Por LR oficial en Arte y Cultura - publicado el 29 mayo 2025

El gobierno de Javier Milei modificó la estructura de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y hace que peligre su continuidad. La bibliotecaria María Amalia Bernat y la presidenta de dos bibliotecas populares Gisela Pérez, explicaron a La Retaguardia los problemas que esta modificación trae consigo. 

Redacción: Valentina Maccarone
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Biblioteca Popular La Carcova

A partir de la Ley 419/1870 se crearon las bibliotecas populares en Argentina, por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento. Hoy existen 500 bibliotecas registradas en la Provincia de Buenos Aires y casi 1.500 en todo el país. A lo largo de los años, los desafíos que enfrentan las bibliotecas se fueron modificando, pero su objetivo es sostenido por sus trabajadores y trabajadoras: promover la lectura, el acceso al conocimiento y la cultura a toda la comunidad.

Sin embargo, desde la semana pasada, la continuidad de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) se encuentra en peligro. El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el decreto 345/2025 que modifica a la comisión y a los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas, y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. En el caso de la CONABIP, este decreto hace que pase de ser una comisión a una dirección dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, lo que significa que la secretaría va a tomar las decisiones de sus políticas públicas, recursos y cómo destinarlos. Es decir que este cambio de estructura hace peligrar la autonomía, la autarquía, la representación federal, el financiamiento y el asesoramiento técnico que reciben las bibliotecas populares para sostener sus distintos programas.

María Amalia Bernat, bibliotecaria de la Macedonio Fernandez de Villa Ventana (partido de Tornquist) y Gisela Pérez, presidenta de la La Carcova ubicada en la localidad de José León Suárez (partido de San Martín), ambas de Provincia de Buenos Aires, explicaron lo preocupante de esta modificación. 

“Pensemos en un país con tantas tensiones que esto ha sobrevivido. Esto ha ido modificándose con algunos altibajos, pero siempre ha estado presente en nuestro país ese deseo y ese movimiento único que tenemos en Latinoamérica de bibliotecas populares gestionadas por la vecindad, por las propias comunidades, y con la ayuda y la asistencia del Estado”, dijo Bernat. 

Una de esas modificaciones posteriores a la creación de las bibliotecas populares a las que hace referencia la bibliotecaria es la realizada a través de la Ley 23351/1986, en la cual se incorporó un fondo especial para el programa «Libro %”. Este programa consiste en la posibilidad de recibir un subsidio para ir a comprar libros a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en todas las bibliotecas del país con un 50% de descuento. Pérez resaltó: “En La Cárcova, es la tercera vez que pudimos acceder al programa Libro % para poder comprar los libros que la comunidad quiere leer, los libros que entendemos que son necesarios para nuestra comunidad y que ellos mismos piden”. 

También, con los años, se agregaron otros programas y proyectos que tienen como principal foco la formación ciudadana. Entre ellos se encuentran el programa “Bibliomóvil”, que tiene vehículos que funcionan como bibliotecas itinerantes, y el “Plan Nacional de Lectura en Bibliotecas Populares”, que revalorizan espacios no tradicionales de encuentro entre la comunidad y el libro, como unidades penitenciarias y hospitales. Al respecto, María Amalia resaltó: “Todas esas son cuestiones que ayudan, junto con el gobierno provincial y si está, además, la mano municipal. Hacen una trilogía de ayuda a esta conformación de comisiones directivas que administran, gestionan y mantienen las bibliotecas populares en Argentina”.

—¿Qué consecuencias tiene este decreto?

(María Amalia) —Está peligrando ese financiamiento, porque la CONABIP pasa a una dirección que dependa de una secretaría y eso redunda en menos financiamiento y en posibilidad de establecer políticas propias. Se rompe también la representación federal, porque es una comisión que tiene representatividad a nivel nacional y eso no estaría teniendo en cuenta. Atenta ni más ni menos contra la ley y el estado de derecho. Las medidas de lucha que estamos tomando es haciendo visible esta situación y esperando que esto no se concrete. La situación es muy preocupante. Además, otra cosa que me gustaría comentar es la cuestión de los empleados y empleadas de Conabip que están en riesgo. Este recorte traería aparejado despidos que ya están sufriendo.

