Pablo Salinas
En el marco del noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, declararon como testigos de la causa denominada ‘Operativo Antijesuita’ Yamila Álvarez, Pablo Correa Llano y Oscar Martín Midone. Fue ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa provincia, en general los viernes por la mañana, con modalidad semipresencial. (Por La Retaguardia) ✍️ Texto y cobertura en el juicio 👉 Luis Angió 💻 Edición 👉 Fernando Tebele/Diego Adur 📷 Fotos 👉 Pablo Correa Llano, quien declaró por su hermana desaparecida, María Inés Correa Llano. (Luis Angió) Yamila Álvarez, es docente e investigadora. Investigó la tarea del Padre José María Llorens en el barrio San Martín, donde junto al grupo de los 27 sacerdotes crearon las Juventudes Universitarias Católicas (JUC). Álvarez manifestó que, si bien esos grupos eran integrados por jóvenes de distintas organizaciones sociales y políticas, predominaban otros vinculados al peronismo. El padre Llorens había organizado campamentos, llamados Juventudes Universitarias de Trabajo (JUT), que durante el verano ayudaban en la construcción de viviendas en el barrio San Martín. Además, les servía para que tomaran contacto con otra realidad. Yamila Álvarez comenzó a investigar estos hechos en el 2008, dentro del Movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo en Mendoza, y su vinculación con Montoneros. Su trabajo de investigación llega hasta el año 1968. En esa provincia se identificaban más con el Peronismo de Base (PB), ya que no estaban de acuerdo con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ni Montoneros por la metodología de la lucha armada. El Peronismo de Base en Mendoza tomó el nombre de Coordinadora. Álvarez también manifestó que los grupos armados nunca tuvieron un mayor desarrollo y no había una distinción entre los distintos grupos, como FAR, FAL y FAP. Ante la pregunta del Dr. Pablo Salinas, querellante por parte de del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Yamila Álvarez expresó que a nivel provincial no había vinculación entre las CUT y los Montoneros. Antes de finalizar su declaración, el defensor oficial, Pérez Videla le preguntó si junto con el Padre Llorens estuvieron trabajando integrantes del ERP y de los Montoneros, a lo que ella respondió que desconocía esa situación. El dolor de no saber Luego declaró Pablo Correa Llano, hermano de María Inés Correa Llano, quien trabajaba como instrumentadora en el sector de cardiología del Hospital Central. Además, era montañista en el Club Andinista de Mendoza y tenía actividad con el Padre Llorens en el parque San Martín. Él nunca conoció ninguna actividad política de su hermana. Cuando ella desapareció, Pablo concurrió al hospital para saber si María Inés estaba yendo a trabajar. Allí se enteró de que había sido despedida por ausentarse un tiempo. Posteriormente, hizo la denuncia en la dependencia policial de Chacras de Coria. Contó que su padre hizo gestiones ante autoridades militares y que en una oportunidad reunió a su familia para decirles que personal del Ejército secuestró y asesinó a María Inés, aunque el testigo no supo quién le había dado esa información. Correa declaró en el año 2006. Ya en esa instancia comentó lo que el padre le había dicho sobre las averiguaciones, pero que nunca supieron el destino de su hermana. María Inés estaba en pareja con un hombre de Gral. Alvear y estaba embarazada aproximadamente de 8 meses. Nunca supo nada del bebé de su hermana, pese a que dejaron muestras genéticas en el Banco nacional de Datos Genéticos (BNDG). Sobreviviente, testigo y familiar de desaparecida Oscar Martín Midone declaró sobre la desaparición forzada de María Cristina Lillo, estudiante de la Facultad de Medicina y compañera en esa facultad. Le decían Pili. Él fue secuestrado, y luego detenido y reconocido. Contó que junto a Pili militaban con otras compañeras y compañeros. Tenían diferencias con la dirección de la carrera, pero no tenía conocimiento de que ella militara en ninguna organización política. Midone se exilió y cuando regresó al país tomó conocimiento de las desapariciones, cuando comenzaron los juicios. En