Por LR oficial en 1 y 60/Comisaría Octava, Derechos Humanos - publicado el 10 febrero 2026

Se terminó la feria judicial y siguieron los alegatos del juicio por las causas de Lesa Humanidad de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Extermino 1 y 60, Comisaría 8va y Comisaría 2da. La audiencia pasada fue el turno de Guadalupe Godoy, que representa a LADH-Unión por los derechos humanos, la querella de Sofía Caravelos y Eduardo Torres. El jueves que viene alega la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Redacción: Julia Varela (Pulso Noticias / La Retaguardia)
Fotos: Gabriela Hernández

En la redacción no puedo escribir. Me disperso, abro instagram, miro un video, lloro. Llega un compañero; hablamos de la reforma laboral, de la patagonia incendiada, de lxs compañerxs que dejan el medio. De la nueva Oficina de la Respuesta. Todo cobra la misma importancia. Todo es gravísimo. Todo dura un segundo. 

Mientras, el jueves a la mañana volvimos a la escena judicial. A los alegatos de un juicio que empezó hace 3 años y que la causa da vueltas por los Tribunales Federales hace 23. A una sala casi vacía; con un juez, los imputados, los abogados defensores, todos por zoom. Porque después de la pandemia eso se puede. Y nos preguntamos para qué hacemos las cosas. O yo me lo pregunto, todo el tiempo, cada vez. 

El alegato de Guadalupe Godoy le puso palabras a todo eso que estamos viendo, que sabemos que está pasando y que ya no podemos esquivar, que es inaguantable. 

Ayer me puse a revisar el Diario del juicio, ese que editó en fascículos el Diario Perfil en 1984. Cada uno tiene la letra del kiosquero que anotaba, cada semana, con birome azul, el apellido de mi abuela, para dárselo. Casi 40 fascículos de transcripciones, datos, opiniones, entrevistas. Y un vínculo: el de mi abuela con su canillita amigo para que ella guardara, durante casi cincuenta años, los diarios, todas esas palabras, en su casa para que después fueran míos. Y en ese linaje, la memoria.  

1 millón 300 mil fotocopias dice Perfil que se sacaron en las cuatro fotocopiadoras de Tribunales para preparar el Juicio a las Juntas. Ahora hay que hacer reels. Cositas cortas. Algo para que la gente entienda. Para que compita con el brainrot; el contenido basura hecho con IA. Pero, ¿queremos que compita? ¿O queremos generar algún oasis entre tanta arena difícil de tragar? Frente a tanto cerebro roto, ¿no podemos apostar a pensar? 

Qué queremos contar. Para qué. 

Tal vez haya que hacer como Guadalupe Godoy, que empezó diciendo que a lo largo de los 23 años que demoraron las causas de 1 y 60 y Comisaría 8va en llegar a juicio se murieron muchos testigos y más de 24 imputados. Que Miguel Angél Amigo, Juan Rafael Pochelú y Oscar Antonio Gómez Mígenes, están sobreseídos por incapacidad sobreviviente. Mientras que a lo largo de todos estos años de espera  Héctor Reinaldo Amuchastegui; José Luis Benitez; Gustavo Adolfo Cacivio; Ricardo Armando Fernandez; José Clemente Forasteiro; Roberto Arturo Gigli; Carlos Hidalgo Garzon; Alberto Larroca; Raúl Guillermo Muñoz; Anselmo Pedro Palavezzati; Alberto José Esteban Pulvermacher; Adalberto Oscar Rincón, Emilio Herrero Anzorena y Rubén Rodolfo Sabich están muertos. 

Que “si nos fuéramos más atrás en el tiempo, tendríamos que nombrar a Roque Presti -el padre del actual Ministro de Defensa-, a cargo del Regimiento 7 en el inicio de la dictadura, que en la indagatoria que prestó en 1987 relató que el 24 de marzo tenía la lista de las personas a las que debían secuestrar -todos casos de este juicio- o Forastiero, que también en esa ocasión mencionó a Presti como el responsable de los hechos en 1 y 60. Al Sargento Avellaneda, a Del Río, tan mencionado en numerosos testimonios”. 

También habría que decir que el juicio de 1 y 60 empezó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante, y ya no está sentada al lado de las querellas. Que tampoco está el Centro Ulloa para el acompañamiento de víctimas, ni la CONADI. Que el despido de trabajadores, el cierre de los espacios de investigación, la desclasificación de archivos de inteligencia y de las fuerzas que aún estaba en proceso, los cambios que se produjeron en la SIDE, afectaron directamente este juicio.

