La empresa constructora Mackentor fue ocupada e intervenida durante el último genocidio. Su vaciamiento benefició al Grupo Macri a través de la empresa Supercemento S.A. En la megacausa La Perla-La Ribera el tema no fue considerado como crimen de lesa humanidad, pero en Casación se logró la anulación de esa parte de esa sentencia y la sustanciación de un nuevo juicio. Por el caso, rige una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Estados nacional y provincial.