Por LaRetaguardia en Derechos Humanos, Lesa Humanidad - publicado el 4 enero 2026

La semana pasada se conoció la noticia del procesamiento de dos militares de Inteligencia acusados de haber participado del robo de propiedades pertenecientes a una cooperativa. La Torre de Periodistas, como se la conoce en Neuquén, tiene detrás una historia de sueños truncados por la dictadura, que se robó las propiedades que, 50 años después, continúan usurpadas.

Redacción: Ailín Bullentini

Víctor Hugo Reynoso apenas pasaba los 30 años en 1976 y se sentía “dichoso, tocado por la varita mágica”: fue uno de los socios fundadores de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén, responsable de soñar, militar, proyectar y concretar el primer edificio en altura de la ciudad patagónica, la Torre de Periodistas. Y es, hoy, uno de los dos de ese grupo primigenio que luchó por la Memoria, la Verdad y la Justicia y que ve algunos resultados concretarse. Casi 50 años después, el juez federal Gustavo Villanueva procesó con prisión preventiva a dos represores por su presunta participación en la apropiación ilegal de una veintena de departamentos de la torre y otros bienes de la cooperativa. La decisión es histórica. 

Cronista parlamentario, trabajador de prensa gráfica y radial, jefe de prensa de Felipe Sapag durante los años 60, Reynoso definió el procesamiento como “la mejor noticia” que recibieron él y sus compañeros cooperativistas, las familias que fueron usurpadas, el movimiento de derechos humanos neuquino. “De los tres que iniciamos la demanda contra los represores, quedamos dos”, señaló. En 2014, él, el periodista deportivo Héctor Lombardo y el locutor Osvaldo Arabarco, convirtieron en denuncia penal una investigación que junto a otros compañeros y compañeras habían estado realizando sobre el robo que sufrieron por parte de las fuerzas represivas durante el golpe de Estado de 1976. 

Entonces, la Fiscalía tomó sus testimonios y solicitó una serie de medidas. Tres años después, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén, a cargo de Miguel Ángel Palazzani, solicitó indagatoria para cinco represores del Ejército. Tuvieron que pasar otros ocho años para que el magistrado a cargo del Juzgado Federal N°2 de Neuquén, Gustavo Villanueva, avanzara con los procesamientos de los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 Jorge Molina Ezcurra, Adolfo San Martín y Jorge Di Pasquale; y de sus jefes en el Comando de la VI Brigada: Oscar Lorenzo Reinhold, que estaba a cargo de la División Inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI; y Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal. Quedaron vivos y en condiciones de afrontar el proceso solo dos: San Martín y Di Pasquale. 

La decisión del juez

Según la resolución que dictó a mediados de diciembre y se conoció días atrás, los hechos investigados se inscriben dentro del plan sistemático y clandestino de represión ilegal desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en Argentina y la región. En ese contexto, el juez consideró que los imputados participaron de allanamientos ilegales, robos y maniobras de defraudación por administración fraudulenta, delitos que fueron calificados como conexos a crímenes de lesa humanidad. 

En particular, el juez sostuvo que, además de secuestrar, mantener cautivas clandestinamente, torturar, abusar, asesinar y desaparecer a personas durante el terrorismo de Estado, el aparato represivo también avanzó sobre bienes y derechos patrimoniales de esas personas. 

En el caso de la Torre de Periodistas, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas intervinieron la cooperativa, se apropiaron de 21 departamentos, el edificio de cocheras y el flamante centro cultural, ambas estructuras que conformaban el proyecto de vivienda concretado por periodistas y trabajadores de prensa desde el Círculo de Periodistas de Neuquén, primero, y luego desde el Sindicato de Periodistas. Hicieron negocios en los que se beneficiaron personalmente con las cocheras y el Centro Cultural. Los departamentos continúan en manos de las fuerzas: “Los usan para recibir a efectivos que vienen durante unos meses desde otros lugares del país. Es increíble, los vecinos tenemos que ver los uniformes desfilar todo el tiempo por los pasillos de nuestras viviendas”, remarcó Reynoso. 

San Martín y Di Pasquale, ambos en cumplimiento de condenas por crímenes de lesa humanidad —el primero en su casa, el segundo en Campo de Mayo— fueron considerados responsables en calidad de partícipes necesarios de los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real, conexos de delitos de lesa humanidad, cometidos en perjuicio de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén. Asimismo, el magistrado dispuso un embargo de $25.280.000 sobre los bienes de ambos imputados, con el objetivo de garantizar eventuales penas pecuniarias, indemnizaciones civiles y costas del proceso. 

El sueño cumplido y el despojo

Para la década del 60, Neuquén prometía futuro. “La gran movida de la represa de El Chocón llenó de aires nuevos a la zona. Se fundaron diarios en la ciudad, como El Sur, de la familia Sapag”, rememoró Reynoso. En 1967, un grupo de trabajadores de prensa de Neuquén conformó el Círculo de Periodistas del Alto Valle y Neuquén. En junio de 1969, ese colectivo impulsó un proyecto colectivo para acceder a la vivienda propia. Así nació la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén, una experiencia solidaria que buscaba resolver, de manera asociativa, una necesidad básica: el techo. 

