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La Retaguardia

Los obstáculos del Estado en la protección de mujeres víctimas de violencia

Por LR oficial en Uncategorized

(Por La Retaguardia) Verónica Tomé es abogada y funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Trabajaba en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que depende de ese organismo. Hoy tiene un sumario administrativo por haber pedido protección para una mujer víctima de violencia; desplazada de su lugar, trabaja ahora en un área para la que no se capacitó. Otra compañera pasa por una situación similar. ¿Cómo responde el Estado a los pedidos de ayuda de las víctimas?

Hace pocas semanas cientos de miles de personas en todas las provincias argentinas e incluso en países vecinos se movilizaron a partir de la consigna #NiUnaMenos. Uno de los reclamos que se escucharon ese día fue que el Estado se hiciera cargo de proteger a las mujeres víctimas de violencia. Muchas de las mujeres víctimas de femicidios denunciaron previamente hechos de violencia en reiteradas oportunidades, pero el Estado no consiguió protegerlas.
En Lavalle 1250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funciona la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; está conformada por equipos interdisciplinarios. Uno de ellos estaba coordinado por la abogada Verónica Tomé, a quien se le inició un sumario administrativo y se la transfirió de su lugar de trabajo.
“Hace poco me enteré que tenía un sumario administrativo que se inició aparentemente por una intervención que pedí a la Policía para que ayudara a una señora que había venido a la Oficina a realizar una denuncia. La señora que denunció en realidad lo que no quería era retirarse de su casa sin su hijo que tenía 3, 4 años. Entonces simplemente lo que hice fue pedirle colaboración a la Policía, la idea era que la acompañaran hasta su casa para que ella pudiera retirarse con el nene”, explicó Verónica Tomé en diálogo con La Retaguardia.
“El momento más difícil de una denuncia es justamente cuando las personas se deciden a hacerla -agregó la abogada-, los que estamos evaluando constantemente riesgos sabemos que es un momento en el que se pueden desatar situaciones gravísimas como los femicidios o lo que está ocurriendo con el asesinato de los niños y las niñas. Y en realidad las mujeres que van a la Oficina de Violencia Doméstica en general tienen que esperar que los jueces que intervienen, sean o civiles o penales, les dicten lo que se llama las medidas de protección pero en ese momento intermedio entre la denuncia y la intervención de la justicia, aparece este espacio gris que es un poco el de la desprotección, y en general a quienes se acude inicialmente es a las fuerzas de seguridad. Nosotros hemos formado a personal policial para que sepan cómo actuar en esta zona gris en la que todavía no hay un juzgado pero las personas están con un riesgo muchísimo más elevado porque ya realizaron la denuncia. En estos momentos es justamente además donde la situación en muchos casos se agrava”.
Este fue el motivo por el que el año pasado Tomé pidió a la comisaría del barrio de la denunciante que la acompañara hasta su casa para buscar a su hijo y algunas pertenencias, y mudarse a lo de su padre hasta que la situación se resolviera. “Qué pasó luego de que di la orden no sé, yo me entero de todo esto este año, estuvieron un año creo averiguando qué pasó, y lo que pasó en realidad conmigo es que a partir de esto se inicia un sumario administrativo y aparentemente hay cierta preocupación por lo que hice, aclaro que lo que hice de pedir colaboración está autorizado por el reglamento de la Oficina. En realidad las medidas de protección a las víctimas y a los testigos ya las tienen las comisarías en los códigos procesales que les corresponden, el código penal para la Nación y el código contravencional y de faltas para los delitos de Ciudad de Buenos Aires”, expresó Tomé.
Evaluando riesgos
