Canción actual

Título

Artista


Emilia Vasallo


Las familias y organizaciones políticas y sociales convocan a las 14 horas en Congreso para denunciar la responsabilidad del Estado en las torturas, muertes y desapariciones forzadas de pibes y pibas en manos de las fuerzas de seguridad. Emilia Vassallo, mamá de Pablo “Paly” Alcorta y una de las referencias de la Marcha, habló en el programa de radio La Retaguardia y compartió sus sensaciones en la previa a la jornada. Entrevista: Pedro Ramírez OteroRedacción: Diego AdurEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Cada año, los últimos días de agosto vienen acompañados por la lucha y las denuncias de las familias de las víctimas del gatillo fácil. La Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil se realiza en distintos puntos del país y busca recordar a las víctimas y denunciar a las fuerzas represivas del Estado.  En vísperas de la octava edición de la marcha, Emilia Vassallo, la mamá de Pablo “Paly” Alcorta, un pibe fusilado por el policía Diego Ariel Tolaba el 18 de mayo de 2013, recuerda la vigencia y la impunidad con la que se siguen manejando los gobiernos sin importar su signo político. “Los gobiernos pasan y la tortura, las desapariciones forzadas, las muertes en contexto de encierro, las causas armadas, todo sigue vigente. Gobierne quien gobierne, sigue sucediendo. Todos los gobiernos son represores. El gatillo fácil es una política de Estado”, dice. “No es violencia institucional, es represión de Estado”, corrige Emilia, trayendo una de las tantas consignas que enarbola la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil cada año.  Para una de las organizadoras de la Marcha, la represión policial y el gatillo fácil funcionan como una política de Estado. “Mientras vivamos en una sociedad donde haya ricos y pobres, exista el capitalismo, la explotación del pueblo, el hambre, la miseria y donde la impunidad siempre es lo primero que surge, nunca va a dejar de existir la represión”, plantea.  Las familias de los pibes y las pibas asesinadas por el gatillo fácil o desaparecidas por el Estado son el sostén principal de la Marcha. La organización de la jornada requiere debate y consenso respecto al cronograma, las consignas, los puntos de encuentro y demás cuestiones importantes para el desarrollo del evento. Este año, por ejemplo, se realizará el 26 de agosto, a diferencia de otros años que suele ser el 27. “Porque el 26 cae viernes y queremos hacernos ver”, dice Emilia. No es sencillo planificar una jornada tan extensa y movilizante como es la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil teniendo en cuenta las diferencias políticas, sociales y personales de cada familia. Sin embargo, Vassallo asegura que la principal consigna de lucha está clara para todos y todas: “Todos los años es como volver a empezar. La Marcha nos junta y unifica. Podemos tener diferencias y no todos militamos de la misma manera, pero cuando nos juntamos a planificar la Marcha hay un punto en común que es la denuncia al Estado y no bajar los brazos”, señala, y agrega que “tanto en dictadura o en democracia, el Estado de tortura y te asesina. Te desaparece”.  El juicio por Paly El 30 de marzo de 2022 comenzó en los Tribunales de Morón el juicio por el asesinato de Pablo Alcorta. El 11 de abril, con transmisión de La Retaguardia, se conoció el veredicto del Tribunal Oral Criminal N° 4 de Morón que decidió absolver a Diego Ariel Tolaba, el exsargento de la Policía bonaerense que el 18 de mayo de 2013 fusiló de un tiro en la cabeza al joven de 17 años. Paly falleció el 6 de diciembre de ese año tras una larga agonía. El juicio que Emilia y su familia decidieron no presenciar para preservarse es una muestra más de la impunidad con la que sigue manejándose el Estado en casos de gatillo fácil: “Diego Ariel Tolaba, el asesino de mi hijo, anduvo diciendo que no era ningún asesino y que lo estuvieron difamando por televisión. Le pegó un tiro en la cabeza a mi hijo con su arma reglamentaria. Le plantaron un arma a Paly para encubrir lo que había pasado y el tribunal absolvió a Tolaba. Sabíamos cuál iba a ser el final. No creemos en la Justicia. Te meten el dedo en la llaga. No solamente no tenés justicia y le garantizan la impunidad al asesino de mi hijo, sino que además te torturan durante el juicio”, cuenta Vassallo. Las otras madres Emilia es una de las otras madres, como dice Norita Cortiñas en cada Ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Es una de las Madres del Gatillo Fácil que luchan por los pibes y las pibas caídas por las balas policiales. Que a pesar de que no cree en la Justicia, como ella dice, sigue levantando la bandera de Paly y acompañando cada caso de gatillo fácil, de desaparición forzada en democracia y de causas armadas. “Este viernes 26 de agosto la concentración es en el Congreso y marchamos a Plaza de Mayo. Queremos molestar más y que sea mucho más visible. Queremos llegar a Casa Rosada. Tenemos muchas cosas preparadas para ese día. Ni un pibe menos. Ni una piba menos. Ni una bala más”, deja como consignas. 

