Absolvieron a todos los imputados en el juicio por Franco Casco

En un polémico fallo de dos votos contra uno, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario absolvió a los 18 policías y 1 civil que estaban imputados por la desaparición forzada seguida de muerte del joven que fue asesinado en 2014. El presidente del tribunal votó en disidencia.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Pedro Ramírez Otero

El veredicto popular fue expresado desde temprano y tenía fundamento, pruebas, pero la Justicia, en fallo dividido, optó por la absolución de los 18 policías y el civil imputados por el homicidio de Franco Casco. El fallo causó indignación y dolor, pero superando la instancia desfavorable, la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, manifestó su confianza en que el fallo será revertido y ratificó el compromiso de seguir luchando para que quede probado que “a Franco lo torturó y lo mató la policía”. 

Entrevistados por La Retaguardia, el fiscal general Fernando Arrigo y la fiscala auxiliar Ana Oberlín se declararon “sorprendidos” porque había “pruebas contundentes” para que se produjeran, al menos, “algunas condenas” de las que solicitaron, en varios casos de prisión perpetua por desaparición forzada de persona, privación ilegal de la libertad y tortura seguida de muerte. 

La fiscala auxiliar Ana Oberlín dijo por su parte que eran 20 los imputados que llegaron a juicio y que sobre sólo uno de ellos la parte acusadora había pedido la absolución. “La verdad es que estamos sumamente sorprendidos y sorprendidas porque esperábamos algunas condenas por lo menos porque creemos que había pruebas suficientes”, señaló Oberlín a La Retaguardia. 

Ahora hay que esperar que se conozcan los fundamentos, aunque Oberlín consideró que “es importante que el fallo no haya sido unánime, porque eso sirve a la hora de apelar” el veredicto. Recalcó que fue “un juicio muy difícil, muy duro, con muchas instancias complejas, pero se hizo un trabajo muy bueno desde la Fiscalía y desde las querellas”. Oberlín señaló que es importante analizar también porque, ni siquiera en el voto disidente, se tomó en cuenta “la figura de la desaparición forzada de persona” a la que la Fiscalía le dio trascendencia teniendo en cuenta que “Franco estuvo desaparecido hasta que fue encontrado su cuerpo casi un mes después de que fue detenido”. Incluso “se le negó información a la familia” acerca del paradero de Franco y de su detención en la comisaría séptima. 

Fernando Arrigo, el fiscal general que imputó a 18 de los policías, en algunos casos con pedidos de prisión perpetua, admitió que no estaba “de la mejor forma” porque “la verdad que ni siquiera esperaba” un veredicto de absolución para todos.  

Arrigo reconoció que podía esperar que hubiera “alguna diferencia en algún caso u otros, pero nada más”. Sobre el fallo por mayoría, y a manera “de hipótesis porque no se conocen todavía los fundamentos” es la consideración que pueden haber tenido los jueces sobre “las declaraciones de personas privadas de su libertad cuando escuchan que están torturando a otra persona”. Los presos que estaban el 6 de octubre de 2014 en la comisaría séptima dijeron haber escuchado las torturas recibidas por Franco, sus gritos y el golpe fuerte, presumiblemente de su cabeza golpeando contra la pared de la celda.

En su alegato, señalaron lo difícil que resulta, para una persona que está detenida, “poder establecer una fecha exacta cuando todos los días son medianamente iguales a otros”. Esa cuestión “la tomó la Cámara en algún momento, sobre la posibilidad cierta de que en el caso de algunas diferencias entre los testimoniales” se tenga en cuenta “esas particularidades”. 

Recordó que ha tenido un montón de juicios en los últimos tiempos y nunca hubo “una diferencia tan grande en la valoración probatoria como en este caso”. Dijo que en los fundamentos, los jueces siempre hacen una consideración “sobre todas las posturas” que hubo en un juicio y que hay que esperar a que eso ocurra para sacar conclusiones sobre los temas concretos. 

