas en la terapia intensiva”. Además, contó cuál es la situación actual de las terapias intensivas: “Ahora estamos cursando la tercera ola del Covid-19 y lo que vemos es menor cantidad de pacientes que durante la primera y segunda ola. Lo que pasa es que de a poco van entrando más pacientes y tienen una larga permanencia. Están en terapia intensiva 20 días, un mes, incluso hay pacientes que estuvieron cuatro meses internados. El tema es que se empiezan a ocupar las camas al aumentar los casos, pero no se desocupan rápidamente. Los pacientes van a seguir internados y las camas van a estar ocupadas. Ahora, nosotros hacemos una encuesta nacional, que se hace una vez por semana desde la SATI, y este relevamiento nos muestra que tenemos en este momento una ocupación de camas de terapia intensiva del 85% totales (es decir, no solo pacientes Covid). Y en las terapias intensivas pediátricas es del 64% totales. La ocupación de camas por covid es del 34% y en las pediátricas un 12%. Esta cifra se va elevando exponencialmente, porque en diciembre había muy pocos pacientes internados por Covid y con la variante Ómicron desde enero subió mucho. Entonces se reorganizaron los hospitales. Se redujeron aquellos pacientes que pueden esperar, para darle lugar a estos pacientes que estaban cada vez más complicados. Se pospusieron las cirugías programadas, no de todos los pacientes, pero sí de los no oncológicos, porque en esos casos el cáncer no espera. Entonces ellos no pueden retrasar esa cirugía. Y las cirugías de emergencia también se hacen. Pero las cirugías programadas, por ejemplo las de pacientes con operación de vesícula que quizá pueden esperar un mes o dos, eso se retrasa y entonces esas camas van a ser ocupadas para que aquellos pacientes Covid tengan el lugar y puedan ser atendidos. Todo esto hasta que volvamos a bajar la cantidad de pacientes Covid y volvamos a tener más pacientes no Covid”. —¿Cuál es el número de personas vacunadas y no vacunadas en terapia intensiva? —En el relevamiento de la semana pasada había un 52% no vacunados, o con vacunación incompleta, y un 48% con vacunación completa. Llamamos vacunación completa, por la definición del Ministerio de Salud, a pacientes con tres dosis, o con dos dosis que hayan sido aplicadas, al menos, en menos de cinco meses. Lo que pasa es que hay muchísimos pacientes con vacunación completa. Entonces, la mitad van a ocupar las camas de terapia intensiva. Pero en el país son una minoría las personas con vacunación incompleta, y la mitad están ocupando las camas de terapia intensiva. Entonces, lo bueno sería que se vacunen para ocupar la menor cantidad de camas y que los pacientes más vulnerables puedan tener camas. ¿Es lo mismo estar vacunado o no? No, no es lo mismo. Los pacientes vacunados cursan una internación de menor gravedad, asintomáticas, o con síntomas leves. Lo que juega un papel fundamental son las características del paciente, las comorbilidades. Los pacientes añosos, diabéticos, oncológicos, cuando están en terapia intensiva si no están vacunados obviamente les va peor. Y si están vacunados, también son pacientes graves y que hay que cuidar. Pero esa es a la primera población a la que apunta la campaña de vacunación. —Hablamos de camas de terapia intensiva, ¿de hospitales públicos o también del sector privado? —Es una mezcla. Del último registro de terapias intensivas, 55 eran privadas y 45 públicas. La Sociedad manda un link y las unidades que pueden contestar, contestan. Siempre son arriba de 100, y nuestros datos son muy importantes. Porque hablamos de cosas que no suele hablar la gente. Por ejemplo, esta semana preguntamos el estado de vacunación y de mortalidad. Preguntamos cuántos pacientes habían fallecido en los últimos 15 días. Y habían fallecido 327 pacientes. Nosotros analizamos esos números, porque a veces escuchas un número y no sabes qué contiene. Ese número pensamos que podían ser pacientes grandes. Y no, la media de pacientes fallecidos nos dio 54 años. O sea que son pacientes jóvenes, de mediana edad. El 60% masculinos, el 91% tenía comorbilidades. O sea, enfermedades previas, que eso es lo que decimos que pesa. Y aún cuando están vacunados, tener los antecedentes de cáncer o de inmunodepresión, ara la gente que no tiene buenas defensas, eso influye de sobremanera para el diagnóstico. Teníamos un 63% que tenía vacunación incompleta o nula, y el 85% presentaba distrés respiratorio, que es un compromiso pulmonar muy importante que hace que oxigene poco la sangre.
