Puente 12 III -día 2- El lugar donde siempre se torturó

Los testimonios de la sobreviviente Graciela Draguicevich y de Viviana Losada, esposa de Rodolfo Ortiz, secuestrado en el ataque a la quinta La Pastoril, cerraron la segunda jornada del juicio. La próxima audiencia será el martes 25 de abril.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Pedro Ramírez Otero
Fotos: Capturas de transmisión de La Retaguardia

Graciela Draguicevich, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12, relató los terribles tormentos que padeció en el lugar y que “rozaban la violación” por la magnitud de las vejaciones sufridas. La fiscal María Ángeles Ramos le preguntó si quería que se “profundice la investigación” de esas torturas que podrían llegar a ser caratuladas como “abuso sexual”. La víctima respondió por la afirmativa.

La cuarta testigo querellante que declaró en la tercera audiencia del juicio oral fue Viviana Losada, quien aportó su investigación personal sobre las torturas seguidas de muerte sufridas por Rodolfo “El Negrito” Ortiz, quien fue su pareja. A él lo secuestraron días después del golpe del 24 de marzo de 1976 y en mayo de ese año apareció asesinado en un baldío de la localidad de Bernal. En el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en Puente 12, se siguió analizando la persecución sufrida por dirigentes y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Graciela Draguicevich identificó entre los represores del circuito a dos figuras nefastas del Terrorismo de Estado: el agente de la ex SIDE Aníbal Gordon y el médico policial Jorge Antonio Bergés. También señaló al comisario Luis Horacio Castillo como uno de los posibles jefes de la patota que actuaba en Puente 12. Los dos últimos están imputados en el juicio Brigadas.

La sobreviviente Graciela Draguicevich, militante del PRT, marcó el camino desde el comienzo. Su juramento de decir la verdad fue “por los 30 mil compañeros” y por “las compañeras desaparecidas, muertas, fusiladas y detenidas”. La testigo y querellante en el juicio dijo que el 23 de abril de 1975 estaba viviendo en una casa de la calle Almirante Brown, en Zárate. La acompañaban algunos compañeros, entre ellos Hugo Alizaga, mientras en una cuna dormía su bebé “que tenía 2 años”.

En la madrugada llegaron varios autos y sus ocupantes “nos tiraron la puerta abajo, entraron de manera muy violenta y sonaron algunos tiros, porque vieron que saltaba un gato de una pared a otra y le tiraron”. A ella le dijeron que se quedara quieta, pero como su bebé lloraba, no hizo caso y lo agarró en sus brazos. Fue cuando escuchó decir a uno de los represores: “Bueno, parece que esta hija de puta al menos es una buena madre”.

Los integrantes de la patota venían con otros compañeros de ellos que habían sido secuestrados antes y obligados a acompañarlos hasta la casa. Uno de ellos inventó una excusa que permitió que a ella no se la llevaran en ese momento. De todas maneras, dejaron a un hombre custodiando la casa. Unas 20 horas después, ella pudo escapar con su bebé y buscó refugio para el niño en casa de sus abuelos.

El papá de Graciela la llevó a otro lugar escondida en el piso de una camioneta. De ese modo llegó a Campana, donde se alojó en casa de algunos compañeros, porque sabía que la estaban buscando. A pesar de las medidas que adoptó, la detuvieron el 23 de mayo junto con un compañero, Miguel Angel Pérez. Los ataron con alambres, de pies y manos, y los llevaron tirados en el piso de un vehículo a un lugar que sus captores denominaban “la ratonera”. Luego la trasladaron al centro clandestino de Puente 12, al que comenzó a identificar por el ruido de la tranquera que había en la entrada. Sostuvo que en el lugar “la tortura era todos los días”.

Aseguró que “no sólo te torturaban sino que también te violaban, de alguna manera, porque te ponían caños en la vagina y en el ano, para irradiar la electricidad dentro del cuerpo”. Allí fue cuando la fiscal le preguntó si quería que se intensifique la investigación de esos hechos puntuales, dado que pueden ser considerados como “abuso sexual”.

