Persecución a organizaciones sociales: de la represión a los allanamientos

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, 27 allanamientos a comedores populares y domicilios de 28 referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero (PO) y Barrios de Pie. Los operativos estarían basados en supuestas llamadas realizadas a la línea que el Gobierno nacional instaló para denunciar situaciones irregulares en el acceso a los planes sociales. La causa se inició el 20 de diciembre, el mismo día de la primera marcha que realizó la izquierda contra el gobierno. El juez Sebastián Casanello había rechazado el pedido del fiscal, quien además solicitaba la detención de las 28 personas. Ahora, la Sala de la Cámara intervino tomando parcialmente el pedido del fiscal. Es difícil pensar que no se tomará algún caso irregular excepcional para ser presentado ante la sociedad como una generalidad, apuntalando el estigma contra las organizaciones sociales y permitiendo el consenso social necesario para avalar prácticas que remiten a otras épocas, en las que el solo hecho de pertenecer a una organización popular, encarne un delito de por sí.