José Schulman y las responsabilidades de las empresas en el Terrorismo de Estado
Escrito por La Retaguardia el agosto 9, 2014
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| Plenario sindical en Villa Constitución 1974 (Foto: cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com) |
(Por La Retaguardia) El jueves 7 de agosto se llevó adelante una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de los Tribunales de Comodoro Py, por la causa en la que se investiga la relación entre el directorio de la metalúrgica Acindar y el terrorismo de Estado. Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una de las impulsoras del caso, reclaman que no sé dé lugar a un pedido de la justicia rosarina de trasladar la causa a esa jurisdicción, ya que –según denuncian– el objetivo es retrasar el avance hacia el juzgamiento de los responsables económicos que actuaron y se beneficiaron antes y durante la última dictadura.
Como resultado de unas jornadas de trabajo en la ESMA en las que se discutió empresa por empresa la relación entre terrorismo de Estado y poder económico, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) presentó junto a los principales referentes del movimiento popular de Villa Constitución (Santa Fe) una denuncia penal contra el directorio de Acindar y el gobierno de Isabel Martínez de Perón “por la asociación ilícita en que construyeron no sólo el operativo represivo sino el saqueo del país”.
Esto ocurrió en 2010 y recién el año pasado obtuvieron una respuesta por parte de la justicia: “el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide tomó una decisión muy importante que nosotros la celebramos y valoramos porque dijo que a pesar de que está conectada con la causa Triple A por diversas razones, entre ellas Aníbal Gordon que fue uno de los jefes operativos en Villa (Constitución), separaba la causa de Acindar por una cuestión fundamental que es que prima facie estaba demostrado el interés económico del directorio de Acindar en el Terrorismo de Estado, algo que así no se había dicho nunca en una instancia judicial. Se ha vinculado a diversos empresarios como Blaquier o los gerentes de Ford con actos puntuales de terrorismo de Estado, pero no esta relación que se estableció. A partir de ahí la causa avanzó mucho, muchísimo, hasta que en abril de este año pedimos la indagatoria de cuatro personajes que para nosotros son claves, el general Alcides López Aufranc, que sucedió a Martínez de Hoz en la dirección de la empresa; Arturo Acevedo, miembro de la familia fundadora de la empresa que tenía un cargo muy importante en el directorio de Acindar durante los años del Terrorismo de Estado; y los dos gerentes que más notoriamente estaban comprometidos en el plan de exterminio, que son Pedro Aznares y Roberto Pellegrini”, explicó José Schulman, secretario general de la LADH en diálogo con Oral y Público.
Desde 1951 funciona en la localidad santafesina de Villa Constitución una planta de Acindar. Allí se llevó a cabo el Operativo Serpiente Roja de marzo de 1975, y se denunciaron muertes y torturas al interior de la planta, detenciones ilegales, y cambios negativos en las relaciones laborales. Entre los trabajadores que desde un principio denunciaron estos hechos se encuentran el histórico Alberto Piccinini; Carlos Sosa, que era secretario de la CTA de Villa de ese momento, hoy fallecido; y Juan Actis, que era secretario de la UOM. Los tres participaron de la presentación de la causa junto a la Liga en 2010.
“Nosotros estábamos demostrando claramente que no tenemos en este juicio el interés fundamental puesto en encontrar a los verdugos sino en encontrar por fin a los que dieron la orden no solo para Villa sino para todo el país. La asociación entre Martínez de Hoz e Isabel, primero; entre Martínez de Hoz y Videla después; entre Videla, Martínez de Hoz y López Rega y Lorenzo Miguel, esas asociaciones son las que propusimos investigar. Nosotros hicimos una entrevista con el juez, le explicamos por qué íbamos a hacer el pedido de indagatoria, parecía que había comprendido y estaba de acuerdo, pero cuando estaba todo por ponerse en marcha y habíamos conversado de qué manera podía solicitarse la indagatoria de la señora Isabel Martínez que vive en Madrid y habíamos empezado a hacer consultas en Cancillería, aparece un juez en Rosario a instancias del fiscal que después de 39 años en los que la justicia rosarina no hizo absolutamente nada por esta causa y tres años después que nosotros la iniciamos, dicen que abrieron una causa y reclaman desde el punto de vista dogmático jurídico que se suspenda la causa de Buenos Aires y se traslade a Rosario por razones de jurisdicción”, expresó Schulman.
La audiencia
Para el integrante de la Liga, este avance de la justicia rosarina es una clara maniobra dilatoria para salvar a los acusados: “nosotros apelamos y hoy (jueves 8 de agosto) se hizo una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones, compuesta por los doctores (Jorge) Ballestero, (Eduardo) Farah y (Eduardo) Freiler. Éste último estaba con un problema de salud, pero los otros dos doctores estaban presentes”.
