Guadalupe Godoy
Ayer, durante las últimas palabras del juicio Benavides, Jaime Lamont Smart nombró varias veces a la abogada querellante de La Plata. Pese a no haber participado del juicio, Guadalupe Godoy habló con Pulso Noticias y con La Retaguardia y nos contó quién es y qué lugar ocupa hoy en la política y la Justicia argentina el imputado que era Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Entrevista: Fernando Tebele / Ramiro LaterzaRedacción: Julia VarelaFoto: Gabriela Hernández “Está bien que Smart se acuerde de mí”, dice Guadalupe Godoy al empezar a hablar. Y es porque en 2012, luego de la causa Circuito Camps, lograron que el ex Ministro de Gobierno bonaerense de la Dictadura y quien impartía las órdenes a la Policía, deje de vivir en libertad y cumpla una condena en cárcel común, en Marcos Paz, como muchos genocidas. Hoy, durante el cuarto intermedio entre las últimas palabras de Smart y el veredicto del Tribunal en el Juicio Benavides, Pulso Noticias y La Retaguardia hablaron con la abogada querellante: “El juicio al que él hace referencia es el del Circuito Camps; es el primer juicio al que él llega a la etapa oral y llegó en libertad. De hecho, hubo un momento en el que las querellas habíamos sacado un comunicado que se llamaba: ‘Vacaciones en Bariloche, promoción exclusiva solo para Genocidas’, porque Smart había pedido permiso para pasar sus vacaciones en Bariloche y se lo dieron”, contó. “En Circuito Camps se sentaba con el resto de los abogados, no con los imputados, en un intento de autodefensa. Nosotros preparamos ese juicio con mucho cuidado. Fue el primer juicio donde planteamos la ampliación de la acusación dentro de la estancia oral por el delito de homicidio en todos los casos en donde el Equipo Argentino de Antropología Forense había localizado restos. Uno de los casos por el cual ampliamos el homicidio no fue por haber encontrado los restos del Equipo, sino por la ampliación de un testimonio en el caso de Lidia Papaleo. Ella hace una referencia, un detalle más específico, sobre la muerte de Rubinstein en Puesto Vasco y, a partir de ahí, nosotros ampliamos la acusación para el caso de Smart”. La respuesta del genocida no tardó en llegar: “Nos contestó con mucha soberbia. Nos dijo que no entendíamos nada de Derecho Penal, que cómo íbamos a ampliar. Cuando los jueces Rozansky, Portela y Falcone nos hacen lugar e incluyen el pedido de detención, se fue detenido a Marcos Paz. Todos lo vivimos como un triunfo enorme. Creo ahí que se dio cuenta del error de la autodefensa. Así que bueno, me alegro. Me alegro que al día de hoy eso le siga pesando”, agregó con sorna la abogada. Smart reconoció ayer durante sus últimas palabras que “fue un error asumir la autodefensa”. —En sus últimas palabras Smart habló del Juicio a las Juntas. Dijo que si Videla y Viola no fueron condenados por haber sido presidentes (fueron condenados por haber sido Jefes del Ejército) por qué condenarían a un Ministro de Gobierno, que era su cargo. —Primero, porque los criterios de prueba del Juicio a las Juntas fueron sumamente restringidos. Creo que eso lo sabemos todos. La valoración de la prueba que había no era la que corresponde a delitos de Lesa Humanidad. Por ese criterio también sabemos que fueron absueltos la mayoría de los jefes de las Juntas y otros tantos fueron condenados a penas irrisorias. Eso tuvo que ver con muchas cosas. Creo que lo que a Smart le cuesta aceptar, al día de hoy, es que el criterio de juzgamiento no es sólo a quiénes fueron los responsables directos de los delitos, sino a quiénes planificaron y propiciaron el exterminio, a quienes lo llevaron adelante. Los famosos autores de escritorio. Eso es lo que más le pesa, esto de pensar que él solamente era un burócrata estatal. En realidad, y eso lo mostramos en el Circuito Camps, la policía y todo el aparato represivo, respondía a órdenes. Y esas órdenes no sólo las dio el Ejército, sino que también se dieron desde ese aparato “legal”, entre comillas. Al día de hoy le sigue pesando. Pero la realidad es que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros decíamos ahí era que el presupuesto de la Policía de la Provincia también dependía de él como Ministro de Gobierno. Ni hablar de todo lo que implicaron las designaciones de jueces y funcionarios judiciales, donde Smart operó y sigue incidiendo al día de hoy. En ese juicio, cuando Smart alegó, se llenó la sala de funcionarios judiciales que fueron a apoyarlo. Fue la única vez, que recuerde, en la que un alegato de un imputado tuvo una presencia tan masiva. Y ese día, ante esa multitud estaba, entre otras, Cecilia Pando; fue una audiencia muy impactante. Además, se negaban a pararse cuando entró el Presidente, cuando entró el tribunal. Smart siempre ha sido un personaje complejo y es uno de los que más nos gusta que haya pasado por Marcos Paz. Es mucho más sencillo juzgar a quienes son integrantes del aparato represivo que a estos de cuello blanco. —En el Juicio de Circuito Camps, en 2012, Ibérico Saint-Jean estaba vivo y murió en el transcurso. ¿Qué recordás de esas idas y vueltas del juicio con ellos juntos, Ibérico Saint-Jean y Smart? ¿Se endilgaban responsabilidades? —No, ellos eran un equipo. Recordemos que Smart y el hijo de Saint-Jean fueron articuladores de las defensas de los genocidas durante mucho tiempo. Desde los inicios, desde esa Causa 13 (el Juicio a las Juntas) en adelante. Estaban muy articuladas las defensas. Se notaba por el diálogo, por el vínculo. Saint-Jean muere durante el juicio y también habíamos logrado algunas medidas respecto de su libertad. Hay que pensar en el contexto en el que se dio ese juicio. Nosotros lo iniciamos con mucha impunidad. Smart estaba con domiciliaria y logramos revocarla. Que termine con una prisión efectiva fue realmente un logro. Y ese fue un