En el chupadero le mostraron fotos para que identificara a personas que no conocía, aunque supo después que uno de los compañeros era Carlos Santillán.

Otra de las torturas que sufrió en carne propia, fue que la colgaran amarrándola por los tobillos. “Todavía tengo las marcas, mis tobillos parecían dos matambres”, dijo. En una de las sesiones de tortura tuvo un paro cardiorespiratorio y perdió el conocimiento. Uno de los médicos que la asistieron en esas circunstancias fue Jorge Antonio Bergés, el represor multiacusado, a quien reconoció años después, cuando su figura se hizo pública. Comentó que a Bergés también lo vio cuando estaba en el pabellón 113 de la cárcel de Villa Devoto, al que los guardias denominaban “el pabellón de la muerte”.

Como consecuencia del paro cardiorespiratorio, tuvo que estar un tiempo con una sonda por la que le suministraban suero. “Escuché decir que me querían viva, pero no sé por qué razón”, recordó.

Durante un tiempo tuvo como “custodio” a un perro adiestrado que “cada vez que me movía, gruñía”, pero era mucho peor un guardia que pasaba “pisando manos” o lo que se cruzara en su camino.

Su salud tardó en mejorar y estuvo muchos meses con los pies inflamados como consecuencia de haber sido colgada de los tobillos.

Tiempo después se reencontró con los compañeros que llegaron detenidos a la casa de la calle Almirante Brown, en Zárate. El lugar del reencuentro fue la Brigada de Lanús, con sede en Avellaneda, donde funcionó un centro de tortura y exterminio conocido como “El Infierno”, en el código de los genocidas. El que los recibió en ese lugar fue el comisario inspector Luis Horacio Castillo. Todo indicaría que él era uno de los jefes de la patota que actuaba en Puente 12.

También se enteró de que otro de los represores famosos que operaron en la zona fue Aníbal Gordon, agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Uno de los apodos que tenía Gordon era “El Coronel”, como el misterioso personaje que le mencionaron a la sobreviviente María del Carmen Cantaro, quien dio su testimonio en la misma audiencia.

Gordon fue el jefe del centro clandestino Automotores Orletti, en el barrio porteño de Flores, pero también secuestró gente en Villa Constitución en 1975, fue integrante de la Triple A y, en sus ratos libres, robaba bancos.

En la Brigada con sede en Avellaneda, también se escuchaban los gritos de personas que estaban siendo torturadas. En ese lugar dormían “tiradas sobre el piso”, incluyendo dos mujeres que estaban embarazadas y que sufrieron la pérdida de sus bebés. Había dos menores, Marita Quintana y Riqui Monteiro, que tenían 16 y 15 años. Los dos adolescentes están desaparecidos. Los padres de Graciela la fueron a buscar dos veces a la Brigada. La primera vez “Castillo les dijo que no había nadie (detenido) y la segunda vez me llamó y pude ver a mi padre”.

Recordó que, por las torturas, Marita “tenía los pezones abiertos como si fueran flores, pero no recibía ninguna asistencia médica”.

En la Brigada, los presos comunes “nos confirmaron que habíamos estado en Puente 12”. También les dijeron que era “un lugar donde siempre se había torturado, al principio a personas acusadas de robo automotor o de secuestros extorsivos; después fuimos torturados los secuestrados por razones políticas”. Las torturas habían comenzado durante el gobierno constitucional derrocado luego por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En Avellaneda fue golpeada y la amenazaron con volver a torturarla, para preguntarle por otros compañeros de militancia que ella no conocía. “Me tiraron desnuda al pabellón de los presos comunes, con el evidente propósito de que se produjera una violación, pero esos delincuentes comunes tenían más moral que ellos”, contó. La reacción de esos presos fue vestirla con ropas de ellos “y hasta me abrigaron con unas toallas”. Toda la secuencia ocurrió en presencia del comisario Castillo, quien “estaba todo el tiempo en la Brigada, nunca se iba a su casa”. Mencionó que después supo que “Castillo fue director de una escuela”, hasta que empezaron a hacerse públicas las denuncias en su contra.

