“No somos un caso aislado, esto es sistemático: están matando a los pibes”

“La Marcha sirve para visualizar todos estos crímenes que cometen las fuerzas de seguridad , y que muchas veces los medios y la misma justicia tapan. En todos los casos terminan en nada, la mayoría de los casos no son condenados y si los condenan, es una burla para los familiares. Los jueces y fiscales que tienen que investigar las pruebas, no lo hacen, es más fácil archivar el expediente y todo termina en ‘suicidios’. Si no hubiera jueces corruptos, esto no pasaría”. La que habla es Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. El 13 de junio de 2014 su hijo fue asesinado por Gendarmería Nacional en un control caminero mientras se dirigía en su auto por la Ruta 7, a la altura de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. La causa está catalogada como homicidio agravado. Están implicados los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, pero por ahora “el juez federal Walter Bento los ha dejado libres”. Ahora, como el juez está procesado por una causa de corrupción, lo sacaron, “pero me quieren poner al juez Marcelo Garnica que fue su secretario y mano derecha”, y por lo tanto Mónica espera que no lo acepten. “El que mata tendría que tener condena perpetua, así dejarían de matar por matar y se buscaría profesionalizar a las fuerzas de seguridad, capacitarlas, hacer test psicológicos cada seis meses, y prepararlos como corresponde”, agrega Mónica. 

Para Inés Alderete, mamá de Marcos Sebastián Acuña, “la Marcha es un día especial, no porque no luchemos todos los días, sino que es un día especial donde podemos estar juntas y lograr que el Estado vea que no somos un caso aislado como dicen ellos, esto es sistemático: están matando a los pibes. Así que la experiencia es grande y sirvió para que las mamás, los papás, los familiares puedan darse cuenta de que tienen derechos y que la voz de ellos y de sus seres queridos que ya no están necesita ser escuchada”. Marcos fue asesinado el 28 de Agosto de 2015 por el Prefecto Juan José Silva en el barrio La Cañada, Partido de Quilmes. Y aunque ya va para dos años que su causa está elevada a juicio oral, “por diversos motivos se ha suspendido cuatro veces, la última porque dicen que el prefecto estaba con Covid-19, por lo que hasta hoy estamos esperando una respuesta a ver si vuelven a darnos una nueva fecha”. Inés sostiene que, a pesar de que “a los pibes los siguen matando, creo que hoy con la 7ª Marcha las familias se animan a salir a la calle y reclamar por justicia”. También arremete contra quienes señalan con el dedo a las víctimas: “Todos juzgan el pasado del pibe, si era o no delincuente, si cometió o no un delito, si era o no adicto, miran el pasado y no miran el hecho. Porque cuando mataron a Marcos, yo le contesté a un juez: ‘¿para qué quiero un abogado? si lo mató la policía a mi hijo, por algo fue’, esas fueron mis primeras palabras. Hasta que el tiempo me hizo cambiar, y comprendí que no es lo que él pudiera ser, sino el hecho a partir del disparo que le provocó la muerte. Porque si no quiere decir que una persona que tiene el uniforme tiene derecho a disparar y hacer lo que sea. Eso cambió, hoy salen las madres y los familiares, y aunque empezamos con 100 o 200 mamás, hoy están unidas todas las provincias y eso es muy importante”.

“Los principales planteos que hacemos en esta Marcha son exigir justicia, basta de impunidad del aparato represivo, que las causas lleguen a un juicio y a una condena, que se pueda mejorar la situación del grupo de familiares de las víctimas, ya que estamos muy solos en esto”, nos cuenta Paula, cuñada de Ariano Biza. A sus 22 años murió junto con Emanuel Gallardo en la Brigada Norte de Tucumán, en un motín, el 15 de junio de 2015. “Aún estamos sin avances en la causa”, denuncia Paula. “Creo que aún hoy continúa vigente este tipo de violencia porque el aparato represivo que es la policía se maneja con total impunidad, avalados por jueces y fiscales” agrega.

