berni
Una brutal represión se desató esta mañana en el desalojo de la Cooperativa textil Nueva Generación, en Wilde. Fue lanzada por Policía de la Provincia de Buenos Aires y cayó indiscriminadamente contra mujeres embarazadas, trabajadoras e integrantes de medios populares y comerciales. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele/Eugenia Otero 📷 Foto de portada: FM Riachuelo Antonella Giuso es parte de la Revista Resistencias. Fue detenida con otras dos integrantes del medio popular. Apenas recuperó su libertad, dijo a FM Riachuelo: “La represión fue feroz. Fue bastante duro, sobre todo pensando que el lugar en el que reprimieron y desalojaron es una cooperativa textil 80 familias donde hay un jardín maternal. Había niñes y mujeres embarazadas”. Giuso comentó que aún quedan detenidas: “Todavía falta que larguen gente. Nos vamos a quedar acá en la comisaría hasta que salgan todos para denunciar este hecho”. Implicada con la noticia que fue a cubrir, se indignó: “Estan dejando a gente sin laburo, se están dejando familias en la calle y se está atacando a la gente que lucha. Y si la persecución no cesa, va a haber que hacer una denuncia más grave porque de esto se tienen que hacer eco todos los gobiernos. No puede seguir pasando esto. Estamos en democracia, estamos supuestamente amparados por un montón de derechos que hoy no sé respetaron. Niñes, mujeres embarazadas, trabajadores y trabajadoras textiles y de prensa fuimos atacados por la policía hoy. Eso tiene que llegar bien claro”. En la mañana también había sido detenido y rápidamente liberado el trabajador de la AM750 Mauricio Polchi.
Con la presencia de Patricia Nasutti, la mamá de la joven asesinada la semana pasada en Rojas por un policía de la bonaerense, se realizó una marcha desde el obelisco porteño hasta el Palacio de Tribunales. Compartimos un informe fotográfico, a falta de palabras para acompañar tanta indignación. (Por La Retaguardia) 📷 Fotoinforme: Virginia Chaile/La Retaguardia 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele
En cada una de las marchas de protesta ante el femicidio de Úrsula Bahillo, ocurrido el lunes pasado en la ciudad bonaerense de Rojas, pueden verse el dolor y la indignación que recorren cada cuerpo de mujer. Estas imágenes son de la manifestación realizada ayer en CABA, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. (Por La Retaguardia) 📷 Fotoinforme: Virginia Chaile/La Retaguardia 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero
Milagros Almirón, amiga de Bahillo, dialogó con el programa radial La Retaguardia y habló acerca de los pedidos de ayuda de su amiga. Úrsula Bahillo, de 18 años, quien fue asesinada por su expareja Matías Ezequiel Martínez, policía de la bonaerense, el pasado lunes en Rojas, Provincia de Buenos Aires. El femicida tenía una perimetral, varias denuncias de la joven y también de su pareja anterior, además de una denuncia por abuso sexual a una menor con discapacidad. Milagros denunció en la Comisaría de la Mujer a Martínez por acoso contra Úrsula, por pedido de su amiga. También se refirió a la protección al victimario, el enojo del pueblo, y la represión que desató la policía cuando familiares, amigos y amigas de Úrsula fueron a reclamar frente a la comisaría. Y denunció un vínculo familiar entre la oficial a cargo de la Comisaría de la Mujer con el policía detenido tardíamente. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/María Eugenia Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner/Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Virginia Chaile Milagros Almirón tiene 16 años, mucha claridad y enorme fuerza. “No voy a decir que estoy bien, pero acá estoy para contar lo que ví, lo que pasó, para pedir que se haga justicia”, comenzó. El pedido de justicia es por su amiga, Úrsula, quien fue asesinada a puñaladas por su expareja Matías Ezequiel Martínez, integrante de la Policía bonaerense, en la ciudad de Rojas, Provincia de Buenos Aires. “Andá a tu casa” El domingo 7 de febrero, un día antes del femicidio —contó Almirón— fue a declarar junto a su amiga a la Comisaría de la Mujer. “Eran las 8.20 de la noche, me cruzo a Úrsula en uno de los semáforos del pueblo. Ella estaba en su moto y esta persona (Martínez) estaba al lado molestándola. Él tenía una perimetral que ya había roto el viernes. Cuando paso, la saludo. Ella me saluda, pero de forma extraña, como pidiendo ayuda. Cuando llego a la esquina, ella estaba dando manotazos al aire como diciendo ‘Dejame en paz, dejame tranquila’. Ahí ví que algo estaba mal, él la estaba siguiendo hacía varias cuadras”, relató. Y continuó explicando el momento en el que decidieron ir a hacer la denuncia: “Cuando llego a casa le mando