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Personas detenidas en el ámbito de la Ciudad son trasladadas al Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, lo que pone en riesgo el funcionamiento de la institución y el tratamiento e integridad de las y los pacientes. Daniel Calvo, integrante del Frente de Artistas del Borda dialogó con el programa radial Estás muteadx acerca de esta problemática y explicó cuáles son sus consecuencias. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierRedacción: Agustina Sandoval LernerEdición: Valentina MaccaroneFoto: Emiliano Rojas Salinas De a poco, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue trasladando personas privadas de su libertad al Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, debido a la problemática carcelaria, que se traduce en un aumento de personas detenidas sin inicio de un proceso judicial, es decir, de manera “preventiva”, para lo cual no alcanzan las instituciones penales. Daniel Calvo, integrante del Frente de Artistas del Borda, explicó que “es una clase de limpieza que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, dentro del marco de una campaña llevada adelante por Jorge Macri, donde todo responde a un plan de tener una ciudad blanca y limpia”. Sin ningún tipo de permiso oficial, disposición o resolución, el hospital se fue convirtiéndo en una cárcel. “El Hospital Borda tiene una guardia en la cual al entrar vas a ver tres o cuatro patrulleros de la Policía de la Ciudad, los cuales ingresan a personas que han levantado de las calles”, dijo Calvo. ¿Derecho a la Protección de la Salud Mental? Más allá del análisis del problema carcelario, con sus múltiples violaciones a los derechos humanos, ¿qué sucede con las personas que se encuentran habitando el establecimiento por algún tipo de padecimiento mental? La Ley Nacional de Salud Pública fija su objetivo en “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental”. Esta norma, que rige también para el ámbito de la Ciudad y las provincias, es fundamental para el abordaje integral del tratamiento de salud mental, además de establecer la aplicación de políticas públicas y, no menos importante, parte de la presunción de la capacidad de todas las personas. En relación con las internaciones, el principio fundamental es el carácter restrictivo y la brevedad de las mismas. En el marco de la regulación, Calvo dijo: “La Ley de Salud Mental, marca en su artículo 14 que para un ingreso no voluntario a la institución, debe existir la argumentación del peligro, para sí o para terceros. Para sí misma, sería en caso de un intento de suicidio”. Con la decisión institucional de ingresar a personas privadas de su libertad, estas se encuentran fuera de la órbita de la ley, porque no corresponde asignarles un tratamiento como pacientes del hospital. Existe una laguna en lo legal, que da lugar a pujas y presiones por parte del Poder Judicial hacia trabajadores y trabajadoras del Borda. A su vez, con el ingreso de estas personas con procesos penales, surgen problemas en la convivencia con los y las pacientes, conflictos y violencia, que ponen en riesgo la integridad de quienes habitan el lugar. “Lo que están haciendo es chantajear a los médicos de la guardia del Hospital Borda, diciéndoles que si ellos no cumplen con las órdenes de los fiscales, están en situación de ser juzgados por no atender a las personas. Y en caso de que lo hagan, están infringiendo la ley nacional, que dice que, sin tener una evaluación previa, no se puede ingresar a las personas”, contó el integrante del Frente de Artistas. Además de todas las consecuencias que trae la incorporación de presos comunes al hospital, Calvo explicó cómo se manejan estas personas una vez que ingresan: “Tienen el acompañamiento de un efectivo de la Policía de la Ciudad dentro de los servicios, y ese personal de la policía está armado. En los hechos es muy grave, porque ya ha pasado en el hospital que una persona armada alegara que un paciente lo había atacado con un tramontina, cosa que no es así, porque las personas que están alojadas comen con cubiertos de plástico, y soltó un disparo intimidatorio hacia el techo dentro del servicio”. Calvo, por último, remarcó que esto no solamente afecta a las personas que tienen padecimientos mentales, “sino también a los trabajadores, porque les resulta imposible trabajar con estos efectivos que disparan al aire por un ‘ataque”.