El día martes 30 de marzo comenzó, en los Tribunales de Morón, el juicio por el asesinato del joven Pablo “Paly” Alcorta. ¿Qué declararon Emilia Vassallo y Rubén Alcorta, madre y padre del Paly? ¿Cómo se defendió Diego Ariel Tolaba, el policía acusado? El juicio continúa este martes desde las 9 horas con los alegatos, que se podrán ver en vivo con transmisión conjunta de La Retaguardia, Radio Zona Libre y Revoluciones.  (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Fernando Tebele A las 10.15 de la mañana, comenzó el juicio por el asesinato de Pablo ‘Paly’ Alcorta. El fiscal dijo que intentará probar la autoría penalmente responsable del imputado, bajo la carátula ‘Homicidio con arma de fuego’. Los hechos refieren al día 18 de mayo de 2013,  aproximadamente las 19 horas. En la colectora Gaona y Húsares de la localidad de Villa Tessei, partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Paly, junto a su amigo Gabriel Murillo, robaron la moto de Hernán Calasivetta y ante ese hecho, el oficial Diego Ariel Tolaba, que se encontraba en el puesto de peajes de la Autopista del Oeste, disparó dos veces hacia donde se encontraba la moto, impactando uno de ellos a Paly en su frente  lo que le produjo heridas gravísimas. Finalmente murió el 6 de diciembre del mismo año, luego de una extendida agonía. Por su parte, Eduardo Soares, abogado de parte de la querella representada por la Gremial de Abogadas y Abogados, planteó que: “se trata de un típico caso de gatillo fácil. ¿Por qué? Porque vamos a acreditar que el imputado actuó a sabiendas de que estaba ejecutando a una persona, un chico que no representaba ningún peligro ni para él y para los demás”. Luego, María del Rosario Fernández, también abogada querellante, hizo el pedido de que comiencen declarando la madre y el padre de Pablo Alcorta, para que luego se pudieran retirar del recinto, a lo que los jueces dieron lugar. La primera en declarar fue Emilia Vasallo, madre de Paly, quien contó que ese día tenían el bautismo de un familiar, que venía de Bahía Blanca, ciudad de donde es oriunda. Y que un rato antes del horario del bautismo, a Paly lo vino a buscar un amigo y ella le pidió que vuelva temprano, así llegaban a la ceremonia. Paly le dijo que sí, que se iba un ratito y volvía. De los hechos dijo no saber nada, solo que un rato más tarde su hermana la llamó y le dijo que habían ido de la Comisaría a decirle que Pablo había robado en el peaje y que tenía que ir ahí con la partida de nacimiento. Estuvieron un buen rato en la Comisaría, y nadie les decía dónde estaba Paly, e incluso, les trataban muy mal. Cuando entraron, contó Emilia, encontraron una moto con sangre, pero no pensaron que podía tener que ver con su hijo. También recuerda que los policías se comunicaban con el Hospital Posadas, preguntando si ‘ya había salido de la cirugía’. Y otros policías que estaban ahí en la Comisaría preguntaban ‘¿ya se murió?’ Tiempo después, Emilia se dio cuenta que hablaban de su hijo. Y que recién a las 12 de la noche llegó el comisario y les dijo que fueran al hospital, que su hijo había recibido un disparo. Ahí Emilia y su hija Loreley se desmayaron. Fueron junto con su esposo Rubén al hospital y cuando llegaron, los médicos les dijeron que la bala le había atravesado el cráneo, había entrado y salido. Que le había roto los nervios ópticos y había quedado ciego en cuestión de instantes. Emilia se volvió a desmayar.  Contó que Pablo estuvo internado 17 días y luego le dieron el alta. Agregó que no podía dormir, y que en una consulta psiquiátrica le empezó a salir un líquido blanco de la nariz. Era líquido cefalorraquídeo. De allí lo llevaron a internarlo en la Clínica Ciudad, donde estuvo 6 meses hasta que falleció. “Yo vi a mi hijo dejar de hablar y dejar de comer. Dejar de moverse. Yo vi a mi hijo morir poco a poco a consecuencia del disparo que salió del arma reglamentaria del asesino Tolaba”, dijo.  Luego de contar esta situación tan dolorosa, Emilia contó, a pedido de su abogado defensor, cómo está compuesta su familia, de qué trabajan. Después de explicar esto, Emilia se paró llorando, abrazó a su abogado y luego a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, quien estaba escuchando el testimonio sentada en la primera fila y no paró de llorar. Tras los pasos de Emilia, también se retiró del recinto.  Luego Rubén, padre de Pablo, se sentó y tomó la palabra: “Las imágenes que más tengo presente son de cuando llegamos a la comisaría y se me burlaban todos los policías. El fiscal de Instrucción también nos volvió locos, maltrató a toda la familia”. Y concluyó diciendo: “Estos ocho años venimos peleando para poder sentar a esta basura en el banquillo”. Después, el tribunal pidió que se conecte a Hernán Calasivetta vía internet. Hernán era el dueño de la moto robada por Paly y Gabriel. Calasivetta parecía querer incriminar a los chicos, diciendo todo el tiempo que creía percibir que ellos le apuntaban al policía y que incluso, hubo disparos cruzados entre los chicos y Tolaba, pero tras varias repreguntas de la querella, admitió no haber visto esa supuesta situación en ningún momento. Que era una percepción. El juez le aclaró que esto es un juicio y se buscan pruebas, no percepciones.  Más tarde, pasó a declarar un trabajador del peaje, que compartía el lugar con una compañera suya y con Tolaba, el policía. Pero su declaración no tuvo mayor trascendencia, porque éste no había logrado ver mucho de la situación, porque cuando empezaron los disparos, se cubrieron. Entonces, su testimonio no aportó pruebas.  Minutos después, declaró Gabriel Murillo, el joven que estaba con Alcorta en el momento de los hechos. Murillo está privado de libertad debido a este robo hace 7 años.

