“Mi hijo fue torturado y asesinado por policías de la comisaría décima del barrio Autonomía”

Es desgarrador el relato de Laura Coronel.  A cuatro años del homicidio de su hijo, Mauro Coronel, de 22 años, sigue reclamando justicia, mientras los policías involucrados en el crimen se pasean impunemente por las calles de su barrio. Mientras tanto, el Poder Judicial local juega al sordomudo-ciego. 

El 30 de abril de 2020, luego de una discusión con su esposa por la tenencia de sus cuatro hijos, Mauro fue detenido a los golpes en la casa de su madre y llevado a la seccional décima, conocida en la zona como “la comisaría de la muerte”, por tener gravísimos antecedentes de violencia institucional. 

“Vino la policía, lo agarran a mi hijo, le pegan muy mal, lo golpean, lo patean, uno de los policías le puso la rodilla en la espalda, sobre el cuerpito de mi hijo”, relató Laura. A Mauro lo cargaron en una camioneta “como si fuera una bolsa de papas”. También hicieron tres disparos, para amedrentar a los vecinos del barrio Santa Rosa de Lima que presenciaron el procedimiento policial. 

El 1 de mayo, en la comisaría, Mauro fue sacado al patio, semidesnudo, descalzo y lo dejaron atado a un poste, luego de mojarlo con agua fría. Una fotografía y hasta un video, son prueba fehaciente de la forma en la que fue torturado en esa comisaría. 

“Cada media hora lo sacaban de la celda y lo llevaban al patio. No dejaban que ninguno de los otros detenidos le prestaran una colcha, o que le dieran un colchón, a mi hijo lo tenían mojado, tirado sobre el piso frío”, contó la madre. Laura se quiebra cuando habla del dolor que siente al ver hasta donde han llegado, porque su hijo “era una persona sana”. Mauro estuvo desaparecido dos días, hasta que Laura lo escuchó gritar dentro de la comisaría décima. Luego le dijeron que había muerto de una neumonía. “Pero yo sé que estuvo vomitando sangre por los golpes que había recibido”, dijo. Walter, el papá de Mauro, lo encontró cuando estaba internado en el Hospital Interzonal Ramón Carrillo. 

“Nadie nos dijo nada sobre dónde estaba Mauro, nos enteramos por una vecina que vio cómo lo llevaban unos policías. Mi hijo casi no podía caminar” por las torturas sufridas durante su permanencia en la seccional. “Hasta hay un video, que una persona subió al Facebook, donde se ve cómo la policía tortura a mi hijo”, relató Laura. 

A pesar de los testimonios y de las pruebas existentes, “desde hace cuatro años vengo recorriendo las fiscalías, pero nadie hace nada porque en Santiago del Estero no hay justicia”. Laura denuncia que los fiscales “nunca” la pueden atender. El primer abogado que tuvo la familia fue Emiliano Aguirre, pero él y su hijo dejaron de ayudar a la familia de Mauro “porque dicen que tenían miedo que les pasara algo” por investigar a la policía santiagueña. 

Laura señaló que solo es “una madre que pide justicia para un hijo, pero ha pasado demasiado tiempo y nadie hace nada” para castigar a los responsables. Además, contó que llegó a escuchar los gritos de su hijo mientras era torturado en la comisaría, pero sus autoridades le decían que él no se encontraba en ese lugar. “Mi hijo gritaba ‘sáquenme de acá que me están matando’”, recordó. La voz de Laura se quiebra entre sollozos. 

Por la información de una vecina, supieron después que Mauro estaba en el Hospital Carrillo, pero al principio las autoridades también negaron su presencia en el lugar. Walter, el padre, finalmente lo pudo encontrar, vestido con un buzo de Boca Juniors que le había prestado uno de los detenidos en la comisaría décima. 

El joven tenía la cara desfigurada por los golpes, tenía quemaduras en el cuello y “vomitaba sangre porque le habían reventado los pulmones, las costillas, el hígado y tenía una pierna quebrada”. 

Mauro falleció en el Hospital Carrillo el 5 de mayo de 2020. Los policías que serían los responsables de las torturas seguidas de muerte son Pablo Enrique del Valle Palacios Giménez, Matías Nahuel Paz, Marcelo Sebastián Giménez, Carlos Eduardo Salvatierra, Manuel Rafael Brandán Serrano y Marcelo Soria. 

Una causa fantasma

“Hay una certeza absoluta de que Mauro fue torturado hasta la muerte durante su detención, pero la Unidad de Coordinación en Violencia Institucional no imputó a ninguno de los efectivos policiales”, dijo Ignacio Fernández Camillo, el abogado de la familia Coronel, en declaraciones a la prensa de Santiago del Estero. 

En 2021 Amnistía Internacional tomó el caso y denunció las irregularidades en la causa judicial, y desde entonces acompaña el reclamo de Laura Coronel. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó en un informe que las comisarías de la capital de Santiago del Estero “suman desde hace años reiteradas denuncias de violencia institucional”. Sin embargo, “a pesar de las arbitrariedades cotidianas, la investigación judicial es ineficaz y lenta” porque “los poderes Ejecutivo y Legislativo no avanzan en mecanismos de prevención de la tortura ni en el control de las fuerzas de seguridad”. En ese marco “la comisaría décima del barrio Autonomía cuenta al menos con dos casos de suma gravedad, anteriores al asesinato de Mauro Coronel”. 

Esos casos fueron por las torturas sufridas por Ramón Vázquez y Darío Ricardo Pérez. El CELS sostuvo que “a esos casos se agregan presuntos suicidios, muertes dudosas y denuncias por violencia institucional cuya investigación suele recaer, cuando se realizan, en las mismas policías”. 

En noviembre de 2018, en los barrios Belén y Bosco II, se produjeron arbitrariedades como consecuencia de la intervención policial por una pelea entre vecinos en la que fue agredido un uniformado. 

Esto derivó en la intervención de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Santiago del Estero, el Cuerpo de Infantería, el Escuadrón Táctico Motorizado y efectivos de cuatro comisarías. Se realizaron intervenciones violentas, allanamientos en la madrugada y detenciones. Los vecinos y vecinas denunciaron que “los detenidos en la División de Delitos Comunes fueron golpeados a patadas, trompadas, con palos, torturados con picana eléctrica frente a sus familias”. 

En las causas más difundidas, nueve policías fueron acusados formalmente por el asesinato de Ramón Vázquez, ocurrido en septiembre de 2013, cuando los policías entraron a su casa sin orden judicial y se lo llevaron detenido en forma irregular. Vázquez murió en la tortura. 

De los nueve policías, cuatro de ellos fueron acusados por “secuestro y torturas seguidas de muerte”. También por las detenciones ilegales de otras cuatro personas. 

Otros cuatro policías de la décima fueron imputados “por golpear salvajemente y matar mediante submarino seco a Darío Pérez”, quien fue detenido el 25 de septiembre de 2018.