Lo dijo el médico infectólogo Ricardo Teijeiro en diálogo con el programa radial Oíd Mortales. Allí se refirió a la vacuna contra el dengue y definió como “insuficiente” la campaña que se lleva a cabo desde las áreas de salud pública. “Las comunicaciones repetitivas la gente no las escucha, la comunicación nunca fue un fuerte en la salud”, detalló. Además, adivirtió acerca de los cuidados a la hora de la aplicación de la vacuna, teniendo en cuenta las correctas indicaciones médicas. Entrevista: Luis Angió / Cristina Varela Audio de la entrevista acá:
Lo dijo Johanna Piferrer en diálogo con el programa Oíd Mortales. Allí se refirió al proyecto de ley sobre los procedimientos médico asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. La Ley Johanna obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados/as en 2022 y debe tratarse en el Senado. Entrevista: Cristina Varela/Luis AngióRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero En 2014 Johanna Piferrer cursó un embarazo normal. Cuando llegó la semana 33 y los controles de salud pertinentes, recibió la noticia de que el bebé había fallecido. Luego, siguieron acciones de destrato y violencia en el sistema de salud. La iniciativa que hoy lleva su nombre busca garantizar procedimientos y establecer criterios médicos para la atención de estos casos. La Ley Johanna obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas en 2022. “La muerte perinatal ya es una causa que venimos militando y visibilizando hace nueve años. Son las muertes que se dan dentro del vientre entre la semana 22 de gestación hasta una semana después de nacer. Hay un montón leyes que nos acompañan gracias a la militancia de las compañeras del parto respetado, la ley del derechos al paciente, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres entendiendo a la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género. Claramente te encontrás en el sistema de salud con una relación asimétrica de poder”, comenzó explicando Johanna Piferrer. El caso de Johanna tomó conocimiento público y ella sintió que tenía que hacer algo: “Empezamos a recibir de manera pública y privada relatos sobre experiencias de años atrás que por primera vez podían nombrar lo que les había pasado o mujeres que lo estaban atravesando en el momento y la relación asimétrica de poder se repetía sistemáticamente. Entendimos que esta era una problemática que había que legislar y que no había ninguna ley que abordara estos nacimientos desde el deseo de gestar, que es lo que da la identidad de hijo o hija”., contó. Además, explicó que fue “un proyecto muy largo” porque primero se presentó en la Provincia de Buenos Aires en 2017. La exsenadora Magdalena Sierra fue quien lo presentó. “Luego, al ser electa diputada nacional comprendimos que el proyecto debía ser de todo el territorio argentino, en un contexto difícil porque transcurría el año 2020 con un Ministerio (de Salud) devenido en Secretaría. Finalmente en el 2022 logramos la media sanción en la Cámara de Diputados”, explicó Piferrer. La ampliación de derechos La impulsora de la ley planteó que, de lograr la sanción en el Senado, significaría conquistar y ampliar derechos. Además, puntualizó cuáles serían los puntos importantes de la ley: “Decidir cómo parir, garantizar que no corra riesgo la vida, y estar acompañada en el caso de que lo elijas o no. A que se respeten nuestras pautas culturales, entendiendo que la Argentina no es el AMBA, y a recibir información sobre la lactancia y sus métodos de inhibición o donación porque el cuerpo sigue el proceso natural. Que se registre de manera administrativa los certificados de defunción fetal con nombre y apellido, porque sino quedan como cuerpos NN. Esto permite duelar de manera sana a nuestros hijos o hijas deseadas que estabas esperando y que lamentablemente se te murieron”. Johanna Piferrer se refirió también al ámbito educativo: “Se pide que se incorpore este tema a las carreras de grado y posgrado estatales universitarias y para que los profesionales de la salud aborden la problemática. Por ahora toda la formación que hay es privada con una mirada muy estigmatizante e infantilizante”. Por último, dijo: “En el medio de todo esto, que no es menor, están nuestros cuerpos y la salud mental. Para quienes atravesamos esta experiencia, esta ley vendría a ser una reivindicación”.
El CeSAC N° 15 del barrio porteño de San Telmo se encuentra en una situación de extrema gravedad en sus condiciones edilicias y falta de insumos. Piden una solución de parte del Ministerio de Salud. María Elena Folini, jefa médica de la institución dialogó con el programa radial Tengo una Idea y brindó más detalles sobre el pedido de los y las trabajadoras de un edificio nuevo. Aún no obtuvieron respuesta. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Chechu Rodríguez —¿Dónde está ubicado el CeSAC y desde hace cuánto tiempo funciona? —Está en la calle Humberto Primo 470, entre Bolívar y Defensa. Se fundó en el año 90. Empezamos una serie de médicos de otras disciplinas. Yo entré como pedíatra. A lo largo de la historia, se crearon 48 CeSAC y el cargo de jefa del N° 15 lo concursé hace 13 años. —¿Cuáles son los problemas que están sufriendo hoy en día? —El problema más serio es el edilicio. Este es un edificio de más de 120 años, pertenece al casco histórico de San Telmo. Cuando se fundó la salita era un edificio precioso, pero actualmente y cinco años atrás, antes de la pandemia, venimos denunciando las inadecuadas condiciones. No tiene ventilación, y esto se sintió. Lo que nosotros pedimos es el arreglo del predio conocido como exPadelai, antes Patronato de la Infancia, que es un espacio que quedó desalojado desde 2016 y que bien podría adecuarse para que pudiera funcionar el CeSAC. Hoy funciona como sede de la Comuna 1 donde se pueden hacer ciertos trámites. Recibimos la promesa del exvicejefe de gobierno Diego Santilli. Desde ese momento tuvimos que empezar a soportar ciertas situaciones como las que continúan: tener que subir para acceder por escalera, no tener rampas por ende las condiciones para discapacidad. Allí también una profesional de nuestro equipo sufrió una caída. Nuestro edificio tiene una sola salida, con el riesgo que eso conlleva si hubiera problemas de incendio. Últimamente empezamos a tener caídas de cielorraso. Esto se fue agravando, de manera que empezamos a atender en la calle. Hoy se puede ver a los enfermeros y enfermeras vacunando, a los psicólogos atendiendo en la calle, porque no podemos estar encerrados en un edificio que no tiene ventilación. Si bien hay una empresa de mantenimiento, por más que arregla los techos, se vuelven a romper. —¿Ante quiénes han hecho los reclamos y cuál ha sido la respuesta? —La empresa de mantenimiento responde. Nosotros somos un CeSAC que está muy instalado en el barrio, y la gente no hace más que agradecer. Hemos sido amigables con la población del barrio, mucha de ella migrante, y eso el Ministerio de Salud también lo sabe. Somos un ente estatal que hemos atravesado todas las gestiones y jamás hemos cerrado las puertas, tal es así que hemos salido a la calle. El edificio ya no requiere remodelaciones, no resiste. Lo que necesitamos es un edificio nuevo. Después de aquella promesa de hace cuatro años recién ahora están evaluando el edificio y ojalá que el edificio del exPadelai sea para el CeSAC N° 15 porque la población se merece una mejor atención. Hay que poner gente a reciclarlo, allí sí tendríamos un lugar como corresponde y todo el equipo tendría donde atender a la gente, con jardines, sin escaleras, con ventanas y ventilación. —¿Cómo han hecho más visible el reclamo? —Hicimos protestas en la calle, en las puertas del CeSAC. Además están cambiando los adoquines de la calle Humberto Primo y eso debe ser lo que produjo, por el movimiento de vibración de los taladros que utilizan, la caída de los techos. Estamos peor. Hubo médicos que en protesta se pusieron cascos. Creemos que el cambio de adoquines es una obra innecesaria.