Cuadras y cuadras de personas: organizaciones sociales, movimientos populares, partidos políticos, personas autoconvocadas y las familias. Que cada vez son más, y cada vez gritan más fuerte. Más allá de la pandemia, la 7ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, copó el centro porteño. Adelante de todo, una bandera con más de 250 obras de arte en las que se reflejaban las caras de pibes y pibas asesinadas por la policía. Abrazos, saludos, encuentros. Crónica de una jornada de memoria y clamor de justicia. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net) 📷 Fotos: Natalia Bernades/Virginia Chaile/La Retaguardia  A las cuatro de la tarde comenzó la caminata, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo, al canto de “Yo sabía, yo sabía, que a los pibes los mató la policía”, “El policía es un cagón, con un fierro y una bala, defiende a los que tienen plata, mientras el pueblo va a prisión…”. Y así, entró la gran marcha a la histórica Plaza, mientras una voz desde el escenario, la de Juan Diego Rossi, sobreviviente de Cromañón, recitaba poesías y cantaba contra el gatillo fácil, las desapariciones en democracia, los travesticidios, entre otras consignas. Una voz que vale por todas, esencia popular de un acto que escapa a la imposición de referencias y de nombres, que se arma entre todes y para todes. Fue entonces cuando Gonzalo Hormaechea (hermano de Nahuel Hormaechea), Nancy Sosa (madre de Ismael Sosa), Emilia Vassallo (madre de Paly Alcorta) y Silvia Bignami (madre de Julián Rozendgardt, víctima de Cromañón), comenzaron con la lectura del comunicado. Una extensa puesta en común del genocidio invisibilizado que mata a nuestras pibas/es todos los años. Una responsabilidad que el Estado parece no querer asumir, y que desde la Marcha se vuelve cada año una furibunda condena popular.  Se recordó a las niñas argentinas asesinadas por el Estado paraguayo y se insistió en la aparición con vida ya de Lichita. Entre testimonio y testimonio, las familias recordaron y homenajearon a los fotógrafos fallecidos recientemente, Reinaldo Ortega y Nicolás Avelluto, quienes siempre acompañaron a la marcha. Hicieron un reconocimiento a La Retaguardia, por estar desde la primera marcha cubriendo las actividades y acompañando a las familias; como así también a todos los medios y reporteros/as que con su trabajo suman a la difusión y visibilidad de las causas. Entrada la noche nos fuimos yendo de la Plaza, con las voces de esas madres y familiares que por un rato vuelven a traer los nombres de quienes fueron asesinadas/os en nuestros oídos. Esta marcha tan genuina, única, que al mismo tiempo que denuncia, repara. Porque para ellas poder contar lo que les pasó es una forma de encontrar un poco de justicia popular. Porque esa plaza llena que repudia y acompaña, que les grita “fuerza mamá” cuando alguna se quiebra, es quizás el tribunal dónde vamos entre todes construyendo una realidad distinta. Esta lucha no termina con la Marcha, sino que vuelve a empezar. Para que el próximo año no haya ni una bala más, ni una piba ni un pibe menos.

Este viernes desde las 15 horas se realiza la 7ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, espacio que aglutina a familiares que luchan para que no exista ni un solo caso más. En esta nota nos cuentan sus vivencias personales, pero también el aprendizaje que les ha dejado tantos años de organización. Además reflexionan acerca de los caminos para terminar con este flagelo. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net) 📷 Fotos: Reinaldo Ortega “La Marcha sirve para visualizar todos estos crímenes que cometen las fuerzas de seguridad , y que muchas veces los medios y la misma justicia tapan. En todos los casos terminan en nada, la mayoría de los casos no son condenados y si los condenan, es una burla para los familiares. Los jueces y fiscales que tienen que investigar las pruebas, no lo hacen, es más fácil archivar el expediente y todo termina en ‘suicidios’. Si no hubiera jueces corruptos, esto no pasaría”. La que habla es Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. El 13 de junio de 2014 su hijo fue asesinado por Gendarmería Nacional en un control caminero mientras se dirigía en su auto por la Ruta 7, a la altura