(Gisela) —Se pone en peligro la vida. Las bibliotecas no van a poder afrontar muchos gastos que tienen y van a tener que cerrar. Se van a morir muchas bibliotecas populares de la Argentina. Muchas sobreviven gracias a las subvenciones y al financiamiento que presenta la CONABIP. Lamentablemente, muchas van a hacer lo posible para sobrevivir, pero muchas van a morirse. Va a morirse el acceso a la cultura, a la educación, a la formación, al libro, a internet, a tomar un mate cocido. Hay muchas bibliotecas en parajes, en villas, en barrios populares que permiten que la gente acceda a distintos derechos, porque lo único que hay en ese territorio es una biblioteca popular que garantiza el derecho a terminar la primaria o la secundaria, a poder desarrollar un taller de formación, a un libro de calidad que es imposible que te llegue a tus manos, a un servicio como tener el DNI o un turno de salud. Las bibliotecas populares argentinas hacen una tarea titánica de actividades, ya sea apoyo escolar, cultural, formativo, conectividad.

—¿Cómo se están organizando para hacerle frente a esta medida?

(Gisela) —Nos estamos sumando a las distintas medidas de distintos colectivos de bibliotecas populares a nivel local, provincial y nacional, entre ellas Bibliotecas Populares en Lucha que es un movimiento que se formó en los inicios de la Ley Bases. Estamos visibilizando a través de las redes sociales, comentándoles a los vecinos y vecinas. También, con la Red de Bibliotecas de San Martín, estamos iniciando algunas acciones para que el gobierno local acompañe y visibilice esta situación, para que los diputados y senadores de distintos frentes políticos tomen un posicionamiento y exijan el rechazo de este decreto y que se haga justicia por las bibliotecas populares de la Argentina.

—¿Por qué es importante la CONABIP?

(Gisela) —Necesitamos a las bibliotecas populares para seguir transformando y mejorando la vida de cada argentino. Necesitamos una biblioteca popular en cada territorio, porque entendemos que a través de ella podemos mejorar la vida de cada ciudadano que participa y transita la biblioteca. Necesitamos a la CONABIP para seguir promulgando políticas públicas para garantizar el derecho al libro, a la lectura y a la cultura. A través de la cultura podemos salvar la vida y garantizar un futuro mejor para cada niño y ciudadano. Si queremos una Argentina mejor, es a través de la cultura y la educación. No a través de la eliminación de las bibliotecas populares. Son 155 años de lucha, de una CONABIP con una capacidad y una eficacia en su gestión de transparencia reconocida a nivel global. Esta ley no puede ser eliminada, tiene que ser protegida. Tiene que ser una bandera de paz. Ante los ojos del mundo somos una comisión que muchos anhelan tener. Las bibliotecas están integradas por muchas personas con distintos pensares, con distintas ideologías. Necesitamos que el Gobierno nacional se retracte de esta decisión. Nosotros sabemos que ellos saben que las bibliotecas populares no son un gasto, son una inversión.

Para finalizar, la presidenta de La Carcova,en relación a la publicación del decreto, remarcó: “Esto es realmente un atropello a la cultura de muchos territorios y va a generar un impacto muy triste. Es lamentable que esto suceda, que nos tengan a las bibliotecas populares como enemigos. Somos un bastión fundamental de la democracia. Somos cuna de la voz de la representatividad. Las bibliotecas populares son un territorio de paz. No somos un territorio de disputa ni de guerra. Trabajamos por el bien común, para el desarrollo local y para garantizar la ciudadanía en nuestros territorios”.