un mensaje y ella me dice que la ayude, que necesita testigos. Entonces a eso de las 11 nos encontramos en la Comisaría de la Mujer. Tomaron la declaración, nos dieron un papel, un papel insignificante que podía llegar a servir en el caso de que hubiera un juicio, pero no para que vaya preso. Después de la comisaría nos fuimos, fueron 20 minutos que estuvimos juntas. Ella dio la declaración y nada más. ‘Anda a tu casa’, le dijeron. Quedó en la nada”. Almirón explicó también que fueron acompañadas por su novio a declarar, ya que ella es menor. Captura de pantalla de la conversación que Milagros tuvo con Úrsula Detalló también que los policías las atendieron bien e incluso fueron a la casa de Martínez para comunicarle que el lunes tenía que ir a la fiscalía a declarar y no lo encontraron. “Quiero aclarar que él tenía a su tío que es policía. Y que la Jefa de la Comisaría de la Mujer estaba en pareja con el primo de Matías Martínez. La jefa de la policía de la Comisaría de la Mujer tomó todo por el aire. Te das cuenta que está todo armado para que este tipo quede cubierto”, denunció la joven. Y siguió planteando la complicidad familiar: “Lohana y Mariana Martínez, las hermanas, dicen que nunca supieron que él le pegaba. Cuando en una de las capturas que anda también viralizada, Úrsula dice que le pegó enfrente de la hermana y la mamá, y que le abrió la cabeza con un desodorante. Y se sabía todo lo que hacía. Su expareja también lo había denunciado. Él, además, violó a una niña discapacitada. Y las hermanas dicen ‘Mi mamá no crió un asesino’. Capaz que no lo crió para que sea eso, pero es un asesino. Ellas sabían lo que estaba pasando”. “Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié” Eso le dijo Bahillo a su amiga en una de las conversaciones de Whatsapp que luego se viralizaron. Allí le decía también que sufría violencia por parte de Martínez hacía siete meses. “Esto no era algo nuevo, pasó durante toda la relación. Como se puede escuchar en los audios (que también se difundieron por redes sociales), ella cuenta todo lo que le hacía. Sabía que esto podía pasar. Lo advirtió. Ella llamó al 144, a los números que da el Estado. Pidió a gritos ayuda. El Estado dejó mucho que desear”, afirmó. Por su parte, añadió que en los últimos días le preguntaron varias veces si cree que se hará justicia, y respondió: “Yo pienso que si no se hizo justicia cuando Úrsula estaba con vida, ¿qué te da a pensar que ahora sí? Ella sufría esta violencia, y lo sabían sólo dos o tres amigas. No lo hizo público. En el último tiempo, sabíamos que le pegaba. Todo el mundo sabía y esto pasó de todas formas, esto es culpa de la injusticia que hay en Argentina. No de Úrsula, ni de los familiares y amigos”. Otra de las capturas viralizadas La eficacia, sólo para la represión Por pedido de la familia de la joven asesinada, amigos y amigas se concentraron frente a la Comisaría de Rojas para exigir justicia de manera pacífica. La manifestación derivó en represión, con nueve personas demoradas por “resistencia a la autoridad” y otras heridas. Una de las afectadas fue impactada con una bala de goma directo a la cara, que golpeó en la zona del ojo. Se salvó por centímetros de no perderlo. “Ni hablar de lo que le hicieron a Nerina, también. Ella no estaba tirando piedras ni nada, estaba reclamando, gritándoles, y le tiran un balazo en la cara. Si querés que se vaya le
María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dio algunos detalles del informe anual sobre la represión estatal. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, compartió datos de los últimos casos y mencionó el crecimiento exponencial de las muertes en lugares de detención. La presentación fue solo con la presencia familiares en el Auditorio de ATE y se transmitió por los propios canales de la organización. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales/Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia “Es un informe que este año viene con algunas particularidades. Empecemos por el hecho de que, por primera vez en 25 años, no vamos a estar en Plaza de Mayo haciendo la presentación con el acto habitual, sino que lo vamos a estar realizando en el anfiteatro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) a quienes agradecemos que nos cedieron el espacio. Teniendo todas las posibilidades de respetar los protocolos de cuidado y de poder transmitir con calidad a través de nuestro Canal de YouTube y las demás redes. Y con la sola presencia de las verdaderas protagonistas de esta historia que son los y las familiares víctimas de la represión estatal, que en su mayoría forman parte de grupos de riesgo y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el traslado y en