Ruiz y Arakaki después de las condenas por el 18D

Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la CABA, determinó condenar a César Arakaki —militante del Partido Obrero— a la pena de tres años y cuatro meses de prisión; y a tres años de cumplimiento efectivo a Daniel Ruiz -del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado- por considerarlos coautores de “lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas”. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, ambos se mostraron disconformes con las condenas. “Ir a juicio fue totalmente injusto para nosotros y la condena totalmente arbitraria”, comenzó su descargo Arakaki. “Es una locura por donde se la mire. A mí me acusan de un delito más que al compañero Daniel Ruiz: lesiones en agresión, un delito totalmente grave, porque un oficial de policía se cae por un pedazo de baldosa que le llega de costado. Ni el juez ni el fiscal  se dedicaron  a investigar. Me quieren acusar a mí de todo”, continuó.

Arakaki dio argumentos que demuestran lo contrario de lo que lo que decidió la Justicia: “Quedó demostrado por videos que yo ni lo toco a ese oficial. Producto de esta demostración en el juicio se retira el oficial de la querella y sigue el fiscal acusándome. Con Daniel compartimos dos causas: intimidación pública, que también es grave y es totalmente absurdo. ¿Cómo vamos a ir a una marcha donde acuden 300 mil personas a intimidar?”, se preguntó y continuó: “El juez y el fiscal dicen que intimidamos a los que marchaban, a los que iban por lo mismo que nosotros. Después, la que queda es resistencia a la autoridad. Ellos venían reprimiendo con orden de despejar la plaza el día 14 —de diciembre de 2017— y el 18 lo vuelven a hacer. Reprimieron con orden del Gobierno y dicen que nosotros resistimos a la autoridad. Vamos a apelar a Cámara y demostrar lo mismo que le demostramos al juez para que se sepa la verdad y lo que pasó ese día”, advirtió el militante. 

Por su parte, Ruiz explicó por qué considera que el juicio que comenzó el 25 de noviembre de 2019 y terminó hace semanas tenía una condena previamente fijada: “Siempre supe que la condena estaba escrita desde antes. Era una farsa, independientemente de lo que se diga, si existían o no las pruebas. Porque es una decisión política. Me dejaron trece meses detenido. Había que dar un mensaje claro. Me dejaron ahí en un penal de máxima seguridad. Estuve con todo tipo de presos pensando que si me dejaban ahí con presos comunes, con piratas del asfalto, con secuestradores. Ofrecieron una recompensa por Sebastián Romero de un millón de pesos para quien pudiera dar datos, ubicarlo a él. El mismo Servicio Penitenciario Federal hace correr la bola de que yo soy amigo del ‘Gordo Mortero’, pensando que me iban a voltear o que iba a tener miedo y que a medida de que pasara preso iba a quebrarme y a decir dónde Sebastián Romero”. Pero, según comentó, sucedió todo lo contrario: “Me sume a pelear por mejores condiciones para los compañeros, para poder estudiar, ir a la escuela. Adentro seguí peleando, y sabía al salir que tenían que justificar que había estado trece meses así”.

El militante preso Daniel Ruiz denunció una serie de maniobras espurias de la Justicia y del juez Javier Feliciano Ríos para sostener la causa armada: “El juez dio el veredicto en cuatro minutos, y los fundamentos de por qué se mantuvo todo lo que le dijo la Fiscalía los va a presentar el 4 de febrero. Eso está mal. Lo más loco de todo es que estuvieron más de dos años de juicio. Me tuvo trece meses detenido, desde el 7 de diciembre del 2017, y va a dar los fundamentos recién el  4 de febrero. Entonces, son más elementos de irregularidad, de arbitrariedad, de desigualdad… Incluso verifiqué con las pruebas. La Policía Federal Argentina hace un informe diciendo que Daniel Ruiz manipula fuego artificial. A mí me detienen y la fiscalía dice: ‘Daniel Ruiz tiene un arma de fabricación casera’ y después le preguntamos de dónde sacó la fiscalía eso, porque el informe de la Policía Federal Argentina dice que tiene un elemento, pero pirotécnico. Además, tienen la caradurez de no presentar de dónde lo sacaron, ni que figure en una hoja del expediente. Durante todo el juicio no lo presentaron. Cualquier juez honesto mira el proceso y se da cuenta que fue una causa armada y que había que dar un mensaje, justamente ahora ante las elecciones, para que se le dé un visto bueno a una forma de gobernar. Una forma de hacer justicia. Pero también para cuando se está planteando la reforma laboral”. 

Ruiz afirmó que “hubo una gran campaña mediática a favor de la represión, a favor de que se judicialice la protesta. Pasaron los años. El que más dinero recaudó fue el Grupo Clarín, en sintonía con el gobierno anterior”.

“La causa venía armada desde el gobierno anterior, y lo único que hicieron fue ratificarla. Calculo que van a tener su premio. Hay que recordar que el juez anterior, (Sergio) Torres, que inició este proceso, fue premiado a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Cuando asumió, sus propios pares, los propios jueces con los que trabajaba, lo denunciaron, porque el juez Torres nunca vivió en Buenos Aires, ni siquiera trabajó en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo una persona que no trabajó en Buenos Aires y no vivió en Buenos Aires, pudo asumir en la Corte Suprema? Ese fue el premio por haber armado esta causa. Calculo que al juez (Javier Feliciano) Ríos próximamente lo van a ascender a algo, continuó.

Para Ruiz, estas causas armadas tienen como objetivo desestimar una ideología que intenta cambiar cuestiones profundas: “Apuntan con los partidos de izquierda porque planteamos una cuestión más de fondo, independientemente de las movilizaciones y de defendernos de la represión. Toda la Izquierda plantea el tema del Fondo Monetario, la deuda externa y de la independencia política de los trabajadores. Está pensado y orquestado apuntar contra los partidos de izquierda como una medida ejemplificadora”, advirtió.