En relación al trabajo que lleva adelante la Oficina de Violencia Doméstica, Verónica Tomé especificó: “cuando se trabaja con temas como este, con violencia, hay que estar más preparados como para saber que uno enfrenta circunstancias que tienen que ver justamente con la problemática específica y además de estas zonas grises que son las de protección, que nosotros en realidad estamos obligados a de alguna manera interactuar con las fuerzas de seguridad, y a ayudar a la persona que viene a denunciar, tenemos conocimiento específico de conductas que desarrollan estas personas violentas, tenemos profesionales que nos apoyan en las evaluaciones y que nos dicen específicamente si un caso es más o menos grave, si tiene un riesgo específico, y en función de eso es que nosotros actuamos tratando de proteger”.
En la Oficina cada mujer víctima es recibida por un equipo interdisciplinario, que incluye un psicólogo, un trabajador social, y un abogado, que evalúan los riesgos ante cada denuncia. “Además el riesgo va variando en función de las posibilidades que tiene la persona que acude a la oficina -aseveró Tomé-, pero es el equipo interdisciplinario con el que nosotros hacemos un trabajo de grupo y que ayuda a que uno tenga que ver qué recursos utiliza de los que están habilitados en el reglamento”.
Fue después de la evaluación de riesgo efectuada por este equipo interdisciplinario que Verónica Tomé resolvió pedir esta colaboración a la Policía hasta que interviniera la justicia; decisión por la que fue sumariada.
Otro caso
Verónica Tomé no es la única trabajadora sumariada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “hay otro sumario que se inició por un tema relacionado con la filmación de ‘Borrando a papá’”, relató Tomé.
“Borrando a papá” es una película que tuvo muchísimas críticas de parte de los profesionales que trabajan en temáticas como el abuso y la violencia, ya que en el documental se habla del síndrome de alienación parental, un síndrome que los psicólogos más serios que trabajan en abuso sexual infantil aseguran que no existe.
“En base a esta película es que se inicia el sumario administrativo respecto de una de mis compañeras de la oficina -continuó Tomé-, porque supuestamente tuvo alguna participación en una grabación, pero se trató de una grabación oculta, no le avisaron, y habría dicho ciertas frases que aparentemente serían también preocupantes para la Corte. Es decir, era una grabación oculta y además no estamos seguros de que sea ella, a ella no se la ve en la película, es una voz en off que hace esta afirmación de lo que supuestamente hace la Corte y en realidad a ella lo que le pasó es que más allá de que la investigación tenga o no que prosperar, son criterios que a lo mejor son sostenibles, pero la cuestión es que ella no cobra el sueldo desde hace 7 meses”.
Para Tomé lo preocupante de esta situación es la modalidad que se está utilizando que -según manifestó- tiene que ver con una especie de disciplinamiento respecto a ciertas conductas que pueden llegar a resultar un riesgo en el trabajo cotidiano cuando con lo que se está trabajando y enfrentando es la violencia: “enfrentar a personas que tienen características violentas no es sencillo y por supuesto que además lo que produce es justamente una reacción y frente a estas reacciones quizás los profesionales y las profesionales que trabajan en la oficina y que son las que nos acompañan a las coordinadoras y a las víctimas en el momento tan difícil de ver cómo se protege a una persona son las que tienen el conocimiento de cómo funciona el círculo de la violencia, cómo se puede parar eso, quizás la opinión que vierten los profesionales o las actitudes que estamos teniendo lleguen a ser, no sé, comprometidas, la verdad que no sé qué pensar. Es cierto que si le pasa algo a una de las señoras de las que estamos recibiendo denuncia en la oficina, a lo mejor es un costo que para la oficina implica algo, la verdad no sé”.
La situación hoy
Actualmente, Verónica Tomé se encuentra trabajando en otra oficina de la Corte: “trabajo en una temática para la que no estoy formada, que es previsional, y en realidad es un poco más grave la situación de mi compañera que hace ya 7 meses que no cobra; ella directamente está suspendida”, afirmó Tomé.