En relación a la audiencia, Schulman especificó: “son particulares porque no solo pueden hablar los abogados, sino que los querellantes como tales también pueden hacer uso de la palabra sin necesidad de mediadores jurídicos. Entonces hablamos tanto la compañera Graciela Rosenblum (presidente de la Liga) como yo, junto con nuestro compañero Pedro Dinani, que es abogado. Nosotros insistimos mucho en una serie de datos, que la investigación se debe realizar en Buenos Aires por aquí se perpetró la asociación ilícita, pero además empezamos a explicar que en la Comisión Nacional de Valores (CNV) se descubrieron documentos que prueban que el hombre que Martínez de Hoz puso al frente de la CNV en ese momento, que había sido un gerente de Acindar, favoreció de una manera desfachatada a la empresa, en diversas operaciones que el equipo de Derechos Humanos de la CNV encontró y ordenó para preparar un dossier especialmente para la causa Acindar, que nosotros entregamos ante la justicia. Allí aparece una operación para hundir a una empresa siderúrgica para justamente aumentar el grado de monopolio de Acindar. Es decir, todas maniobras que no tienen que ver con el momento de la picana o de la tortura sino con esto que nosotros denunciamos que es la asociación ilícita entre un grupo económico y el poder militar, no solo para hacer una limpieza étnica que era justamente liquidar a la comisión directiva de la UOM, encabezada por Alberto Piccinini y el cuerpo de delegados del comité de lucha, que había logrado recuperar el sindicato en 1974, sino que todo eso se hacía con el fin de liquidar la ley de monopolio estatal de producción de acero, y empezar a producir acero a partir de mineral de hierro con lo que terminarían hundiendo a Somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, estatal) años después”.
Para Schulman, en la relación entre Acindar, Martínez de Hoz y el poder existe incluso un movimiento hasta físico: “Martínez de Hoz se desplaza del directorio de Acindar al sillón de ministro de Economía de la dictadura, pero quien lo reemplaza es uno de los generales más prestigiosos que tiene el Ejército en ese momento que es nada menos que Alcides López Aufranc, que había sido uno de los que decidió la batalla entre azules y colorados en los años ’60 y que posteriormente es el que introduce la escuela francesa de lucha contra la subversión, como ha sido denunciado en todos los juicios. Una de las cosas que les decía a los jueces en la audiencia, sobre todo a Ballestero, que Aufranc es uno de los pocos de los grandes generales del terrorismo de Estado que no ha sido ni siquiera imputado, porque él se transforma en empresario en 1976, pasa a ser el director de Acindar y todavía en 2004 recibe el premio Konex del mejor empresario argentino, por eso es que no lo imputan, entonces cuando nosotros pretendemos cruzar esta línea, aparece el poder judicial con sus mil caras y los fiscales, que parecían que estaban comprometidos, aparecen envueltos en esta maniobra. Es conocido que el poder judicial si tiene algún compromiso es con el poder económico”.
El maldito poder económico
Para José Schulman es mucho más difícil lograr que se castigue al poder económico que, por ejemplo, los delitos cometidos en los meses previos al inicio del golpe de Estado: “ese poder está incólume. Lo que se está pagando en el Club de París en un 40% es la deuda contraída en el período de la dictadura militar, parte de esa deuda es de Acindar que (Domingo) Cavallo estatizó en 1981 y Alfonsín legitimó en 1984. Estamos discutiendo el presente no el pasado, por eso es tan difícil. En el interior del país se empieza a abrir la investigación sobre hechos anteriores al 24 de marzo de 1976 siempre y cuando no se los califique como Triple A, sino que se los adjudique al Ejército que hubiera entrado en operaciones a partir del decreto de estado de sitio de noviembre de 1974”.
“En todas las investigaciones aparecen tres líneas que son contantes –continuó–, el papel de la burocracia sindical, claramente la juventud sindical peronista, la UOM que era la principal fuerza de este tipo; el papel de la Policía Federal y el papel del Ministerio de Bienestar Social, es decir López Rega. Estos tres elementos aparecen en la muerte de (Carlos) Mugica, en el atentado a (Hipólito) Solari Yrigoyen y en las 600 víctimas que hubo en esos años. Lo difícil de entender para el poder judicial es que los que en 1975 actuaban como triple A, en el ’76 van a pasar a ser fuerzas ocultas en operaciones; como lo dijo Rodolfo Walsh en su carta, lo que hasta este momento era la Triple A pasa a ser el ejército en operaciones. Pero sin ninguna duda lo más difícil y en lo que nosotros vamos a poner toda la carga de nuestra lucha jurídica en los próximos años es el poder económico”.
Schulman retomó lo sucedido en la audiencia del jueves: “pocas veces hubo una audiencia donde se nos permitiera explicar con tanta libertad y con todos los argumentos que se nos ocurrieron y esperamos que el juez Ballestero, que en su fallo sobre la deuda externa en 2000 habló largamente sobre la deuda de Acindar, ratifique sus dichos”.
En este punto, Schulman se mostró esperanzado en que el magistrado habilite, junto a sus compañeros de la Cámara Federal de Apelaciones, que esta investigación prosiga y se avance en el juzgamiento del rol del poder económico antes y durante el Terrorismo de Estado.
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