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La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires revocó la condena que había recibido Luis Chocobar en 2021. En el fallo, que no absuelve al policía, se hace hincapié en que la sentencia del Tribunal Oral de Menores N°2 tiene un “déficit de motivación lógica” y que surgen evidentes inconsistencias y contradicciones en cada uno de los votos de los jueces y manda a realizarse un nuevo juicio. Sabina Frederic, exministra de Seguridad de la Nación y María del Carmen Verdú abogada de la Correpi, hablaron con La Retaguardia y explicaron qué significa esta resolución. La voz de Pablo Rovatti, abogado de Ivonne Kukoc, madre del joven asesinado por Chocobar.  Redacción: Agustina Sandoval LernerEntrevistas: Fernando Tebele / Lucrecia RaimondiEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Archivo Colectivo de Medios Populares En 2021 el Tribunal Oral de Menores Nº2 condenó a nueve años de prisión efectiva al menor acusado de intento de homicidio en ocasión de robo. El joven participó del hecho que terminó con el asesinato de Juan Pablo Kukoc por parte del policía Luis Oscar Chocobar. En el mismo juicio, también condenó a Chocobar a la pena de dos años de prisión en suspenso y a cinco de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por encontrarlo culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento del deber por parte del integrante de la policía local de Avellaneda.  Luego de que tanto la querella como la defensa recurrieran esta sentencia, Casación emitió una nueva mirada sobre, específicamente, los votos de cada juez de primera instancia. La sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, con los votos de Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse (Daniel Morin no emitió un voto escrito), estableció que el fallo del Tribunal Oral de Menores N°2 cuenta con serias inconsistencias y contradicciones.  María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), habló con La Retaguardia sobre esta decisión de la Cámara. “El fallo de la Cámara de Casación reconoce que la sentencia del Tribunal de Menores que había condenado a Chocobar a una pena ridícula por homicidio en exceso del legítimo cumplimiento del deber, estaba plagado de fallas. Textualmente dice, por ejemplo, que ‘tiene un déficit de motivación lógica’, que es lo peor que se puede decir de una sentencia, y que surgen evidentes y serias inconsistencias y contradicciones internas en cada uno de los votos y también externas, pues los tres votos afirman circunstancias distintas sobre aspectos medulares del hecho atribuido a Chocobar”.  Producto de esta decisión, varios funcionarios y funcionarias salieron a celebrar, promoviendo la fake news de una absolución que nunca fue. Acerca de esto, Verdú aseguró: “Es una mentira, una gran tergiversación, lo que salieron a festejar el defensor de Chocobar, el funcionario Fernando Soto (abogado del policía), la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, o el presidente Javier Milei. La Cámara de Casación no absolvió a Chocobar. Lo que hizo fue anular esa sentencia a raíz de todos esos defectos, tomando muy en cuenta los argumentos de la querella del doctor Pablo Rovatti, que representa a nuestra compañera Ivonne Kukoc, y exigió apartar al Tribunal Oral de Menores N°2 y llevar adelante un nuevo juicio, ante un nuevo tribunal que analice correctamente los hechos y defina el derecho aplicable”.  La Doctrina Chocobar como caballo de batalla Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, habló con La Retaguardia acerca de  la relevancia de este caso, y se refirió a la puja entre un Estado que promulga la Doctrina Chocobar y las organizaciones de derechos humanos que quieren impedir su implementación. “Es un caso emblemático que se convirtió en el caballito de batalla del concepto de trabajo policial, sobre cómo deben trabajar los policías, para este gobierno y para Bullrich y Macri en el pasado. Tal es así que ella pasó de un reglamento que aprobó en 2018, que nosotros derogamos en 2019, a ubicar esa modificación para avalar situaciones como la de disparar, incluso ante la ausencia de un peligro inminente de parte del supuesto delincuente, en la Ley Bases original, que perdió estado parlamentario”. No fue absolución A pesar de que en un principio la noticia que había circulado era la anulación de la condena a secas, la decisión de la Cámara de Casación está muy lejos de una absolución.  El fallo de 166 páginas se centró en lo técnico de la condena a Chocobar, estrictamente sobre los votos de los jueces del Tribunal Oral de Menores N°2, y así los camaristas anularon esta condena para que se haga un nuevo juicio.  Se analizaron, entre otras cosas, las contradicciones de los votos de los jueces, indicando que no había en la sentencia una “unidad argumental” en cuestiones clave de los hechos, tales como la cantidad de disparos, y cómo fueron efectuados, y el supuesto movimiento corporal de Kukoc que Chocobar habría tomado como un ataque. Sobre esto, Sarrabayrouse dijo: “Los tres votos afirman circunstancias distintas sobre aspectos medulares del hecho atribuido a Chocobar”. Es importante comprender que el fallo de Casación no analizó cuestiones de fondo del caso, como la culpabilidad de Chocobar, sino que sobre una mala sentencia, en sentido estrictamente jurídico, ordenó sortear un nuevo tribunal y rehacer el juicio.  Pablo Rovatti, abogado de Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo, indicó a LR: “Lo que hizo ahora Casación es muy importante. No sostuvo ni que nosotros como parte querellante, ni que la defensa, tuviéramos razón sobre el fondo de la cuestión. Lo que sostuvo es que la sentencia del Tribunal de Menores tenía o presenta vicios de fundamentación, errores argumentativos muy graves, que hacen que no se pueda entender cabalmente qué posición fijó cada juez y qué posición fijó el Tribunal como órgano colegiado; es decir que la decisión tiene que ser tomada por los tres jueces en conjunto y no simplemente una