de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. La causa está catalogada como homicidio agravado. Están implicados los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, pero por ahora “el juez federal Walter Bento los ha dejado libres”. Ahora, como el juez está procesado por una causa de corrupción, lo sacaron, “pero me quieren poner al juez Marcelo Garnica que fue su secretario y mano derecha”, y por lo tanto Mónica espera que no lo acepten. “El que mata tendría que tener condena perpetua, así dejarían de matar por matar y se buscaría profesionalizar a las fuerzas de seguridad, capacitarlas, hacer test psicológicos cada seis meses, y prepararlos como corresponde”, agrega Mónica.  Un día especial Para Inés Alderete, mamá de Marcos Sebastián Acuña, “la Marcha es un día especial, no porque no luchemos todos los días, sino que es un día especial donde podemos estar juntas y lograr que el Estado vea que no somos un caso aislado como dicen ellos, esto es sistemático: están matando a los pibes. Así que la experiencia es grande y sirvió para que las mamás, los papás, los familiares puedan darse cuenta de que tienen derechos y que la voz de ellos y de sus seres queridos que ya no están necesita ser escuchada”. Marcos fue asesinado el 28 de Agosto de 2015 por el Prefecto Juan José Silva en el barrio La Cañada, Partido de Quilmes. Y aunque ya va para dos años que su causa está elevada a juicio oral, “por diversos motivos se ha suspendido cuatro veces, la última porque dicen que el prefecto estaba con Covid-19, por lo que hasta hoy estamos esperando una respuesta a ver si vuelven a darnos una nueva fecha”. Inés sostiene que, a pesar de que “a los pibes los siguen matando, creo que hoy con la 7ª Marcha las familias se animan a salir a la calle y reclamar por justicia”. También arremete contra quienes señalan con el dedo a las víctimas: “Todos juzgan el pasado del pibe, si era o no delincuente, si cometió o no un delito, si era o no adicto, miran el pasado y no miran el hecho. Porque cuando mataron a Marcos, yo le contesté a un juez: ‘¿para qué quiero un abogado? si lo mató la policía a mi hijo, por algo fue’, esas fueron mis primeras palabras. Hasta que el tiempo me hizo cambiar, y comprendí que no es lo que él pudiera ser, sino el hecho a partir del disparo que le provocó la muerte. Porque si no quiere decir que una persona que tiene el uniforme tiene derecho a disparar y hacer lo que sea. Eso cambió, hoy salen las madres y los familiares, y aunque empezamos con 100 o 200 mamás, hoy están unidas todas las provincias y eso es muy importante”. Los reclamos y consignas “Los principales planteos que hacemos en esta Marcha son exigir justicia, basta de impunidad del aparato represivo, que las causas lleguen a un juicio y a una condena, que se pueda mejorar la situación del grupo de familiares de las víctimas, ya que estamos muy solos en esto”, nos cuenta Paula, cuñada de Ariano Biza. A sus 22 años murió junto con Emanuel Gallardo en la Brigada Norte de Tucumán, en un motín, el 15 de junio de 2015. “Aún estamos sin avances en la causa”, denuncia Paula. “Creo que aún hoy continúa vigente este tipo de violencia porque el aparato represivo que es la policía se maneja con total impunidad, avalados por jueces y fiscales” agrega. Balas y justicia “En esta Séptima edición los reclamos son los mismos que la primera marcha, no ha cambiado nada, no ha variado nada. Los métodos son los mismos: el gatillo fácil, el encubrimiento del poder político, judicial y policial, la responsabilidad del Estado frente a estos casos no solamente de gatillo fácil sino de represión estatal, desapariciones forzadas, causas armadas, encarcelamiento a los que luchamos, a compañeros que salen a la calle día a día a reclamar los derechos que tenemos”. La que habla es Emilia Vassallo, mamá de Pablo “Paly” Alcota, fusilado el 18 de mayo de 2013 por el policía Diego Ariel Tolaba de un tiro en la cabeza, y fallecido el 6 de diciembre de 2013 después de una cruel agonía. La causa está elevada hace dos años, a la espera de un tercer juicio fallido y una pericia de la Corte Suprema de Justicia que todavía no se hizo. “Nuestros derechos son vulnerados todo el tiempo, ni hablar de lo que son las causas judiciales, sabemos que el Estado es el responsable y el que garantiza la impunidad para que esto siga sucediendo”, agrega Emilia.  Marchar para que no haya ninguno más “Hace 10 años que estoy peleando por una justicia que sé que nunca voy a tener,