La estadística aportada por la Dra. Carina Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), aparece como una nueva prueba de la efectividad de la vacunación, ya que el porcentaje de personas no vacunadas a nivel nacional es bajo, pero aun así ese porcentaje comprende el 52% de las internaciones graves. Balasini participó del programa radial Oíd Mortales. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Cristina Varela/Luis Angió ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: SportelliA La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa la situación de las terapias intensivas y también las condiciones en las que trabajan los y las profesionales de la salud. La doctora Carina Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), habló del rol de esta área: “La terapia intensiva se dio a conocer hace dos años. Creo que hasta ese momento gran parte de la sociedad no sabía lo que era. Y no sabía que existían profesionales de la terapia intensiva. Hasta que apareció la pandemia y parece que ahí empezamos a ser relevantes. En 2009, cuando hubo otra pandemia (la de la gripe A H1N1), tuvimos un papel muy importante, porque también hubo pacientes gravísimos, que sus vidas fueron salvadas en la terapia intensiva”. Además, contó cuál es la situación actual de las terapias intensivas: “Ahora estamos cursando la tercera ola del Covid-19 y lo que vemos es menor cantidad de pacientes que durante la primera y segunda ola. Lo que pasa es que de a poco van entrando más pacientes y tienen una larga permanencia. Están en terapia intensiva 20 días, un mes, incluso hay pacientes que estuvieron cuatro meses internados. El tema es que se empiezan a ocupar las camas al aumentar los casos, pero no se desocupan rápidamente. Los pacientes van a seguir internados y las camas van a estar ocupadas. Ahora, nosotros hacemos una encuesta nacional, que se hace una vez por semana desde la SATI, y este relevamiento nos muestra que tenemos en este momento una ocupación de camas de terapia intensiva del 85% totales (es decir, no solo pacientes Covid). Y en las terapias intensivas pediátricas es del 64% totales. La ocupación de camas por covid es del 34% y en las pediátricas un 12%. Esta cifra se va elevando exponencialmente, porque en diciembre había muy pocos pacientes internados por Covid y con la variante Ómicron desde enero subió mucho. Entonces se reorganizaron los hospitales. Se redujeron aquellos pacientes que pueden esperar, para darle lugar a estos pacientes que estaban cada vez más complicados. Se pospusieron las cirugías programadas, no de todos los pacientes, pero sí de los no oncológicos, porque en esos casos el cáncer no espera. Entonces ellos no pueden retrasar esa cirugía. Y las cirugías de emergencia también se hacen. Pero las cirugías programadas, por ejemplo las de pacientes con operación de vesícula que quizá pueden esperar un mes o dos, eso se retrasa y entonces esas camas van a ser ocupadas para que aquellos pacientes Covid tengan el lugar y puedan ser atendidos. Todo esto hasta que volvamos a bajar la cantidad de pacientes Covid y volvamos a tener más pacientes no Covid”. —¿Cuál es el número de personas vacunadas y no vacunadas en terapia intensiva? —En el relevamiento de la semana pasada había un 52% no vacunados, o con vacunación incompleta, y un 48% con vacunación completa. Llamamos vacunación completa, por la definición del Ministerio de Salud, a pacientes con tres dosis, o con dos dosis que hayan sido aplicadas, al menos, en menos de cinco meses. Lo que pasa es que hay muchísimos pacientes con vacunación completa. Entonces, la mitad van a ocupar las camas de terapia intensiva. Pero en el país son una minoría las personas con vacunación incompleta, y la mitad están ocupando las camas de terapia intensiva. Entonces, lo bueno sería que se vacunen para ocupar la menor cantidad de camas y que los pacientes más vulnerables puedan tener camas. ¿Es lo mismo estar vacunado o no? No, no es lo mismo. Los pacientes vacunados cursan una internación de menor gravedad, asintomáticas, o con síntomas leves. Lo que juega un papel fundamental son las características del paciente, las comorbilidades. Los pacientes añosos, diabéticos, oncológicos, cuando están en terapia intensiva si no están vacunados obviamente les va peor. Y si están vacunados, también son pacientes graves y que hay que cuidar. Pero esa es a la primera población a la que apunta la campaña de vacunación. —Hablamos de camas de terapia intensiva, ¿de hospitales públicos o también del sector privado? —Es una mezcla. Del último registro de terapias intensivas, 55 eran privadas y 45 públicas. La Sociedad manda un link y las unidades que pueden contestar, contestan. Siempre son arriba de 100, y nuestros datos son muy importantes. Porque hablamos de cosas que no suele hablar la gente. Por ejemplo, esta semana