garantizar esos protocolos de cuidado durante la transmisión”, comenzó explicando la abogada María del Carmen Verdú en esta charla sostenida días antes de la presentación. Un informe partido en dos “Más allá de las formas, este será un informe raro. Porque este año es necesario contemplar dos etapas: hasta y después del 20 de marzo. De hecho, hemos tenido que duplicar el trabajo de gráficos y de tablas en relación a las distintas modalidades, las incidencias de las distintas fuerzas; es decir, todas las variables que habitualmente trabajamos. Porque a partir de la aplicación del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y de todas la decisiones que se tomaron desde el 20 de marzo con el Decreto 297 seguido además por todas las demás provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de facultades a las fuerzas policiales para garantizar ese cumplimiento en detrimento de las medidas sociales que hubiesen ayudado de manera mucho más eficaz, generaron una situación anómala en materia represiva”, planteó Verdú. La referenta recordó que desde CORREPI creían que con la pandemia y la disminución de circulación de personas en la vía pública iba a ser un año de descenso del gatillo fácil. No por falta de balas policiales, dijo, pero sí por escasez de blanco móvil. “Eso no terminó pasando, tenemos un montón de casos registrados”, remarcó. “Por el otro lado, aparece un crecimiento de las muertes en lugares de detención, mucho más encima de la media habitual, llegando al 65% del total de casos que es también consecuencia directa de las medidas que se tomaron o no, en la relación a los cuidados en la pandemia”, detalló. Antes y durante la pandemia “El 10 de diciembre del 2019 terminó lo que habíamos denominado un periodo excepcional en materia de represión con índices nunca antes vistos: una muerte cada 19 horas. Algo inédito en estos 30 y pico de años post-dictadura y que además venía acompañado de todo un reforzamiento de una modificación estructural de la lógica de las fuerzas, los protocolos Bullrich, etcétera. En ese marco, hemos señalado desde el primer momento de la actual gestión hubo algunas señales que aunque incompletas e insuficientes, eran auspiciosas y progresivas, como la derogación de seis de los protocolos Bullrich, la suspensión del uso de las (pistolas eléctricas) Taser, del protocolo que habilitaba a disparar a las personas por la espalda aunque estuviesen desarmadas, el protocolo para detención de personas del colectivo LGBT, o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), etcétera”, manifestó Verdú. Pero registran un cambio a partir de las medidas tomadas por la pandemia: “Ahora, el 20 de marzo, eso dejó ocurrir y se tomaron decisiones en sentido contrario. Empezaron a tener preeminencia en las decisiones de gobierno alternativas más de la cara de (Sergio) Berni o de la cara de (Sergio) Massa, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo que desalojaban a sangre y fuego en Guernica, destinaban 38 mil millones de pesos a la construcción de comisarías, cárceles y compra de pertrechos para la Bonaerense ¿Cuántas viviendas populares se podrían haber construido con esa plata?”, aseveró. ASPO: militarización de los barrios populares y represión en las cárceles La integrante de CORREPI destacó que frente a una decisión correcta desde el punto de vista sanitario como el ASPO, algunos sectores de la sociedad pudieron quedarse en su casa como pedía el gobierno, pero otros no podían hacerlo: “Para ese momento el 40% y hoy mucho más que ese porcentaje de personas precarizadas laboralmente, gente súper explotada, cuentapropistas, desocupados, subocupados, y como siempre los bolsones más vulnerables como el colectivo trans -travesti, o las personas que viven en lo que el Gobierno llama barrios populares y que hay que decirles con todas las letras villas, había una disyuntiva feroz: o cumplo el ASPO y me cuido del virus, no como y me muero yo y mi familia de hambre; o trato de ver de qué manera puedo salir a hacer la diaria y me expongo al virus y también a la represión”, precisó. “Frente a esa situación, lo que se hizo fue insuficiente desde el punto de vista de las medidas sociales. O sea, muy bien el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero no llegó a todo el mundo y encima ahora lo cortaron, y lo mismo para el resto de las medidas. Está muy bien el decreto que suspendió los desalojos, pero qué pasa con quienes no tienen