“En esta Séptima edición los reclamos son los mismos que la primera marcha, no ha cambiado nada, no ha variado nada. Los métodos son los mismos: el gatillo fácil, el encubrimiento del poder político, judicial y policial, la responsabilidad del Estado frente a estos casos no solamente de gatillo fácil sino de represión estatal, desapariciones forzadas, causas armadas, encarcelamiento a los que luchamos, a compañeros que salen a la calle día a día a reclamar los derechos que tenemos”. La que habla es Emilia Vassallo, mamá de Pablo “Paly” Alcota, fusilado el 18 de mayo de 2013 por el policía Diego Ariel Tolaba de un tiro en la cabeza, y fallecido el 6 de diciembre de 2013 después de una cruel agonía. La causa está elevada hace dos años, a la espera de un tercer juicio fallido y una pericia de la Corte Suprema de Justicia que todavía no se hizo. “Nuestros derechos son vulnerados todo el tiempo, ni hablar de lo que son las causas judiciales, sabemos que el Estado es el responsable y el que garantiza la impunidad para que esto siga sucediendo”, agrega Emilia. 

“Hace 10 años que estoy peleando por una justicia que sé que nunca voy a tener, porque los pobres no tenemos justicia, nos pueden matar a nuestros hijos como a perros y la Justicia que tenemos es que el cana vaya preso con un arresto domiciliario, pero eso no me sirve porque él está en su casa con sus hijos y familia, y yo a mi hijo no lo tengo nunca más”, dice Alejandra Torres, mamá de Hugo Arce, asesinado el 5 de septiembre de 2011 junto con su amigo Carlos Vásquez. “Lo único que me queda es salir a la calle porque no haya otro Hugo, por la conciencia de que tenemos leyes y por más que un pibe se equivoque nadie es dueño de quitarle la vida a nadie, por eso marcho, por la conciencia de que no haya otro pibe que muera así”, agrega. Hugo, de 17 años, había salido a pasear en auto junto con su amigo Carlos, de 16 años, cuando se cruzaron con el Cabo 1º Sergio Bobadilla, de la Comisaría 12ª de la PFA, quien estaba en ese momento de civil y decidió fusilarlos a quemarropa.

“En esta marcha creo que lamentablemente los reclamos se tienen que repetir porque en el marco de este sistema es poca la justicia, entendida en términos reparatorios, que se consigue. Entonces los reclamos siguen siendo los que son nuestras consignas: el Estado es responsable, ni un pibe menos ni una piba menos, basta de gatillo fácil y basta de represión”, dice Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt. Él es “uno de los pibes asesinados entre el Estado y la corrupción de empresarios en 2004 en la Masacre de Cromañón”, nos cuenta Silvia. “No tener políticas públicas con los pibes es hacer que se reproduzca el gatillo fácil, no tener políticas de cuidado con los jóvenes es permitir que ocurra Cromañón”, agrega. 

“En esta 7ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil viajo a Capital para exigir y pedir justicia y gritar justicia por cada pibe asesinado por la policía”, dice desde Mar del Plata Romina Vergara, mamá de Brandon Romero. “Al principio de la pandemia, el 5 de julio del 2020, a Brandon lo fusiló el policía Pedro Arcángel Bogado de once balazos, cinco de esos tiros en la cabeza. Hasta el día de hoy estoy esperando fecha de juicio”, denuncia. 

Romina es categórica: para ella, la pandemia profundizó la represión. “En la pandemia empeoraron los casos de gatillo fácil y de violencia institucional. Ya que la policía hacía uso y abuso de sus funciones” Inés Alderete coincide: “con el tema de la pandemia hoy seguimos recibiendo las mismas burlas del Estado que cuando estábamos sin pandemia: impidiendo que los familiares lleguen a juicio, cerrándonos las causas. Y la represión sigue igual, por debajo de la alfombra sigue siendo la misma. Impidiendo que nos juntemos para poder tomar acciones para seguir luchando, impidiendo que entren familiares a los tribunales, suspendiéndonos los juicios. Todas esas cosas vienen relacionadas con la misma represión estatal porque creo que un ser humano tiene derecho a tener trabajo, salud, estudios y justicia”. No son las únicas que piensan así: “Durante el tiempo transcurrido de pandemia, las represiones han sido cada vez mayores”, indica Alejandra López, mamá de Gabriel Gusmán. El 25 de septiembre de 2018 Gabriel recibió un disparo en la nuca que provino de un arma disparada por un policía, presumiblemente Rodrigo Molina o Diego Íbalo. Pero la causa está en la Cámara de Casación y “a tres años del fusilamiento de mi hijo, no hay ningún imputado”, señala con tristeza. 

