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Última etapa en el juicio por la apropiación de 8 bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo

Por LR oficial en Uncategorized

Bignone y Riveros a la espera de otra
condena.

(Por La Retaguardia) En su alegato, el fiscal Martín Niklinson pidió penas de 30 y 35 años de prisión para los médicos militares Norberto Bianco y Raúl Martín, y 13 para la partera Lua Yolanda Sala de Arroche García. Además, solicitó prisión perpetua para Santiago Omar Riveros y 40 años para Reynaldo Bignone. En diálogo con el programa radial Oral y Público de Radio La Retaguardia, Niklinson dio detalles de las características de este proceso.

Este juicio es de alguna manera la continuación del que se llevó adelante en 2012, en el que se probó el Plan Sistemático de Robo de Bebés durante el Terrorismo de Estado. En aquel proceso, Martín Niklinson también actuó como fiscal. “En esa oportunidad fueron 34 casos, de los que solo dos eran de la maternidad clandestina que funcionaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Acá es un total de ocho casos, y la característica que tendría que haber tenido este juicio era que apuntara a los médicos militares, pero lo que sucedió fue que se fueron muriendo o para algunos se suspendió el juicio por las condiciones (de salud) en la que estaban, entonces quedaron dos nomás”, explicó en diálogo con Oral y Público Martín Niklinson.
Los que sí llegaron a juicio son Raúl Martín y Norberto Bianco. Respecto a este último, el fiscal señaló: “es bastante conocido porque además se apropió de Pablo Casariego y de otra mujer que no se sabe bien quién es, además participó activamente ya que hay muchosOtra: ¿por qué al armar esa nota hay que soslayar que reconozco en Ariel a mi maestro? ¿Nos hace menos cole testigos que dan cuenta que él llevaba y traía a las mujeres embarazadas e incluso de que entregó a Laura Catalina de Sanctis Ovando al militar que la apropió. Son importantes los médicos porque obviamente esto no podría haber ocurrido sin que participaran no solo (el obstetra ya fallecido, Julio Cesar) Caserotto que era el principal o Bianco, sino que ahí había un montón de médicos militares que hacían guardias, turnos y obviamente prestaron la colaboración necesaria para eso. Entonces nuestra acusación sobre todo para Martín, que estaba a cargo de una división en el Hospital Militar, era su responsabilidad por haber prestado colaboración para que hubiera mujeres que no estaban identificadas, sí vendadas, a veces esposadas, y los hijos tampoco fueran registrados, sin historias clínicas, ni anotaciones y por lo tanto pudieran ser entregados a otra persona”.
En cuanto a los bebés que Bianco anotó como propios, Pablo Casariego recuperó su identidad en 2007, mientras que la joven que también se realizó el examen de ADN no coincidió con ninguna de las muestras que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Por lo menos no es de ninguna de las familias que han dado sangre para el Banco, puede ser que sea alguna mujer desaparecida que la familia nunca supo que estaba embarazada y no ha dado sangre, que hay muchos casos así y van apareciendo con el tiempo”, aseveró Niklinson, quien además remarcó la importancia de que todos los familiares dejen sus muestras en el Banco aunque no tengan un conocimiento certero de que las personas desaparecidas de su familia hayan tenido hijos en cautiverio. “Hay muchos casos, me acabo de enterar de una persona que yo conocía, que la hermana está desaparecida y que ahora le dieron el dato que ella estaba embarazada y entonces se van incorporando recién ahora al Banco”, agregó el fiscal.

Parir en cautiverio

Según explicó Martín Niklinson, hasta junio, julio de 1977 hubo partos en el mismo Campito, el centro clandestino de Campo de Mayo, y luego decidieron acondicionar el área de Epidemiología del Hospital Militar para que allí fueran llevadas las mujeres embarazadas: “las tenían ahí y después las llevaban a las salas de parto o para hacer cesárea y después las devolvían al cuarto, donde estaban a veces un día, dos o tres, y después desaparecían ellas y los hijos también”.
Sea casualidad o no, no deja de ser un gran símbolo que justo se haya acondicionado como maternidad clandestina el área de Epidemiología, ya que el Terrorismo de Estado veía a la militancia política y social como una epidemia a la que había que combatir de cualquier manera.
“En Campo de Mayo también hubo nacimientos dentro de la cárcel de encausados. En el juicio anterior por apropiación de menores, había declarado una médica a la que llevaron a la Cárcel de Encausados para participar en un parto. Nosotros cuando recorrimos todo Campo de Mayo, fuimos a la cárcel y la médica nos mostró el lugar donde había sido el parto, que era como una enfermería, y después hay otra persona que también hace mención a un nacimiento ahí. Así que por lo menos hubo dos casos allí. Es la cárcel donde estuvo incluso Videla antes de que lo trasladaran al Penal de Marcos Paz, donde murió”, agregó el fiscal.