Luego de un tiempo la trasladaron a la cárcel de San Nicolás, donde fueron recibidas en su despacho por el juez Pasaglia. La causa armada era por un supuesto complot contra la industria pesada de Villa Constitución, Zárate y Campana. Los integrantes de la patota se fueron sin ponerle su firma al traslado y el juez comentó: “Me trajeron un jardín de infantes”, en referencia a la juventud de los secuestrados. El juez firmó el sobreseimiento provisorio de todas las personas trasladadas, pero siguieron detenidas un tiempo más.

La cárcel de San Nicolás, en la que estuvieron, era “de máxima seguridad” y alojaba a detenidas por delitos graves, de homicidio simple para arriba. “La pasamos muy mal, era un lugar terrible”, dijo la testigo. Luego la llevaron a Olmos y a Devoto, de donde fue liberada recién en 1983.

La querellante se preguntó quiénes financiaron el genocidio. “En el banquillo tenemos a los ejecutores, pero quiénes pusieron la plata para mover toda esa estructura que no era legal”, insistió. Estimó que, en su caso, “tuvo mucho que ver la empresa Celulosa Argentina”. Para señalar el vínculo entre empresarios y represores, hizo mención a un hecho más que anecdótico: “Mi exsuegro era accionista de Celulosa Argentina y una vez nos invitó a una cena con directivos de la empresa en la que estaba presente (el comisario Luis) Margaride”. El policía se hizo famoso porque le gustaba hacer operativos en albergues transitorios para detener a personas que tenían relaciones sexuales sin estar casadas “ante la ley y la Iglesia”, según su particular ideología retrógrada.

Graciela Draguicevich también se refirió al rol que jugaron las religiosas del hoy monumental templo mormón ubicado al costado de la Autopista Riccheri, muy cerca de Puente 12. “Allí las mandaban a las chicas torturadas, las recauchutaban y luego llegaban al penal de Olmos todas uniformadas con el mismo vestido de colores y un rosario blanco” colgando del cuello. En los años setenta, los mormones de la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días funcionaban en un sitio modesto, pero luego construyeron un templo gigantesco que hoy es una atracción turístico-religiosa promocionada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante una pregunta del abogado querellante Pablo Llonto, la sobreviviente recordó haber visto en Puente 12 a Juan Bougnet, a tres hermanas de Miguel Angel Pérez, a Jorge Zambrana, María Teresa Quintana, su hermana Claudia Quintana, Cuqui Miño, Miguel Angel Paulinelli, una chica de apellido Gómez y otras personas cuyos nombres dijo no recordar en ese momento. “Todos y todas pasaron por la tortura”, afirmó. Como en todos los casos, el cierre del testimonio fue coronado con aplausos.

El Negrito Ortiz

La última en prestar su testimonio fue Viviana Losada, esposa de Rodolfo Ortiz, quien fue secuestrado durante el ataque a la quinta La Pastoril, en el partido bonaerense de Moreno, donde se realizaba una reunión plenaria del PRT-ERP, el 29 de marzo de 1976.

Las declaraciones formuladas con anterioridad por la testigo y querellante, serán incorporadas a la causa. Lo que sumó en el juicio oral fue su investigación personal sobre “el secuestro y cautiverio de Ortiz”.
“Rodolfo Ortiz fue mi primer compañero, con quien tuve dos hijas, Mariana y Fernanda. El formaba parte del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores”, comenzó diciendo Losada. El ataque a La Pastoril ya fue juzgado y condenaron a los responsables que siguen vivos. “En el ataque mataron a unos cuantos compañeros y a otros se los llevaron vivos”, contó. Ella se enteró “23 años después que a Rodolfo se lo llevaron vivo”. Al principio, ella y otros compañeros tenían “la convicción de que había sido asesinado”. Comprobó lo contrario a partir de un informe realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Lo que supo, entonces, fue que “se lo llevaron vivo y estuvo más de un mes en un centro clandestino de detención donde fue torturado”. Junto con sus tres hijos, incluyendo a Federico, quien nació de la relación con su segundo compañero, comenzaron a averiguar las circunstancias en que fue secuestrado.