El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, relató al programa Hasta que vuelvan los abrazos de Radio La Retaguardia cómo vivió en carne propia la violenta represión y el desalojo en Guernica. Recorrió el predio en el que la policía incendió las casillas de las familias que lo perdieron todo, y responsabilizó a Sergio Berni y a Andrés Larroque por el brutal operativo. También criticó a los medios tradicionales de comunicación por su cobertura amarillista e insensible. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Diego Adur/Pedro Tato 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Agustina Salinas Pablo Pimentel ya lo había anticipado en La Retaguardia: lo que se jugaba en Guernica era mucho más que el destino de esa toma en particular; también se ponía en juego según cómo se resolviera el conflicto, la suerte de los distintos asentamientos que hoy se desarrollan tanto en la Provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Parece haber acertado el presidente de la APDH de La Matanza en su predicción, porque más que un ruleta, se trataba de un análisis basado en la experiencia. Después de lo que fue el violento desalojo en el partido de Presidente Perón, se registró otro desalojo violento contra familias que ocupan porciones de tierra y exigen una vivienda digna. En (genocida) Gral. Roca, Río Negro, el escenario de ayer sábado fue de un despliegue policial tan notable que parece buscar, además del desalojo en sí mismo, un intento de generar disciplinamiento social. Otras tomas peligran: en Rafael Castillo y Escobar vecinos y vecinas están en alerta. Con mucho enojo, tristeza, pero “tratando de ser respetuoso”, Pimentel hizo una descripción detallada de lo que fue su participación en Guernica. Allí acompañó a las familias desalojadas e interpeló a la policía por su salvajismo y violencia: “Llegué a las 5:45, guiándome por el humo. Nunca vi tanta policía junta en mi vida. Ya estaban quemando las casas rancho. Vi un muchacho llorando de unos 25, 30 años, que me contó que le quemaron todo. Había salido con su mujer embarazada de ocho meses y con su nene de dos años y un policía tiró un trapo quemado con alcohol y se prendió fuego todo. Tenía su documento adentro. ‘Tomátelas’, le dijo la policía de Berni. Le dije que me iba a ocupar personalmente. Esto no es demagogia, es empatía por un pibe que está llorando porque le habían quemado su identidad, un documento que te dice quién sos y qué derechos tenés. Llegó un periodista de Canal 13 y me pidió que me apure porque tenía que hacer un reportaje. Te puedo asegurar que salió lo peor de mí ¡Que te venís a hacer el humano ahora para escuchar a este pibe! Te puedo asegurar que la puteada más grande la escuchó un tipo que está a diez cuadras de mi casa porque me ofendió mucho”, narró Pimentel, quien decía estar mucho menos enojado que el día de los hechos. “Después empecé a caminar, entré al predio filmando lo dantesco que me recibió el desalojo. Diez policías se apersonaron y me dijeron retírese, les dije que estaba tomando registro del desastre que están haciendo y me dijo que si no me retiraba me iban a detener. Les grité de todo. Ningún policía tenía la identificación en el pecho. Ni los oficiales de alto rango, ni los perros que mandaron para pegarle a la gente. Cuando digo perro lo digo con el sentido de que los transforman en perro, al personal policial, encerrándolos dos días antes para después salir a matar a las fieras. Esta es una vieja costumbre que la dictadura siempre hizo. Lo hicieron también cuando reprimieron por la reforma previsional”, recordó. Luego, Pimentel se juntó con la gente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), de la Cruz Roja y de otras organizaciones que estaban en el lugar. Allí descubrió el desolador escenario de lo que había ocurrido: “Empezamos a caminar, a tratar de entrar y no nos dejaban. Nos fuimos al piquete que estaba a unas veinte cuadras de ahí, en el centro de Guernica. De ahí, fuimos al primer retén pegado al asentamiento. No nos dejaban entrar. Les dije que teníamos que ir con un médico a constatar si había dos personas muertas y una desaparecida. Cuando entramos fue dantesco lo que vimos. Empezamos a recorrer todos los ranchos quemados. Ahí vos te dabas cuenta de que la gente estaba viviendo, no era verso que estaba. Hay que bancarse en esos ranchos que te puedo asegurar que era un colchón en la tierra, alguno tenía algún elástico, había restos de comida, ollas y así todo”, relató. Entre el silencio y el juego para la derecha Pimentel también focalizó en el brutal operativo, que desplegó 4.000 efectivos policiales para ir contra 1.400 familias sin vivienda, y señaló a los responsables: “Acá no hay que callarse la boca, hay que poner blanco sobre negro. Una cosa es hacerle el juego a la derecha y otra es quedar como un pelotudo ante un gobierno peronista que reprimió. La realidad es que en Guernica el Gobierno peronista nacional y popular de Axel Kicillof reprimió. Han sido muy prolijos desde la perversidad, con una tropa de elite de 4.000 hombres y mujeres que marchaban golpeando a los borcegos en el barro. Hay responsables. Berni se tiene que ir. Yo pedí que se vaya hace tres meses cuando le dijo a Cristina Castro (la madre de Facundo Astudillo Castro): ‘su hijo está vivo señora, yo se lo voy a llevar’. Y le llevaron unos huesos. Larroque falló en no haber sido coherente con lo que nos dijo a los organismos de derechos humanos. Lo que se rompió ayer no fue solo la casa de la gente y la ilusión de 1400 familias que necesitaban un lugar para vivir, sino que se rompió la palabra. Porque el Cuervo (Andrés) Larroque nos dijo en reunión