“Allí los jueces expresan los fundamentos que han tenido en cuenta, en un sentido y en otro, y de allí tenemos nosotros para recurrir estas absoluciones”, explicó. 

Se le dijo al fiscal general que, en muchos juicios, los policías acusados llegan en libertad. En este ocurrió lo contrario, lo que significa que había pruebas importantes para llegar al juicio y para que ellos llegaran detenidos con prisión preventiva. Arrigo respondió que ellos también lo comprobaron “durante el propio juicio y antes del juicio, que estaban amenazando a los testigos, este (policía) Saucedo que dice que (el comisario) Álvarez lo había convocado para la búsqueda (de Franco), es el mismo que aparece amenazando a uno de los testigos detenidos esa noche” de las torturas a Casco. 

Ese no fue “el único caso (de amenazas a testigos), con lo cual había elementos ciertos de entorpecer la investigación que fue el fundamento para dictar la (prisión) preventiva”. 

El sistema dual que se da en los juicios contra policías, fue otra de las consultas al fiscal. En el caso Casco se deja en libertad a los policías con este fallo, mientras que los policías involucrados en la Masacre de Wilde están condenados pero siguen en libertad porque la sentencia no está firme. 

Arrigo comentó al respecto que con el actual Código Procesal “las condenas llegan muchos años después, cuando las hay”. Agregó que eso, en su condición de fiscal, le genera “una desazón bastante importante”. 

De la esperanza, a la bronca

Desde las 9 de la mañana, Ramón Casco, el padre de Franco, se instaló en la puerta del Tribunal Oral Federal N° 2, sobre el Boulevard Oroño, acompañado por centenares de personas movilizadas por la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario. Cuando se conoció el fallo absolutorio, hubo llantos, bronca y finalmente llamaron a continuar la lucha para conseguir la condena de los responsables del asesinato de Franco Ezequiel Casco, asesinado en 2014, a los 20 años. 

Julieta Riquelme, de la Multisectorial, recordó que en 2017 les tocó asumir la misma situación, en el caso de su familia por el fusilamiento por parte de la policía de un hermano suyo, Jonathán Herrera. 

“La Justicia falló a favor de la policía, pero le vamos a decir a los que están aquí adentro, que esto no se terminó acá porque vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, dijo. 

Amalia, de la Multisectorial, entrevistada por La Retaguardia, sostuvo que lo sucedido “genera mucha bronca, mucho dolor, porque había elementos probatorios, la causa era contundente y es llamativo que el fallo no haya sido por mayoría, porque uno de los jueces pidió tres cadenas perpetuas por ser un caso de tortura seguida de muerte”. El joven fue asesinado mientras estaba detenido en la comisaría séptima. Amalia reconoció que la absolución es “un golpazo”, pero ante esa situación “hay que seguir luchando”. 

En la previa al veredicto, la esperanza de Julieta Riquelme era “por Franco y por todos los familiares” de víctimas de la violencia policial. 

Afuera, en las puertas del tribunal, sobre el Boulevard Oroño, los manifestantes recibieron el baldazo de agua fría del veredicto. 

El mal trago empezó temprano, cuando cinco de los policías, en sus “últimas palabras” antes del fallo dijeron ser “totalmente inocentes”, aunque dijeron compadecerse por el dolor de la familia de Franco Casco. Aseguraron que ellos no fueron los causantes de su privación ilegal de la libertad y de las torturas seguidas de muerte. En la calle, antes de que se conociera el veredicto, Ramón Casco, el papá de Franco, dijo: “Los policías dicen que desde hace cinco años no ven a su familia (por estar presos), pero nosotros, la familia de Franco, hace nueve años que no lo tenemos más, porque lo hicieron desaparecer”, hasta que su cuerpo apareció sumergido en el río Paraná. 

