Por Valentina Maccarone en Derechos Humanos - publicado el 11 octubre 2026

Redacción: Lucía Herrera, hija de Mario Herrera, militante secuestrado y asesinado en La Escuelita de Bahía Blanca, una de las firmantes del hábeas corpus colectivo
Foto de portada: Bárbara Barros / La Retaguardia

Habeas Corpus: tener/poseer/disponer del cuerpo, de un cuerpo. Tal es el significado de la expresión latina consagrada en las leyes como recurso para garantizar la integridad de una persona detenida arbitrariamente, o para reclamar su búsqueda ante las autoridades. Tiene que ver con el resguardo de sus derechos y con la legitimidad de su detención. Por eso fue, históricamente, la herramienta que los familiares de desaparecidos y desaparecidas presentaron para averiguar el paradero y situación de sus seres queridos. Durante los años 70 (y también antes y después), los tribunales de todo el país acumularon estos documentos. Por miles. Los rechazaron uno por uno. En muchos casos, los jueces incluso les hicieron pagar las costas legales del trámite a esas madres, padres, cónyuges, hermanos y hermanas que recorrían además comisarías, hospitales, morgues, iglesias, con la misma respuesta negativa. 

Eso y muchas cosas más es la desaparición forzada: no saber nada ―o casi nada― de lo que pasó con una persona que fue secuestrada de su casa, de su lugar de trabajo, o en plena calle. Todo, lo poco o mucho, que supimos luego la mayoría de los familiares de desaparecidos, desaparecidas y personas asesinadas fue gracias a los testimonios de otras víctimas, sobrevivientes y testigos. Los juicios de lesa humanidad en nuestro país se nutrieron principalmente de estos testimonios. Así se reconstruyó la red de más de 800 campos de concentración y se identificó a los responsables. Así se supo de los partos clandestinos y el robo de bebés. De los métodos de tortura. De los “traslados”, como se llamaba a los vuelos de la muerte. En suma, del alcance de un plan sistemático organizado desde el Estado, bajo las alas del Plan Cóndor.

Con la excepción de un par de Scilingos, el pacto de silencio de los genocidas no se quebró. Una ínfima minoría de las víctimas de desaparición forzada fue “blanqueada” y sus cuerpos, recuperados. La historia de la identificación de cuerpos inhumados como NN (algo más de 800 casos), lleva la firma del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un trabajo de hormigas titánicas en base a esos mismos testimonios. 

50 años después, la búsqueda sigue vigente, porque la incertidumbre también continúa. No sabemos qué pasó con la inmensa mayoría de las y los desaparecidos. No sabemos dónde están. Por eso, el 24 de marzo pasado, un conjunto de familiares de desaparecidos/as presentamos un hábeas corpus colectivo por la totalidad de las víctimas de desaparición forzada. El carácter colectivo significa que no pedimos información sobre los casos puntuales de quienes firmamos esta presentación, sino por todos. Entre otras razones, porque hay muchos, muchísimos casos que no han sido siquiera denunciados. De la totalidad, solo el Estado, disponiendo todos sus recursos, puede dar respuestas. 

Pero la novedad de este hábeas corpus colectivo es que respondiendo a nuestra demanda de que la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas no se limite a los años de la dictadura (1976-1983) sino también a su preludio represivo, el juzgado interviniente resolvió ampliar el período de búsqueda a los años previos a la toma del poder por parte de las juntas militares. 

Mediante una concisa resolución, el Juzgado N° 2 en lo Criminal y Correccional, a cargo del juez Sebastián Ramos, hizo lugar a nuestra demanda de ampliar el período de búsqueda de personas desaparecidas por el Terrorismo de Estado a los años previos al golpe militar de 1976. Por lo tanto, el hábeas corpus colectivo que presentamos el pasado 24 de marzo abarcará desde el año 1973 a 1983. 

Ese período implica, por ejemplo, los Decretos de Aniquilamiento firmados por todos los ministros del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Y el llamado “Operativo Independencia”, localizado en la provincia de Tucumán, mediante el cual se ejecutó a miles de “enemigos políticos”.  Se trata, por lo tanto, de una medida que reconoce no solo la pertinencia de nuestro reclamo por la totalidad de las víctimas de desaparición forzosa, sino también el marco represivo y de persecución política precedente a la toma del poder por parte de las Juntas Militares. 

De este modo, el recurso legal que interpusimos al cumplirse 50 años del último golpe militar continúa vigente como herramienta de lucha para obligar al Estado a dar respuestas concretas sobre el paradero de todas las víctimas de desaparición forzosa. Seguimos avanzando en nuestro reclamo para que nos digan dónde están los desaparecidos y desaparecidas.