https://www.youtube.com/watch?v=QZG8uRcUJB8 Cobertura: Agustina Sandoval Lerner / Fernando Tebele Charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para abordar el caso del represor Luis Esteban Kyburg, quien se refugió en Alemania, país que no tiene política de extradición de sus ciudadanos. Kyburg iba a ser enjuiciado en ese país, pero murió a fines del año pasado. Participan: Anahí Marocchi, querellante y parte de Familiares de Mar del Plata.Fabián Hallgarten, querellante. Griselda De Antoni, Secretaría de Derechos Humanos. Alberto Zuppi, Profesor de Derecho Internacional.

Lo dijo Yama Corin, mamá de Luna. Fue al final de otra jornada más del juicio en la que después de 12 años se que espera que el progenitor de Luna reciba la condena que la Justicia aún no ha determinado. La cobertura en imágenes de La Retaguardia. Redacción: María Eugenia OteroFotos: Bárbara Barros / La Retaguardia Se acerca el final del juicio por Luna en el que está acusado su progenitor por abuso sexual. Yama Corin, su mamá, dice que espera “que este juicio termine con justicia y con una condena que empiece a cumplirse al momento de la sentencia”. Con el cansancio de una extensa jornada de alegatos de la defensa, agrega que “es un juicio que llega después de 12 años de la denuncia, y ya habiendo atravesado tres meses desde el comienzo”. Además, la mamá de Luna cuenta: “Para nosotras ha sido un proceso realmente muy largo, muy doloroso. Nos merecemos el comienzo de una vida en la cual nos podamos dedicar a la reparación y el descanso, o a lo que deseemos. Espero que él empiece a cumplir la condena al finalizar este juicio”. “Siento profundo agradecimiento hacia todas las personas que nos acompañaron todo este tiempo y confío enormemente en que este juicio servirá para abrir otras tantas puertas a instituciones y compromisos que impacten sobre políticas públicas en relación al acompañamiento a otras madres protectoras y niños, niñes, niñas víctimas de abuso sexual en la infancia. Porque Luna es una más de las tantas niñas y niños víctimas que requieren ser acompañadas y que necesitan justicia”, agrega. Y se va Yama. Dice que a descansar. Quizás a seguir pensando en ese momento reparador que está tan cerquita.

