Marcelo Parrilli: “los servicios de inteligencia se convirtieron en un quinto poder”

Marcelo Parrilli

(Por La Retaguardia) El abogado defensor de derechos humanos y ex legislador porteño dialogó con La Retaguardia sobre la muerte del fiscal de la Unidad Especial AMIA Alberto Nisman, los cambios en los servicios de inteligencia y la marcha del 18F, convocada por un grupo de fiscales, a la que –según adelantó – no asistirá. En este marco, Parrilli sostuvo que la causa Nisman y las operaciones políticas que se encuentran a su alrededor dan cuenta del alto grado de descomposición que hay en el sistema judicial argentino.

La muerte del fiscal Alberto Nisman ha sido tratada por los medios tradicionales hasta el hartazgo; es por eso que al decidirnos a hablar sobre este tema optamos por entrevistar a personas que puedan aportarnos una mirada distinta, alternativa. Una de ellas es el abogado Marcelo Parrilli.
Al pedirle una primera reflexión sobre lo sucedido con el encargado de investigar el atentado a la AMIA, el ex legislador porteño afirmó: “es una muerte con claras connotaciones políticas y, en el terreno político, la primera víctima es el Gobierno, sin ninguna duda, porque por sobre cualquier investigación que se pudiera realizar, siempre van a quedar dudas. No solamente se está realizando una investigación que va atravesando distintos grados de dificultad, sino que además esto está cruzado por innumerables operaciones políticas de grupos políticos opositores al Gobierno, el Grupo Clarín, las corporaciones de jueces y de fiscales; y del otro lado, el Gobierno, que se defiende muy mal, muy mal. Entonces, es ya muy difícil calcular cómo va a terminar esto en lo jurídico. En lo político, creo que sí, para el Gobierno va a significar un costo. Eso está claro”.

La parábola del amo y el esclavo

Una de las primeras consecuencias de la muerte del fiscal Nisman fue la disolución de la Secretaría de Inteligencia, ex SIDE, y la propuesta de crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y ahora deberá ser tratada por la Cámara Baja.
Para Marcelo Parrilli, está claro que los servicios de inteligencia deben disolverse: “jamás cumplieron ninguna función útil. Pero, además, como los sucesivos gobiernos los fueron utilizando para fines que nada tenían que ver con los que supuestamente deben cubrir, como los relativos a la defensa y seguridad nacional, se convirtieron verdaderamente en un quinto poder. Un poquito la parábola del amo y del esclavo, en la medida en que los Gobiernos los utilizaron para seguir y perseguir opositores políticos, sindicales, estudiantiles, sociales, etc., fueron creando a su vez una especie de pyme para sus propios fines. La versión Hoover de Estados Unidos, pero más berreta, como ocurre normalmente acá. Estos tipos son los mismos servicios de inteligencia que a la dictadura militar, junto a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, le dijeron que Inglaterra nunca iba a mandar una fuerza de tareas a Malvinas… Los servicios de inteligencia de la Argentina no pueden ser distintos de los otros servicios del Estado. Hay que fijarse en los diputados que tenemos, los senadores, los ministros, los jueces, los fiscales, los servicios de inteligencia no pueden ser la CIA o el FBI”.

Mejor mano de obra desocupada que ocupada

Uno de los temores que aparecieron ante la noticia de la disolución de la ex SIDE es que los hasta ahora agentes de inteligencia podrían pasar a ser una mano de obra desocupada bastante peligrosa. Al respecto, Parrilli aseveró: “ese riesgo que existe me parece incomparablemente menor a que esta gente siga detentando el poder que detenta hoy. Son grupos, además, que no tienen ninguna coherencia ideológica, entonces en la medida en que dejan de percibir los fondos que hoy perciben —y no me refiero a los salarios, que son bastante elevados—, son grupos que tienden a disolverse. Me parece que eso es un invento, es tratar de generar miedo para que nada cambie. Y después, lo absurdo, lo esquizofrénico. Porque si yo digo que esto hay que disolverlo, como dicen millones de personas, porque evidentemente para lo único que sirve es para la persecución política, sindical, estudiantil, pero después nos preguntamos qué van a hacer cuando los saquen. Entonces, ¿qué hacemos? Es esquizofrénico”.

