Por LaRetaguardia en Derechos Humanos - publicado el 5 febrero 2025

Se cumple un nuevo aniversario de la firma del decreto que ordenaba “aniquilar” el accionar de los “elementos subversivos” en Tucumán. A partir de ese momento 5 mil soldados desembarcaron en la provincia y se instalaron 11 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio. Durante ese tiempo, se utilizaron más de 80 instalaciones, como fincas, escuelas y comisarías, para tener en cautiverio por poco tiempo a personas que habían sido secuestradas en el operativo. También habrá actos reivindicatorios de los crímenes.

Entrevista: Fernando Tebele
Redacción: Camila Cataneo 
Edición: Fernando Tebele
Gráfica: Eugenia Otero

Se cumple un nuevo aniversario del comienzo del Operativo Independencia en Tucumán. Hace 50 años, el 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto 261 que ordenaba “aniquilar” el accionar de los “elementos subversivos” con la excusa de desmantelar a la Compañía de Monte que había armado el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la provincia. 

A partir de ese día llegaron 5 mil soldados a la provincia y se instalaron 11 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio. Durante ese tiempo, se utilizaron más de 80 instalaciones, como fincas, escuelas y comisarías, para tener en cautiverio por poco tiempo a personas que habían sido secuestradas en el operativo.

La Retaguardia dialogó con la socióloga Ana Jemio y la abogada Julia Vitar, quienes coordinan la Base de datos Genocidio en Tucumán, del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y de la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán.

¿Qué fue el Operativo Independencia?

“Podemos empezar por decir lo que no fue, ahora que está todo en discusión. Muchas veces se dice que el Operativo Independencia ha sido una operación antiguerrillera y en realidad fue el comienzo del genocidio”, aseguró la socióloga Ana Jemio, y agregó que “lo que ha pasado durante el Operativo Independencia es que ha existido un sistema de campos de concentración que se ha instalado por primera vez en Argentina y con él, se inauguró la política sistemática de secuestros y desaparición de personas. Algunas eran asesinadas y sus cuerpos eran ocultados y en otros casos eran liberados. Ese fue el proceso central del Operativo Independencia. No obstante, efectivamente existió una guerrilla y hubo algunas acciones contra las mismas, que formaron parte de ese todo, que es lo que define el aparato represivo del Estado que se organizó en ese momento”.

En la misma línea, la abogada Julia Vitar señaló que “el Operativo Independencia es algo muy local en Tucumán. Para nosotros las y los tucumanos, el Golpe de Estado de 1976 no marca un quiebre sino que es una continuidad del estado de excepción que se venía viviendo en la provincia desde febrero de 1975. Allí no se vio el accionar de grupos paramilitares como la Triple A (la Alianza Anticomunista Argentina), sino todo el poderío del aparato represivo del Estado a partir del Ejercito y las Fuerzas de Seguridad dominando la cotidianidad en la provincia”. 

Desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa , la Justicia investigó y corroboró la existencia de casos ocurridos durante el Operativo Independencia. Julia Vitar comentó que “en Tucumán existieron dos megacausas en donde se investigaron los crímenes cometidos antes del 24 de marzo de 1976 que fueron las causas Operativo Independencia” y puntualizó que “en el segundo juicio oral y público que se realizó en la provincia en 2010, que fue conocida como Jefatura de Policía, ya aparecían hechos que habían ocurrido antes del Golpe. En ese momento, fue el primer pronunciamiento del Tribunal Oral Federal de Tucumán, donde sostuvo que los hechos ocurridos en el gobierno de Maria Estela Martínez de Perón eran crímenes contra la humanidad. Ahí vemos una continuidad en la forma en la que la Justicia ha entendido los hechos ocurridos antes del Golpe de Estado”. 

Para entender la magnitud del Operativo Independencia y el genocidio que ocurrió en la provincia durante la ultima dictadura civico militar eclecistica, en el compendio de datos que coordinaron Jemio y Vitar, tienen registradas 1887 víctimas, de las cuales el 44% fueron secuestradas durante el Operativo Independencia. “Aclaramos que son las víctimas registradas. Ahí abrimos todo un tema que fue objeto de debate en este tiempo, que está vinculado a los números y la cantidad de víctimas. Nuestra base de datos se basa en víctimas registradas por lo menos un nivel mínimo de investigación en procesos judiciales. Es un subregistro, porque sabemos que en la progresión de los hechos se siguen denunciando casos nuevos”, aclaró Jemio. 