El Pipi Pomares era uno de los dos imputados por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) antes de que comience la última dictadura. El otro imputado, Carlos “el Indio” Castillo, fue condenado a perpetua y la cumple en prisión efectiva. La Cámara de Casación ordenó al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata emitir un nuevo fallo que rectifique la absolución a Juan José “Pipi” Pomares. Guadalupe Godoy es una de las abogadas que representó a la querella y dialogó con Fernando Tebele en el programa Oral y Público. (Por La Retaguardia) La abogada querellante en la causa por los crímenes de la CNU, Guadalupe Godoy, explicó que “Casación le dijo al Tribunal Oral cómo tiene que valorar la prueba. Es duro para los jueces que Casación les diga que no entendieron nada. Para empezar, en La Plata no habíamos tenido situaciones así, fue muy dura esa sentencia, más allá de que por un lado celebramos que se reconociera que los crímenes de la CNU eran de lesa humanidad que ustedes saben, es un punto que siempre genera dificultades y temores. Son hechos previos al 24 de marzo con toda la significación política que tienen. La absolución había sido muy dura porque lo que habían dicho era que había dos testimonios que no se podían considerar. Uno, el de Pastorino, una de las víctimas sobrevivientes y otro, el de Martini, que era el hermano de una de las víctimas, que tenía diez años cuando sucedieron los hechos, que la patota de la CNU entró a su casa y estuvieron toda la noche esperando a su hermano. Recuerdo que el testimonio me había impactado mucho, ambos habían sido sumamente genuinos”, consideró Godoy. “Él, por ejemplo, había hecho el reconocimiento de las fotos sin saber quiénes eran. De hecho estaba interesado en saber a quiénes había reconocido. Y tenemos una sentencia que dice que no hay que tomar en cuenta esos testimonios porque están contaminados. En definitiva planteaban eso, decían que el exceso de precisión llamaba la atención. Cómo un niño de diez años pudiera recordar las cosas con tanto detalle. Además de ser absolutoria, con todo lo que eso implicaba, también había sido dura porque hay que explicarle a las víctimas y sobrevivientes por qué se absolvió. Es muy duro para ellos leer las consideraciones que los jueces hacen sobre su testimonio. Que ahora Casación les explique por qué tienen que valorar la prueba, por qué están mal valorados esos testimonios, por qué no se puede anular reconocimientos que no son tales, sino que son simples individualizaciones, etc. Estamos contentos y sorprendidos”, subrayó la abogada. “No olvidemos que a esto tuvimos que hacerlo todas las querellas en la soledad más absoluta porque el Ministerio Público Fiscal no apeló. El mismo Ministerio que quince días antes había pedido perpetua, después, al momento de recurrir, consideraron que los fundamentos habían del fallo de primera instancia habían sido muy buenos. Se habían convencido, parece, de la inocencia”, ironizó. “En ese momento, fuimos un conjunto de familiares de víctimas, de querellas, tuvimos una entrevista con los fiscales y nos explicaron eso, que estaban convencidos de que no había que apelar. Así que, la posibilidad de éxito cuando no hay un planteo fiscal es bastante reducida. Imaginen, entonces, lo escandaloso que habrá sido el fallo para que Casación, a pesar de eso, lo haya revertido”, planteó Godoy.Los mundos de la Cámara de Casación “Sobre la condena a Castillo no hay modificaciones. Lo que apelamos fue la absolución de uno de los casos, con el que tuvimos dificultades probatorias porque el paso del tiempo hizo que quienes tenían que declarar no podían hacerlo. En Casación cada sala es un mundo. En algunos casos se juegan componentes ideológicos y en otros son las cuestiones más técnicas de los jueces que tratan de sostener lo mismo que en causas comunes. Hace un año presentamos un recurso y estamos esperando que la sala 1 se decida a tratar la causa Circuito Camps, acá no hay problemas técnicos con lo que tienen que resolver, claramente hay acuerdos políticos por los cuales lo que hacen es lograr que toda esta gente después de siete años no tenga una sentencia firme con todo lo que eso implica”, interpeló Godoy. “Si no hay sentencia firme se vencen las preventivas, se excarcela. Tiene muchos efectos”, advirtió.“Castillo está con prisión efectiva. Pomares quedó libre en ese momento, así que estamos contentos. Además, lo que dijo la Cámara respecto de cómo valorar las individualizaciones que se hacen a través de los álbumes fotográficos en primera instancia, también afecta un juicio como La Cacha, donde el juez Vega votó en un caso planteando una absolución con los mismos fundamentos”, aseguró y agregó: “También influye en el juicio que se está haciendo en este momento de la Brigada de San Justo, donde Vega también es juez, y donde una parte de las imputaciones tenían exactamente la misma mecánica”.Por último, Godoy puntualizó cómo puede continuar el proceso: “Ahora, seguramente, la defensa planteará un recurso extraordinario ante la Corte y las querellas pediremos que el Tribunal resuelva ahora. Mientras tanto, sí logramos que la fiscalía a pesar de no haber hecho el recurso, planteara la previsión de que Pomares no pudiera salir del país”.
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