Para Vassallo no ha cambiado mucho el panorama durante la pandemia. “Los casos cometidos por las

fuerzas de seguridad en pandemia, tuvieron más notoriedad pública pero no creo que se haya agudizado, sino que las prácticas son todos los días las mismas: las detenciones arbitrarias, las torturas en cárceles y comisarías”, indica Emilia. “Sí hubo muchos casos de pibes asesinados por el abuso por parte de las fuerzas de seguridad de los DNU, creyéndose superiores como en todos los casos. Creo que la represión se agudiza todo el tiempo, cuando hay hambre, cuando hay falta de salidas, de proyectos para toda la sociedad en conjunto. El gatillo fácil es un genocidio encubierto como lo decimos siempre, dirigido a una clase social específica”. 

“El caso de Chano fue muy nombrado porque tenía plata, no tenía que ir a robar por la adicción, pero si era un pibe pobre seguramente era un gatillo fácil y no iba a salir en ningún lugar, porque el pibe iba a robar por la drogas”, afirma Alejandra. “Lamentablemente cada día hay más pibes, en este tiempo de pandemia creo que mataron a 200 pibes, por lo que no sirvió para nada el aislamiento ni nada porque ellos siguen haciendo lo que quieren. Dicen que no existe la pena de muerte pero sí la tenemos y se llama gatillo fácil”, agrega luego. 

“Este proceso de lucha conjunta se dio ya que los familiares que sufrimos esta violencia nos dimos cuenta que la única manera era unirse y luchar codo a codo para crear más fuerza”, afirma Paula. “La lucha conjunta se dio a través de otras familias que han pasado por las mismas circunstancias, y en estos tres años de la lucha colectiva el aprendizaje que llevo adelante es exigir justicia siempre y no bajar los brazos”, indica Alejandra. 

“Para nosotros es ese lugar donde podemos dialogar con pares, y también con organizaciones que realmente estén dispuestas a sostener y dar la voz a familiares y sobrevivientes”, cuenta Silvia. “Creo que hay un aprendizaje de ir de a poco, porque cuando te matan a tu hijo hay un proceso que es personal, pero también es un proceso que si no es colectivo te lleva a enfermarte.  Representa un espacio de construcción, siempre en carne viva, que tendría que tener un acompañamiento continuo durante todo el año”, agrega. 

“El cambio para nosotros desde que empezamos la Marcha hasta hoy es que ha crecido mucho”, dice Inés, al tiempo que lamenta que esto suceda “por tantos casos que se dan, donde los familiares llegan sin  siquiera ser invitados”. Para Inés eso es también un cambio positivo: “hoy se animan, esa es la única diferencia que veo, y por eso será que sigo participando en la Marcha y en la organización, en acompañar a algún familiar. Las cosas hay que cambiarlas desde abajo, y luchar para ser iguales y para que dejen de matar a nuestros pibes”.

“Los aprendizajes son muchos a lo largo de estos siete años para los familiares, como poder llevar adelante acciones colectivas de lucha, organizar nosotros mismos la lucha diaria contra este flagelo y no las organizaciones que en años anteriores, antes de la marcha, organizaban y a nosotros nos invitaban a participar. El aprendizaje es que fuimos, somos y seremos capaces de organizar, no solamente la marcha sino la lucha diaria, lo cotidiano que nos toca vivir, como familiares de víctimas”, indica Emilia.  

Es por esto que se torna tan fundamental la Marcha, y tan necesario el acompañamiento. Porque como dice Paula, “la Marcha representa la vida de nuestros pibes”. Por eso este viernes se volverán a escuchar las consignas históricas en la Plaza de Mayo: Basta de gatillo fácil, Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención, Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas, Libertad a las/os presas/os por luchar, Basta de asesinatos previsibles por acción u omisión estatal, Basta de feminicidios “Ni una menos, en las cárceles también”, No a la baja de la edad de imputabilidad, Ni un pibe/piba menos, Ni una bala más, ¡El Estado es culpable y responsable! Porque marchar sigue siendo una posibilidad de construir, entre todes, justicia.