Las botas policiales pisan la memoria en Puente 12 y El Banco
Escrito por La Retaguardia el julio 9, 2023
Un acto con la presencia de Axel Kiciloff, junto a Sergio Berni y al intendente de La Matanza Fernando Espinoza, sumó malestar a familiares de víctimas. Las medidas de no innovar del juez Rafecas que nadie atiende. Mientras tanto se realizan los juicios Puente 12 III y ABO V, que investigan hechos ocurridos dentro de ese predio, hoy base de grupos especiales de la Bonaerense.
Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Fernando Tebele
Un acto oficial en el predio donde funcionaron los centros de tortura y exterminio conocidos como “Puente 12” y “El Banco”, corroboró una realidad repudiable: las botas policiales siguen pisando la Memoria, la Verdad y la Justicia. El viernes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, entregaron 90 patrulleros a la Policía Bonaerense. El despliegue de tropas y móviles se hizo sobre un predio que debe ser “sitio de memoria” y fue modificado brutalmente, cuando es prueba fundamental en dos juicios por crímenes de lesa humanidad.
“Las obras para modificar el predio se hicieron sin cumplir la orden de no innovar del juez Daniel Rafecas”, afirmó Alejandra Cravello, de la Comisión Vesubio y Puente 12. “Por supuesto, tampoco se pidió autorización a la Municipalidad de La Matanza, que pareciera que avala todo lo que se está haciendo”, recalcó Cravello. De hecho, en el acto realizado el viernes, estuvo presente el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que aportó 40 de los nuevos móviles policiales. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de DD.HH. de la provincia de Buenos Aires colocaron recientemente nuevos carteles de señalización en la puerta del predio, pero no han impedido el avance de las obras.
Alejandra es hija de Ricardo Cravello, torturado y asesinado en Puente 12. Con lógica indignación, señaló que los patrulleros policiales estarán estacionados “sobre las capachas” donde eran cremadas en forma clandestina las víctimas del Terrorismo de Estado que pasaron por los dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En la orden de “no innovar”, repetida hasta el cansancio desde 2010 por el juez Rafecas sin eco en las autoridades, se señaló la particular importancia de esas “capachas”. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) viene realizando tareas destinadas a la identificación de los restos óseos humanos ya encontrados y los que debe haber en los sitios que falta examinar. Los amplios sectores de tierra del predio fueron tapados con cemento por decisión de las autoridades bonaerenses.
Los logos del Municipio de La Matanza se observan en las fotos de la visita a las barracas para los policías “alineados sobre esa ‘platea’ de hormigón de cincuenta metros por veintipico”, que tapa los lugares donde se encuentran las “capachas”. Cravello puntualizó que en distintos lugares del predio “se hicieron movimientos de suelos, excavaciones y no se dio intervención al EAAF. ¿Y si ahí hubo restos? No se informó a nadie, parecen las topadoras de diciembre de 1983 excavando en los cementerios, es el mismo nivel de salvajismo”.
La “seguridad” como excusa
El acto oficial se realizó en el hoy llamado Centro de Coordinación Estratégico de la Policía Bonaerense al que se señala ubicado en “Puente 12”. Las “nuevas instalaciones” forman parte del edificio de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y la sala de monitoreo de la Fuerza Barrial de Aproximación. Según Kicillof, es “un centro de primer nivel” que sirve “para reducir el delito”.
La UTOI fue inaugurada el 31 de mayo de 2017 por la exgobernadora macrista María Eugenia Vidal, acompañada por su entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Hoy siguen su huella Kicillof y Berni. De 300 efectivos en el gobierno anterior, se pasó a 2700 en septiembre de 2021; y ahora se anuncia que serán 8000 para las que se están construyendo toda la infraestructura sobre un espacio que debería preservarse para la memoria. Como todo aumenta, las cifras de la “seguridad” crecen: de las 280 mil personas detenidas en 2019 por hechos menores o por nada, se trepó en la gestión Kicillof-Berni a más de 410 mil, según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
De acuerdo con Kicillof, la UTOI y la Bonaerense son las encargadas de garantizar “seguridad”. En los últimos años, solo en La Matanza hubo 17 casos de gatillo fácil policial. Por otro lado, en mayo de 2022, unos jóvenes que estaban haciendo compras en su barrio fueron agredidos por policías que se movilizaban en varios patrulleros.
La CPM presentó una denuncia penal y administrativa contra esos efectivos. Luego de rodearlos, uno de los policías le dijo a un chico de 14 años al que obligaron a tirarse al suelo: “¿Qué pasa si te tiro un tiro y quedás tirado acá?”. Esto pasó en el barrio Nicole, de Virrey del Pino. Los móviles policiales, vaya casualidad, eran de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). A uno de los chicos lo golpearon, le sacaron la gorra y las zapatillas. Luego las arrojaron a un zanjón. La denuncia fue presentada ante la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa.
En una encuesta realizada por la CPM en La Matanza, se determinó que sobre 100 entrevistados, sólo uno no tuvo nada que decir en contra de la Policía Bonaerense.
Hay más de la UTOI. En Quilmes, en un caso de robo, se secuestró una pistola 9 milímetros que pertenecía a esa fuerza de seguridad. Se abrió una investigación interna y se constató que faltaban 15 pistolas y escopetas, entre ellas la 9 milímetros secuestrada en Quilmes.