Lo dijo Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció en abril de 2020 luego de que lo detuviera la Policía Bonaerense; su cuerpo apareció tres meses y medio después. Cristina, junto con sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, denunciaron encubrimiento en la causa y aseguraron que existen pruebas para imputar a los cuatro policías sospechados. Las amenazas que sufrió la familia de Facundo. Redacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Nicolás Rosales Facundo Astudillo Castro salió de su casa en la localidad de Pedro Luro partido de Villarino el 30 de abril de 2020 con dirección a Bahía Blanca para visitar a su novia. Nunca llegó a destino. Fue retenido por la policía por violar el aislamiento social por la pandemia de Covid-19 y estuvo desaparecido hasta agosto, cuando apareció su cuerpo. “Necesito justicia” Cristina Castro, la mamá de Facundo, dijo que siguen “como el primer día buscando justicia” por su hijo. “El hecho de que estemos acá es por el parate que ha tenido la causa. No me parece que tenga que cambiar el gobierno y la Justicia para que esto avance, porque creo que son cosas que tienen que ir por separado. Es insostenible seguir buscando respuestas que no tenemos, porque la causa está plagada de pruebas a nuestro favor. A nosotros nos negaron una prueba que es muy importante, el entrecruce de llamadas (entre las y los oficiales de policía). Para mí el tiempo que pasó es muchísimo, quizás para la Justicia no. No tener imputados detenidos es como que no están tomando el pelo”, dijo. “Nuestras familias han recibido amenazas. Desde la Justicia nos avisaron que recién están preparando las indagatorias. Yo necesito justicia porque necesito seguir con mi vida, que se acelere la causa porque hasta ahora nadie nos ha dado respuestas”, exigió la mamá de Facundo.  Cuando sobran las pruebas Por su parte, el abogado Leandro Aparicio habló acerca de las pruebas del caso: “Tenemos pruebas en cantidad y calidad que nos permiten decir que Facundo fue desaparecido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Aparicio contó que, tras un análisis a los teléfonos de las y los policías bonaerenses Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González, se pudo saber que cuando Facundo fue detenido por Sosa, el policía se comunicó con una teniente de apellido Delgado que le respondió que “si se hace el pajero, bajalo”, expresión que implicaba llevarlo a la comisaría.  El abogado detalló lo que descubrieron a partir de la geolocalización y otras pruebas: “A los minutos, el patrullero de Sosa se va a la comisaría. También en el auto de González se encontró un pelo compatible con el ADN de Facundo y dentro de la comisaría también. Ahí también, no casualmente aparece en escena la famosa testiga H, que dice que llevó a Facundo en su auto”. Operación Sergio Berni y Germán Sasso Para los abogados de Cristina Castro hay un aparato que garantiza la impunidad, y así lo mencionó Aparicio: “Se arma una operación ejecutada por Berni y su operador, el periodista Sasso, que cada vez que aparecía el ministro de seguridad aparecía opinando del caso, que tuvo acceso al expediente que nosotros no lo teníamos. Nosotros denunciamos a Sasso, el periodista ‘La Brujula 24’, del grupo La Nueva (ex Nueva Provincia), y a las autoridades de la municipalidad de Villarino. Entendemos que lo que se ha intentado hacer hasta ahora es atacar a Cristina, a los peritos, a los testigos. De hecho, una de las últimas noticias es que los testigos mintieron”. Para Luciano Peretto, el otro abogado de la familia de Facundo, la causa está impune. “Es una deuda social para parte de la sociedad el poder saber en qué quedó la causa. No queda nada por probar dentro del complejo delito en el que la causa está inmersa, que es el de desaparición forzada. Hay 107 días de bache, que son los días en los que Facundo estuvo desaparecido y donde hemos podido probar el día efectivo que desapareció, el vehículo en el que se trasladó su cuerpo, el lugar donde estuvo detenido, y que desecharon el cuerpo en el cangrejal después de los movimientos que se produjeron intentando borrar las pruebas y limpiar lugares.  Es necesario avanzar en las imputaciones y no en soledad, sino con el acompañamiento del Estado”, planteó.  Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en esta causa, planteó la importancia de que el caso haya pasado de la Justicia provincial a la federal. “También sabemos que la propia policía ha generado hostigamientos a conocidos de Facundo, y a su familia con allanamientos, amenazas y detenciones ilegales. Fueron muy graves y vinieron a demostrar el interés por el ocultamiento y el desgaste”, dijo. “A nosotros no nos cuida nadie. Nos cuidamos entre nosotros”, agregó Cristina Castro. Jarque recordó que la jueza María Gabriela Marrón fue denunciada por mal desempeño y la apartaron de la causa.  La lucha de Cristina y la familia de Facundo Astudillo Castro también es acompañada por Amnistía Internacional. Esta charla de los abogados y Cristina Castro, también acompañada por Jarque, fue a finales de agosto en las oficinas de Amnistía. Paola García Rey, directora adjunta, dijo: “Creemos más que nunca que este caso tiene que salir de la sombra, la oscuridad y el letargo en el que se ha sumergido en los últimos tres años. La idea es demostrar el estancamiento de la causa teniendo en cuenta lo que se viene, sobre todo lo que tiene que ver con los discursos de derecha. Porque Argentina tiene enormes desafíos en materia de derechos humanos y como organismo junto a otros tenemos en cuenta y lo venimos alertando: la incapacidad que tiene el Estado en avanzar en este tipo de casos. Las falencias que hay en la búsqueda de personas hayan o no intervenido las fuerzas de seguridad”.