Pamela Andrade, vecina de la Villa 31 e integrante de La Poderosa se refirió a la situación en las villas porteñas con respecto a la ola de calor en medio del cemento de las urbanizaciones no finalizadas. También habló de la falta de luz, agua, y el aumento de casos de Covid-19. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: La Garganta Poderosa —¿Cómo se vive la ola de calor teniendo en cuenta el cemento de la urbanización en las villas? —Acá en los barrios populares la pasamos mucho peor ya que no está completa la urbanización. Es horrible tener que cocinar tantas horas en los comedores, pero tenemos que hacerlo porque somos los únicos que le podemos dar algo de comer a los vecinos del barrio que de verdad lo necesitan. Todo esto es peor cuando no tenemos luz, agua. Los cortes que hubo en la villa 31, como en otras villas de capital, no afectaron un montón. No pudimos cocinarles a los más de 400 vecinos, tuvimos que repartirles la comida cruda para que se la puedan cocinar. A veces estas personas están en situación de calle y no tienen como cocinar. —¿Se acercaron desde la empresa proveedora de luz? —Todavía no hubo respuesta de ningún tipo. En algunos lugares estamos sin luz y en el único lugar que había un generador es el Ministerio de Educación. Los pocos sectores donde hay luz, no tienen agua. —¿Qué diálogo existe con el Gobierno de la Ciudad para estos casos? —No tuvimos diálogo, acá nos organizamos entre todos los vecinos tratando de mandarnos mensajes, nos ayudamos. Si yo tengo una botella, le doy a mi vecina, quienes tuvieron o tienen luz ayudan a los que no tienen con cables. —¿Cómo está la situación con el aumento de casos de Covid-19? —La situación es crítica. Para hacerse un hisopado hay gente que hace filas interminables desde las tres de la mañana. Actualmente dan 180 cupos en la UFU (Unidad Febril de Urgencia) para hisopar. Y a veces menos. A las nueve ya no hay más cupos. Y si no te hisopás acá en el barrio no te ayudan con bolsones de mercadería para pasar el aislamiento. Con respecto a la vacunación y debido a los rebrotes que hubo tuvieron que cerrar los centros de vacunación en el barrio. Por otro lado, en el barrio Rodrigo Bueno no hay ningún lugar donde te puedas testear o vacunar. No podemos seguir así.
Lo dijo Patricia Pines, docente, madre de niños en edad escolar e integrante del colectivo Familias por un retorno seguro a las escuelas, en diálogo con el programa Otras voces, otras propuestas de Radio La Retaguardia. Allí expresó que las nuevas disposiciones del Gobierno de la Ciudad para volver a las clases presenciales no respetan los protocolos sanitarios dispuestos y se rompen con las burbujas. También describió cómo se ve vulnerado el derecho a huelga. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Nicolás Rosales Tras el receso de invierno y las nuevas disposiciones sanitarias para las escuelas porteñas, una gran porción de la comunidad educativa asegura que los colegios no están en condiciones para que la actividad presencial se desarrolle de manera segura. Las autoridades porteñas insisten y reafirman que las escuelas no son focos de contagio y habilitaron un regreso total de la comunidad a las aulas, sin distanciamiento social. La Ciudad de Buenos Aires, junto a la provincia de Mendoza, son los únicos dos distritos del país que van en esta línea política de presencialidad total en las escuelas. La jornada completa en nivel inicial, comenzó a regir desde el 23 de agosto. Patricia Pines, integrante del colectivo Familias por un retorno seguro a las escuelas, opinó al respecto: “Somos miles las personas, y nuestras redes ya tienen más de 20 mil seguidores, que estamos en alerta por esta situación. Desde febrero venimos denunciando que las condiciones nunca estuvieron dadas para la presencialidad. Porque la misma se inició con un semáforo epidemiológico en rojo y tuvo que modificarse por el Consejo Federal de Educación para poder arrancar. A partir de ahí, la política aperturista de Larreta fue de mayor profundidad hasta llegar al punto en el que estamos hoy, en el que se eliminan todas las pautas de cuidado”. La docente relató los riesgos que acarrea esta nueva presencialidad total sin el cumplimiento de los protocolos previstos hasta ahora: “Hasta el momento teníamos un metro y medio de distanciamiento entre estudiantes dentro del aula donde se conformaban las diferentes burbujas. Esto se eliminó, y el uso del barbijo también. Se reanudan los comedores donde por lo menos por 30 o 40 minutos los alumnos están sin distanciamiento y sin barbijo. Es sumamente alarmante que se tome esta decisión si miramos lo que está pasando en otros países que tienen más avanzadas las vacunaciones y sobre todo cómo están afectando las nuevas cepas a las infancias y a los jóvenes. Repudiamos la misma considerando también que ha sido una decisión arbitraria e inconsulta donde no se ha consultado ni a los docentes, estudiantes y a las familias”, explicó. La preocupación que expresa Pines se fundamenta en el hecho de que la mayoría de los y las estudiantes aún no han sido inoculados con las vacunas contra la Covid-19: “Creemos que esto es una atentado y desprecio a la vida, a la salud de las infancias, de los jóvenes, los trabajadores y las familias. Resulta incomprensible en qué están pensando a pesar de las recomendaciones de los sanitaristas. La realidad es que los niños y los jóvenes todavía no están vacunados y gran parte de la población de 18 años en adelante no tiene las dos dosis completas”, continuó. Por otro lado, la docente denunció el abandono del Gobierno porteño al momento de garantizar las condiciones necesarias para un retorno seguro de los y las chicas a las aulas: “Muchas familias estamos desacatando esta medida, y no estamos llevando a nuestros niños a la presencialidad. No se invirtió en infraestructura en todo este tiempo para adecuar las aulas. No se contrató a más personal docente para poder atender a la virtualidad y presencialidad en simultáneo. También hay muchos niños que están en condiciones de riesgo, y es por eso que las familias no los mandan, están siendo discriminados y excluidos del sistema educativo sin garantizarles la continuidad pedagógica”, apuntó. Por último, Pines puso de manifiesto las dificultades que existen para llevar adelante las protestas: “El derecho a huelga está siendo vulnerado también, y con los descuentos que se sufren cuesta muchísimo. Por la baja adhesión los sindicatos han elegido hacer otro tipo de protesta, porque sino no llegamos a fin de mes. Es algo extorsivo en una lucha muy desigual. Sin embargo, el derecho a la educación no puede ser vulnerado. Como colectivo de familias contamos con asesoramiento legal de abogados y abogadas para que se respeten nuestros derechos; podemos desobedecer ante órdenes que creemos injustas”, concluyó la docente.
Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con el programa radial La Retaguardia. Habló de los casos de represión policial en el contexto de pandemia, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la relación entre la situación económica, la campaña electoral y los discursos emergentes que intentan justificar la represión estatal. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia —El año pasado a esta altura del año hablábamos casi todos los días de nuevos casos de represión policial a personas que salían a la calle en medio del aislamiento. ¿Cuál es la situación actual? —Lo que se nota en relación al año pasado es un manejo diferente de la cotidianidad en la calle. El año pasado a esta altura estábamos explorando nuevas formas de poder comunicar toda la cantidad de denuncias que nos llegaban de situación de vulneración de derechos, de hostigamiento, de verdugueo, de aplicación de torturas, de detenciones arbitrarias con la implementación en los primeros meses entre marzo y mayo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) más rígido, sin estar acompañados de las medidas asistenciales necesarias. Cuando sabíamos que era una medida útil que permitió sostener el sistema sanitario y evitar un colapso como hemos visto que ocurrió en muchísimos otros países del mundo. Y en este momento, desde el fin del veranito en relación a la pandemia que tuvimos en la época estival y con el rebrote de casos en el otoño-invierno, fue distinto el manejo que se implementó en materia de controles. Evidentemente ahí hay un cambio relacionado a la gran repercusión pública, no por los grandes medios hegemónicos, sino a través de la publicación de videos en redes, al laburo impresionante que hizo todo el sistema de comunicación autogestiva, alternativa, comunitaria, independiente. Lo que sí tiene algo de desatención es que al haber mayor circulación de personas, mayor reactivación del conjunto de las tareas de las personas, se han incrementado los casos de gatillo fácil. Seguimos teniendo números bastante más altos que lo habitual de muertes en lugares de detención. En particular, muchos casos de muertes en comisarías en los últimos meses. Y hemos tenido momentos muy duros como por ejemplo en junio tuvimos una semana en la que en siete días tuvimos siete casos, de los que conocimos. Siempre remarco que los casos que vamos conociendo a lo largo del año son muchísimos menos que los que finalmente recolectamos para el archivo, porque justamente el laburo fino de búsqueda y de sistematización lo hacemos en la segunda mitad del año y se termina a contrarreloj sobre el cierre de datos para la publicación a fin de año. En esta tarea de todos los días sólo trascienden los casos que de por sí llegan a los medios o que tienen repercusión porque hay un corte en un barrio o porque la familia tiene la posibilidad de lograr el contacto y de vincularse para que podamos tomar intervención. Es muy importante la cantidad de casos que tenemos en este año. La violencia como estandarte —Situaciones como las de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que apareció bien represiva, queriendo distinguirse e intentando diferenciarse de otras por ser la más violenta de todas, en año electoral, ¿podemos pensar que se puede potenciar o mostrarse más duros ante ese sector de población que vota? —En la Ciudad de Buenos Aires desde el 2019 hasta hoy no cambió nada porque seguimos con la misma gestión de gobierno. Recién ahora con la candidatura de (Diego) Santilli en provincia va a haber un cambio de dirección del Ministerio de Seguridad que lo viene conduciendo desde hace dos mandatos. La Policía de Buenos Aires viene funcionando de la misma manera, es algo increíblemente silenciado e invisibilizado por los grandes medios. Sobre las muertes en las comisarías, varias han ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y apenas hemos logrado visibilizar alguna, como el caso de (Daniel) Giovanni Yacquez Rodríguez en la comisaría 9 C (Comisaría Comunal 9) hace menos de un mes y medio, por influencia y por insistencia de CORREPI de estar llamando trabajadores y trabajadoras de prensa amigos para que nos hagan un rinconcito de dos renglones en algún diario. Y la cantidad de casos que no nos enteramos y recién cuando empiezan a aparecer algunos informes oficiales de la Procuración Penitenciaria o de otros organismos quizá podemos acceder. Pero cuidado, porque también en la Provincia de Buenos Aires seguimos con números altos y hay dos cuestiones que me parece interesante incluir en este mini balance. Por un lado, si observás los momentos de crecimiento o de pico de la represión en las barriadas populares, del gatillo fácil, de las muertes en comisarías en particular, porque las muertes en cárceles responden a otra lógica que tiene que ver con la lógica del encierro penitenciario, cuando lo comparás con la situación económica, esos picos coinciden con los picos de crisis económico-social. Lo vemos a grandes rasgos, cuando observás el año 89 con la hiper de Alfonsín o el período 2001-2002, o el 2008. Por supuesto lo vimos de manera repetida, año tras año los cuatro años de gestión de Cambiemos, y lógicamente la situación a la que nos ha llevado la pandemia en relación al aumento de la pobreza y de la indigencia también tiene ese reflejo. Porque ves mucha más gente teniendo que rebuscársela con ocupaciones y tareas precarias en la vía pública, con el cartoneo, con la venta ambulante, porque justamente se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo y tenemos una inflación galopante. Ahí venimos viendo que ese doble pico no es una casualidad ni una relación de causalidad inmediata y directa que uno pueda establecer pero sí que sistemáticamente hay una mayor dureza en el control y en el disciplinamiento social de los sectores más vulnerables cuando se agrava el