En junio de este año, en una nota remitida al ministro de Seguridad, Sergio Berni, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunciaron que la Bonaerense sigue realizando acciones de espionaje e inteligencia ilegales. Eso afecta a las asambleas, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. En esto, también se sigue la huella del gobierno anterior. Esto pasa, a pesar de las denuncias realizadas ante la Justicia y los organismos de gobierno que deben intervenir para terminar con estas prácticas.
La CPM denunció “el seguimiento y vigilancia sobre los actos de conmemoración” del Día de la Memoria “en Balcarce y en otras localidades bonaerenses, como ocurrió con la Caravana de la Memoria convocada por la Mesa de la Memoria de La Matanza o sobre una asamblea gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud”. En el caso de La Matanza participaron los familiares de la Comisión Vesubio y Puente 12, que fueron filmados con drones y cámaras.
La impotencia judicial
El 28 de junio, el juez federal Daniel Rafecas, ratificó su medida de “no innovar” en el predio de Ricchieri y Camino de Cintura, por la relación que tiene hoy con el juicio oral Puente 12 III, en el que se investigan crímenes de lesa humanidad ocurridos en el predio donde hoy funciona la UTOI.
Rafecas señaló que en la causa “se han colectado importantes elementos probatorios” sobre el funcionamiento, en ese lugar, durante la última dictadura cívico-militar, de ese centro de “detención y tortura” en las instalaciones que pertenecieron a la ex División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense.
El lugar de tortura funcionó entre noviembre de 1974 y febrero de 1977 y está acreditado que estuvieron allí secuestradas “más de 115 víctimas” del Terrorismo de Estado. Recordó, incluso, que en juicios anteriores han sido condenados represores como Miguel Osvaldo Etchecolatz, Federico Antonio Minicucci, Carlos Antonio Españadero, Angel Salerno, Carlos Alberto Tarantino y José Félix Madrid. El Banco estuvo allí desde diciembre de 1977 hasta agosto de 1978. Luego de mencionar esos antecedentes, Rafecas puntualizó la necesidad de preservación del predio “en orden a la posible subsistencia de elementos útiles (…) para la reconstrucción de los sucesos objeto de pesquisa”. El objetivo es “evitar la alteración de los medios de prueba tendientes a la identificación por parte de las víctimas” que estuvieron en ese lugar de cautiverio, privados ilegalmente de su libertad.
En ese punto, el juez federal recordó que el 15 de noviembre de 2010, el tribunal a su cargo volvió a “decretar la prohibición de innovar sobre la edificación” en la que estaba emplazada, en la dictadura, el Destacamento de Infantería de la Policía Bonaerense, hoy denominado Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), ubicado sobre la colectora de la autopista Ricchieri y el Camino de la Virgen María.
Rafecas mencionó, asimismo, que el 14 de enero de 2015 se advirtió que en el lugar citado se habían producido “hallazgos de restos óseos humanos”, que todo indica que certifican los crímenes de lesa humanidad ocurridos allí. Eso fue probado por el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con intervención de los expertos Juan Nóbile, Mariela Fumagalli y Miguel Saghessi.
Además de los restos óseos se hallaron “zapatos, envases de remedios, botellas y vajilla”, entre otros elementos probatorios. Eso llevó a ordenar “la preservación de esos sitios” y la caracterización de las fosas como “Sitios de Memoria”, tal como establece la Ley 26.691.
Eso fue notificado en tiempo y forma a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad provincial, a la Secretaría de DD.HH. de la Nación y al Municipio de La Matanza. Esos organismos mencionados tenían que “arbitrar los medios necesarios” para que la orden judicial se cumpliera, algo que no ocurrió.
El 31 de enero de 2017 se notificó de nuevo a la Jefatura Departamental de Policía de La Matanza para que se preserve ese Sitio de Memoria. El 15 de mayo de 2018 se acudió en igual sentido a la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de DD.HH. de la Nación. Rafecas hizo mención también a las reuniones realizadas con el mismo objetivo con las autoridades que deben encargarse de garantizar la orden judicial. El listado de funcionarios es interminable.
Hasta el cansancio, el juez federal ratificó la existencia de la medida cautelar de no innovar y la orden de preservación de los sitios mencionados.
Todos los funcionarios que asistieron, asumieron el compromiso de preservar el lugar, pero como todo siguió igual, el 23 de marzo de 2022 el tribunal federal “reafirmó la prohibición de no innovar”, dictada el 15 de noviembre de 2010, con la extensión dispuesta el 14 de enero de 2015, que amplió el espacio al lugar donde funcionaba el Destacamento de Infantería de la Bonaerense, actual FOE.
El 7 de junio de 2022, se hizo una “exhortación” al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires para la “desafectación de la dependencia policial” situada ahora sobre los lugares que ocuparon los centros de tortura y exterminio.
El 27 de febrero de este año, el abogado querellante Pablo Llonto denunció la realización de obras en los lugares sujetos a la medida de no innovar. El 21 de marzo pasado, personal del Tribunal y representantes de las víctimas fueron a la sede de la UTOI para observar in situ si se cumplía la medida. El querellante Pablo Llonto pidió que se extendiera la decisión al predio lindero, donde hoy funciona la capilla. A la vez, expresó su preocupación por las modificaciones que se han verificado. En abril de este año se hizo una nueva reunión con funcionarios y familiares de las víctimas.
El escrito enviado por Rafecas hace un largo recorrido por la legislación vigente y por la reticencia de las autoridades pertinentes de acatar la medida de no innovar. Por último, se reafirmó una vez más la “prohibición de innovar dictada el 15 de noviembre de 2010” y la extensión a los alcances establecidos en la resolución del 23 de marzo de 2022”.