preguntamos el estado de vacunación y de mortalidad. Preguntamos cuántos pacientes habían fallecido en los últimos 15 días. Y habían fallecido 327 pacientes. Nosotros analizamos esos números, porque a veces escuchas un número y no sabes qué contiene. Ese número pensamos que podían ser pacientes grandes. Y no, la media de pacientes fallecidos nos dio 54 años. O sea que son pacientes jóvenes, de mediana edad. El 60% masculinos, el 91% tenía comorbilidades. O sea, enfermedades previas, que eso es lo que decimos que pesa. Y aún cuando están vacunados, tener los antecedentes de cáncer o de inmunodepresión, ara la gente que no tiene buenas defensas, eso influye de sobremanera para el diagnóstico. Teníamos un 63% que tenía vacunación incompleta o nula, y el 85% presentaba distrés respiratorio, que es un compromiso pulmonar muy importante que hace que oxigene poco la sangre.
Sabrina Ortíz, abogada ambientalista e integrante de Paren de Fumigar Pergamino, habló acerca del procesamiento de un piloto y un ingeniero agrónomo por fumigar sobre una escuela rural, incumpliendo las reglamentaciones. Ortíz pasó por el programa radial La Retaguardia, donde también contextualizó la histórica lucha del pueblo pergaminense contra los agrotóxicos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Julia Iwela La abogada Sabrina Ortiz habló sobre el procesamiento del piloto Ángel García y del ingeniero agrónomo Santiago Jacobi, por fumigar sobre una escuela rural, incumpliendo las reglamentaciones previstas por la Justicia local. “Estas dos personas son las últimas que fueron procesadas. Pero se desprenden 11 procesados de todos estos hechos que vienen sucediendo en Pergamino, entre ellos ingenieros agrónomos, productores, dueños de campos. Uno de los procesados ahora es el piloto de un avión fumigador, Ángel Enrique García, quien sobrevoló de manera temeraria por sobre una escuela, mientras los niños estaban jugando en el patio de la misma, y las imágenes fueron captadas por gente del lugar. Por supuesto que la deriva en ese momento no estaba apta para hacer este tipo de fumigaciones. El otro procesado es el ingeniero a cargo del control de la receta agronómica (receta que nunca existió), que es Santiago Andrés Jacobi, representante de la empresa de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), del sector agropecuario, que era quien estaba a cargo de toda la seguridad de la fumigación. No solamente se los procesa sino que, además, se traba embargo por sobre los bienes de ambos, por una suma de 5 millones de pesos. Es importante remarcar este procesamiento, porque en esta oportunidad se trata de un ingeniero representante de empresas. ACA en Pergamino es muy reconocida. Y entendemos que en esta oportunidad, y como lo ha decretado anteriormente la Justicia, está respondiendo en pos de la seguridad de las personas, sin fijarse quien es el poder que está adelante”, comenzó. La integrante de Paren de Fumigar Pergamino contextualizó la lucha de años del pueblo de Pergamino contra los agrotóxicos: “Hace muchos años en esta ciudad somos víctimas directas del modelo agroproductivo actual, desde antes de 2011, cuando nos involucramos junto a muchas personas en esta temática. En 2018 ingresó una denuncia en Juzgado Federal, donde se empezó a mover toda una investigación de más de cuarenta cuerpos. Hemos asistido a la Justicia local, porque en la Justicia de la Provincia no hemos encontrado ningún tipo de respuesta. A partir de ello, conseguimos una medida cautelar para una zona de la ciudad, para una región puntual, que inicialmente abarcaba tres barrios. Y en 2019 logramos la ampliación de esa medida cautelar que indica 1.095 metros prohibidos para las fumigaciones terrestres, desde la zona periurbana y 3 mil metros por la vía aérea de la zona periurbana. Todo esto viene aconteciendo en medio de pruebas científicas, con análisis en el agua, por ejemplo, donde se encontraron 19 agrotóxicos en una parte de Pergamino, que casualmente es un barrio que en 8 manzanas tiene más de 50 casos de cáncer. Y, por otro lado, en barrios que se encuentran en el otro extremo de la ciudad, se encontraron 18 tipos de agrotóxicos, con daños genéticos en las personas del lugar, inclusive en mis hijos y en mi familia”. Ortíz contó cómo comenzaron a organizarse las familias pergaminenses ante esta problemática: “Una de las querellantes pertenece a ese barrio con más de 50 casos de cáncer, y perdió a su pareja por el cáncer, sus dos hijos también tenían cáncer, ella tuvo cáncer. Entonces empezó a hacer un relevamiento entre los vecinos y descubrió esta cantidad de casos en el barrio. Cuando se empezó a investigar los factores, se consiguió conocer que el agua del tanque central que consumen las personas de ese barrio tenía todos estos agrotóxicos, que los peritos médicos determinan como altamente cancerígenos, disruptores