Lo dijo Juan Pablo Della Villa, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), en diálogo con el programa radial La Retaguardia. Della Villa habló sobre la inauguración de la Red de Almacenes Sanos en el AMBA, del trabajo que vienen haciendo durante la pandemia, demostrando que el modelo de agroecología es posible en Argentina. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia —Lanzan desde la UTT una red de alimentos sanos en todo el AMBA, en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, también, ¿cómo es esta movida? —Después de muchos años de organización, de lucha, y de proponer y demostrar que nuestro modelo es posible en Argentina, el viernes ocho de julio lanzamos la Red de Almacenes Soberanos que es como una especie de, bueno, valga la redundancia, red entre distintos actores, sean nodos, centros culturales o comerciantes, pequeños pibes, relacionados con el modelo de producción de alimentos que venimos llevando adelante y con más de 80 cooperativas en todo el país, que son las que van a abastecer estos espacios, así que es un paso más en términos de escala en poder seguir llevando más y más vecinos que puedan acceder a los alimentos y que también, esa compra atraccione y motorice todo lo que necesitamos para cambiar el modo de producción de alimentos y distribución. —Uno de los problemas durante muchos años que tenían los emprendimientos de alimentos saludables era la distribución. —Sí. También está claro que hay un momento de época y ahora es cuando y, digo, hay cierto sector de la sociedad que entendió que el capitalismo no va más. Entonces hay mucha atracción también de las ciudades para que esto suceda y eso permite construir las herramientas necesarias, sea como sea, con mucho ahínco. Sí, la verdad es que, hace muchos años, con mucho laburo y con muchas dificultades, pareciera que hay un Estado y un sector concentrado de la economía empujando para el otro lado. Pero también está muy bueno, en estos momentos de crisis, porque la crisis permite el replanteo de modelo y hay mucha gente poniéndolo en práctica. Eso también, la posibilidad de poner en práctica la discusión y de motorizar, como con la inauguración del viernes en Banfield, va a haber productos de dieciséis provincias de la Argentina, con distintos actores: del trigo, de la leche, de la fruta, de la verdura, de la yerba. Es muy importante motorizar desde la producción de alimentos el desarrollo también y la creación de trabajo de muchas cooperativas y de miles de familias campesinas que todos los días necesitan recuperar un poco de la soberanía que generan incluso, ¿no? El capitalismo no va más —Cuando vos decís que se está poniendo en cuestión el capitalismo, ¿lo decís por las personas que producen o también por quienes se vuelcan a comprar alimentos saludables? —Hay un sistema que crece… Estamos en una lucha muy clara. Parecía que la pandemia permitía profundizar la discusión, después eso se fue apagando y tenemos un gobierno muy… Nosotros todavía no entendemos para dónde patea…, y es necesario construir herramientas concretas y esta es una de ellas y tiene que ver con que miles de productores y productoras van laburando y fortaleciéndose en este proceso de organización y de lograr capacidad y también miles de familias en las ciudades que buscan apoyar eso. —La UTT es un ejemplo muy claro de que pueden constantemente seguir haciendo crecer todos estos lugares de distribución, de comercialización. A la vez, están al frente del Mercado Central, con Nahuel Levaggi y siguen haciendo movidas para visibilizar y seguir alimentando al pueblo. Efectivamente hay pruebas de que la agroecología es un modelo posible, ¿no? —Sí. En Argentina el campo que produce los alimentos no es el que tiene representación ni en la mesa de enlace y hay un campo, éste campo, que produce alimentos todos los días; que son cooperativas yerbateras, lácteas, productores productoras de frutas y verduras, que usan la agroecología como herramienta de transformación del modelo y que también entendemos que es necesario construir la pata gremial y eso venimos haciendo hace muchos años y tiene que ver con poder desconcentrar un poco la producción y la distribución que es uno de los grandes desafíos en Argentina. Estamos atravesando una pandemia histórica, una crisis de salud y en el medio no podemos comprar un kilo de carne porque vale mil pesos. Entonces, necesitamos discutir el modelo y una de las herramientas es la agroecología, otra es el acceso a la tierra, otra es la democratización de los procesos productivos, la ampliación de la cadena de comercialización. Necesitamos diversas políticas públicas o programas que permitan, por un lado, hacer crecer la producción, que ese crecimiento sea planificado y democrático, poder ordenar las exportaciones. Estamos garantizando los alimentos para el mercado interno y necesitamos que esos alimentos sean sanos por una cuestión de salud, por el futuro del medio ambiente de nuestro país que está devastado… Bueno, estamos construyendo muchos ejes y lo del viernes es un paso más en la necesidad de construir todo esto y que hoy se ve reflejado también en producir alimentos desde las cooperativas, desde las pymes, desde los pequeños medianos productores que pueden comercializar en forma directa y eso genera un círculo virtuoso que constantemente nos viene empujando a que esto vaya creciendo y avanzando. —¿Han hecho una evaluación colectiva del paso actual de Nahuel Levaggi como presidente del Mercado Central? —Sí. Nahuel es compañero referente de la UTT, así que sí es la persona que labura en el Mercado Central, pero es nuestro compañero referente en la organización y en el mercado ha estado trabajando mucho, muy fuerte, hay repercusiones para un lado y para el otro. Se está tratando de modificar en términos de claridad, construir consenso y garantizar el abastecimiento de los alimentos para todo el AMBA fuertemente y
Este dato se desprende de un informe elaborado desde Observatorio por el Derecho a la Ciudad. En diálogo con el programa radial Sueños Posibles, María Eva Koutsovitis, arquitecta e integrante del Observatorio brindó más detalles e hizo un repaso por problemas estructurales que van en aumento como el hambre, la indigencia, el desempleo, la brecha digital, entre otros. Todo esto se da en el distrito más rico del mundo, y al mismo tiempo uno de los más desiguales, la Ciudad de Buenos Aires. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia La arquitecta e integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Eva Koutsovitis, comenzó describiendo una serie de estadísticas que ayudan a entender mejor un listado de problemas estructurales que van en aumento en la Ciudad de Buenos Aires: “El último informe que elaboró el Instituto de Políticas Públicas a partir de información oficial de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al último trimestre del 2020, evidenció datos sumamente preocupantes. En el distrito más rico del país, 312 mil personas pasan hambre, es decir que tenemos más de un 10% de indigencia. Por otro lado, 455 mil si bien superan la línea de indigencia son pobres. Por lo tanto, entre la indigencia y la pobreza uno de cada cuatro porteños y porteñas se encuentran alcanzados. También a tener en cuenta es que más de 630 mil personas superan el valor de la canasta básica total que define el umbral de pobreza, pero lo hacen con muy poco margen y entran en lo que se denomina el sector frágil. En definitiva, uno de cada dos habitantes se encuentran en situación de pobreza, indigencia o fragilidad”, explicó. Desempleo en aumento “Estamos también ante un escenario crítico en relación a los datos de desempleo. La tasa de desocupación en la Ciudad