Respecto al acompañamiento recibido de sus compañeros de la Oficina, la abogada afirmó que en la dependencia muchos profesionales están contratados y temen perder el trabajo: “además sinceramente da un poco de miedo lo que uno hace o no hace cuando tiene una víctima enfrente por las repercusiones que pueda tener y además creo que el trabajo adecuado para trabajar estas cosas es el intercambio de casos, la formación, quizás haber tenido reuniones para hablar sobre las mejores formas de actuación y es cierto que quizás lo que están haciendo es como ‘ejemplificador’ en algún sentido si uno ve lo que le pasa al compañero se va a cuidar un poco de tener ciertas afirmaciones, ciertas conductas, no sé si alguien en algún momento ha pedido colaboración nuevamente a la policía”.
En este sentido, Tomé remarcó que faltan muchas instancias de diálogo dentro de la dependencia: “yo tenía a cargo a un equipo interdisciplinario con formación en violencia que venía trabajando desde hace 30 años en algunos casos, la forma en que la gente o los profesionales que trabajan en violencia tienen que atender sus aprendizajes y sus modos de abordar los casos justamente se vincula con otro tipo de gestión, con el intercambio, con otras formas de aprendizaje. Lo difícil de esta oficina es que ha sido insertada en el Poder Judicial con experiencias que son más bien del sistema de salud y un mix con cuestiones de seguridad, realmente ha sido una propuesta de la Corte que intentó tener realmente una iniciativa inédita y que necesitaba de una supervisión, un aprendizaje diferente. Quizás estemos a tiempo de tener esos espacios, que las profesionales que trabajan puedan aportar realmente sus conocimientos de muchos años, generar otra cosa”.
De todos modos, Tomé aseguró que la Oficina de Violencia Doméstica es un espacio muy necesario para todas las personas que sufren violencia: “realmente el esfuerzo que se hace ahí cotidianamente para intentar dar un abordaje interdisciplinario, integral en muchos términos, porque no solamente hay derivaciones judiciales, hay interacción con organismos del Poder Ejecutivo, como el Consejo de los Derechos del Niño, la Dirección Nacional de la Mujer, los refugios, no existe un servicio como el que se brinda con estas condiciones en ningún lugar de la región, y mucho menos que el Poder Judicial se haya puesto la bandera en permitir que las personas que sufren violencia tengan acceso a una respuesta inmediata”.
Verónica Tomé trabajaba en la Oficina hace 6 años y medio, tiene especializaciones en Penal y en Derechos Humanos de las Mujeres. “En realidad lo que veo es justamente el conflicto de hacer una mirada nueva sobre la temática y con un compromiso que tenga que ver con el tema específico -reflexionó en diálogo con La Retaguardia- y no con la mezcla que se da a veces de otros temas. Se habla por ejemplo de acceso a justicia, pero no es lo mismo el acceso a la justicia de un apersona que tiene algún problema psiquiátrico o alguna enfermedad que la que sufre de violencia doméstica, todo eso implica un aprendizaje y la verdad que es maravilloso que la Oficina exista y que esté la posibilidad de intercambiar con especialistas. Seguiría recomendando (que vayan a denunciar a la OVD) por las compañeras y los compañeros que tengo en la oficina y la atención que brindan, creo que la respuesta institucional necesita muchísimo trabajo y también entiendo que eso se construye con quienes estamos adentro y con quienes estamos afuera, sí creo que espacios como este tienen que seguir creciendo y existiendo. Y sí recomendaría que sigan yendo a la Oficina con la intención de quizás estar acompañadas o ver de qué modo estar alertas frente a la reproducción de esta violencia que se vive”.

El relato y la experiencia de Verónica Tomé preocupan. No son muchas las dependencias estatales que trabajan seriamente, con profesionales, temáticas referidas a la violencia doméstica. Y preocupa que se obstaculice la tarea de proteger a las mujeres víctimas de violencia. De esta manera se impide que la consigna #NiUnaMenos deje de ser solo un cartel con intenciones y se llene realmente de contenido y acción. 

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