La familia judicial

La ex esposa de Alberto Nisman es Sandra Arroyo Salgado, una jueza federal que ha llevado adelante importantes causas como la de los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble y la conocida como “causa de los hackers”, en la que un grupo de periodistas y el ex jefe de los servicios de inteligencia durante parte del menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, están acusados de interceptar mails y extorsionar a través de la información obtenida.
Desde un comienzo, Arroyo Salgado tuvo un rol activo en la investigación de la muerte de su ex marido, incluso se presentó como querellante en nombre de sus dos hijas. Entre las medidas que tomó se encuentra la designación como abogado de un defensor oficial, algo que llamó la atención porque se considera que el rol de la defensa pública oficial está destinado a las personas que no pueden pagar a un letrado. Sobre este tema, Parrilli señaló: “hay una pequeña dependencia dentro de la Defensoría Pública, que se creó en los últimos años —acá hay oficina para todo—, que toma en determinados casos, muy especiales, el patrocinio o la representación letrada de víctimas en procesos penales. Normalmente esto es cuando se trata de personas que carecen de los medios indispensables para presentarse en juicio; este no es el caso. Pero creo que lo más grave de todo esto es que la jueza dice ‘en lo único que puedo creer es en esto’ – porque ella trabajó ahí en algún momento – en el resto del sistema de administración de justicia (jueces, fiscales, peritos), yo no creo’. Lo grave es que lo está diciendo una jueza federal —que sigue siendo jueza federal administrando justicia desde ese mismo sistema de administración de justicia—, y nunca antes dijo nada. Tampoco sé si mañana a lo mejor renunciará a su cargo o propondrá medidas similares en el Juzgado Federal en donde ella ejerce la magistratura.

18F, La marcha de lo peor de la justicia

Para Marcelo Parrilli la causa Nisman y las operaciones políticas que se encuentran a su alrededor sirven para ver el alto grado de descomposición que hay en el sistema: “los que convocan, como (José María) Campagnoli, (Guillermo) Marijuán, (Raúl) Plee son fiscales que están desde hace más de veinte años algunos, que ninguno entró por concurso y que tienen comportamientos realmente muy criticables. (Carlos) Stornelli, también conocido como Stornelli en Tribunales, es un gran amigo de (Rafael) Di Zeo y de la barrabrava de Boca. Cuando fue ministro de Seguridad de Scioli en la provincia de Buenos Aires, su gestión fue desastrosa. Se caracterizó por pregonar la militarización de los servicios de seguridad. Estos son los que convocan a la marcha, bajo el lema de que tampoco están seguros de que haya justicia. También tenemos la Asociación de Magistrados, en la que el presidente, Ricardo Recondo, organiza una serie de jornadas en donde candidatos y precandidatos a la presidencia de la nación se van a comprometer a respetar la independencia del Poder Judicial si ellos ganan la elección. Es decir, se hace un acto político en beneficio de los partidos opositores al Gobierno, que son todos los que van a firmar, con un absurdo. Porque la verdad que si Recondo piensa que van a respetar la independencia del Poder Judicial —que a esta altura es una conquista histórica de la humanidad desde hace unos doscientos cincuenta años— porque le van a firmar un papelito en la sede de la Asociación de Magistrados, estamos perdidos, para eso está la Constitución”.

En este marco, Parrilli adelantó que no asistirá a la marcha convocada por el grupo de fiscales para el miércoles 18 de febrero: “es una marcha que aun tomando en abstracto el postulado, es decir en defensa de la administración de justicia, la administración de justicia que se defiende es esta, es decir, la justicia que avaló las desapariciones durante la dictadura militar, que avala el gatillo fácil, la ley de fuga, que un señor que funde una fábrica no tenga ningún problema y los obreros que la ocupan para defender su crédito vayan presos por violación de domicilio. Esta es la justicia que sale a marchar el 18”.
Una familia judicial a la que claramente Marcelo Parrilli no pertenece, ni le interesa, aunque pertenecer tenga sus privilegios.

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