El año pasado finalizó el tercer tramo del juicio que investigaba los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Jefatura de Policía de Tucumán. Allí aparecieron nuevas víctimas y tiene la peculiaridad de que el juicio surgió a partir de una lista que fue sacada por Juan Carlos Clemente, un sobreviviente de ese centro clandestino. A partir de esa lista, la fiscalía reconstruyó ese universo para poder conformar la causa. “Es la expresión más clara de lo mucho que les cuesta a los sobrevivientes el acceso a la justicia. Por ejemplo: poder contar lo que les ha pasado, tener dinero para viajar a la capital para ir a denunciar. Respecto a los casos de Operativo Independencia, fueron recolectadas luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esto demuestra que, antes, la mayoría de estos sobrevivientes no tenían los recursos para poder contar lo que les había pasado”, remarcó Julia Vitar. 

Uno de los focos represivos, tanto en el Operativo Independencia como en el transcurso de la dictadura, fue en la zona rural y en el cordón industrial azucarero; es decir,  contra el movimiento obrero organizado, en particular con los sindicatos de base. “Si bien el Operativo Independencia es un momento histórico que se presta para este tipo de discurso maniqueo y reivindicatorio de la represión, existieron hechos, nosotros tuvimos  focos guerrilleros, hubo enfrentamientos entre los miembros de la guerrilla y el Ejército, existieron hechos de violencia armada que desencadenaron la represión feroz del Operativo Independencia. La mayoría de las víctimas no estaban vinculadas directamente con las organizaciones armadas, sino que eran personas que tenían militancia política, sindical y social, y que podían formar parte de redes de organización que podían articular con expresiones político-militares, o con expresiones de superficie, pero el proyecto represivo era transformador en la población tucumanas. Sobre todo de las experiencias de lucha que traía la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera) y que después lo vamos a ver en las víctimas que fueron represaliadas en el operativo”, dijo Julia Vitar. 

La ocupación

Al implementarse el decreto, 5 mil efectivos se instalaron en la provincia para llevar adelante el plan sistemático de secuestro y desaparición de personas que luego se replicó en todo el país en la época de la dictadura militar. “Tucumán presentó un dispositivo territorial de ocupación por parte del Ejército que no ha tenido características similares en ninguna otra provincia de nuestro país. Arranca un año antes, pero se va extendiendo a otras provincias en octubre del 75 cuando se amplía la operación que eran consideradas ‘importantes’ en términos represivos por parte de quienes estaban tomando las decisiones en ese momento. Estela Martínez de Perón, sus ministros y la cúpula de las Fuerzas Armadas”, aseguró Vitar. La abogada agregó: “Tucumán tiene esta circunstancia tan particular de que esa disposición de la del Ejército sobre el territorio en el cual nosotros, caminando cinco kilómetros entre un lugar y otro, encontramos bases militares; es decir, centros clandestinos de detención donde pasaron decenas de personas y a la par de estos lugares, otros más pequeños que han funcionado para el secuestro de pocas personas durante poco tiempo. Tuvo la potencia de reproducir el terror de una manera mucho más capilar”. Estos lugares fueron desde comisarías o casas de vecinos. Por ejemplo al sur de la provincia, donde las fuerzas de tareas tomaron las fincas de varios pobladores del lugar y fueron utilizadas durante un tiempo determinado para la detención de los propios vecinos. Se estima que en esa situación estuvieron más de 80 lugares. Por un lado había centros clandestinos más grandes, que estaban “organizados sistemáticamente para el secuestro y la detención de personas, como fue la Escuelita de Famaillá; y espacios que fueron utilizados por ahí por un tiempo menor y para menor cantidad de personas, pero que han estado dispersos a lo largo de todo el territorio provincial”, puntualizó Julia.

¿Qué pasaba en Tucumán después de la dictadura?

En la provincia, en la primera etapa tras el regreso de la democracia, el clima era hostil y las personas no tenían la posibilidad de denunciar abiertamente lo que había pasado en el Operativo Independencia y en la Dictadura. La abogada recordó que “Tucumán ha sido gobernada por el genocida Bussi hasta 1999. En el año 2003, Bussi se había candidateado como intendente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y había sido electo intendente. Mientras se anulan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el Congreso Nacional y se ratifica luego en la Cortel, Bussi, en esa instancia, en el año 2003, justamente queda detenido en la primera causa judicial por delitos de lesa humanidad en Tucumán, que es la causa Vargas Agnasse, que el primer juicio oral. Por otro lado, unos meses antes, había iniciado la investigación por la causa del Pozo de Vargas, que es la fosa clandestina más grande encontrada en Argentina. Hasta este momento se han identificado 121 personas, que fueron arrojadas en este lugar de manera clandestina durante el Operativo Independencia y luego con el golpe de Estado”. 

