Cárceles e institutos de menores: en situación de encierro, la tasa de mortalidad se cuadruplica

(Por La Retaguardia) El 24 de julio falleció un joven de 17 años en el Instituto Rocca producto, según la versión oficial, de la quema de un colchón. Con la luz cortada, los niños reclamaban la apertura de las puertas de las habitaciones, ya que hacía horas que estaban sin luz. Para ubicar esta muerte en el contexto de la situación carcelaria, la socióloga Ana Laura López pasó por Desde afuera, el programa de Familiares y amigos de Luciano Arruga, y dejó pantallazos de información para comprender la situación actual de las instituciones de encierro. López trabaja actualmente en la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), pero también pasó por el Comité Contra la Tortura en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

 López sostiene que las muertes dentro de cualquier espacio carcelario dependiente del Estado son exclusiva responsabilidad de él, pues las personas privadas de su libertad se encuentran bajo su custodia. “Aún aquellas que se nos presentan como muertes naturales, por enfermedad o por circunstancias que aparentemente no se vinculan con el contexto carcelario”, asegura y argumenta: “el contexto carcelario implica hambre, frío, la falta de atención médica y medicamentosa”.
La estadística, según López, es estremecedora: en libertad, jóvenes de 20 a 34 tienen una tasa de mortalidad de 1,6 cada 1000 habitantes; dentro, en la cárcel o los institutos, esa cifra sube a 4,2 por cada 1000. Es decir, casi el doble. “Los presos mueren por enfermedades erradicadas hace siglos, la cárcel mata con enfermedades medievales y esto es exclusiva responsabilidad del Estado”, amplía. La socióloga plantea que los asesinatos dentro de la cárcel “ hablan de una forma de resolver conflictos en un contexto donde la escasez y la animalización de los sujetos es la regla. Es decir, la cárcel presenta una matriz de violencia y de supervivencia donde el conflicto está exacerbado por el propio Servicio Penitenciario (Federal)”.
López se refirió específicamente al modo de vida y explicó que, mientras los organismos de derechos humanos estudian y denuncian las violencias perpetradas hacia las personas privadas de su libertad, las prácticas de tortura y malos tratos van mutando de modalidad. Por ejemplo: “el Servicio Penitenciario cada vez mata menos en términos directos, cada vez ensucia menos sus manos con sangre”, pero sí “gobierna y gestiona la eliminación de sujetos, principalmente de los que pueden posicionarse en un lugar de resistencia al sometimiento”. La investigadora incorpora el concepto de “homicidio institucional” y destaca la imposibilidad de que estas muertes prosperen dentro del sistema judicial con responsables imputados. Explica, también la peligrosidad de que estas muertes transcurran atravesadas por “una fuerte indolencia”, puesto que no hay conmoción social generalizada cada vez que suceden.

“Sueldos”

Con respecto a la polémica sobre “el sueldo de los presos” en relación al de los jubilados, López es clara: “en el país hay alrededor de 65.000 presos en cárceles de adultos, sobre institutos de menores no hay cifras. Es una ínfima proporción de los presos aquella que accede al trabajo, no debe llegar al 15%” y cuenta que “trabajar implica estar sometido a un régimen de alta volatilidad. Es decir, uno trabaja mientras el servicio penitenciario quiera, hoy o mañana”. Los presos, en la mayoría de los casos, mantienen a sus familias extramuros o utilizan sus sueldos para comprar comida y productos de limpieza e higiene personal. López plantea que “el Estado los deja encerrados, con hambre, frío y sin posibilidades de higienizarse, entonces el preso necesita subsidiar al sistema carcelario a través de la reutilización de su venta de trabajo en la adquisición de los bienes elementales que se supone que les han garantizado”.
Refiriéndose al histórico caso de Brian Núñez, en que el joven, aún en la cárcel, pudo meter presos a los agentes penitenciarios que lo torturaron, López caracteriza la situación: “Hay algo del orden de la impunidad que excepcionalmente este caso pone en crisis”. Brian fue nuevamente golpeado la semana pasada por otros penitenciarios y la socióloga también explicó este punto: “Es hasta `esperable’ una reacción brutal de estos verdugos pero, además, lo interesante es que una persona que ha tenido una visibilidad pública, inédita en calidad de víctima de la tortura, sin embargo puede volver a ser víctima. Esa es la impunidad, es poder volver a hacer una y otra vez las cosas y que eso no tenga efectos en la realidad”.

El Estado tiene esta dualidad: es el que tortura, mata y desaparece. Algunos funcionarios, López entre ellos, denuncia desde sus propios estamentos, pero aún no pueden más que denunciar. Mientras tanto, la mayor parte de la sociedad ve estos temas como ajenos. Entiende que a sus chicos no puede sucederle que los encierren en lugares así, y por eso, también, suceden estas cosas.