El Tribunal Oral de Menores 2 condenó a dos años de prisión en suspenso al policía Luis Chocobar, quien asesinó a Juan Pablo Kukoc de varios tiros por la espalda en 2017. Luego de escuchar el veredicto por celular, la familia exigió una condena justa a una justicia que, aseguran, jamás lo fue ni lo será. Por Colectivo de Medios Populares (*) “La justicia no es justa. Destrozaron a una familia”, lamentó Ivón Kukoc al escuchar el veredicto del juicio por el asesinato de su hijo Juan Pablo. La primera reacción fue la del llanto desconsolado de la impotencia. Ivón, abrazada a sus nietos y a sus hijos Belén y José, en su casa en la localidad bonaerense de Lanús Este, recibió la decisión de la Justicia por videoconferencia. El aislamiento impidió que estuvieran contenidos y apoyados por familias que sufrieron situaciones similares, y debieron ver la transmisión del veredicto por la pantalla de un celular, en su casa. Mientras que quienes alientan las políticas como la Doctrina Chocobar, rompieron las restricciones e igual se acercaron a la puerta de los Tribunales de Comodoro Py con carteles y cánticos de apoyo al policía que asesinó por la espalda a Pablo, a sus 18 años. El Tribunal Oral de Menores Nº2 condenó a Luis Oscar Chocobar a la pena de 2 años de prisión en suspenso y a 5 años de inhabilitación para cumplir funciones en las fuerzas de seguridad, por encontrarlo culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento del deber. Las últimas palabras de Chocobar fueron que para él cumplió con la ley. Afuera declaró a los medios de comunicación: “El corazón se me quiere salir porque es muy injusto. Estoy tranquilo porque está acá la gente que me apoya y me quiere. La Policía de la provincia tiene unos huevos impresionantes”. En el mismo veredicto, el menor acusado de intento de homicidio en ocasión de robo fue condenado a 9 años de prisión efectiva.  Ivón está disconforme con el veredicto, pero a la vez se siente tranquila porque no absolvieron a Chocobar y el asesino de su hijo recibió una condena. “La Justicia no existe y menos para personas pobres que no tienen la plata o contactos para moverse. Yo esperaba una condena justa que lo inhabilite, que él no sea más policía y que pase por lo menos un día en la cárcel. Eso iba a ser bastante para mi familia, que él sienta lo que es estar así, solo, triste, vacío y que capaz ahí hubiera tenido la capacidad de pensar y ver si puede seguir viviendo con lo que hizo, porque en realidad pasó de ser un policía a ser un asesino”. El tope de años para el delito por el que condenaron a Chocobar es de 3 años, excarcelables, como había pedido la fiscalía. Los jueces no le dieron la máxima, tampoco lo absolvieron. El policía de Avellaneda hubiera quedado libre de todos modos, por el tipo de delito con el que se lo juzgó -exceso en el cumplimiento de un deber-. Excepto que el tribunal hubiera aceptado condenarlo con la tipificación que pidió la querella -homicidio doloso agravado por abuso de sus funciones-. Pero más allá de los tecnicismos, en definitiva, Chocobar recibió una condena de la Justicia. “Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, que eso está prohibido y es delictivo”, enfatizó Pablo Rovatti, titular del Programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos y representante de Ivón Kukoc como parte querellante.  “La condena impide que Chocobar siga siendo policía y que porte un arma, para lo cual evidentemente no estaba capacitado. Eso es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad: ningún policía que mata a tiros por la espalda a una persona que huye está justificado. Nadie que haga eso cumple con su deber, sino exactamente lo contrario”, aseveró Rovatti. Y aclaró que “en este caso no se juzgó a ‘la policía’, sino a un funcionario concreto que abusó de su función y privó arbitrariamente de la vida a una persona”. La familia Kukoc sufrió el hostigamiento de los medios hegemónicos de comunicación, de sus vecinos del barrio y también de la Policía. Sin ir más lejos, mientras los canales de televisión hacían guardia