Aysa

La falta de agua en las villas porteñas y en los barrios populares de la ciudad hace muy difícil detener la propagación del Coronavirus y los casos de contagios continúan incrementando exponencialmente. El 5 de mayo, en una sentencia histórica, la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proveer agua potable en las villas y barrios populares. La resolución, firmada por el juez Osvaldo Otheguy, debía cumplirse en los siguientes 5 días y garantizar que cada habitante recibiera 150 litros por día. Tras declararse incompetente, el gobierno porteño no ha iniciado acciones para solucionar el problema de la falta de agua, mientras que los medios de comunicación y el discurso oficialista intentan desviar el foco de conflicto y hacer responsables a los propios barrios del aumento en los infectados debido a su densidad de población. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Fotos: Página 12, Hernán Zenteno y La Garganta Poderosa Cuando empezaron a conocerse los primeros casos de contagio de Coronavirus en las villas porteñas y los barrios populares de la ciudad, también comenzaron a visibilizarse reclamos históricos de sus habitantes y de las organizaciones sociales que allí funcionan. Uno de los más graves es, sin duda, la falta de agua que sufren quienes residen en estos lugares. Ante los estrictos pedidos de aislamiento social, distancia entre personas e intensificación de la higiene personal, es inaudito que las zonas más desprotegidas y hacinadas no cuenten con acceso a agua potable para poder enfrentar la pandemia. Frente a esta emergencia social, la Justicia ordenó al Gobierno garantizar el agua potable a todos los habitantes de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aún no ha cumplido con la sentencia que vence el día de hoy, miércoles 13 de mayo, ni ha elaborado un Plan de Contingencia para los casos más urgentes, como establecía el fallo. Mientras tanto, el Ministerio de Salud porteño indicó que los contagios de Covid-19 en las villas superan la barrera de los 700 casos y, teniendo en cuenta que hay decenas de casos no formalizados, esa suma podría ascender a muchos más. El primer caso fue registrado el 21 de abril en el barrio Carlos Mugica y hoy en día ya son 14 barrios populares con casos de contagio confirmados. Además, en el Barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14) el 80% de los casos testeados tuvieron resultado positivo. La situación de por sí no podría ser más dramática, pero teniendo en cuenta las condiciones en las que viven los habitantes de los sectores más vulnerables de la Ciudad todo podría volverse cada vez más catastrófico. Ese fue el motivo por el que la Justicia ordenó implementar medidas urgentes al Gobierno porteño y un plan para los sectores que requieran mayor atención. Ese fallo tildado de histórico por la acumulación de reclamos que contenía, hoy no es acatado por el Gobierno de la Ciudad que intenta responsabilizar de los contagios a los propios barrios infectados y pasarle la pelota a la empresa Aysa. La problemática histórica Desde distintos programas de Radio La Retaguardia se le ha hecho un seguimiento exhaustivo a esta problemática y se ha convocado especialistas en el tema que hace años abogan por defender las causas de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Una de ellas fue María Eva Koutsivitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, quien analizó las condiciones en las que se encuentran los barrios más carenciados de la CABA: “La falta de acceso al agua potable segura es una problemática que tiene larga data en la Ciudad de Buenos Aires. Hace más de una década venimos llevando adelante distintas iniciativas para poder garantizar en igualdad de condiciones el acceso al agua potable en los barrios populares de la ciudad. Aquí, 400 mil porteños -1 de cada 7 personas- tienen restringido el acceso al agua potable en una de las ciudades más ricas de la región. En este contexto de pandemia por coronavirus y epidemia de dengue, las desigualdades y las precariedades se intensifican. Para quienes no acceden al agua potable es utópico poder cumplir con las medidas de aislamiento y de higiene personal para afrontar esta pandemia. No solo en el barrio Carlos Múgica, villa 31 y 31 bis, sino en otros barrios populares de la ciudad la situación sanitaria es dramática. En el barrio Carlos Mugica, cientos y cientos de habitantes peregrinan por las calles y los pasillos con baldes tratando de encontrar algún camión aguatero. En el complejo Piedrabuena son cientos los afectados sin acceso al agua potable. En el barrio Scappino hay una manzana que lleva ya una semana sin acceder al agua potable. Así podríamos continuar. Esta situación se amplifica en este contexto, pero tiene larga data. El Gobierno de la Ciudad, en su gestión anterior, ha tomado como eje de gestión la urbanización y la integración de los barrios populares porteños. Ha invertido miles de millones en obras de infraestructura. Obras que no están terminadas, que no están conectadas, que no son formales”, denuncia Koutsivitis. La Ingeniera explicó la importancia de esta resolución que firmó hace algunos días la Justicia y significa la concreción de largos años de pedidos y exigencias de las distintas organizaciones sociales: “Es urgente dar una respuesta. Celebramos este fallo judicial que le ordena al Gobierno garantizar el agua potable en la totalidad de los barrios populares en igualdad de derechos. Le ordena garantizarla de manera tal que cada ciudadano reciba por día 150 litros. Esto representa un antes y un después. Por eso consideramos este fallo de histórico. Esperemos que el Gobierno de la Ciudad habilite los canales de diálogo necesario para las organizaciones que hemos sido parte de esta acción judicial. Venimos con un recorrido de casi una década planteando que la desigualdad en el acceso al agua potable es una de las desigualdades urbanas más vetustas. Nosotros entendemos que es urgente poder garantizar el