Por el EAAF supo también que lo habían llevado a Puente 12. En el juicio por La Pastoril, se estableció que actuó personal de inteligencia, con algunas policías provinciales y grupos de tareas de civil.

El dato obtenido fue que se habían llevado con vida “a Rodolfo, a Leonor Herrera, y a Juan Domingo Del Gesso”, entre otros, “además de llevarse a niños que estaban en la quinta y que por suerte no fueron llevados a Puente 12”. Desde hace años, Viviana forma parte de un grupo que investigó los casos de desaparecidos y asesinados del distrito de Lanús. Allí encontraron nombres de “compañeros de Lanús que habían sido llevados a Puente 12 en noviembre de 1974”. Entre ellos hay tres que fueron secuestrados cuando participaban de una reunión familiar. También figuraba en el listado Ramona Benítez, los hermanos Salinas, un compañero de apellido Blanco y varios compañeros y compañeras más. Viviana, también militante del PRT, tuvo acceso a informes internos de su organización que ya en 1974 hablaban de la existencia de un centro clandestino de detención en la División Cuatrerismo, de la Brigada Güemes de la Policía Bonaerense, que tenía su asiento operativo en Puente 12. Había una larga lista de militantes y jefes del PRT, entre ellos “el comandante Pedro, que resultó ser el compañero Ledesma”.

A partir de datos aportados por Carlos “Maco” Somigliana, del EAAF, supo de la presencia en Puente 12 de “tres compañeros, María del Carmen Cantaro, el Tuerto Arias y Jorge ‘El Gallego’ Navarro”, secuestrados el 30 de marzo de 1976 y llevados a Puente 12. A partir de allí, obtuvo datos concretos de que a los secuestrados en La Pastoril los habían llevado a ese centro clandestino.

Con sus investigaciones pudo determinar que Rodolfo Ortiz estuvo 44 días en Puente 12. Lo que supo después Viviana, a partir del testimonio de otros compañeros que estuvieron en Puente 12, es que “al Negrito lo había torturado mucho, lo habían maltratado mucho”.

El Negrito Ortiz fue asesinado el 12 de mayo de 1976. “Su cuerpo fue tirado en un baldío en Bernal. Suena mal que diga que lo tiraron, pero lo tiraron junto con dos compañeras”, dijo. La comisaría de Bernal fue la que intervino ante el hallazgo para identificar a las tres víctimas. Las huellas digitales de Ortiz estaban registradas en un legajo del exConsejo del Menor y la Familia, porque había estado internado “por pobre” en un instituto de menores de General Rodríguez, donde hizo la primaria y la secundaria. A pesar de la identificación, fue sepultado como N.N. en una fosa común del cementerio de Avellaneda. En agosto de 2006, el EAAF pudo establecer la identidad de los restos hallados en la fosa común. Cuatro años después, la familia realizó el velatorio y cumplió con el deseo manifestado por Ortiz: arrojaron sus restos al Río de la Plata.

En la primera causa por Puente 12 quedó probado, entre otras cosas, que el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, aportaba elementos de logística al centro clandestino de Puente 12, que quedaba a escasas treinta cuadras del cuartel.

Sobre el final, Viviana Losada deseó que este juicio les brinde, a las víctimas, “al menos un pequeño atisbo de justicia”. Pidió “cárcel común y efectiva, a todos los asesinos de nuestros compañeros, y Memoria, Verdad y Justicia para los 30 mil compañeros desparecidos”. La audiencia se cerró con el “presente” aclamado por el público y, una vez más, por los aplausos.