endocrinos, es decir, que afectan a todo el sistema hormonal. Además existen otras enfermedades en ese barrio, por los mismos motivos. Hay niños de tres o cuatro años que ya están recibiendo diálisis. Y es muy complejo porque hay toda una exposición diaria, al bañarse, lavar las verduras, al tomar, estamos en permanente contacto con el agua. No podemos prescindir de ella”. La abogada también comentó cuál es la posición del Gobierno de la Ciudad de Pergamino ante este conflicto: “Lamentablemente, el Gobierno (el intendente es Javier Martínez, de Juntos por el Cambio) niega toda esta cuestión. Niega a los enfermos de cáncer. Niega a los fallecidos por cáncer. Por el contrario, nos dicen que somos un grupo que quiere derribar al Gobierno. Y toda esa historia se comunica en los medios. En esta ciudad hay más de 70 empresas que lucran con el agronegocio y se hace difícil desde acá darles batalla. La medida cautelar de las distancias sigue vigente, como también la entrega de agua a los barrios que están incorporados en esta causa madre. Sabemos que esto es solo una medida paliativa, que las medidas cautelares no son eternas y que necesariamente debe haber decisiones políticas que conlleven a un modelo productivo que no atente contra la salud y la vida de las personas. Porque acá se privilegian los intereses económicos por sobre la vida”.
Lo dijo el periodista Facundo Viola. Las fumigaciones con agrotóxicos quedaron excluidas en toda la localidad santafesina reconocida por la producción de frutillas. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, brindó más detalles de lo que se podría considerar un triunfo en términos medioambientales y sobre todo de concientización del pueblo que le dijo definitivamente NO a la contaminación con agrotóxicos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia A partir de febrero no se podrá fumigar con agrotóxicos en Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe. El periodista especializado en medioambiente, Facundo Viola, comenzó explicando: “Desde 2015 venimos trabajando sobre esta situación donde se fumigaba sin ningún tipo de control sobre los monocultivos para hacer frutillas. Arroyo Leyes se ubica a 15 kilómetros hacia el norte siguiendo la ruta provincial 1 de la capital de Santa Fe, lo que sería el periurbano”. La lucha y resistencia Por otro lado, Facundo Viola denunció: “En esta zona se fumigaba sin ningún tipo de control, directamente sobre la población. Por dar ejemplos drásticos, a dos metros de la ventana de una escuela cuando los niños estaban dentro. Después de las fumigaciones se producía mortandad de aves, mucha gente se enfermaba con enfermedades terminales, eran vecinos cercanos a los campos. A través de relevamientos con distintas instituciones encontramos que existían altos índices de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, contaminación de agua por fertilizantes. Toda esta situación hizo que comencemos a movilizarnos para visibilizar más esto, concientizar, y reclamar. Llegamos a hacer denuncias penales, allanamientos, y a la par fuimos gestionando con el Estado provincial y la comuna local un proceso de ordenamiento territorial con un comité interministerial con el cual nos fuimos reuniendo y proponiendo una resolución a este conflicto. Fue algo que llevó años, y hacia 2019 obtuvimos una ordenanza con este trabajo participativo que es la 02/19, donde se fueron estableciendo plazos para que se dejara de fumigar”. En la provincia de Santa Fe se encuentra vigente la ley 273 para la aplicación de agroquímicos, que dice que no se puede fumigar en ámbitos urbanos. Viola remarcó que esto no se cumple. “Conseguimos que en el ámbito periurbano solo se permitan producciones sustentables o abocadas a la agroecología. Al vencerse los plazos, el año pasado se hizo una especie de prórroga donde se permitió a uno de estos campos permanecer en este tipo de producción (con agrotóxicos) pero ya este año las instalaciones se han levantado y retirado”, contó. El poder de lobby agroexportador “La ley vigente en Santa Fe tiene 27 años y es anterior a la introducción de los transgénicos y a su paquete tecnológico. Las organizaciones ambientales fuimos insistiendo con diferentes proyectos dentro de la Legislatura con evidencias científicas que fuimos aportando para demostrar los daños y perjuicios que presentan los agroquímicos para la población. Por otro lado, hay un lobby muy fuerte en la provincia, tenemos el puerto agroexportador, ubicado en Rosario, más grande del mundo junto al de Chicago, Estado Unidos. También existen formuladoras de agrotóxicos muy importantes y además está presente el poder de lobby de empresas aerofumigadoras que están ubicadas en la zona núcleo”, dijo el periodista. Un cambio cultural Viola mencionó en qué cambios pudieron avanzar, producto de mucho trabajo: “En la localidad