Para 1970, ya había proyecto y posible línea de crédito con el Banco Hipotecario nacional. También había sindicato: en septiembre de 1970 los trabajadores de prensa fundaron el Sindicato de Periodistas de Neuquén y la cooperativa lanzó su Plan de Viviendas. “La Coope iba por la parte de vivienda y el sindicato iba por la defensa de los derechos. Estábamos muy entusiasmados”, completó uno de sus fundadores. 

La Torre de Periodistas sería el primer edificio en altura construido en la ciudad, una estructura de 14 pisos con 86 departamentos —la mayoría con tres dormitorios— que además incluía al lado un edificio de cocheras y bauleras con capacidad para 60 vehículos y un centro cultural comunitario. 

“El 12 de septiembre del 71 colocamos la piedra fundacional. A fines del 75 estaba terminada la obra. Se estaban habilitando los servicios de Aguas Sanitarias, la cooperativa eléctrica y Entel en 1976, cuando los milicos tomaron el gobierno. Pensábamos inaugurar todo el 7 de junio de ese año con un gran acto que iba a convocar a todo el periodismo del país. Era un sueño tremendo, sobre todo para las generaciones mayores. Que de la propia militancia y organización surgiera una solución tan importante como la vivienda para la vida, era hermoso. Pero no nos dejaron”, reseñó Reynoso.  

Las 120 familias que se habían inscripto en el plan ya habían culminado sus pagos prácticamente cuando el mismo 24 de marzo de 1976 “personal militar cercó el predio de la torre y el obrador —que funcionaba como oficina—, desalojaron a los miembros de la comisión directiva y se apoderaron de la documentación”, detalló Villanueva en su procesamiento. En paralelo desataron una campaña de hostigamiento y persecución a los miembros de la comisión directiva y asociados. Algunos fueron secuestrados, otros debieron exiliarse. Todos perdieron su trabajo.  

El suboficial mayor Ulises Baca Cau, que falleció impune, asumió como interventor de la cooperativa. Decidió postergar la inauguración de la Torre y la entrega de las unidades funcionales y realizó una revisión de la lista de adjudicatarios, que “concluyó con la asignación de 15 departamentos al Ejército, 4 a la Gendarmería, 2 a la Policía Federal y 2 a la Armada, despojando de esa manera a sus asociados”, continúa el procesamiento. 

También revisaron planos de la edificación y desestimaron las cocheras y el centro cultural. “¿Qué centro cultural comunista ni qué carajos?”, recordó Reynoso que les dijo el general José Luis Sexton, por esos años comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, un cargo muy elevado en la estructura genocida de la zona. Sin consultar a los socios vendieron ambos anexos y se apoderaron de la suma percibida. También se adueñaron de toda la documentación, que nunca más apareció. “Son expertos en desapariciones los milicos, ni siquiera aparecieron los documentos de la cooperativa cuando la Justicia comenzó a investigar nuestras denuncias”, indicó Reynoso, que previo a iniciar la demanda trabajó junto a sus compañeros en la reconstrucción del despojo. 

La persecución

La llegada del golpe significó el fin de la cooperativa de vivienda y la intensificación de la persecución al colectivo de periodistas y trabajadores de prensa organizados, que venían soportando desde los meses previos el terror de la Triple A. Enrique Oliva, corresponsal de Clarín en Neuquén, era el presidente de la Cooperativa en marzo de 1976. Estaba en Buenos Aires cuando los represores intervinieron todo. En la ciudad capital “fue anoticiado que en razón de su tarea como periodista figuraba en una lista de personas consideradas ‘peligrosas’”. A los pocos días se exilió en Francia. 

Su hija, Teresa Oliva, brindó testimonio en la causa en relación al exilio de su papá y a la persecución que ella y su compañero, Jorge Esteban, sufrieron en carne propia: ambos fueron secuestrados; él fue mantenido cautivo y torturado en el centro clandestino “La Escuelita”, de Bahía Blanca. 

La librería que Marta Echeverría y Marta de Cea, otras dos cooperativistas, tenían en el centro de Neuquén, recibió la visita de la Triple A en 1975: una bomba estalló en la vereda el 16 de marzo de aquel año. “Allí nos reuníamos bastante con la cooperativa”, recordó Reynoso. 

Días después del 24 de marzo, a Echeverría, otra de las socias fundadoras de la cooperativa, la “levantaron” en un Ford Falcon mientras caminaba por la calle. “Estaban Guglielminetti y otro rubio al que llamábamos ‘Sérpico’ —en relación a los dos represores—, la llevan a dar una vuelta y la aprietan para que diga donde tenían guardada a René Chávez —diputada provincial por la tendencia—”, recordó su esposo, David Mutchinick, quien brindó testimonio en la causa. Marta estaba embarazada, y fue golpeada y amenazada en ese auto. “Desde entonces dormimos en una casa distinta, todos los días detenían gente y desaparecían. Tomamos la decisión de irnos a México”, agregó David. Marta no llegó a declarar, falleció antes.