ese momento le comentaron que Lilo tenía alguna militancia en Guaymallén. Narró que ellos militaban en el barrio Olivares y Flores. Hacían medicina popular con el Padre Llorens, visitaban a los vecinos en los dispensarios, realizaban historias clínicas y ayudaban a los vecinos a organizar la unión vecinal. En una oportunidad hubo un atentado en la Iglesia de los Pobres. En la facultad realizaban asambleas todos los días en el aula magna, que era como un anfiteatro, y peleaban por un plan de estudios y biblioteca, ya que en esa época no había asistencia del Estado. A la pregunta de uno de los abogados defensores, respecto de si les llegaban provisiones de mujeres de clase alta, manifestó que les daban maicena para reemplazar la leche. Eran señoras vinculadas a la Iglesia Católica. También le preguntaron si les habían hecho inteligencia previa antes de su detención. Comentó que luego de ser detenido, en los interrogatorios que le hacían y donde era torturado, salieron a la luz las actividades en los barrios. De ahí concluyó que hacían inteligencia en la facultad. Respecto a su situación personal, dijo que estuvo detenido dos años y tres meses. “Vinieron a mi casa el 6 de junio a las dos de la mañana con camiones y jeep. Me llevaron a la 8ª Brigada de Infantería. Había 120 personas. Tres o cuatro días después le avisaron a mi familia. Había torturados y secuestrados sin ninguna legalidad. Nos decían que estaban a disposición de Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”. Habló de la “tortura, que era terrible” y de “los bastones largos con que nos pegaban”. Luego comentó que lo imputaron con la Ley 20840 de actividades subversivas, y lo pasaron a disposición del Poder Judicial. Estuvo dos años y medio, hasta septiembre de 1976, en el Regimiento 8º de Comunicaciones, y luego fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza y al Aeropuerto de Mendoza, hasta La Plata donde lo fue a ver un fiscal de Mendoza. El padre le dijo que su pareja estaba embarazada y entonces decidió casarse en la cárcel. La parte civil fue en la oficina donde
El abogado querellante Pablo Salinas, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fue insultado este mediodía por un represor en pleno juicio. Sucedió durante una audiencia virtual, mientras el abogado argumentaba contra el pedido de las defensas para suspender el juicio. El represor, que hasta el momento no pudo ser identificado, le dijo “Hijo de puta”. Salinas escribió este texto y también compartimos el audio de su argumentación y del insulto del represor. (Por Pablo Salinas para La Retaguardia) 🎤 Registro en juicio: Luis Angió ✏ Redacción: Pablo Salinas 💻 Edición: Fernando Tebele El honor del insulto En pleno debate del noveno juicio por crímenes de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza, y al momento de contestar los argumentos de las defensas, que solicitan que se pare el juicio porque de modo virtual se pierde la inmediación, en ese instante preciso es que uno de los represores me dice: “Hijo de Puta”. En ese momento pensé: “Me acaba de insultar un represor. Me acaba de insultar en pleno juicio”.Me gané ese insulto por pedir que el juicio continúe de manera virtual y no se torne ilusorio el derecho de las víctimas”.Me gané ese insulto porque defendí a las víctimas, mis representadas, y pedí que el juicio siguiera adelante en forma virtual muy a pesar de los represores.Porque miles de audiencias, todos los días, se hacen en el país de modo virtual. El congreso sesiona de manera virtual.Pero ellos quieren la solución biológica. Ellos quieren, como Pinochet, morir sin ser condenados, tornando ilusorio el derecho de las víctimas a la justicia, y haciendo responsable al Estado argentino.Por eso el título el honor del insulto y hoy, 3 de julio, siento que es un honor. Que un represor me insulte quiere decir que no les gusta lo que hago, que es lo que soy. Y si no les gusta a ellos es porque honro la memoria de nuestros compañeros, y así como Videla dijo que lo peor le pasó con los Kirchner, y eso es un honor, este insulto de los represores es un honor para mí, que tantos años impulsé estas causas. Tan mal no lo hice… Dr. Pablo Gabriel SalinasQuerellante MEDH DESCARGAR AUDIO
