doctrina chocobar

Luego del fallo que condenó el viernes a 6 integrantes de Prefectura Naval por torturas contra Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, integrantes de la organización social La Poderosa, abogados/as y referentes pasaron en limpio el valor del veredicto, que no registra muchos antecedentes. Habría que remitirse a la condena por torturas contra Luciano Nahuel Arruga, en un juicio de mayo de 2015 contra un policía bonaerense. (Por Colectivo de Medios Populares*) Que la condena haya sido por torturas no es un dato irrelevante. Nahuel Berguier, uno de los abogados querellantes, destacó “la consolidación de la calificación de tortura, ya que generalmente las pocas veces que estos casos llegan a juicio son calificados como apremios, que es un delito menor en el código penal. Se ha logrado mostrar que el conjunto de una detención ilegal durante la noche por una patota, los golpes, la discriminación que sufrieron los pibes, la desnudez y las amenazas sexuales, conforman la calificación de tortura, que tiene una escala penal similar a la del homicidio. Esto se llama tortura y así debe ser tratado en la Justicia”.Berguier enumeró la secuencia de aquella noche y volvió a resaltar la importancia del fallo: “Es un hecho que sienta un precedente muy importante a nivel judicial. Se demostró que fueron detenidos ilegalmente, subidos a patrulleros de la Prefectura, fueron golpeados, les dijeron ‘villeros de mierda’, ‘negros de mierda’, fueron discriminados por su condición social y económica, les hicieron un simulacro de fusilamiento, los llevaron a la vera del Riachuelo, los amenazaron con tirarlos al río, los desnudaron. Esta serie acumulada de hechos fue calificada como torturas y esto sienta un precedente porque son prácticas que están naturalizadas. En el juicio surgió esto de `¿para qué voy a denunciar si nunca llega a nada?, si encima después me amenazan’”.En el mismo sentido fue Gabriela Carpineti, otra de las abogadas de la causa: “En la voz de Iván y Ezequiel llega la voz de cientos de jóvenes de barrios populares de Argentina por los que no logramos hacer justicia porque fueron asesinados, o no se animaron a denunciar”. Allí reaparecen los nombres casi olvidados, pero resalta uno en particular, el de Ezequiel Demonty. Su asesinato volvió cada vez que Iván y Ezequiel relataron las amenazas de que serían arrojados al Riachuelo. El joven murió en 2002 tras ser obligado efectivamente por policías a tirarse al Riachuelo. La numerología aportó otro elemento simbólico difícil de obviar: el cuerpo de Demonty fue hallado un 21 de septiembre, exactamente 16 años después de este fallo histórico. La presión popular En estas causas contra las fuerzas de seguridad suele repetirse una máxima: la movilización es la que presiona a la justicia para conseguir fallos como éste. La primera en respaldar esa consigna es Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Cortiñas permaneció en Tribunales esperando la sentencia aun cuando el cuarto intermedio entre las últimas palabras de los acusados y la lectura se hizo extenso. Norita destacó “la movilización popular y el empeño de los familiares y los chicos torturados”. También expresó que fue “un paso muy importante, hay que seguir la lucha con la gente en la calle”, y destacó el rol del Estado como victimario y responsable: “es responsabilidad del Estado lo que pasa, basta de criminalizar la protesta y basta de perseguir a los jóvenes en las villas y en las zonas donde la gente está más desprotegida”. Como ya es habitual, a cada paso recibió abrazos, saludos emocionados y pedidos de fotos que consiguieron su respuesta habitual que cada vez le resulta más difícil sostener: “fotos nos sacamos el jueves a las 15:30 en la Plaza de Mayo”, dice cuando puede invitando a acompañarlas.Berguier se sumó para resaltar la importancia de la presión a la justicia: “Con fuerte presencia popular se pudo sostener la investigación, defender a los testigos y se llegó a una condena. Hubo una fuerza popular muy importante alrededor del caso, se trabajó con mucha inteligencia desde el principio. En las primeras 72 horas, por presión de las organizaciones del barrio y las familias, se logró que la Policía de la Ciudad garantice la protección de la prueba, cosas que en la habitualidad no ocurre. Con los GPS de los autos, se vio que los patrulleros de Prefectura habían ido hacia la zona del Riachuelo pero aparecieron también en el lugar en el que habían denunciado los chicos. Luego apareció el celular de un Prefecto, en el que había un vídeo donde se escuchaban voces del lugar de los hechos, amenazas sexuales que sufrieron los jóvenes. Se hizo un trabajo muy fino para que la prueba no desapareciera”.Carpineti cerró respondiendo acerca de si había que festejar o no: “No festejo que ningún ser humano vaya a la trituradora del sistema penal, pero sí festejo este acto de justicia en la lucha contra la impunidad, en un contexto de criminalización de protesta, de hostigamiento a los sectores populares y con un discurso de odio que brota desde el gobierno nacional y salpica contra todos los trabajadores y trabajadores”.Cuando se buscan antecedentes de condenas por torturas contra miembros de fuerzas de seguridad de la democracia, guglear no sirve de nada. Apenas si se puede recurrir al caso de Luciano Arruga, por torturas que recibió unos meses antes de su desaparición forzada seguida de muerte. En aquella causa, fue relevante que el testimonio que Luciano pudo dejar a través de lo que compartió con su mamá y su hermana, fueran tomadas en cuenta por el tribunal. Esta vez, lo significativo es que Iván y Ezequiel sobrevivieron y que, a pesar de las amenazas, se respaldaron en otros y otras para poder dar testimonio y conseguir estas condenas que vale repetir, una y mil veces. Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez fueron condenados a 10 años y 6 meses; Ramón Falcón y Eduardo Sandoval, a 8 años y 11 meses, y Yamil Marsilli, a 8 años y 8 meses.Más allá de los nombres de los ejecutores