se ubica en el 10,1% (unas 90 mil personas). En realidad está enmascarando que muchos y muchas que perdieron su empleo durante la pandemia no han vuelto a demandarlo. Si esto no hubiese sucedido, la tasa hoy alcanzaría un 15%. Otro dato es que ha habido un aumento de la tasa de subocupación en más de un 4%. Este modelo urbano propuesto da cuenta que prioriza el hambre y la precariedad”, continuó Koutsovitis. Inquilinización y agua para pocos “De la década del 90 a la fecha, se ha aumentado en un 4% el porcentaje de inquilinos. Por encima del 40% de la población hoy es inquilina. Esto también se traslada en la desigualdad de acceso al agua potable, uno de cada siete porteños y porteñas no acceden, significa un 15%. En el 2001 solo era el 4%. Lo que pasó es que hoy Buenos Aires es de las ciudades en el mundo que más retrocedió en materia de acceso al agua potable”, aclaró. La integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad hizo referencia también a lo que se conoce como brecha digital: “A todo esto se le suma la brecha cada vez más marcada en relación a la conectividad, el 40% de los y las estudiantes no tiene una acceso a una computadora en el hogar”. Por último, Koutsovitis denunció: “Este escenario de precariedad en aumento tiene una contracara, que es intermediar con empresas las políticas públicas que generan por otro lado un enorme sobrecosto al Estado. En esta línea se puede trasladar un ejemplo con camiones transportan agua, pero no se hacen las obras de infraestructura necesarias en las villas y barrios populares. Otro caso clave es lo que pasa con la prestación privada alimentaria en las escuelas públicas, el negocio de las viandas destinado a alumnos y alumnas. Las cooperadoras han denunciado la poca calidad nutritiva, y el Gobierno de la Ciudad impunemente ha hecho negocios con 19 empresas, garantizándoles la permanencia en cada renovación de la concesión. Ahora, en contexto de pandemia, el Gobierno reparte las denominadas canastas alimentarias nutritivas con sobreprecios”.
Lo dijo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda de la Ciudad, en diálogo con el programa radial Hora Libre. Allí hizo mención al panorama actual de la situación de desalojos en contexto de pandemia y opinó sobre el aumento de la cantidad de gente que vive en situación de calle y la necesidad de que se lleve a cabo un nuevo censo popular. También denunció problemas estructurales y sostuvo que se dan tras una complicidad entre el sector hotelero, los alquileres, y el Gobierno porteño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Natacha Bianchi/Matías Bregante/Rodrigo Ferreiro ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Consejerías de Vivienda es una organización comunitaria que acompaña situaciones de desalojo, exigencias por viviendas dignas y acceso a las tierras como un derecho. Una de las últimas propuestas que se conocen es la que se presentó como un “Alquiler Social” ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Entienden que dicha propuesta no es una solución habitacional definitiva, pero sí abre un debate para las organizaciones sociales que trabajan estas temáticas. Gente en situación de calle “Estamos mal en este aspecto y además ahora se conocen los datos de un censo de personas en situación de calle que hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se habían empezado a juntar (María) Migliore (Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat) con algunas organizaciones sociales que venían trabajando con el censo popular por fuera del oficial y que trabajan muy específicamente con este tema. Tienen Centros de Integración, ollas populares, hacen recorridos. Y estas organizaciones terminaron siendo expulsadas por la metodología censal que el Gobierno les proponía. Los cálculos de las organizaciones que pretenden hacer el censo popular de gente en situación de calle, claramente no son los números mentirosos que salió a decir el Gobierno, que dijo que solo hay mil personas en la calle hoy en la Ciudad. Por otro lado, se está considerado por primera vez y por la lucha de las organizaciones como Proyecto 7, incluir a la población que se encuentra hoy en los paradores. Que son a veces personas que las que lleva el Gobierno cuando quiere a través del BAP (Buenos Aires Presente). Falta hacer un conteo real, para exigir políticas reales a este drama”, comenzó describiendo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda. Krein se refirió al Decreto de necesidad y urgencia (DNU) que prohibía los desalojos, que finalizó el 31 de marzo. “Ahí el Gobierno nacional y el de la Ciudad se parecen, porque rápidamente dan por sentado que acá ya pasó todo. Lo único que se hizo fue que si hay algún tipo de desalojo saquemos un protocolo de urgencia que solo engloba a alquileres formales. Se deberían tomar en realidad a los alquileres como un gran problema estructural, algo que se extiende por todo el país, y que de todas maneras con el pasado DNU tampoco esto era considerado, y los desalojos fueron apoyados por organizaciones sociales. Nosotros tenemos un dicho en las Consejerías de Vivienda que es triste pero real: una familia desalojada es una familia que queda en situación de calle”, planteó. En relación a la Ley Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, vigente en la Ciudad desde el 2010, la integrante de Consejerías de Vivienda opinó: “El Gobierno de la Ciudad debería incluir en el diálogo a las organizaciones sociales, eso en un principio se hizo. Pero después las desoyó, como pasó con el censo. Las participaciones a las que convoca el Gobierno son para cumplir con una formalidad y para que después no se les hagan denuncias”. Krein también mencionó lo que para las Consejerías de la Vivienda son dos variables de problemas estructurales en el ámbito porteño: “Uno es el de los subsidios habitacionales, y que el Gobierno en este último tiempo aumentó el monto. El tema es que ahí no existe alguna cláusula que obligue a los hoteles o pensiones a no aumentar los alquileres por una x cantidad de tiempo”. Por último, denunció: “Lo que pasa es que aumenta el subsidio y automáticamente aumentan los alquileres. No solo esto, sino que el Gobierno de la Ciudad exime de pagar el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) al sector de este tipo de viviendas. A hoteles que sabemos que en la pandemia hicieron desalojos, o que maltratan y abusan al colectivo travesti trans, o que no le quieren alquilar a una mamá con hijos e hijas. Y la segunda razón del problema estructural es que hay una complicidad total entre el Gobierno y los hoteles para que en los alquileres no se acepten a las niñeces”. Además agregó que no existe un plan de vacunación contra la Covid-19 que contemple a la gente en situación de calle.