de Arroyo Leyes pudimos accionar sobre 80 hectáreas divididas en 20 campos aproximadamente de productores frutihortícolas, que no por producir frutas y verduras son menos tóxicos. De lo contrario, se los fumiga mucho más. Entendemos que si no hay una concientización del peligro que esto representa, las leyes muchas veces no se cumplen. Incluso hay fallos judiciales que prohíben, por amparos judiciales que se han realizado, fumigar a determinada distancia en Santa Fe. Pero lo siguen haciendo porque nadie reclama, no hay fuerza para hacerlo. Nosotros trabajamos en la localidad fuertemente en un cambio de mentalidad y cultural en todos los sentidos, no solo a la población, sino también a las organizaciones intermedias, los representantes del Gobierno comunal y provincial para que puedan transformar esa visión que tenían que los agrotóxicos son agüita y no pasa nada si uno tira veneno ahí y no repercute en la salud y en el ambiente. Estamos hablando de un genocidio silencioso, donde miles de ciudadanos y ciudadanas están cada vez más expuestas a estos venenos y que traen formas de enfermar y morir con enfermedades, crónicas, de largo plazo”. Para cerrar, dijo: “Nuestro desafío es ir camino a poder comer frutillas sin veneno”. DESCARGAR
Matías Ruíz, profesor de historia y coordinador de la Campaña No al fracking de la ONG Conciencia Solidaria, detalló cómo funciona la técnica de extracción hidrocarburífera, comúnmente llamada “fracking”. También explicó cuáles son sus consecuencias, tomando como ejemplo Vaca Muerta y el nuevo negociado en la Costa Atlántica. Lo hizo en diálogo con Conciencia Rebelde, el nuevo programa de Conciencia Solidaria en Radio La Retaguardia, donde remarcó además la importancia de las movilizaciones populares como el Chubutazo y el Atlanticazo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Silvia Medrano/Mariela Silvestein ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Conciencia Solidaria —¿Qué significa “fracking” y qué consecuencias tiene esta práctica? —Literalmente en inglés significa “fracturando” y tiene que ver con una técnica distinta de la explotación convencional de petróleo. Para explicar que es el fracking tendríamos que ir mucho más atrás y empezar hablando del origen de la extracción petrolera, allá por principios del siglo XX, y que desde entonces hasta ahora la humanidad ha prácticamente acabado con casi todo el petróleo que había en las profundidades de nuestro planeta. Petróleo que es producido por los fósiles de especies animales, vegetales y minerales que han ido muriendo a lo largo de toda la historia. Sus restos se han ido depositando en el interior de la Tierra para finalmente producir el petróleo y los diferentes tipos de gases. Quedan muy pocos yacimientos y se han encontrado yacimientos llamados no convencionales de petróleo y gas de esquisto, que están a muy grandes profundidades dentro de nuestro planeta. Y eso no evitó que la industria del hidrocarburo encuentre la forma de extraerlo también. Y esto es la fractura hidráulica, el llamado “fracking”, que es un procedimiento de extracción que consiste en inyectar en el subsuelo una combinación de arena mezclada con cientos de químicos contaminantes, que requiere una inmensa cantidad de agua insertada a altísima presión para poder quebrar la roca y llegar tan profundo como están estos gases y este petróleo no convencional. Una vez llegado a esa profundidad surge el reflujo de esto mismo que se usó para producir la apertura del camino, por donde va a subir el petróleo y el gas, refluye hacia la superficie y obviamente es agua tóxica, contaminada, que por filtraciones puede tranquilamente llegar a las napas de agua potable. Regresan hacia la superficie. No hay forma de recuperarla. Existen estos piletones de contención que están cerca de los sitios de exploración donde el agua es acumulada, pero también en nuestro subsuelo existen sustancias radiactivas que dentro del subsuelo cumplen obviamente funciones que tienen que ver con el planeta, pero que afuera son muy peligrosas. Y estos gases muy peligrosos para el efecto invernadero también pueden subir hacia nuestra atmósfera. Otra consecuencia puede ser el incremento de actividad sísmica. Que ya se estaba denunciando en nuestro país, especialmente en Añelo, allí cerca de Vaca Muerta, el yacimiento de fracking más famoso en nuestro país. La Asamblea de Allen y de Añelo hace muchísimo tiempo que vienen denunciando las diferentes consecuencias por este tipo de extracción. Una vez que se genera la grieta principal, vertical, que va hacia el subsuelo, se descargan explosivos a través de estos conductos para poder generar las grietas horizontales que muchas veces tienen kilómetros de expansión, cruzando por debajo de poblaciones, por debajo de lagos, de ríos. Entonces, ciertamente pueden llegar a generar enormes niveles de