El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, participó de la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos, por Radio La Retaguardia. Habló acerca de la represión durante la pandemia de COVID-19, la desaparición de Facundo Astudillo Castro y el rol de las autoridades del gobierno. Además opinó sobre Sergio Berni: “No puede estar en el gobierno y no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos”. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff✏ Redacción: Andrés Masotto💻 Edición: Pedro Ramírez Otero📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades La Retaguardia —La Retaguardia: ¿Cómo ves lo que está pasando en Argentina con el gatillo fácil y la desaparición de Facundo Astudillo Castro? —Pablo Pimentel: Por momentos siento que como militantes hemos fracasado. Que no alcanzó y no alcanza. Que tenemos que barajar, dar de nuevo y repensar la estrategia de cómo poner en valor tres palabras que son los ejes centrales de la lucha por los derechos humanos: Memoria, Verdad y Justicia. De memoria hay muy poco, porque evidentemente nos olvidamos rápido de lo que pasó con los 30 mil, con los muertos y desaparecidos en democracia. Casos paradigmáticos como Darío y Maxi; Luciano Arruga; Santiago Maldonado; Rafael Nahuel; Mariano Ferreyra; Ezequiel Demonty; Kiki Lezcano, que fue brutalmente asesinado en un patrullero y filmado. Han pasado tantas cosas en este país que como militante de derechos humanos, viejo… no lo podemos soportar. Yo me siento muy mal. No puede ser que en la Argentina de la desaparición forzada hoy tengamos, en medio de la pandemia, a un joven de 22 años que decidió ir a solucionar algo que tenía con su ex novia… Está bien, rompió la cuarentena, ¿pero cuántos fachos anticuarentena, antigobierno y anti cualquier cosa salen a la calle y no les pasa nada? Este pibito salió en un barrio donde se conocen todos, fue parado por la policía, fue advertido, aparentemente le hicieron una contravención y siguió. Y después se lo ve cuando lo suben a un patrullero. Y nunca más se lo vio. ¿Es joda esto? Así como digo esto quiero destacar la actitud que tuvo Darío Díaz, actual interventor de Asuntos Internos, un lugar estratégico para ver si podemos, de alguna manera, con la observancia y el rigor de la ley, detener la locura desatada en varios miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En varios miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, que no hacen absolutamente nada, y si lo hacen es para cubrir la actitud de una policía absolutamente corrupta, desaparecedora, asesina de los pibes de los barrios. Basta. Uno vivió lo de Luciano, con la APDH La Matanza lo vivimos muy de cerca, con abogados como Juan Manuel (Combi) -quien en el medio de la búsqueda empezó a trabajar con la mamá de Kiki Lezcano- que entregaron su vida para esclarecer el hecho. Yo digo, ¿no aprendemos más? Lo de (Luis) Espinoza en Tucumán, lo de Florencia Morales en San Luis, que cuando veo eso me imagino a una de mis hijas yendo en bicicleta a laburar… ¿Si les pasa algo? ¿Si algún policía de mierda que no está preparado ni para espiar les hace algo? Como le pueden hacer algo a alguna de mis hijas le están haciendo a mujeres, hombres, jóvenes. Y generalmente la ligan mujeres y hombres de barrios pobres. —LR: ¿Qué sensaciones te rodean a partir de las actitudes de la política respecto del gatillo fácil hoy? —PP: Hoy hay una contradicción: cuando lo nombraron a Berni en la provincia yo mandé a decir a alguien muy allegado a Kicillof que lo iba a limar, que iba a tomar actitudes desgastantes para la gobernación de este pibe que se pateó toda la provincia para conseguir ganarle al macrismo. Porque si Alberto está en la Rosada es porque este pibe sacó una cantidad de votos que se los ganó pateando pueblo por pueblo con ese famoso Clío. No tiene nada que ver con el nombramiento de Berni en Seguridad de la provincia. No tiene absolutamente nada que ver la doctrina de derechos humanos de Cristina, de Kirchner, con poner a un militar que está peleando para que lo