En el sexto juicio realizado en Mendoza por crímenes de lesa humanidad fueron condenados a prisión perpetua 5 genocidas. También hubo sentencias que van de 22 a 4 años y medio y un absuelto. El fallo remarca la violencia de género que sufrieron específicamente las mujeres por su condición. Pablo Salinas, abogado querellante e integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, habló con Fernando Tebele en el programa Oral y Público por Radio La Retaguardia y contó los detalles de la sentencia. (Por La Retaguardia) Foto: el momento de la lectura del veredicto (juiciomendoza6.blogspot.com) Pablo Salinas participó como abogado querellante en los 6 juicios que se realizaron en Mendoza. Es más: cuenta que fueron 7, porque suma el juicio por la verdad, que se realizó cuando las leyes de impunidad impedían penalizar a los genocidas. Además de la satisfacción por las condenas perpetuas, Salinas se mostró satisfecho porque el Tribunal reconoció el centro clandestino Las Lajas como tal y porque los crímenes contra las mujeres fueron identificados por su componente de género: “Fue una sentencia picante. Ha considerado todos los crímenes contra la humanidad en el contexto de genocidio. Ha declarado expresamente que el campo clandestino de la Fuerza Aérea Las Lajas fue un centro clandestino y un campo de concentración. También ha especificado y considerado la especial violencia de género que sufrieron las prisioneras mujeres en el Casino de Oficiales del Ejército. Es la primera sentencia de lesa que considera especialmente la violencia sufrida en cárcel de mujeres por su específica condición de género. En este tremendo contexto adverso, estamos conformes de poder seguir sosteniendo los juicios y poder transmitir un mensaje de esperanza a los colegas abogados de todo el país, organismos y familiares”, expresó. El listado de víctimas y la declaración de violencia de género. Más allá de la importancia de la distinción de la violencia de género en la sentencia, no es la primera vez que esto ocurre. La Retaguardia pudo hallar al menos un antecedente: la megacausa La Rioja III, en el que el tribunal que falló el 28 de junio de 2016 determinó que “las mujeres que estuvieron detenidas en esta causa y que conforme a los testimonios vertidos en la audiencia de debate sufrieron algún tipo de vejamen o abuso sexual, fueron víctimas de actos que, según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, constituyen formas de violencia contra la mujer”.Cabe resaltar también que la de Mendoza fue la sentencia de lesa humanidad 25 en la que se distinguen los delitos sexuales, evitando que queden incluidos en las torturas. Como solemos decir, la disputa de sentido en la justicia ha sido escalonada, y una vez que se consigue sumar algún valor, las sentencias posteriores suelen tomar esos conceptos. Allí se incluyen tanto la distinción de los delitos sexuales, como la caracterización de violencia de género. Las perpetuas Las cinco prisiones perpetuas fueron para los represores Pablo Gutiérrez Araya, Alcides Paris Francisca, Diego F. Morales Pastran, Ricardo B. Miranda y Juan Carlos Santamaría. El abogado remarcó la importancia de la condena a Santamaría porque incluyó la confirmación del centro clandestino Las Lajas y demostró la responsabilidad de la Fuerza Aérea durante el Terrorismo de Estado: “Santamaría, de la Fuerza Aérea, fue condenado por el crimen del rector Mauricio López, que se lo vio por última vez en el centro clandestino Lajas. Es un centro descubierto con posterioridad a la CONADEP. Lo descubrimos en Mendoza hace 10 años. Estamos convencidos que allí pueden estar los restos de nuestros compañeros. Es muy importante la condena perpetua de este Vice Comodoro. En la sentencia a las Juntas, la Fuerza Aérea pretendía ser excluida. Esta sentencia en Mendoza deja más que claro que la Fuerza Aérea formó parte del aparato represivo de la última dictadura militar. Las otras perpetuas son Miranda, Araya, Alcides Paris y Pastran, que son miembros del D2, el peor centro de detención clandestino de la provincia. El