contaminación y de residuos que van a afectar nuestra agua, más allá del agua que se utiliza para producir la grieta para poder empezar con la extracción. —¿Por qué es importante hablar de fracking en este contexto del Atlánticazo y de lo que está sucediendo con la exploración sísmica, ya autorizada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente? —Porque una de las técnicas que se va a utilizar para poder hacer esta exploración es la técnica de fracking. Aparte de esto, también tenemos que considerar que tenemos un muy reciente incidente que tiene que ver con el petróleo, cercano también a Allen, a Vaca Muerta, a Añelo; en Catriel, Río Negro. Donde a mediados de diciembre se produjo probablemente el peor daño ambiental de las últimas décadas, cuando se rompió un oleoducto de 16 pulgadas que conectaba la estación de bombeo de puesto Hernández, en Neuquén, con la estación de bombeo de Medanito en Río Negro. Y esto produjo más de 3 millones de litros de petróleo derramado, afectando no solamente la zona de la rotura de este oleoducto que obviamente no tiene mantenimiento porque una vez que son construidos ya quedan así. Estos tienen 60, 70 años de antigüedad. Fueron creados allá por la década del 60, entonces se rompen. ¿Cuál fue una de las medidas de remediación que tomó la empresa Oleoductos del Valle, que tiene el 95% de la producción y yacimiento de Vaca Muerta? Pusieron una pileta pelopincho debajo de la grieta del oleoducto. Tremendo. No se había visto nunca ingenio argentino al 100%. Y bueno, obviamente más de 3 millones de litros de petróleo derramado, dos hectáreas afectadas de forma directa. Los pueblos originarios que viven cercanos a la zona del derrame denuncian que la pileta no fue lo único que llevaron, también estuvieron ahí haciendo algún otro tipo de contención y produjeron daños. Dos hectáreas más alrededor del área afectada. Entonces tenemos también cuatro hectáreas afectadas. —La cantidad de petróleo derramado no sólo contamina las hectáreas mencionadas, ¿no? —Claro. Además podemos vincularlo con lo que podría llegar a pasar en el Atlántico, porque es muy parecida la situación. Debajo de esta zona en Río Negro, en Catriel, hay solamente a tres kilómetros de profundidad una reserva de agua dulce muy importante que alimenta a los ríos de la región e incluso ríos que por sus ramificaciones llegan hasta la Provincia de Buenos Aires. O sea que no es que solamente se queda el problema en Neuquén, en Río Negro. Este petróleo que es absorbido nuevamente por la tierra va a llegar hasta estas napas que tienen un grado
Pamela Andrade, vecina de la Villa 31 e integrante de La Poderosa se refirió a la situación en las villas porteñas con respecto a la ola de calor en medio del cemento de las urbanizaciones no finalizadas. También habló de la falta de luz, agua, y el aumento de casos de Covid-19. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: La Garganta Poderosa —¿Cómo se vive la ola de calor teniendo en cuenta el cemento de la urbanización en las villas? —Acá en los barrios populares la pasamos mucho peor ya que no está completa la urbanización. Es horrible tener que cocinar tantas horas en los comedores, pero tenemos que hacerlo porque somos los únicos que le podemos dar algo de comer a los vecinos del barrio que de verdad lo necesitan. Todo esto es peor cuando no tenemos luz, agua. Los cortes que hubo en la villa 31, como en otras villas de capital, no afectaron un montón. No pudimos cocinarles a los más de 400 vecinos, tuvimos que repartirles la comida cruda para que se la puedan cocinar. A veces estas personas están en situación de calle y no tienen como cocinar. —¿Se acercaron desde la empresa proveedora de luz? —Todavía no hubo respuesta de ningún tipo. En algunos lugares estamos sin luz y en el único lugar que había un generador es el Ministerio de Educación. Los pocos sectores donde hay luz, no tienen agua. —¿Qué diálogo existe con el Gobierno de la Ciudad para estos casos? —No tuvimos diálogo, acá nos organizamos entre todos los vecinos tratando de mandarnos mensajes, nos ayudamos. Si yo tengo una botella, le doy a mi vecina, quienes tuvieron o tienen luz ayudan a los que no tienen con cables. —¿Cómo está la situación con el aumento de casos de Covid-19? —La situación es crítica. Para hacerse un hisopado hay gente que hace filas interminables desde las tres de la mañana. Actualmente dan 180 cupos en la UFU (Unidad Febril de Urgencia) para hisopar. Y a veces menos. A las nueve ya no hay más cupos. Y si no te hisopás acá en el barrio no te ayudan con bolsones de mercadería para pasar el aislamiento. Con respecto a la vacunación y debido a los rebrotes que hubo tuvieron que cerrar los centros de vacunación en el barrio. Por otro lado, en el barrio Rodrigo Bueno no hay ningún lugar donde te puedas testear o vacunar. No podemos seguir así.