Se presentará el 29 de junio en la Federación Gráfica Bonaerense. María Elena Naddeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y militante feminista, pasó por La Retaguardia y habló acerca de esta campaña.  Entrevista: Pedro Ramírez OteroRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Desde la Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista han elaborado un documento conjunto entre decenas de organizaciones del movimiento de mujeres y disidencias, que pone el eje en el cuestionamiento y la denuncia a las prácticas del Poder Judicial en materia de género y derechos humanos. “Hay un malestar enorme con el funcionamiento del Poder Judicial. Malestar que atraviesa a toda la sociedad. Está la indignación de las madres protectoras que se ven obligadas a revincular a sus hijes, hijos, hijas, con quienes están denunciados por abuso, como es el conocido caso de la mamá de Arcoiris. Pero también hay cientos de mujeres, madres protectoras que están luchando contra la Justicia patriarcal en cada una de las provincias. Son los familiares de las víctimas de femicidio, que no encuentran una respuesta efectiva. Y también son las organizaciones políticas, las agrupaciones sindicales, que luchan contra la criminalización de la protesta social, contra un accionar de la Justicia que defiende a los poderosos, a los empresarios. Son los mismos que siguen dilatando el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, un crimen en el que es tan evidente que fue asesinado con balazos de los Albatros, un equipo de la Prefectura Aeronáutica, y sin embargo, una y otra vez, se negaron las pericias, se cambiaron las pruebas, y recién ahora, está convocado el juicio oral contra los prefectos, que ni siquiera están detenidos. Esta doble vara, que tiene detenidos a docentes en Salta, por una protesta y por otro lado, tiene en libertad a represores y a homicidas de Rafael Nahuel. Hay un sinnúmero de reclamos, por eso hay una confluencia muy importante, hay más de 350 organizaciones que han firmado el documento”, contó la militante feminista María Elena Naddeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El caso de Arcoiris es paradigmático. La Justicia de La Rioja quiere revincular a la niña con la familia del progenitor. El abuelo paterno es quien está denunciado por los abusos. Mientras tanto, Delfina Zarranz, la madre de la niña, está con prisión domiciliaria.  “Nosotros estamos defendiendo, apoyando, a mujeres que están en las provincias argentinas, a las cuales se les han arrebatado los hijos, justamente porque se negaron a entregarlos a quienes están acusados de abuso o de violencia. Entonces, los juzgados, como método de disciplinamiento, les sacan a los chicos y los entregan a familiares del padre. Que mecanismo, ¿no? Porque es la familia que está acusada de abuso la que recibe a ese niño o a esa niña, cuando su madre, que está denunciando, es castigada. Por otro lado, cuando hay mujeres que no se dan cuenta de que hay un abuso por parte del progenitor y el abuso es detectado en otro lugar, en un CeSAC (Centro de Salud y Acción Social) o en las escuelas, por ejemplo, muchas veces se crítica a la mujer, se le cuestiona cómo no se dio cuenta. La acusan a ella por cómplice. Y hay mujeres que atraviesan juicios por complicidad en abuso y no se habían dado cuenta de la situación. Otra vez la doble vara que se esgrime sobre las mujeres”, comentó. Y se refirió al maltrato que reciben, por ejemplo, las mujeres pobres o las que están atravesadas por una crisis nerviosa o por un padecimiento de salud mental y no entienden cómo funciona la Justicia. “Desde el movimiento de mujeres tenemos que hacer un acompañamiento para tratar de evitar que los juzgados tomen represalias. Mientras que, cuando son personas de clase acomodada, que van respaldadas con abogados influyentes, el tratamiento muchas veces es otro. También vale decir que hay otros juzgados que realmente se comportan de acuerdo a derecho y que tienen una formación sólida en derechos humanos y en perspectiva de género, pero son minorías. O, los juzgados que generan tanto daño, tienen mucho poder y son prácticamente inamovibles”, dijo la vicepresidenta de la APDH.  La Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista se presentará el 29 de junio en la Federación Gráfica Bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires. Habrá varias oradoras que expresarán la importancia de una reforma feminista. Allí expondrán algunas propuestas, detalló Naddeo, entre las que estarán “la renuncia de la Suprema Corte de Justicia”, y la construcción de una nueva Corte que sintetice los reclamos de paridad de género, de capacitación en derechos humanos, y de derechos de las infancias. “Propondremos también la constitución de un observatorio de sentencias judiciales, que esté integrado por organizaciones especializadas en derechos humanos y feminismo, que puedan hacer una auditoría de estas sentencias y puedan proponer sanciones a los jueces que incumplen la ley. Me parece que sería una herramienta muy importante hasta que podamos renovar totalmente el Poder Judicial. Y está también la exigencia de libertad e indulto a Milagro Sala y a las compañeras de la Tupac Amaru, que han sufrido en Jujuy la arbitrariedad, autoritarismo, la prepotencia del Gobierno de Gerardo Morales, que ahora se ve plasmado en la propuesta de una Constitución totalmente antidemocrática. Otra propuesta concreta es la de impedir las revinculaciones con los acusados de abuso hasta que termine el proceso judicial. Queremos que se unifiquen los fueros de violencia de género, que haya uno mismo para lo civil y lo penal”, concluyó.

Con la participación de Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra. Coordina Gabriela Sosti.

Indagatorias de los imputados.

Cuarta jornada del alegatos de la defensa de 11 imputados, a cargo del defensor público oficial, Juan Carlos Tripaldi.

Dan testimonio: Rosario Isabella Valenzi, Nancy Rizzo y Alicia Galeano.