D2 es la ESMA de Mendoza”, referenció. Delitos de lesa humanidad con condenas bajas Salinas se refirió a la condena baja que recibió el excomisario de la Policía de Mendoza y funcionario durante la gestión del gobierno democrático de Celso Jaque, Carlos Rico Tejeiro, que lo dejó en libertad: “Le dieron 4 años y medio y tenía la pena cumplida. Hay algunas otras condenas también bajas. Nosotros vamos a recurrir en Casación. Si son crímenes contra la humanidad en contexto de genocidio, la pena de 4 años y medio no es justa. Es bastante leve”, avisó y reiteró: “En estos tiempos, mantener sentencias condenatorias es muy importante. Hay un laburo de acusación muy fuerte”, dijo.El resto de las condenas fueron para Carlos Ledesma Luna (22 años), Armando Carelli (22 años), Armando Fernández (20 años), Ramón Ángel Puebla (14 años), Roberto Usinger (14 años), Dardo Migno (12 años), Mario Alfredo Laporta (12 años), Miguel Ángel Salinas (5 años), Carlos F. Alvarez Lucero (5 años), Migue Ángel Tello (5 años), José Luis Mirotta (4 años y 6 meses), Marcelo León (4 años y 6 meses) y Luciano Marín fue absuelto. La escasa cobertura Salinas fue contactado por La Retaguardia algunas horas después de la lectura de veredicto. Hasta ese momento ningún medio tradicional de comunicación había informado sobre las condenas. Para el querellante, la responsabilidad es de algunos personajes nefastos que intentan destruir el proceso de Memoria, Verdad y Justicia: “Pasaron varias horas de la sentencia y no hay ningún medio nacional que lo refleje. Es triste. Tiene que ver con toda la operación de este enorme mecanismo de control social que son los trolls, aceitados por algunos personajes como Baby Etchecopar, (Alfredo) Casero y demás, que son profetas de ideas negacionistas. Vienen a pretender echar un manto de olvido sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Casero y Etchecopar merecen el repudio de toda la sociedad argentina por pretender instaurar teorías negacionistas”, denunció el abogado.Después de este sexto juicio por delitos de lesa humanidad, en Mendoza se desarrollarán otras causas
Esta tarde se conoció el veredicto en el juicio a los jueces en Mendoza. Los ex jueces Otilio Romano, Rolando Carrizo, Luis Miret y Guillermo Petra, fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Además, hubo otras 8 perpetuas- 12 en total-, varias a penas intermedias y 5 acusados quedaron en libertad. Radio La Retaguardia realizó una transmisión especial donde se escucharon testimonios de referentes de organismos de derechos humanos. (Por La Retaguardia) Foto: centenares de personas se dieron cita para escuchar el veredicto afuera del tribunal (Gentileza APDH San Rafael) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, dio a conocer el veredicto que condenó a prisión perpetua a 4 ex jueces federales por “crímenes de lesa humanidad y por ello imprescriptibles cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio”, según relató la secretaria que leyó el texto.Fueron 12 condenas a prisión perpetua para: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret Clapés, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano Ruiz –todos ellos ex jueces federales-, Alcides Paris Francisca Beccaria, Paulino Enrique Furió Etcheverri, Pablo José Gutierrez Araya, Amando Osvaldo Fernández Miranda, José Antonio Fuertes Fernández, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Miguel Ángel Tello Amaya y Carlos Horacio Tragant Garay.Fueron condenados a 20 años: Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Dardo Migno Pipaon –estos tres incluyen delitos de violación y abuso sexual- y Ramón Ángel Puebla.A 18 años, Marcelo Rolando Moroy Suárez.Por su parte recibiero 15 años, Mario Alfredo Laporta Chielli y Diego Fernando Morales Pastrán y 10 años, Ricardo Benjamín Miranda Genaro. Las penas más bajas fueron a 6 años, para Oscar Alberto Bianchi Bartell y Pedro Modesto Linares Pereyra. A 5 años, Armando Hipólito Guevara Manrique.Por otro lado, varios acusados se volvieron para sus casas, en algunos casos porque fueron condenados a 3 años de prisión condicional, Antonio Indalecio Garro