Franco tenía 20 años, vivía con su familia en Florencio Varela, y había viajado a Rosario para visitar a unos familiares. Ramón señaló que Franco dejó “un hijo, un gurisito que cuando él desapareció tenía tres años y ya no sabemos qué decirle sobre lo que pasó con su papá”. Lo único que pedía, que sigue pidiendo, es apenas “un poco de justicia para que podamos estar un poco más tranquilos”. Ramón agradeció el apoyo de “mucha gente” 

El veredicto

Antes de la lectura, el presidente del TOF 2 de Rosario, Ricardo Vázquez, advirtió a los imputados que no debían realizar ninguna manifestación, porque de lo contrario se iba a suspender la audiencia. 

Vázquez y Eugenio Martínez Ferrero fueron los firmantes de la decisión, mientras que el tercer integrante del tribunal, el juez sustituto Osvaldo Facciano, expresó la disidencia en nombre del juez titular Otmar Paulucci. 

Luego de nombrar a todos los imputados y a los representantes de todas las partes que intervinieron en el juicio oral, Ricardo Vázquez comunicó la decisión de “absolver” a todos los imputados, por el voto mayoritario suyo y del juez Martínez Ferrero. Al mismo tiempo, se ordenó la libertad de todos los policías que se encontraban detenidos en la cárcel de Marcos Paz. Los fundamentos del fallo se conocerán recién el 25 de septiembre a las ocho de la noche. Los jueces firmantes se ampararon, en este caso, en lo que dice el artículo 400 del Código Procesal Penal, que otorga un plazo mayor cuando un juicio oral tuvo una duración superior a los seis meses. Este juicio empezó en diciembre de 2021. 

El voto disidente disponía sólo la absolución “por el beneficio de la duda” de los policías Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Elizabeth Contino, Belkis Elizabeth González, Rodolfo José Murúa, Pablo Andrés Siscaro, Deniel Augusto Escobar y Alberto Crespo. 

La diferencia sustancial del voto en disidencia parcial, es que se decidía la condena del comisario Diego José Alvarez y de los policías Franco Luciano Zórzoli y Romina Anahí Díaz como coautores penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad, agravado por haber sido cometido por funcionario público, en concurso con el delito de imposición de tortura seguido de la muerte de la víctima Franco Casco. Para ellos pedía la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, en coincidencia, en estos casos, con el pedido de la Fiscalía y de las querellas. 

También pedía condenas para César Eduardo Benítez, Eduardo Daniel Acosta, César Daniel Acosta, Eduardo Gianola Rocha, Cintia Debora Greyner, Marcelo Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernandez, Daniel Silva y Ramón José Juárez por el delito de encubrimiento doblemente agravado. Para ellos pedía seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo de la condena. 

En su alegato, el fiscal Fernando Arrigo pidió prisión perpetua para 14 de los 19 imputados. También solicitó penas de entre 14 años y diez meses hasta tres años de cárcel para otros cuatro policías, en estos casos por encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven hallado sin vida 23 días después de haber sido detenido por personal de la comisaría 7° de Rosario, el 6 de octubre de 2014. La fiscalía y los querellantes consideraron probado que los policías detuvieron, torturaron y asesinaron a Casco. 

El pedido de perpetua era para el comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona y por la imposición de torturas seguida de muerte a una persona privada de su libertad. 

El pedido de perpetua alcanzaba también al subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli. Todos ellos son considerados coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.

El fiscal requirió la pena de 14 años y diez meses de prisión para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa, por ser partícipes secundarios del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte, mientras que para los policías Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, de la Unidad Especial de Asuntos Internos, el pedido fue de cinco años y diez meses como coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado.

Alberto Daniel Crespo, el vecino acusado de formular la denuncia falsa para justificar la detención Franco Casco, fue señalado como autor del delito de falso testimonio, con una pena de tres años de prisión en suspenso. La Fiscalía pidió la absolución del agente Walter Ortiz por falta de pruebas.