Que una mañana de 2023,  Sebastián Olmedo Barrios y Gonzalo Miño festejaron el triunfo de Javier Milei en pleno juicio. Olmedo Barrios y Miño son los defensores de Ismael Verón, Enrique Welsh y Alberto Crinigan y con quien Villarruel escribió un libro reivindicando la última dictadura. 

Aunque fue difícil de seguir porque las audiencias fueron cada quince días y durante tres años, en los hechos que llegaron a este juicio se pudo ver la participación de funcionarios en todos los niveles del estado: policiales, militares, gubernamentales y judiciales en la mecánica de exterminio. “Vemos aquí que no solo quienes están imputados por el caso son responsables. Todo acto llevado a cabo por las instituciones, la policial y la administración civil, ambos en su totalidad, es parte de la esfera ilegal de la represión porque responde a la planificación del genocidio”, dijo Godoy.

El juicio lo dejó claro: no sólo actuaron los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, sino también funcionarios estatales, magistrados judiciales, e integrantes de las cúpulas empresariales, sindicales y religiosas, entre otros factores de poder, que “contribuyeron a la implementación de las acciones tendientes a su aniquilamiento, su legitimación y/o el ocultamiento de su accionar”.

“Esa maquinaria que finalmente consolidó sus engranajes con los funcionarios provinciales y municipales que al regreso de la democracia permitieron que los cuerpos pasaran a osarios, los jueces que retrasaron las exhumaciones, los que enviaron a los archivos los expedientes NN y posteriormente ordenaron su destrucción también son parte de la maquinaria. Y con quienes propiciaron la impunidad mediante las leyes O.B., Punto Final e Indultos, contribuyendo a consagrar lo que al decir del sociólogo Daniel Feierstein es la ‘realización simbólica’ de un genocidio a través de su propia negación, la aceptación de la realidad como la única posible y de la imposibilidad de alternativas. Negación que hoy se convirtió en una política de estado”, agregó. 

Investigar la burocracia sindical y a los empresarios

Hay que recordar, también, que los casos de este juicio arrancan el 24 de marzo de 1976: “Denotan el enemigo ya construido, la inteligencia previa sobre ellos y el aporte también de la DIPPBA a la vigilancia de ese enemigo. Recordemos que esas detenciones incluyeron a trabajadores del cordón industrial de la zona, militantes gremiales e integrantes de las listas no alineadas a la burocracia sindical, trabajadores públicos de la provincia, delegados en sus espacios de trabajo, algunos militantes políticos de organizaciones no armadas y a los intendentes de Berisso y Ensenada. Llevadas adelante tanto por personal del Ejército como policial en el ámbito de la ciudad de La Plata y por los elementos de la FUERTAR 5 en la zona industrial de Berisso y Ensenada, muchas de las cuales confluyen en 1 y 60 como paso previo a la Unidad 9 de La Plata. En este juicio aproximadamente el 53% de las víctimas eran trabajadores industriales de la región, unas 160 personas. Nombrarlos sería largo, pero podemos indicar que pertenecían al Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, SIAP, Frigorífico Swift, R.A.B., Alpargatas, Peugeot, Destilería YPF, OFA, entre otras”, dijo Godoy.

Del alegato de Godoy también se desprenden algunas preguntas: ¿Por qué el blanco principal el 24 de marzo fueron los trabajadores de Astilleros y Propulsora y por qué a la fecha no se ha avanzado sobre las responsabilidades empresariales ni de la burocracia sindical implicada, que ya en la sentencia de la causa FUERTAR se definió que debía investigarse? 

El testimonio de Laura Lenci fue incorporado al debate por lectura y ella, en un análisis de contexto, dio cuenta del impacto de las políticas económicas de la dictadura y de la represión en dos ciudades: Berisso y Ensenada. “Fue tan duro el ataque recibido, que las poblaciones de Berisso y Ensenada disminuyeron drásticamente su crecimiento poblacional, a menos de la mitad, a tal punto que Berisso recibió el mote de ‘ciudad dormitorio’. En definitiva, a esa porción de víctimas de este juicio, fundamentalmente, se les negó y se los privó de su condición de trabajadores, y trabajadores con prácticas militantes”, dijo Godoy y recuperó el concepto de Feierstein de “genocidio reorganizador” como modelo de destrucción y refundación de las relaciones sociales de un modo tan profundo que logra alterar los modos de funcionamiento social del Estado.