Rodríguez y José Antonio Lorenzo Constantino, o el caso de Héctor Rubén Camargo Granda, Miguel Ángel Ponce Carrera y Juan Carlos Ponce Ochoa fueron absueltos.El juicio que condenó a ex jueces federales cómplices y partícipes del Terrorismo de Estado comenzó el 17 de febrero de 2014. Se trata de jueces que actuaron durante la dictadura militar, pero que también tuvieron una participación activa luego del retorno de la democracia para retrasar los juicios, demorarlos y garantizar así la impunidad a los genocidas.Durante todo el proceso judicial, familiares y amigos de los imputados y simpatizantes de los represores hicieron todo lo posible para amedrentar y atemorizar al jurado, testigos y querellantes tanto dentro como fuera del juzgado. Taparon murales con leyendas a favor de la lucha por los derechos humanos y uno de los hijos de un represor imputado llegó a una de las audiencias con un auto Falcon verde, tal como contó Victoria González, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael, Mendoza.Pablo Salinas, el abogado querellante de este juicio por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) dijo a La Retaguardia antes de conocer la sentencia: “es un día de justicia y de memoria hacia nuestros compañeros que sabemos que nos acompañan desde algún lugar”.A pesar de las condenas condicionales y las absoluciones, la importancia de esta sentencia a 4 de los jueces federales que participaron de los crímenes de lesa humanidad y encubrieron a los genocidas es que se da en el marco de un contexto político que pretende la reconciliación con los represores y con una Corte Suprema que quiere imponer impunidad a través de la sanción del 2×1. “Es un mensaje de que podemos seguir luchando por la justicia y podemos seguir avanzando sobre la complicidad civil”, había dicho Salinas antes del veredicto. El de hoy fue un día histórico, porque los ex jueces fueron condenados. Lo que queda por delante hoy parece imposible: avanzar sobre la complicidad civil. De todos modos, imposible es una palabra que en el idioma de los sobrevivientes e integrantes de organismos de derechos humanos, parece no existir. DESCARGAR
Ante el indignante y repudiable beneficio del 2×1 otorgado al genocida Luis Muiña, condenado por secuestros, torturas y desaparición de trabajadores del Hospital Posadas, muchas voces sonaron en repudio a este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Desde el programa Oral y Público, conducido por Fernando Tebele y María Eugenia Otero junto al sobreviviente Víctor Basterra, se convocó a personajes de distintos organismos de derechos humanos para pronunciar su rechazo a esta ley que abre el camino para la libertad de muchos otros genocidas. El repudio se manifestará en la calle la semana próxima, hasta ahora con dos convocatorias: la que estaba citada hace un mes por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, contra la represión, y que ahora suma el 2×1, que será el jueves 11 a las 17 desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo; y la que agregaron esta semana los organismos cercanos al kirchnerismo, el miércoles 10, también en Plaza de Mayo. (Por La Retaguardia) El fallo de la Corte que otorga el beneficio de la reducción de pena al 2×1, una ley que fue derogada en el año 2001, provocó el absoluto repudio de todos los organismos de defensa de los derechos humanos; es más, trascendio al movimiento y se extendió a otros sectores de la sociedad. De esta manera, cientos de genocidas podrían pedir ante la Justicia el mismo beneficio y quedar libres. De hecho, los días siguientes al fallo, un aluvión de abogados de genocidas presentaron pedidos para sus clientes, que serán resueltos en principio por cada tribunal oral. Alan Iud: “La Corte abre una vía para que tengamos que convivir con personajes como Acosta o Astiz” Para tratar de entender la artimaña legal que se llevó a cabo en este fallo, desde el programa Oral y Público convocaron a Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo: “Respecto del fallo de la Corte, lo importante para destacar es que a través de una argucia legal y argumentos que hasta ahora habían sido desechados