Lo dijo Rocío Rodríguez, kinesióloga residente del hospital Ferrer. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, contó cómo es la situación actual de los y las residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos aires. Habló acerca de los reclamos históricos que vienen llevando a cabo como profesionales de la salud, de la precarización laboral en contexto de pandemia por Covid-19, y también se refirió a la distribución de las vacunas para los trabajadores y trabajadoras. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Asamblea de Residentes y Concurrentes (CABA) —La Retaguardia: ¿Cómo van llevando esta instancia de la pandemia? Porque ya van varias veces que decimos: “Estamos en el momento más duro”. —Rocío Rodríguez: La verdad que parece que estamos como siempre en el mismo lugar, pero no, siempre se puede estar un poquito más agotados, más al límite y acá tratando de sobrellevarla de la mejor manera. El problema que tenemos ahora es que ya tenemos un año y pico de pandemia encima. Entonces el agotamiento se siente, sumado a la cantidad de trabajo, a la situación que vivimos todos como población de numerosos contagios y demás. Entonces, esto es ya como un factor de gravedad si se quiere. —LR: En cuanto a lo sindical, venían de conflicto en conflicto incluso antes de la pandemia, ¿cómo están? —RR: Nosotros habíamos desarrollado un conflicto muy importante con la Asamblea (de Trabajadorxs Residentes y Concurrentes) que tenía que ver con una ley que venía, de alguna manera, a formalizar nuestra situación de trabajo, de precarización laboral. Después de toda la lucha que dimos vino la pandemia y quedó nuestro diálogo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder entablar una ley que realmente empadre nuestros derechos, la cual hoy en día no existe. Nosotros nos regimos a través de una normativa del año 85 y eso sigue en stand by. Si bien sabemos que la Legislatura porteña no es que está cerrada y cancelada, pero bueno, sí se han puesto en un impasse estas condiciones y nosotros hemos tenido algunas reuniones con el Gobierno, que tenían que ver con la preparación de la situación de la pandemia a principios del 2020, pero todo eso quedó también en otro lugar. Para nosotros siguen vigentes más que nunca nuestros reclamos. Y en todo ese contexto, el año pasado hemos puesto sobre la mesa la situación laboral en la cual nos encontrábamos. La pandemia vino a exacerbar una situación de precarización laboral que sufrimos los trabajadores de la salud y, en particular, los residentes y concurrentes. —LR: Empeoró todo. —RR: Sí, de alguna manera en nombre de la pandemia se ha forzado a situaciones de pluriempleos, a situaciones de mayor sobrecarga laboral. Y en ese contexto, con la situación salarial, nosotros hemos tenido una fuerte lucha a fines del año pasado por la situación de salario que vivimos y como siempre, también los residentes viviendo esta cuestión de la sobrecarga laboral, de las guardias no remuneradas. Ahora estamos con toda una situación de exigencia por parte de las autoridades de los hospitales de que los residentes y concurrentes tapemos baches de la falta de personal que se exacerba por la pandemia y en todo este contexto para nosotros es importantísimo mantenernos en asambleas y organizándonos. —LR: Hablábamos puntualmente de estas situaciones que suceden con la pandemia y ahora se suma el conflicto del acceso a las vacunas contra la Covid-19 para todo el personal de salud, ¿cómo está esa situación para concurrentes y residentes? —RR: Esa situación fue muy dispar, yo podría usar la palabra desprolija, a nivel hospitalario. Algunos estamos vacunados desde el primer momento, en diciembre cuando empezaron a llevar las vacunas y el personal de salud fue la prioridad. Pero después hubo ciertas situaciones que tienen que ver con esto también, con la precarización que se vive. Sobre todo los sectores de la salud mental, esos hospitales que el Gobierno entiende que están alejados de áreas Covid y esto es un arma de doble filo. Porque yo, por ejemplo, me dedico a la terapia intensiva y tengo un conocimiento de la patología que tiene el paciente que voy a atender y cuento con todos los elementos de protección personal para atenderlo, pero muchas veces pasa que en un consultorio externo el paciente viene con determinadas características, y uno desconoce si es asintomático o está cursando una enfermedad y todavía no la manifestó. Entonces, en ese contexto, cuidar a todo el personal de salud no fue una tarea homogénea. Hubo sectores, como los de salud mental u hospitales que tuvieron que salir a pedir que los vacunen. Y ni hablar de los concurrentes, que muchos compañeros que al no tener ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) no pudieron reincorporarse a las tareas presenciales, pero así y todo se les negó su derecho a la vacunación y muchos fueron vacunados por fuera de los hospitales a los cuales pertenecían. Esa es una situación que agrava a los concurrentes. —LR: Quieren cerrar los cupos de concurrencia para el ingreso del 2021 que es en los próximos meses, ¿cómo es ese conflicto? —RR: Todos los años tenemos un ingreso y egreso anual de residencias y concurrencias. Para el que no sabe, somos todos egresados, ya recibidos, que entramos en una formación de posgrado que desarrollamos un trabajo asistencial y aparte nos formamos. Todos los años se abren alrededor de 1.200 cargos de residentes, que son cargos de habilitación exclusiva con un salario, y cargos de concurrentes que son en aquellos lugares donde no se cuenta con una remuneración, que la carga horaria debería ser menor aunque a veces no lo es, y se desarrolla también la misma formación de posgrado pero sin recibir remuneración. Ese es un reclamo histórico que tenemos los residentes y concurrentes en el cual esto es una irregularidad. Lo que el Gobierno está haciendo es desarrollar una tarea de asistencia a través de mano