en la puerta de su casa, llegaron efectivos de la Policía de Lanús y se dirigieron a Ivón de forma hostil intentando impedir un corte de calle que no iba a suceder. “Ya sabemos quiénes son ustedes”, impartieron los policías. “Nos dicen que ya saben quiénes somos, como si hubiéramos hecho algo malo. Después de todo esto, ya sé cómo sigue. Sentimos miedo porque en algún momento se va a acabar esta cuarentena y vamos a tener que hacer una vida normalmente, mis hijos van a tener que salir a comprar e ir al colegio. También nos perjudicó mucho porque la policía siempre nos hostiga a nosotros y a mi familia”, contó Ivón y relató que tuvo que cambiar a los chicos de escuela por situaciones de acoso: “Cuando iban a la escuela, influenciados por los padres, los chicos los trataban como los hermanos del asesino de La Boca, del que quiso matar a un turista”. Ya son casi cuatro años en que la familia Kukoc sufre la pérdida de Pablo. Hay días que se sienten quebrados y no quieren nada más que ver a su hijo, a su hermano, a su tío, que no está entre ellos porque un policía lo asesinó por la espalda. Ivón lo describe como un vacío que no van a poder llenar con nada. “Estos años fueron muy duros para nosotros porque nuestro hermano no va a volver nunca. Para mí en el momento que mi hermano murió como que se nos partió el corazón a nosotros. Están sus sobrinos que

Ayer se realizó la 6ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Convocada principalmente por las madres de los pibes y pibas asesinadas por las fuerzas de seguridad, y con la participación de organismos de DDHH, organizaciones sociales y políticas. Simbólicamente, se marchó una cuadra hasta la Plaza de Mayo y se repitió el ritual de levantar los carteles con (cada vez más) rostros de las víctimas. Ya en la Plaza, se escucharon las voces de las nuevas familias que se suman a la lucha por justicia, más algunas otras de casos emblemáticos. Como dato sorprendente, varios medios tradicionales se acercaron a realizar coberturas por primera vez en estos años, atraídos por la figura de Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro. Compartimos las imágenes de una jornada siempre estremecedora y dolorosa, pero más aún en este contexto de alta sensibilidad por la crisis sanitaria. También los videos de la transmisión en vivo. (Por La Retaguardia) 📷 Fotografías: Natalia Bernades y Agustina Salinas  ✏ Redacción: Julian Bouvier y Pedro Tato 💻 Edición: Fernando Tebele 📹 Transmisión en vivo: Diego Adur/Natalia Bernades/Natacha Bianchi/Rodrigo Ferreiro/Fernando Tebele

La Policía Bonaerense allanó anoche injustamente la casa de Emilia Vasallo, referente de los familiares agrupados en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y madre de Pablo “Paly” Alcorta, asesinado a los 17 años en 2013 por el policía bonaerense Diego Ariel Tolaba, que actualmente presta servicios en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.  (Por Colectivo de Medios Populares*) Un grupo táctico de la Policía Bonaerense ingresó encapuchado, fuertemente armado y sin mostrar una orden judicial, al domicilio de Emilia Vasallo, que estaba con sus hijos y nietos, en el Barrio Autopista Morón. La irrupción violenta de la fuerza de seguridad se debió a una investigación por narcotráfico, que desplegaba un operativo de inteligencia desde hacía dos o tres días, en la que Emilia fue interrogada en su casa y sobre la que no tiene nada que ver. “Callate la boca, colaborá”La madre de Paly Alcorta contó a Colectivo de Medios Populares cómo vivió ese momento de agresión: “Lo tiraron al piso a mi hijo, le empezaron a pegar, porque él quería buscar a sus hijitos que estaban solos en su casa y quería evitar que entraran y se asusten. Le pusieron una rodilla en la espalda y me levanté, entonces me agarraron y tiraron al piso a mí. Cuando entraron yo les dije que hagan las cosas tranquilos, que no se hagan los malos ni me rompan nada. ´Respeten que yo soy la mamá de un pibe asesinado por ustedes. No me maltraten, no maltraten a mis hijos´. ´Callate la boca, colabora´ me decían todo el tiempo. A los 25 minutos llegaron el Negro y Rosario, se calmaron y empezaron a hablar bien”.Eduardo “El Negro” Soares y Rosario Fernández son parte de la Gremial de Abogados, que representa a la familia de Paly Alcorta en el proceso penal contra el policía Diego Ariel Tolaba que pronto tendrá fecha de inicio de juicio. En un comunicado explicaron cuál fue el motivo y las condiciones en las que encontraron a Emilia y su familia.