casi de manera unánime por los tribunales, la Corte establece un régimen de excepción para los crímenes de lesa humanidad bajo el argumento de que es lo que impone la ley para todos los casos. Hay una falacia muy grande porque es una ley que fue derogada en 2001 y que hoy se aplicaría a un universo de casos muy pequeños, hechos cometidos con anterioridad al año 2001 según el criterio que está imponiendo la Corte. ¿Qué casos son esos? Bueno, los crímenes de la Dictadura Militar tienen un rol central y luego uno puede encontrar unos casos muy excepcionales donde se hayan dado prisiones preventivas en forma previa al dictado de una sentencia y correspondan a hechos previos al año 2001, como fue el caso de la condena del cura Julio Grassi. En definitiva, a través de tecnicismos y en una decisión muy ajena al debate social y a la valoración social que hay en el país en relación a los crímenes de lesa humanidad, la Corte abre una vía para que en muy poco tiempo sean muy pocos los represores que permanezcan en prisión por los crímenes que se cometieron y que sea una realidad que tengamos que convivir en sociedad con personajes como el Tigre Acosta, Astiz y otros criminales” explicó. Víctor Basterra: “Me siento muy triste, agredido y furioso” Quien también dio el presente para repudiar este fallo escandaloso fue Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA e integrante del programa Oral y Público: “Es una cachetada a todo el montón de años que llevaron adelante los luchadores sociales, los organismos de derechos humanos, familiares y los sobrevivientes, que luchamos a lo largo de muchos años. Nos acongoja. Me siento muy triste, agredido, furioso y con ganas de hacer muchas cosas. Estoy muy veterano, pero con mucha bronca realmente” comenzó su relato Víctor con Fernando Tebele y María Eugenia Otero.Basterra, quien calificó al Gobierno de Mauricio Macri apenas asumido como de ultraderecha, no ocultó su sorpresa e indignación ante el fallo de la Corte y criticó a los jueces responsables: “No pensaba que pudieran realizar esto así, a cara tan descubierta, amparándose en la supuesta independencia que tiene la Justicia. Pero vemos que está atada. Los dos jueces que fueron impuestos por el Ejecutivo (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) son los que comandan esta acción. La jueza (Elena Highton de Nolasco) está agarrada de las pelotas. Como dijo Estela de Carlotto, con quien coincido totalmente, si no tienen el valor para sostener unos años más…que se pongan un kiosquito. Que no jodan con el sentimiento de millones y millones de personas” dijo, emocionado.Por último, Basterra alentó a repudiar y escrachar todo tipo de presencia de los genocidas fuera de la cárcel y pidió a los jóvenes que aprendieran a defenderse ante épocas que vaticina oscuras para el país: “Espero que no seamos 200 o 300. Yo he hecho escraches de 10 personas. Recuerdo cuando estaba (Miguel) Etchecolatz en el bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, haber ido y éramos muy pocas personas. Espero que si se producen –los escraches- sea masiva la presencia de jóvenes, fundamentalmente. Lo tienen que hacer en defensa propia. Empezar a pensar que tienen que hacer cosas en defensa propia. Esta medida, el 2×1 a genocidas, le abre la puerta a un nuevo genocidio cuando se presente la oportunidad. Esto es ultraderecha, no nos olvidemos. Están acostumbrados a esta metodología. Hay que esperar a que se desarrollen los acontecimientos. Mientras tanto activar todos los mecanismos, ya sea judiciales o de protestas internacionales, toda herramienta que sirva para neutralizar esta embestida que comienza. Este es el comienzo, así que hay que estar preparados” expresó. “Es un indulto encubierto para muchos represores” Pablo Salinas, abogado, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) en Mendoza y querellante en las causas contra genocidas en esa provincia, también mostró su rechazo ante el beneficio del 2×1. Explicó que es incompatible con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y avisó que denunciaran el fallo:
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