reincorporen y pueda seguir ascendiendo en la carrera militar. Por más que sea médico, por más que esté entrenado físicamente, por más que tengamos a Rambo en la Provincia de Buenos Aires… Y fijense qué hace Rambo para el imperio… No es que defiende las causas justas. Defiende el intervencionismo de Estados Unidos en los países como Palestina, para defender los intereses del sionismo de Israel. Por ahí por la comparación más de uno piensa que enloquecí, pero les digo que Berni no puede estar. No puede estar porque no coincide con lo que yo escuché de Alberto Fernández cuando nos recibió en diciembre a los organismos de derechos humanos en materia de seguridad interior. No coincide con la Ministra de Defensa, de la cual puedo hablar de su Secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, un pibe que conozco hace 40 años, que militaba siendo muy jovencito y se ha tenido que cruzar varias veces con Berni porque justamente está deshaciendo lo que Frederic junto a Villalba están tratando de imponerle a las fuerzas que manejó hasta hace seis meses la desmemoriada hija de yuta Patricia Bullrich. En todo caso que Berni vuelva a un cuartel, que nadie le va a discutir su vocación militar. Como médico es muy lúcido, el otro día lo escuché. Yo le pido que se saque el uniforme de la bonaerense, se ponga el delantal blanco y vaya a curar enfermos. —LR: A Berni lo hemos escuchado hablar de Memoria, Verdad y Justicia y reivindicar la democracia.También hace esto de hablarle a las fuerzas de seguridad de subordinación y valor, que sabemos que compra a gran parte de la población con ese discurso de mano dura, ¿cómo leés esa mixtura? —PP: Es que lo pusieron para conformar a esa clase media que votó a Macri. Macri se fue con el
El comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio trajo una escalada represiva que puede corroborarse fácilmente tan solo mirando el material que circuló. Videos y fotos de varios puntos del país donde se ve a distintas fuerzas de seguridad hostigando, amenazando y torturando a personas que, según el relato policial, habrían roto la cuarentena. Mientras los hechos se multiplican exponencialmente, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se presenta cargando un arma aparatosa en medio de un operativo en un barrio popular, se pasea por cuanto programa de televisión lo invitan, y aprovecha para relegitimar el accionar de las fuerzas que comanda. Porque no olvidemos que además de un ministro, Berni es también un militar. (Por Revoluciones.net/La Retaguardia) ✏ Redacción: Sofía Labriola, Alan Dufau, Antonella Álvarez (Revoluciones)- Andrés Masotto, Rodrigo Ferreiro (La Retaguardia) 📷 Foto de portada: Agustina Byrne Pasaron más de 110 días desde que Alberto Fernández anunció las medidas de aislamiento para enfrentar la pandemia de coronavirus. Por un momento, la feroz represión ejecutada por las fuerzas de seguridad en todo el país para hacer cumplir la cuarentena pareció mermar. Por algunas semanas no hubo registro de casos de gatillo fácil o abuso policial. Pero esa calma fue el silencio que precedió una tormenta de violencia uniformada que desató toda su potencia cuando el 15 de mayo, en el interior de Tucumán, Luis Espinoza fue golpeado, asesinado y su cuerpo desaparecido por la policía local. Exactamente una semana después, su cuerpo apareció envuelto en bolsas, apenas unos metros pasando la frontera con Catamarca, en una zona de montes, precipicios y niebla baja y espesa que, sin la familia y amigos de Luis presionando la búsqueda, hubiera sido imposible rastrillar. En esos días, mientras se hurgaba tierra, agua y aire por Luis Espinoza, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó la provincia y se reunió con el gobernador Luis Manzur. No hubo mención sobre la desaparición. Tampoco nadie les preguntó. Los últimos días de mayo -la noche del 30-, varios policías de la comisaría de Fontana, en Chaco, llegaron a la comunidad Qom de Banderas Argentinas y reventaron a patadas la puerta de una de las casas. Al ingresar, la familia que dormía fue golpeada, detenida y arrastrada a la comisaría donde, según consta en la denuncia, fueron rociados con alcohol y amenazados con ser prendidos fuego. Mayo cerró con broche de plomo: un policía federal, Osvaldo Rendichi, se dirigió al límite entre Villa Tranquila y la Isla Maciel a comprar una PlayStation. Al llegar se encontró con Lucas Barrios, de 18 años, que le iba a vender la consola. Según la versión del policía, mientras ingresaban por un pasillo apareció una persona armada que intentó robarle. Pero Rendichi vació el cargador de su Bersa 9mm sobre el cuerpo de Lucas, sin que una sola de las balas hiriera al supuesto atacante. Lucas recibió 18 tiros y murió