Por LaRetaguardia en Derechos Humanos, Lesa Humanidad - publicado el 4 enero 2026

El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata fijó fecha para el juicio oral y público en la causa que investiga la responsabilidad empresarial de Molinos Río de la Plata S.A. en crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores durante la última dictadura cívico militar. El 26 de abril, el TOF comenzará a juzgar a Emilio Parodi, quien fue gerente de planta que la cerealera del conglomerado Bunge & Born tiene en Avellaneda, por el secuestro de tres trabajadores de la empresa que permanecen desaparecidos. Se podrá ver en vivo a través de La Retaguardia.

Redacción: Ailín Bullentini

Parodi había sido indagado y procesado con prisión preventiva y domiciliaria en 2023, medidas confirmadas por la Justicia federal bonaerense un año después tal como informó La Retaguardia. Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, dio esos pasos procesales en un expediente que había comenzado en 2013 con las denuncias de los hijos de Avelino Freitas, Francisco Fernández y Ramón Mattaboni, tres trabajadores de Molinos, activistas sindicales y políticos dentro de la planta de Avellaneda, perseguidos por la cúpula empresarial y víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura.  

Aquel expediente reunió 23 casos de trabajadores de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata y/o familiares que fueron secuestrados, torturados y la mayoría desaparecidos durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, hechos por los que fue indagado Parodi. Kreplak, finalmente, lo procesó solo por las privaciones ilegales de la libertad de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto Rivolta Bonino, agravadas por el uso de amenazas. Son esos casos los que lo llevarán al banquillo de los acusados en abril próximo. 

Para Pablo Llonto, abogado querellante en representación de la familia de Fernández, es «importantísimo que de una vez por todas este juicio empiece ya que el trabajo de los familiares de las víctimas durante años para lograr que se entienda la responsabilidad criminal de los gerentes y directivos de Molinos fue ardua”. 

Persecución a la organización obrera

Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino eran trabajadores de la empresa Molinos Río de La Plata. Junto a Freitas, Mattaboni y muchos fueron protagonistas de la lucha que a principios de los 70 se dio en varias empresas de los cordones industriales de las principales provincias del país y que apuntó no solo a mejorar las condiciones laborales y salariales, sino también a mover las estructuras de la burocracia sindical. En el caso de Molinos, un colectivo con vínculos en la Juventud Trabajadora Peronista, la “Agrupación 17 de Octubre”, impulsó la Lista Blanca dentro del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, que peleó y ganó la conducción a la burócrata Lista Celeste. 

Uno de los integrantes de la Lista Blanca fue Fernández, que había ingresado a trabajar a la fábrica en el 1973 en el área de mecánica. Tenía 26 años, estaba casado y tenía tres hijos. Ojeda había sido elegido como delegado en el marco de la Lista Blanca. Tenía 24 años y se desempeñaba en la sección Expedición de la planta de Molinos en Avellaneda. Rivolta Bonino también había militado esa renovación gremial. Los tres fueron secuestrados en el marco de un operativo ilegal que tuvo lugar en la fábrica de Dean Funes 90, el 7 de julio de 1976. No hay datos de sus pasos por centros clandestinos, pero los tres continúan desaparecidos. 

La participación de Parodi

En los tres casos hay mención de la participación de Parodi, entonces jefe de Personal, en la “entrega” de datos para que la patota pudiera concretar los secuestros. Tras indagarlo y evaluar la prueba disponible, el juez de Instrucción platense consideró que, al menos, el exgerente no podía desconocer los secuestros, ya que habían sucedido dentro de la fábrica. El 1 de septiembre de 2024 fue procesado por su colaboración con las patotas militares y policiales para que esos delitos de lesa humanidad se llevaran a cabo.

“Se trata de una empresa más que en la dictadura gozaba de impunidad para actuar en conjunto con los grupos de tareas llevando adelante secuestros en la misma planta de la empresa como ya hemos visto que ocurrió en Ford y Mercedes Benz”, apuntó Llonto en diálogo con La Retaguardia. “Que este 2026 se inicien los juicios de Molinos y Mercedes Benz es al menos un freno a las políticas negacionistas y de reivindicación de la dictadura y sus políticas antiobreras que vemos cada tanto de muchos personajes del actual gobierno y afines al actual gobierno. Y que se haga a 50 años del golpe tienen un valor mayor para nosotros, ojalá sean juicios a los que les impriman velocidad”, remarcó. Aún se espera que la Justicia federal de San Martín ponga fecha para el debate oral y público contra Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Mercedes Benz, por el secuestro de obreros de la automotriz en dictadura. 

Se trata de la primera causa dentro de la jurisdicción de la Justicia platense que vincula cúpulas empresariales con violaciones a los derechos humanos contra trabajadores organizados, uno de los colectivos más atacados por el genocidio de la última dictadura, que llega a juicio oral. Para Molinos, la dictadura no fue solamente un cambio de gobierno. La cerealera, especializada en la elaboración de harina y aceite, era una empresa muy importante del poderoso grupo económico Bunge & Born que, “durante y después de la dictadura se convirtió en una de las empresas más grandes del país a partir de la adquisición de diversas marcas de alimentos, la tecnificación de sus plantas fabriles y la reducción de sus costos de producción”, apuntó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”. 

La represión ilegal le sirvió a la compañía para desarticular la organización gremial y disciplinar al colectivo obrero. Sin esa campaña sangrienta, la reducción de los costos de producción, el crecimiento y sobre todo la concentración de recursos de sus dueños no hubiera sido posible. 

A la espera del juicio contra Parodi, abogado octogenario que aguarda el proceso oral y público en su casa, la instrucción sobre el resto de los casos sigue en manos de Kreplak y con el impulso de las querellas y la Fiscalía, en búsqueda de elementos para avanzar sobre responsables militares y policiales.