Milei cerrará el Instituto Nacional de Agricultura Familiar

En un tiempo fue Subsecretaria de Agricultura Familiar y dependía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con los años, y tras cambios de gestiones nacionales devino, en noviembre de 2022, en Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal (INAFCI). Organismo descentralizado cuyo objetivo central fue el de coordinar y aplicar políticas que atiendan a las necesidades de las y los más pequeños pescadores y agroproductores: quienes se organizan desde su estructura familiar, campesinos y campesinas que trabajan sus parcelas de tierra, las comunidades indígenas y a quienes viven de la pesca artesanal.

La promoción de la agroecología, el mejoramiento del hábitat rural y, en especial, la permanencia en la tierra de los campesinos, campesinas e indígenas, en condiciones dignas, con seguridad jurídica y garantizando el acceso a sus derechos, fueron las prioridades del Instituto. 

Es bueno recordar, en estas horas de su desmantelamiento, que el horizonte del Instituto se preanunciaba lejano. No por incompetencia de sus autoridades ni mucho menos por desidia, sino por el peso de su historia. Por una mochila cargada de limitaciones. 

En diciembre de 2014, apenas iniciado el gobierno de Mauricio Macri pero impulsada por el gobierno saliente, se sancionó la ley 27.118, conocida como “Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”. En esa ley, además de exigir el fortalecimiento de “la organización y movilidad social ascendente de la agricultura familiar, campesina e indígena”, se instaba a la aplicación obligatoria del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF),  instrumento promovido por el Mercosur en su resolución 25/07 y creado en Argentina en octubre de 2007.  Constar en el RENAF se hacía imprescindible para percibir cualquier beneficio. Pero esta ley quedó “dormida”.  Recién se reglamentó en junio de 2023 cuando a Miguel Ángel Gómez, primer y único presidente que gobernó al Instituto, le quedaban menos de seis meses de gestión. 

Después de diecisiete años de creado el RENAF y a diez años de la ley de reparación histórica, las familias campesinas e indígenas siguen padeciendo similares complicaciones. Conseguir un crédito en Banco Nación, por ejemplo, es un objetivo difícil de alcanzar.  “La inscripción en el Registro habilita a las familias y comunidades indígenas para acceder a un crédito, pero el banco les pide antecedentes comerciales que, obviamente, no tienen”, explicó Gómez en junio de 2023, en el programa Las Vaquitas son Ajenas de radio La Retaguardia. Como en tantos otros ámbitos de la economía popular, hay mucha voluntad organizativa pero casi nunca hay plata. O hay muy poca. Toda la tarea, de la Secretaría primero y del Instituto después, estuvo signada por el esfuerzo y la aplicación de herramientas concretas para el beneficio de la población. Los resultados, ante la inconmensurabilidad de las necesidades, siempre parecen escasos.

El 10 de diciembre de 2023, el Instituto quedó a la deriva. No se designaron autoridades y nadie sabía que podía ocurrir. Aunque todos y todas lo imaginaban. Así como Macri, durante su presidencia, había ignorado a la agricultura familiar, era presumible que el gobierno de Milei la abandonara por completo.

Como en otros casos, también en éste se intenta justificar el cierre por motivos económicos. Y lo que es peor, lo presentan como un ámbito que sólo servía para realizar transferencias discrecionales a cooperativas o como una empresa de empleo público. Lo cierto ―lo evidente― es que el motivo es profundamente ideológico. Pero además, parece que no tienen demasiada noción sobre el valor real y estratégico de la economía popular. Según un informe del SENASA, la Agricultura Familiar representa al 66% de las familias que viven en el campo y a 250 mil establecimientos productivos que involucran a más de 2 millones de personas. Los alimentos que producen abastecen a más de la mitad de los pobladores de sus territorios. La desconsideración de estas actividades productivas habla de un posicionamiento ideológico pero también de ignorancia.

Frente a esta lamentable novedad, Rosalía Pellegrini, referenta de la Asociación Mujeres de la Tierra, dijo a La Retaguardia: “Nos estamos enterando de que van a eliminar el Instituto de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Desde que asumió Milei no había autoridades ni se estaba pudiendo hacer nada. La agricultura familiar y campesina logró institucionalidad a través de la lucha, a través de demostrar que producimos más del 60% de los alimentos que consume el territorio, cada vez en condiciones de mayor precariedad”. Además, contó cómo es la realidad actual de quienes producen alimentos: “Los aumentos de los insumos, del combustible y de las tarifas de electricidad están ahogando al pequeño productor. Hay muchas familias que están dejando las chacras, las quintas. Esto significa sumarse a una masa cada vez más grande de desocupados, salir a changuear. Las mujeres generalmente no tienen la posibilidad de changuear. Estamos con los pibes, cuidándolos. Hay una situación de empobrecimiento total. No podemos acceder ni siquiera a un proyecto, un programa o al RENAF, que es el reconocimiento de que somos agricultores familiares”.
Por último, Pellegrini sostuvo: “El gobierno de Milei, quiere destruir al pueblo, a sus organizaciones y a cualquier política pública que entienda que el alimento es un bien social y que las familias productoras necesitan apoyo del Estado”.