Universidad y organizaciones políticas

El efecto de la persecución sobre la Universidad Pública fue enorme: casi 800 personas vinculadas a la UNLP desaparecieron o fueron asesinadas. Trabajadores cesanteados, docentes y no docentes exiliados e insiliados, cierre de carreras, censura en la actividad de docencia e investigación, prohibición de ingresar siquiera a las instalaciones de la UNLP para los cesanteados y fundamentalmente, la estigmatización del activismo político y estudiantil. Lo mismo sucedió con las organizaciones políticas, tanto las que habían optado por la lucha armada como estrategia para el acceso al poder, como las que no. “Esto resulta relevante porque suele centrarse la atención sólo en las primeras cuando la normativa del Ejército incorporada como prueba a esta causa señala con claridad la inclusión entre los oponentes de todo tipo de organizaciones políticas”, dijo.

Lucía y Jorge; Sofía. 

–¿Qué esperás del juicio?

–Quiero saber qué pasó con mis padres. 

Guadalupe Godoy representa la querella de Sofía Caravelos, abogada de la ciudad que busca saber qué pasó con Lucía y Jorge, su mamá y su papá, que fueron secuestrados y asesinados en 1978. 

“En 1997 fue la propia Sofía quien localizó la causa, solicitó su desarchivo y se presentó en 1997 por derecho propio solicitando la exhumación, identificación y restitución de cadáver y requiriendo medidas para establecer la causa de muerte. No fue el Estado quien reparó. En esa oportunidad fundó el pedido en la ‘necesidad personal, familiar y social de conocer con certeza el destino de mis padres’”, dijo Godoy en el alegato. 

Durante este juicio el testimonio del policía Carrizo, una de las personas citadas a declarar en el juicio, “le confirmó que se puede saber más, aún hoy y a cincuenta años. Porque Carrizo recordaba al matrimonio, recordaba con mucho detalle cómo estaban, algunas circunstancias, algunos gestos, algunas cosas que dijeron, lo extraño que fue que luego de la supuesta liberación aparecieran las noticias sobre el supuesto accidente. ¿Qué espera aún? Que la historia completa de lo sucedido y los responsables no tenga que reconstruirla ella. Sino que sea el Estado, en este caso a través del Poder Judicial, quien lleve adelante sus obligaciones”, agregó. 

Cada día deciden callar

En el alegato Godoy cita el libro “Hijos de los ‘70”, de Carolina Arenes y Astrid Pikielny: “El hijo de Jaime Lamont Smart dice que su padre, en el penal, aconsejaba a los que están presos, ya con cadena perpetua, que dejen información en algún lugar seguro con la indicación de que se conozca en 2040”, dijo. “¿Por qué tanto tiempo? Dicen que tiene que ver con la posibilidad de que “los que hoy tienen información sientan que pueden contarla con la seguridad de que no serán perseguidos por sus compañeros. Es decir, que cada día deciden callar y por lo tanto, continúan cometiendo el delito de desaparición forzada. Es decir que posiblemente Smart también sepa y calle hasta 2040”.

La gravedad de lo sucedido es de difícil dimensión. “Precisamente por tratarse de un genocidio, el daño, que persiste y está víviido en sobrevivientes, familiares y compañeros que a la fecha demandan saber qué pasó con sus seres queridos, que reeditan la ausencia en cada instancia vital, hay que sumarle lo que implicó e implica en una sociedad que fue atravesada por lo sucedido. En La Plata y la región hay 758 desaparecidos y asesinados , más 181 que nacieron aquí aunque fueron secuestrades en otra parte, más 260 que transitaron la UNLP y no están en las otras dos categorías”, dijo.

“Sofía considera que sería reparatorio para ella que la Justicia  pudiera reconocer ese malestar, esa suerte de daño -jamás comparable obviamente al producido por el hecho- que produce este retardo de justicia y ausencia de respuesta no solo en ella sino en todos los que aún hoy buscan las certezas sobre lo sucedido con sus seres queridos y en quienes sobrevivieron a la experiencia concentracionaria. El registro de las dificultades no es para lamentarnos”, dijo Godoy en su alegato y aclaró: “Es para recordar que a pesar de todas esas dificultades, como pueblo hemos podido lograr lo que muchos no pudieron y que seguimos reclamando por esta vía la necesaria justicia para estos crímenes y el cumplimiento por parte del estado de sus responsabilidades en la materia”.

Porque nos toca seguirla. Para que lxs jóvenes entiendan. Porque del otro lado está el brainrot. Tal vez haya que volver a esa birome azul, al canillita amigo. A sabernos cerca.