en el lugar. Recientemente, la carátula de la causa fue cambiada a “exceso de legítima defensa” y Rendichi obtuvo la excarcelación. A lo largo del mes de junio, el asesinato a manos de la policía volvió a ser protagonista. Augusto Iturralde y Diego Arzamendia andaban en moto en Hudson, Buenos Aires, cuando un Policía de la Ciudad disparó su arma once veces. Uno de esos tiros le atravesó el pulmón a Augusto, que murió en el lugar. Dos días después, según un video que circuló, varios efectivos de la policía bonaerense cercaron a Diego en el centro comercial de Berazategui. Rodeado y reducido, a plena luz del día y al alcance de ojos y celulares de transeúntes, lo fusilaron. Esa misma semana, Facundo Scalzo caminaba por el Barrio Rivadavia, en el Bajo Flores, en dirección a la casa de su mamá cuando se topó con un operativo de Gendarmería. Uno de los gendarmes le pegó cuatro tiros por la espalda. La ambulancia del SAME tardó 50 minutos en llegar y Facundo murió esperando el auxilio. Mientras tanto, la misma Gendarmería que lo asesinó por la espalda reprimía a vecinos y vecinas e incluso a su mamá, que rogaba a gritos que le permitieran acercarse al cuerpo de su hijo. En el hospital Piñero, donde llevaron el cuerpo de Facundo, la escena represiva se repitió. En los últimos días el gendarme Diego Rocha fue procesado por el asesinato de Facundo. Lucas Nahuel Verón fue asesinado por la policía bonaerense alrededor de las 01:50 hs. de la madrugada del 10 de julio, en el barrio de Villa Scaso de La Matanza, cuando junto con su amigo se trasladaban en moto y festejaba sus 18 años recién cumplidos. La policía comenzó a perseguirlos y a realizar varios disparos, uno de ellos atravesando el pecho de Lucas. Habían ido al maxikiosco de 24 hs. ubicado en Calderón de La Barca y La Bastilla, cuando minutos después Lucas Verón sería fusilado por la bonaerense en la calle Llerena, entre Achaga y Céspedes. Un vecino accionó la alarma vecinal y varios salieron a la calle donde se observaba el patrullero junto al cuerpo en el suelo de Lucas, mientras su amigo gritaba que la policía les había disparado varias veces. Luego, avalados por el accionar del fiscal Juan Pablo Tahtagian, que encubrió el hecho, le tomaron declaración al amigo de Lucas en sede policial y lo presionaron para que declare que venían de robar. Hace algunos días se conoció la denuncia por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que el 30 de abril salió a dedo de la localidad bonaerense de Luro en dirección a Bahía Blanca, pero nunca llegó a destino. La última vez que se lo vio con vida fue mientras dos policías lo subían a la parte de atrás de una camioneta policial. Así lo afirmaron tres testigos que se presentaron voluntariamente a prestar declaración en la causa que se investiga como desaparición forzada de persona, a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Según versiones policiales muy contradictorias, a la altura de
Berni camina, presuroso. Cae la tarde en Quilmes, está fresco y luce una campera oscura, que le abriga el pecho y parte del cuello. Se para frente a los trabajadores que horas antes fueron reprimidos por la policía. Intenta explicar, habla de desinteligencias, y recibe los reclamos. Hacia la noche, y sin el conflicto resuelto, los cruces aparecerán en las redes sociales. El Ministro de Seguridad bonaerense dirá que él no ordenó el accionar policial. El Gobernador Kicillof tampoco se hará cargo. Y la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, repudiará lo sucedido por Twitter. Nadie fue. Mientras, dos efectivos de la Bonaerense son desafectados. La represión en las puertas del frigorífico quilmeño Penta, que finalizó con heridos graves, no es excepción sino regla de una cuarentena que puso en relieve las miserias de los empresarios y las relaciones carnales entre patronal, poder político y burocracia sindical. Pero también evidenció otro factor real: la enorme organización de base de los y las trabajadoras vernáculas, resistencia heredada de la dictadura y los peores años de neoliberalismo democrático. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Colaboración: Luis Angió- Nicolás Rosales- Matías Bregante- Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Agustina Salinas- Colectivo de Trabajadores de Comercio en Lucha Les monotributistes: el ciudadano invisible “El espacio de Monotributistas Organizadxs surge a finales de 2019, en el medio de la lucha de prestadores de salud que trabajan para las Obras Sociales, junto a estatales precarizados, luego nos sumamos nosotros”. Quien habla es Rodolfo Fucile, dibujante e ilustrador independiente, y con el nosotros se refiere a aquellos trabajadores y trabajadoras que son autónomos y, al igual que los y las laburantes estatales que tienen contrato de locación de servicio anual y los y las profesionales que facturan para Prepagas y Obras Sociales, pagan mes a mes el Monotributo al Estado. Fucile, desde un audio acorde a los tiempos de aislamiento, también recuerda que el aumento del 50 por ciento de principios de 2020, disposición heredada por el macrismo pero ratificada por el gobierno de Alberto Fernández, hirió gravemente, generando una organización antes impensada, que visibilizó el padecimiento de este grupo de trabajadores y trabajadoras. La cuarentena los y las encontró, entonces, en pleno proceso de lucha. “Nuestra organización es horizontal. No hay jerarquías. Veníamos haciendo asambleas, pero el aislamiento modificó sustancialmente nuestra dinámica”, prosigue Rodolfo. “Tenemos grupos en redes sociales, allí nos comunicamos y tomamos decisiones. Lo que se hizo visible con el Coronavirus es la enorme precarización que tenemos muchos trabajadores y trabajadoras”, completa. El colectivo de Monotributistas Organizadxs logró realizar un petitorio virtual masivo, donde recolectó 130 mil firmas. “Nuestro pedido era claro, no pagar el Monotributo, un subsidio de 30 mil pesos para el que lo necesite y que se garantice la cobertura de salud”. Por la presión ejercida por los y las trabajadoras, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos por mes, suma que para Fucile es insuficiente. “No cubrió la situación del sector. Lo real es que no solo no se cubre nada con ese dinero sino que millones de monotributistas quedaron afuera. Se nos excluyó a muchos que hoy no tenemos trabajo con requisitos absurdos y prejuiciosos. Deberemos insistir con el reclamo, entonces. Y, en lo posible, volver a las asambleas y las movilizaciones”. En el mismo universo monotributista se encuentran, como se menciona en el párrafo anterior, los y las profesionales que prestan sus servicios a las Obras Sociales y Prepagas. Javier Cirigliano, psicólogo que trabaja fundamentalmente en el área de discapacidad, es uno de ellos. “Hasta el 2017, aproximadamente, el conflicto giraba casi siempre por la metodología de contratación. Es decir, las Obras Sociales nos contrataban, se quedaban con un porcentaje y nosotros, además, debíamos pagar el Monotributo”, describe. “Pero en 2017 comienza a haber una brecha salarial entre ciertos sectores dentro de las Obras Sociales, diferencias entre transportistas y profesionales, que produjo un germen de organización de los profesionales independientes”, continúa. “Estuvo bueno, fue desde abajo, y surge el colectivo de Prestadores Organizados. En 2018 comenzamos a interactuar con otras organizaciones por el recorte fuerte en discapacidad”, cierra. Javier cuenta, entre los actores de lucha, a las familias de niños y niñas discapacitadas. “Las familias se sumaron. Con ellos nos pudimos organizar bien, con algunas marchas, frente al Congreso, por ejemplo”. Durante la cuarentena la Superintendencia de Servicios de Salud, ente a cargo de Eugenio Zanarini y que regula a Obras Sociales y Prepagas, publicó la resolución 308, donde se recortaba a la mitad el pago de prestaciones para personas con discapacidad. La reacción fue inmediata, y la organización previa se constituyó en un factor clave para enfrentar el ajuste. “Llegamos fuertemente a los medios, y eso produjo que se decida dar vuelta esa resolución, aunque aún no lo hicieron efectivo. Pero la promesa está, y eso es gracias a lo que se hizo”, concluye Javier Cirigliano, describiendo la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de garantizar la totalidad de la cobertura aunque manifestando el estar alerta hasta que no se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia correspondiente. Sin lugar para el aplauso: les empleades de comercio “En Carrefour ya hay tres casos confirmados de Coronavirus y en Coto, dos. Pero no los blanquean, cierran el local diciendo que hay tareas de desinfección, ocultando la verdad, poniendo en riesgo a los y las trabajadoras y no cortando la cadena de contagios”. Quien habla es un trabajador organizado bajo el colectivo “Trabajadores de Comercio en Lucha”, espacio de resistencia colectivo que nació a partir del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros empezamos a evaluar la necesidad de crear esto a partir del descontento generalizado por las medidas de las empresas de supermercados ante el Coronavirus. No nos cuidan, nos abandonan y, por otro lado, nuestro gremio, con Armando Cavallieri a la cabeza, no nos representa de ningún modo, negociando siempre con la patronal”. Las palabras del trabajador de comercio, que se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, reflejan una realidad que
-
Páginas