El valor de hallar los cuerpos y las denuncias desde 2003

Vitar repasó cómo fue el proceso del hallazgo e identificación de restos, y el valor judicial que tienen, más allá de la reparación que implica para las familias: “En el año 2003, se encuentran los primeros restos óseos humanos en ese lugar, que eran pequeños fragmentos, pero que daban cuenta de que efectivamente esta denuncia que se conocía desde hacía muchos años, pero que nunca se había investigado, de que en Tucumán existía una fosa común que había pertenecido al ferrocarril y que había sido utilizada de manera sistemática para arrojar cuerpos, se acredita judicialmente a través de la pericia. Yo creo que esos datos, el descabezamiento del genocida por un lado y la potencia de haber encontrado la fosa del Pozo de Vargas, han colaborado para que la gente se acerque a la Justicia, sumada por supuesto a una decisión estatal de retomar la iniciativa en lo que es la las políticas de memoria, verdad y justicia que encarnó el gobierno de los Kirchner, a partir de todas las políticas que han impulsado y que lo que hicieron en realidad fue tomar las banderas y las demandas históricas del movimiento de Derechos Humanos y de los familiares y hacerlas políticas de Estado. Y yo creo que eso, con las críticas que uno pueda tener o las diferencias políticas o partidarias que las organizaciones puedan tener acerca de ese proceso político que comienza en el año 2003, innegablemente hay una potencia ahí desde el poder estatal que le está diciendo a las personas ‘Vengan, denuncien, cuenten lo que les ha pasado, porque ahora se abrió efectivamente la oportunidad de juzgar esos hechos’. Algo que había estado durante mucho tiempo en jaque durante los 80, con todo lo que pasa con todos los levantamientos militares y las presiones que había en contra del proceso de Alfonsín, y luego paralizado desde la sanción de las leyes y los indultos de Menem”.

¿El Estado podría haber actuado de otra manera?

Frente a esta pregunta que puede sonar incómoda, Jemio respondió: “El Estado podría haber actuado de otra manera. La pregunta por ahí sería, ¿Cómo actuó? Porque no es que no hizo juicios, también los hizo. Y esos juicios que hizo también estaban viciados profundamente de toda legalidad. Por ejemplo, hizo un juicio por la muerte de Viola (el 1 de diciembre de 1974 el ERP atentó con el Capitán Humberto Viola. En la operación también murió su hija de 3 años). Y en ese juicio hay declaraciones extraídas bajo tortura firmada por Adel Vilas, donde dice ‘Escuelita de Famaillá, persona capturada en fecha tal’. O sea que están ‘legalizando’ un secuestro y tomando por válida una declaración extraída bajo tortura. Yo creo que esto también lo que de lo que nos habla, en todo caso, es de la importancia de lo decías al principio de la nota, de pensar el funcionamiento del aparato represivo en gobiernos constitucionales. Vos decías si aquel gobierno era un gobierno democrático o no era democrático. Creo que más que democrático, podríamos hablar de que era un gobierno constitucional que estaba obligado por una serie de leyes. Y también muestra a las claras que en momentos de crisis el Estado crea leyes que son de excepción para romper su propia legalidad, cosa que, por ejemplo, vemos hoy también que está sucediendo, por ejemplo en Tucumán, con una serie de razzias que están haciendo en barrios populares,  avaladas por una supuesta legalidad. El Estado infringe su propia ley creando leyes de excepción. Entonces, me parece que en esta forma de actuar del Estado también nos enseñan no solo que el Estado podría haber actuado de otra manera, sino que muchas veces, cuando actúa con visos de legalidad, lo que hace es legalizar y legitimar mecanismos profundamente ilegales, inconstitucionales y contra cualquier derecho de las personas”.