Testimonios

Durante este juicio se incorporó prueba del anterior proceso, que juzgó y probó el Plan Sistemático de Robo de Bebés: “la idea era no hacer declarar a todos de nuevo; en algunos casos sí lo hicieron, en otros casos eran testigos que no habían podido declarar en el juicio anterior, por eso fue bastante breve porque se consideraron como prueba las declaraciones anteriores. Algo que era fundamental porque no tenía sentido volver a pasar por lo mismo. Así que no hubo tanta novedad en eso, pero son todos los médicos civiles los que han declarado, las parteras. Acá también está imputada una partera que es la que firmó el certificado de nacimiento de Francisco Madariaga. No es la primera tampoco, algunas han declarado y luego resulta que ellas también estaban involucradas de alguna forma”.
Algunos médicos y parteras ya habían declarado inicialmente en la Conadep, incluso en el Nunca Más aparece ya alguna mención a la existencia de esta maternidad en Campo de Mayo: “en el caso de los médicos civiles algunos colaboraban pero no sabían el destino de los bebés y sus madre; es cierto que se puede discutir un poco la responsabilidad, habría que ver la situación de cada uno. Arroche García, que es la que está siendo juzgada ahora, declaró en la Conadep en su momento y después resultó ser que ella también estaba involucrada. A veces no se saben bien las responsabilidades, pero es cierto que aportaron mucha información con sus declaraciones, sino no se hubiera sabido todo esto. También tenemos dos casos de mujeres que sobrevivieron, las liberaron, pero nacieron sus hijos ahí. Son Paula Ogando y Celina Galeano, que declararon en el juicio del Plan y ahora se reprodujo la declaración y eso permitió también que alguien que lo vivió como mujer, que tenía a su hijo en esas condiciones, nos explicara cómo era eso, entonces también son elementos que suman a las responsabilidades de los médicos militares en cuanto a los tormentos, porque realmente, por más que era un hospital, estar con los ojos vendados sin saber qué va a pasar con su hijo, no ver a su hijo, que le cortaran la lactancia para que no vean a su hijo, a veces atadas… esas condiciones realmente son de tormento para una mujer que está en ese estado”, señaló Niklinson.

Los pedidos de condena

Al ser consultado sobre los diferentes pedidos de penas efectuados en su alegato para los jefes militares (40 años y prisión perpetua), los médicos (30 y 35 años) y la obstetra (13), el fiscal explicó: “Quisimos hacer esa diferencia. En realidad por el caso del médico Martín y de Bianco. Por la cantidad de hechos la suma nos daba para pedir más alto todavía, pero nos pareció que había que diferenciar entre el que es el comandante que maneja todo ese aparato del Estado represivo y los médicos, para los que de todas maneras pedimos 30 y 35 años también. En el caso de la partera, tenía un máximo de 15 años, le pedimos 13 y Abuelas le pidió 12, más o menos estuvimos casi en el máximo. Martín no tiene condenas anteriores, Bianco tiene una que es por la apropiación de Pablo Casariego y la otra persona que tenía anotada como hija. Pero es una sentencia del año 2000 porque fue uno de los casos que se descubrió en los años ’80 y estuvo como más de diez años hasta que lo extraditaron de Paraguay, fue un proceso largo. O sea que tampoco se puede tener en cuenta esa pena directamente. En cuanto a Santiago Riveros, nos basamos en la cantidad de hechos y en la responsabilidad que tenía. En el otro juicio, nosotros habíamos pedido creo que 20 años, eran dos hechos solamente, y acá pedimos 40, era el comandante de esa zona y de todo Campo de Mayo y de varios partidos del Gran Buenos Aires. Él tiene ahora 92 años, uno lo que trata a esta altura es que tengan aunque sea un valor simbólico las penas que se piden, cuando le pedimos los 50 a Videla, él murió al año siguiente, pero nos parecía que el máximo de la pena que prevé el código era bueno que lo tuviera esta persona que había cometido el máximo de la gravedad de los delitos que le puede ocurrir a cualquier persona”.

Equipo

El mismo día del alegato de la fiscalía, el juez Sebastián Casanello elevó a juicio oral una nueva causa por apropiación de menores, que abarca un total de once casos ocurridos también en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Entre los acusados se encuentran Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone y Raúl Martín. En esta instancia actuará una vez más como fiscal Martín Niklinson: “originariamente estaba designado sólo para el juicio de Plan Sistemático y había tenido un caso de apropiación previo, pero ahora hace casi dos años que estoy a cargo de toda la unidad de juicios, entonces gran parte de los juicios los llevo adelante yo. En esta unidad en particular (unidad para investigar casos de apropiación de hijos de desaparecidos), me lo ofrecieron y yo acepté. Soy fiscal de instrucción en realidad, pero acepté voluntariamente ir. En general en las unidades estas más bien es la voluntad de cada uno, del compromiso de participar en estos juicios, a partir de que nos convoca la procuradora (Alejandra Gils Carbó). En este momento estoy haciendo el juicio por Mansión Seré y toda la zona de Aeronáutica, desde el 26 de marzo. Es un equipo, yo soy el fiscal pero están como fiscales ad hoc las doctoras (Viviana) Sánchez y (Nuria) Piñol, ellas vienen de empleadas, después como secretarias, pero vienen actuando hace años ya con el doctor (Félix) Crous, la doctora Sánchez estuvo en el juicio por el primer tramo de la Megacausa ESMA, y con una experiencia y un conocimiento que realmente funcionamos como un equipo, con mucha gente. En este momento también estamos preparando otros juicios de Superintendencia y de Proto-Banco y varios más que vienen”.

En tanto, el lunes 17 de noviembre continuará el juicio por la apropiación de ocho bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo, con el turno del alegato de la defensa del médico militar Raúl Martín.

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