“Los abogados de la Gremial llegaron, se encontraron con un lugar de zona de guerra. Grupos tácticos de la Bonaerense encapuchados con un armamento y despliegue impresionante intentó impedirles el ingreso. Cuando pudimos llegar al representante de la Fiscalía nos dijo que era un allanamiento buscando gran cantidad de droga. Emilia estaba atada a una silla y su hijo también esposado. Cuando les explicamos que hacía dos días que ella recibía tres o cuatro veces al día policías que se presentaban buscando personas que desconocía nos dijeron que esa información no la sabían. Pero nosotros constatamos que se trataba de la misma causa. Por “derecha” se presentaron varias veces. Y por “izquierda” allanaron con orden judicial, pero sin ninguna razón”. Allanar para amedrentar La Gremial constató que en el allanamiento no encontraron ni un paquete de harina. Y verificaron el desconcierto de la Policía y el empleado de la Fiscalía. Adelantaron que denunciarán judicialmente el atropello. En el comunicado que dieron a conocer también explican que hace unos meses una preventora bonaerense le dijo a Emilia y su familia “te voy a armar una causa y te voy a meter droga”, y que en los últimos días la Policía iba cinco o seis veces a su domicilio y que luego del allanamiento desde la Justicia penal niegan que eso haya ocurrido. “El mensaje fue claro, la justicia de Morón y en particular sus fiscalías reaccionarias armaron un procedimiento y demostraron que pueden hacer lo que hacen”, aseveró la Gremial de Abogados.Por su parte, la agrupación política Convocatoria Segunda Independencia, en su comunicado sobre el injusto allanamiento a su compañera Emilia, contó más detalles.“La requisa duró minutos, los propios canas decían que ´sabían que ahí no había nada pero tenían que cumplir la directiva´. Tanto al representante del Fiscal como a los jefes policiales no sabían qué decir cuando aparecieron los abogados y se les explicó que el día anterior la policía se había presentado en cinco oportunidades, haciendo las tareas de ´inteligencia´ encomendadas. Decían que no sabían que ello hubiera sucedido. En definitiva, decían que ignoraban realmente por qué estaban. Los abogados prácticamente hasta dieron órdenes en el procedimiento. Emi fue desatada, igual que su hijo. Todos pudieron/pudimos presenciar semejante aberración. Hasta el Fiscal nos instaba a que hagamos la denuncia. Y finalmente se fueron como llegaron”.También expresaron una lectura de por qué allanaron la casa de Emilia Vasallo: “El Fiscal Dr. Rappaso ya dijo expresamente que no acusará en el juicio al asesino de Paly Alcorta. Lo suponíamos, aunque no lo dijera. Pero aun así, nos lo dijo en la cara a varios compañeros que lo entrevistamos acompañando a Emi. Está claro que se trató de un mensaje. Un claro mensaje de la Justicia de Morón, y en particular de sus Fiscalías reaccionarias. Así como también de la policía que participó. Armaron un procedimiento que pudo terminar en una tragedia. Y le mandaron a decir a Emi y a todos nosotros que ellos están fuertes y que no tendrán miramientos. Y que no dejarán que luchemos como venimos haciendo”.Para el 25 de septiembre la Justicia había fijado una audiencia en la que el fiscal, la querella y la defensa mostrarían al Tribunal las pruebas que tienen para iniciar el juicio. El Negro Soares, de la Gremial y militante de Segunda Independencia, abogado de Emilia por crimen de su hijo, pidió la nulidad porque la iban a realizar, por una mala notificación, sin la presencia de la querella.La Gremial de Abogados analizó el allanamiento en un contexto de investigación penal a las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires por el homicidio de Paly Alcorta. “El propio juez – de instrucción- sobreseyó al asesino oficial Tolaba y debimos apelar para torcer un destino cantado. Nora Cortiñas y colegas de la Comisión por la Memoria debieron reunirse con los jueces de la Cámara para que dieran vuelta ese fallo. Y ahora la causa fue elevada a juicio. El Fiscal ya nos adelantó que no