La embestida extractivista en Argentina apagó rápidamente la euforia por la victoria del pueblo chubutense que consiguió la derogación de la ley de zonificación que permitía la megaminería en la provincia. Otros conflictos, como la explotación petrolera offshore en Mar del Plata, movilizan a cientos de personas en las calles. Las luchas ganadas impulsan nuevas resistencias. Fabiana Cartolano, docente antiminera de Chubut, analizó el triunfo y remarcó que el pueblo sigue alerta más fuerte que nunca. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia La docente Fabiana Cartolano, militante contra la megaminería en Chubut estableció una relación con la pueblada que se generó a partir de la aprobación de la zonificación por parte de la Legislatura con lo que sucedió en Argentina en 2001. “Es un paralelismo con el 2001. Les voy a enviar una imagen de un fotógrafo que forma parte de un grupo de fotógrafos que están detrás de las luchas sociales. Compañeros que corren con nosotros entre las balas, que han tomado edificios. Aníbal Arizal es uno de los que hace un paralelismo con la foto del 2001, donde un compañero está tirando la piedra con una foto de frente, con la Policía del Chubut reprimiendo en 2021. Nosotros tenemos un paralelismo con el Chubutazo que siempre fue nuestro norte. Siempre que imaginábamos, deseábamos, teníamos la utopía de repetir aquel chubutazo. No solo lo repetimos, sino que lo superamos en una magnitud inmensa”, comenzó. Una historia de lucha La lucha en oposición a la megaminería en esa zona de la patagonia se viene dando desde hace mucho tiempo. Así lo recordó la docente: “Estamos agotados de todos estos días. De todos estos años. Porque en veinte años de lucha es la primera vez que el pueblo de Chubut se manifiesta de este modo. Entonces también es un paso fuerte, inmenso, que es que no solo hacemos un paralelismo con el 2001 y que la gente va a quedar en la memoria después de 20 años del Chubutazo. Sino que en Chubut también vamos a contar dos: el Chubutazo y el Chubutaguazo. Y de eso se trata la historia. Y nosotros decidimos cómo, cuándo y de qué modo contarla”. Días de fuego Minutos antes de la represión, Cartolano había sido entrevistada por La Retaguardia. “Cuando corté con ustedes comenzaron a reprimirnos. En ese momento el aire no se cortaba con nada. Había una tensión que en cualquier momento explotaba todo. Corté y tuvimos que correr. Estaba detrás de mi auto que quedó estallado de vidrios, de rotura de piedras. Ahora me dejé llevar por esa sensación. Pero bueno, también era esto de venir hace tantos años en la lucha. Tantos años caminando. Y qué no salía el pueblo completo. Creo que no se animaba a ser escuchado. Nos seguían silenciando, seguíamos opacados, seguían las mineras y las empresas, los patrones y los dueños de la verdad. El discurso político pisándole la cabeza a la gente con sus trabajos. Con sus compromisos laborales. El pueblo se manifestó. Venimos diciendo hace muchos años que no provoquen al pueblo, que no se les ocurra levantar la mano en contra. El pueblo no se defraudó a sí mismo. Tuvimos tres días de fuegos en Rawson, se prendieron 18 edificios públicos. Vi correr gente que jamás en mi vida creí que iba a salir a la calle. En Rawson metimos una marcha de 15 mil y 20 mil personas que jamás en la historia sucedió. Puedo estar horas hablando de imágenes, y de cómo se sucedieron todos estos días”, contó. El despertar del pueblo “El pueblo entendió que de ahora en más no tenemos que bajar la guardia ni dar un paso atrás. Ni siquiera para tomar el envión, como decíamos hacia el final de la marcha. Porque tenemos que aprender que de ahora en más vamos a luchar de acá para arriba, y que cualquier político que venga y de los que están aún en el gobierno sepan que de ahora en más el pueblo va a reaccionar así, porque el pueblo lo entendió. Por ejemplo, salimos con algunos de los pocos que quedamos con los cuerpos cansados a tomar algo. Estábamos comiendo algunos de los asambleístas y se nos acercaron varios vecinos a decirnos que no podían estar en ese lugar sabiendo que estaba presente el hijo de uno de los intendentes, uno de los diputados que levantó la mano en contra del pueblo. El bar estaba cantando cuando llegué, canciones que aprendieron de estos tres días en la calle. Así que le pedimos al dueño del bar que la gente estaba pidiendo esto, que se retire, y en un solo canto unánime el bar le empezó a cantar que si el pueblo no tiene paz, ellos tampoco. Y que se lo van a hacer saber cada vez. No podía parar de llorar de emoción, porque realmente ver el despertar de un pueblo no es cualquier cosa. Suena hippie, suena poético, pero yo vi despertar al pueblo y eso nadie me lo va a sacar de la memoria. Hablábamos con muchas compañeras y decíamos que el día de mañana las que somos docentes vamos a hacer de las viejas docentes antimineras. La gente entenderá que le vamos a contar a nuestros pibes lo que sucedió en Rawson y que fueron tres días de fuego. Que al Gobierno no le tembló la mano en dispararle a los vecinos durante cuatro horas y media. Tengo una amiga que dejó el reloj del conteo de pasos prendido, y la primera noche corrimos 25 kilómetros. Todos quedamos con perdigones en el cuerpo, todos quedamos agotados, estresados, pero entendimos que también la vida se defiende con vida. Pero nunca habíamos estado tan cerca, y el pueblo no lo dudó y salió a la calle. Y el marichiweu, el grito de guerra de mi pueblo ancestral, significa que por cada caído, diez se levantarán. Cada diez caídos, cien se levantarán. Vimos despertar al