Lo dijo Gustavo Alonso, asesor de cooperadoras escolares e integrante de Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. En diálogo con el programa radial Tengo una Idea, explicó las razones por las cuales el colectivo se opone a la presencialidad escolar que no garantiza la correcta continuidad pedagógica. Además, Alonso denunció, entre otras exigencias, la falta de insumos de higiene, bioseguridad y planteó que el Gobierno porteño pretende deslindarse de la responsabilidad para garantizar estos elementos básicos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales✍️ Redacción: Nicolás Rosales💻 Edición: Diego Adur📷 Foto de portada: Nicolás Rosales En plena segunda ola de contagios de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad insiste con las clases presenciales en nivel primario y jardines de infantes. Mientras tanto, impone un sistema híbrido con presencialidad y virtualidad en el secundario. Parte de la comunidad de las escuelas públicas se opone de manera organizada para resistir ante esta postura del Gobierno, por ahora inamovible y con apoyo de la Corte Suprema. Por qué no a la clases presenciales Gustavo Alonso, asesor de cooperadoras e integrante de Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas, explicó cuál es el riesgo sanitario y la problemática educacional que supone la presencialidad obligatoria en las escuelas: “Desde el colectivo creemos que esta presencialidad es criminal porque no ayuda para nada a desaturar el sistema sanitario. Está metiendo una carga en cuanto al movimiento de gente en el transporte público que acá en la Ciudad de Buenos Aires es de más de un millón 200 mil personas. Por otro lado, creemos que es una presencialidad que no ayuda y que no garantiza la continuidad pedagógica. Esta, se ve cortada por el aislamiento de burbujas cuando hay contagios. Pero sobre todo, lo más preocupante es la gente que se está enfermando, y lamentablemente trabajadores de la educación y de la comunidad educativa que han fallecido. Esta presencialidad es una negligencia total”, criticó. ¿Protocolos seguros? “Pensamos que para tener una presencialidad segura donde los protocolos que se han generado sean efectivos, necesitamos una baja circulación del virus, de por lo menos una incidencia de 200 casos cada 100 mil habitantes. Y la vacunación masiva de toda la comunidad, hasta llegar a un 70% u 80% de la población. Mientras tanto no hay protocolo que pueda salvarnos de estos contagios masivos. En el colegio Cortázar, que es donde concurría mi hija hasta hace unos días, de 100 docentes sólo se había vacunado uno solo. Falta mucho”, aseguró. También, mencionó que los problemas en las escuelas son estructurales y vienen desde hace tiempo: “Hace años que venimos reclamando que las condiciones de infraestructura en las escuelas sean óptimas. Hoy venimos pagando el precio de la desidia y el bajo presupuesto en educación. Tenemos muchas aulas sin la ventilación correcta. A veces, sin agua o con problemas eléctricos”, denunció. Háganse cargo “La entrega de insumos de higiene y bioseguridad deja mucho que desear por parte del Gobierno de la Ciudad. El pasado 10 de Mayo dejaron una resolución, la 114, donde quieren deslindarse de la responsabilidad de la entrega de insumos para pasarle esa responsabilidad a las cooperadoras. Muchas nos hemos juntado y en una reunión masiva hemos repudiado esto, porque creemos que es el Estado quien debe garantizarlos para los alumnos y para los trabajadores de la educación. Esta responsabilidad no puede quedar en las familias”, detalló. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que la mayoría de los docentes viven cercas de las escuelas donde trabajan. Al respecto Gustavo Alonso opinó que “el Gobierno maneja unas estadísticas que quienes estamos todos los días en las escuelas no las reconocemos. Son mentiras, lejos de la realidad”. Alonso pidió que las autoridades del Gobierno porteño se hicieran cargo de garantizar las posibilidades para sostener las clases virtuales, brindando equipamiento y conectividad a los y las alumnas: “El Gobierno de la Ciudad debería garantizar una educación virtual segura con los dispositivos necesarios, abonando la continuidad pedagógica. Hemos visto el año pasado que en algunas escuelas esto es posible de manera fluida. El único camino que nos queda es resistir como familias, apoyando la lucha docente y poniéndonos de acuerdo no mandando a nuestros hijos a las escuelas. Esto podría hacer descender el nivel de contagios por el virus del Covid. Queremos una educación virtual de calidad, con equipamiento y conectividad. También con dispensas y licencias para trabajadores que tienen hijos con edad escolar a cargo para que puedan cumplir con esta virtualidad sin salir de sus casas”, concluyó. DESCARGAR