Vitar sumó un dato histórico, tomando como ejemplo la acción de lo que se conoció como el “Camarón”, una Cámara penal creada durante la dictadura de Lanusse en 1971: “A mí me parece también que lo que deberíamos pensar es si las facciones de poder que tomaban las decisiones en aquel momento estaban dispuestos a llevar adelante investigaciones legales, judicialmente legítimas y constitucionales por esos hechos, como habían ocurrido durante la dictadura anterior, y después resolver qué hacer con todos estos presos políticos. No, yo creo que hubo efectivamente una decisión de aniquilar, porque la decisión de juzgar que se tomó durante la dictadura militar anterior terminó con un proceso democrático que exigió la liberación de esos presos en esos procesos totalmente irregulares, en esas sentencias tomadas por el famoso ‘Camarón’ que necesariamente debían caer, y no estaban dispuestos de vuelta a eso. Porque además, el escarmiento no había resultado suficiente para las fuerzas populares de Argentina. Y eso lo demostró el proceso creciente de movilización previo al operativo Independencia y al golpe de Estado”.

En la misma línea, Julia continuó analizando el contexto: “Es esta idea de cómo se imponen los consensos acerca de la represión y que es sobre lo que tenemos que estar atentos. En todo momento, en los gobiernos democráticos como el que tenemos ahora, porque tenemos un gobierno elegido en elecciones democráticas, se van imponiendo también en algún momento consensos. Así como hace 20 años teníamos consensos sociales acerca de juzgar a los genocidas, se van imponiendo consensos acerca de que no es necesario que tengamos tantos derechos, de que no es necesario que todas las personas tengamos acceso a nuestra identidad, a autopercibirse en la identidad de género que tenemos, que no es necesario que tengamos discriminaciones positivas las mujeres para poder acceder a ciertos lugares a los que no podemos acceder porque tenemos a nuestro cargo un montón de tareas de cuidado, etc. Todas cuestiones que sabemos, pero que han sido conquistas, que se han ido logrando y se van imponiendo a través de discursos que son claramente conservadores y reaccionarios la necesidad de ir quitando esos derechos”. 

¿Qué significan los ingenios azucareros en Tucumán?

Jemio contó que “la industria azucarera ha sido para Tucumán la organizadora de la de la sociedad tucumana de la formación social tucumana. La clase obrera tucumana se crea fundamentalmente en la construcción de esa agroindustria azucarera y ha sido lo que históricamente le ha dado empleo a la sociedad tucumana y al sector trabajador tucumano. No solamente quienes trabajaban directamente para los ingenios y las plantaciones, sino también todo lo que implicaba los alrededores y al mismo tiempo los consumos de quienes trabajaban en la industria azucarera. Entonces, directa o indirectamente, la sociedad completa vivía de eso”.

Ya metiéndose en la época de las últimas dictaduras, la socióloga agregó: “Lo que ocurrió en la dictadura anterior a la del 76, en la de Onganía, ha sido el cierre de once de los veintisiete ingenios, en una medida profundamente regresiva que implicó la concentración de capitales, no donde antes este existió una torta que se repartía entre veintisiete ingenios, luego se repartía entre dieciséis.  Aproximadamente se calcula que unos 50 mil trabajadores fueron expulsados. Así todo, a la agroindustria azucarera que logró esas transformaciones con la dictadura de Onganía, no les resultaba suficiente el nivel de disciplinamiento porque los trabajadores estaban muy organizados. Habían tenido una derrota fuerte cuando habían cerrado los ingenios, pero sin embargo seguían peleando, exigían la apertura de alguno de los ingenios, seguían exigiendo una serie de cuestiones y fundamentalmente ponían mucha resistencia a un proceso de mecanización de la cosecha del azúcar, un proceso que iba directamente a extinguir la figura del obrero, del pelador de caña, porque lo iba a reemplazar la máquina. No estaban en contra de la mecanización en sí misma, sino que esa mecanización implicaba la destrucción de puestos de trabajo. Cualquier semejanza con la inteligencia artificial es mera casualidad… ¿Qué implica para la sociedad la introducción de medios tecnológicos que de repente construyen poblaciones sobrantes? Bueno, a eso se oponía la clase trabajadora azucarera tucumana. Más allá del largo proceso de organización que tenían y la construcción y la defensa de sus propios derechos a través de los sindicatos, el sector industrial de la agroindustria azucarera en Tucumán ha tenido una participación muy importante, directa, en la represión. En algunos casos facilitando sus instalaciones para que sean utilizadas como centro clandestino de detención, dando información; y después, de manera más general, beneficiándose de algunas de las cuestiones. Un hecho clave es que en la zafra del 76 se utiliza por primera vez la máquina cosechadora integral, que es lo que venían resistiendo los trabajadores desde hacía décadas. En ese sentido, recomendamos los trabajos de la doctora Silvia Nassif, que se encuentran en internet, quien ha estudiado profundamente estos procesos y en relación a esto, uno de los juicios próximos que se viene es está vinculado al diseño frontera”.