El sociólogo Daniel Feierstein publicó recientemente el libro “Pandemia, un balance social y político de la crisis del Covid-19”. Allí hace un balance del proceso que comenzó hace ya más de un año. En su paso por el programa radial La Retaguardia, reflexionó acerca de la coyuntura actual, los posibles escenarios en el horizonte local y cómo se configura el mapa político y social de cara a lo que sigue de la pandemia en un año electoral. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Pedro Tato 💻 Edición: Fernando Tebele —La Retaguardia: Escribir sobre la pandemia en tiempo real es una apuesta y más en formato libro. ¿Hay una necesidad urgente de reflexionar sobre la pandemia? —Daniel Feierstein: Sí, es un ejercicio complejo pero la idea era esa. No hacer futurología, cosa que sería medio inútil en este contexto, sino parar la pelota y tratar de pensar. Proponernos un balance de lo que pasó es una herramienta fundamental para poder abordar lo que viene. El eje del libro es un poco ese: por un lado una pandemia, que es un fenómeno evidentemente social y depende de los comportamientos. A su vez los comportamientos se basan en lo que podríamos llamar una disputa por las representaciones, cómo nos contamos lo que está pasando. Entonces el objetivo del libro no es solo entender sino incidir en esa disputa, para entender cómo nos estamos contando lo que está pasando y qué influencias tienen esas representaciones en lo que somos o no somos capaces de hacer. —LR: El contexto es complejo no solo desde lo sanitario sino también desde lo económico. En las barriadas populares la están pasando muy mal y el Estado está prácticamente ausente ¿Cómo se resuelve esta crisis desde lo político? —DF: A ver, el problema de fondo es no haber entendido el nivel de catástrofe con el que confrontamos y, entonces, no tomar medidas suficientes ni a nivel sanitario, ni a nivel político, ni económico. A mí me sorprende realmente el nivel de responsabilidad y de solidaridad de los sectores populares, que pese a estar pasándola muy mal, no estamos teniendo ni grandes explosiones, ni saqueos, ni respuestas de ese tipo. Con lo que está mostrando paradójicamente un enorme nivel de responsabilidad, que está en contradicción con la irresponsabilidad que muestran los sectores que más tienen, que incluso han buscado en algunos casos judicializar la mínima contribución extraordinaria que se propuso el año pasado y que es totalmente insuficiente en relación a la situación que requiere pensar seriamente una redistribución del ingreso, que es la única manera de poder afrontar esta situación en un sentido socio-político y con alguna chance de ir superándola. Después tenemos toda la parte más técnica, si querés, de las distintas respuestas sanitarias. Pero, la complejidad sociopolítica y económica te complejiza esa respuesta, porque de pronto algunas de las más costosas, como una cuarentena muy firme y prolongada por seis o siete semanas, que es lo que realmente en algunos lugares ha logrado una reversión muy significativa de la curva de contagios, requiere un nivel de inversión económica que es imposible sin plantear formas de redistribución del ingreso. Son totalmente posibles en la sociedad argentina, porque tenemos sectores que se están enriqueciendo como nunca, ni que hablar el precio de los commodities o las empresas de comunicaciones, pero requiere poner esas cuestiones sobre la mesa. —LR: Vos decías recién que el gobierno no asume la catástrofe en la que estamos. Ahora, justamente quienes están en el Gobierno nacional son los no negadores de la pandemia, todo el tiempo están diciendo que esto es grave y que tenemos que cuidarnos. Es raro porque se entendería lo que vos decís si estuviera el macrismo en el poder… —DF: Es muy bueno lo que decís, y yo en el libro planteo que esto genera en la sociedad argentina una de las situaciones más difíciles. Igual yo no me refería solo al gobierno, sino a la enorme mayoría de la estructura política, que incluye al gobierno y a la oposición de manera distinta. Porque tal como decís, tenés sectores de la oposición cada vez más importantes que están en una actitud de negacionismo absoluto y no fue así al comienzo de la pandemia. Entonces, pareciera que si analizas lo discursivo, los sectores del gobierno son los que le dan algún lugar a la comunicación de la gravedad de la situación como al intento de tomar algunas medidas. Pero, si sacas eso de la discusión de la grieta y de la discusión con los negacionistas, te das cuenta que en el tipo, en el modo, en el estilo y en la inversión de las medidas adoptadas, hay también un nivel muy grande de negación en el sentido de realmente no poder observar la gravedad de la situación y lo que ello requiere. Por supuesto todo es relativo en ese sentido, si lo comparás con una persona que te están diciendo que esto es una gripecita, que no existe o que podemos seguir haciendo todas las cosas como si no pasara nada y que total no va a pasar nada, podríamos decir que no es negador tratar de implementar algunas restricciones. Pero, el problema es este, incluso comparando con respuestas de Estados más negacionistas, como los casos de Estados Unidos o Brasil, vos tenías gobiernos que optaron hacer como que la situación no existía, pero entonces también tenías una enorme reacción social que se enfrentaba a esto buscando mostrar y denunciar la gravedad de la situación. En una situación como la actual, donde a un gobierno que no reconoce la gravedad en sus acciones que lo corren desde el negacionismo, casi que no te deja espacio para aquellas fuerzas que podrían plantear poner sobre la mesa la gravedad de la situación. Quizás ese lugar lo tendrían que ocupar las organizaciones sociales o las fuerzas de izquierda. No se ve una gran reacción que le esté exigiendo al gobierno otro tipo de medidas, tanto desde lo sanitario como desde lo económico. —LR: Año electoral,
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