50 años y actos de “los dos demonios”

Si bien a lo largo de estos 50 años sigue vigente el discurso de que el Operativo Independencia fue una operación para contrarrestar el accionar de las guerrillas. Este año el Gobierno Nacional y los medios de comunicación agudizaron aún más su postura. El 5 de febrero habrá actos reivindicatorios y actos para recordar a las víctimas y reflexionar acerca de qué fue este operativo. Jemio manifestó que “son manifestaciones que se vienen dando desde hace un largo tiempo, pero ahora tienen más visibilidad porque tienen respaldo. La inmensa mayoría se enteraron por una nota de uno de los diarios más importante del país, que puso el tema sobre el tapete, que le dio el respaldo y la legitimidad, que eso no quiere decir que no tenga un respaldo político. Estos grupos no aparecen ahora, sino que se suman a una corriente y a una representatividad por la profundización de un gobierno de corte facista que no solo lo niega, sino que lo reivindica.  El operativo se presta para este tipo de operatoria.

Este miércoles, bajo la consigna “Lo dijeron las víctimas, fue sentencia en la Justicia, es historia. Operativo Independencia el comienzo del genocidio”, los organismos de derechos humanos de la provincia realizarán diferentes actividades para recordar a las víctimas y reflexionar sobre que fue el Operativo Independencia.

La Fronterita y el nuevo juicio en la provincia

En el marco de las conmemoraciones de los 50 años se va a presentar el libro que escribieron Ana Jemio y Silvia Nassif, que se llama “Fronterita cuenta su historia”, que justamente recrea la vida de los pobladores de las colonias del Ingenio La Frontera. “Estas parcelas de terreno eran de pertenencia de los dueños de los ingenios en donde vivían los obreros, los arrieros azucareros y en donde trabajaba la tierra. Eran extensiones de tierra en donde estaban los pobladores y sus trabajadores. Donde había todo un ecosistema de convivencia que ya no existe más, porque justamente, a partir de que se instala la máquina cosechadora integral, el ingenio La Fronterita desarma estas colonias, corre a la gente de su inmueble, y hoy por hoy es un terreno por donde no se puede circular sin autorización, cuando antes en realidad era el territorio de una gran comunidad que vivía ahí, y que fue justamente la sede de una de las bases militares que funcionaron dentro mismo del ingenio y que estuvieron desde el comienzo del Operativo Independencia y de la dictadura militar”, señaló Jemio  

Este miércoles se realizarán diferentes actividades. La primera se llevó adelante en Escuelita Famaillá, dónde se hizo una visita guiada por el sitio y después se desarrollaron actividades artísticas como una muestra de fotografía y acciones callejeras. También habrá lectura de un documento y se proyectarán videos de sobrevivientes y familiares de víctimas del Operativo Independencia.

Vitar siguió detallando las actividades: “El día 7 se organizó una actividad en la ciudad de Tafí Viejo, que es una ciudad cercana a San Miguel de Tucumán. La convocatoria es a las 19:00 horas. Va a haber una pequeña marcha hasta la plaza Mitre, que es donde va a haber acciones artísticas también y títeres, y va a estar colgada las muestras de fotografía, de Fronterita y la del juicio. Y también va a haber conmemoraciones a los desaparecidos de Tafí Viejo”. 

Por último, Vitar invitó a ir “el sábado 8 irán hacia Santa Lucía, que es una localidad en el sur de Tucumán, donde estaba el ingenio azucarero del mismo nombre, que fue una base militar. Van a hacer recorridos en el territorio en el marco de un proyecto que se llama Territorios de la Memoria, en donde vamos a distintos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención y contamos qué pasaba allí, cómo es la comunidad que rodeaba estos espacios y por qué son elegidos también como enclaves represivos del lugar. Luego, vamos a hacer una comida colectiva y vamos a comer unos choripanes con los compañeros de Santa Lucía”. 

El 17 se realizará la audiencia preliminar del nuevo juicio que se espera con ansiedad en la provincia, que es justamente por los crímenes cometidos en La Fronterita.