investigaciones especiales
Cuando ir a la panadería da paso a una investigación periodística. Sobre todo si te impiden entrar con un barbijo verde. Un viaje desde un comercio en la localidad bonaerense de La Reja a la reivindicación del nazismo. Un ejemplo de fascismo organizado. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Rodrigo Ferreiro 📷 Foto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia 💻 Edición: Fernando Tebele/María Eugenia Otero No todo es lo que parece, y una panadería angelical de La Reja puede convertirse en puerta de entrada a un mundo, al menos para mí, bastante turbio y desconocido. Ayer por la tarde tuvimos un incidente junto a mi compañera, a la que no dejaron ingresar a un local de venta de facturas, tortas y otras cosas por portar un tapabocas de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Escribí al respecto en Facebook, y ayer por la noche recibí un mensaje (un dedo pulgar hacia arriba) de un tal Alejandro Bunge. No le di mayor importancia, me tiene bloqueado, pero hoy me despertaron los mosquitos y decidí rastrear a esta persona. Lo primero que aparece en los buscadores cuando se escribe “Alejandro Bunge + La Reja” es que se trata del dueño de la panadería El Angelus. Sí, la del incidente. Lo segundo es más inquietante: junto a sus hijos participó, en noviembre de 2013, de una movida en la Catedral Metropolitana repudiando la conmemoración de un nuevo aniversario de La noche de los cristales rotos (hecho del nazismo considerado por muchos el inicio del holocausto). Pero, ¿de dónde salió una persona que se opone a esta conmemoración? Alejandro Bunge pertenece a un colectivo ultracatólico seguidor de Marcel Lefebvre, un arzobispo francés que se opuso al rumbo tomado por la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II. Forman una comunidad donde la mujeres visten con pollera larga, el pelo algo tapado y los varones siempre con pantalón largo. Militan la organización tradicional de la familia. En criollo, entre la derecha de esta gente y la pared no existe nada. Esta organización tradicional católica tiene en La Reja un lugar llamado Seminario Nuestra Señora Corredentora, donde se dictan clases, talleres, se da misa en latín y se albergan curas que niegan el holocausto. ¿Piensan que exagero? Richard Williamson, un obispo inglés, fue su director hasta 2009, cuando fue invitado a dejar el país tras revocarse su visa luego de negar que haya existido una matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo reemplazó otra joya foránea, Christian Bouchacourt, máximo jerarca local del lefebvrismo, quien ha dicho, entre otras máximas, que le sorprende que los homosexuales, los comunistas, los divorciados, los concubinos o los masones notorios puedan entrar a la iglesia y gozar del entierro católico. Si sos masón, que no se te note. Lo mismo si sos puto. Lo otro ya es más difícil disimularlo, aunque es cierto que hay comunistas que se esfuerzan en no parecer serlo. No quiero excederme mucho más, todo lo dicho se comprueba googleando. Y, claro, sugiero: si les agarran ganas de comprar unas facturas para el mate, miren bien donde van. O, en el peor de los casos, no se pongan un barbijo verde: para algunas personas es mejor contagiarse de Covid que agarrarle el gustito al aborto.
Esta semana explotó en los medios tradicionales la noticia que La Retaguardia publicó en diciembre. El SPF generó listados de genocidas mayores de 70 años para que los juzgados los envíen a sus casas. La diferencia entre un listado y otro es que el plan está en plena ejecución. Aquí presentamos un documento que prueba que el SPF pidió “destacar por su delicada situación” a Miguel Osvaldo Etchecolatz, que hoy está en su casa de Mar del Plata.El comunicado preocupado del SPF. La nota de La Nación que habló del tema sin nombrar a los genocidas y la reacción tardía de la prensa y los organismos, que conocían el tema desde nuestra publicación. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia) Tres meses después, debemos admitirlo, habíamos perdido todas las esperanzas. Pretendíamos y esperábamos que tras la publicación de aquella nota de diciembre, se produjera lo que sucedió el martes. Que el tema explotara. Que el gobierno, de manera directa o indirecta, tuviera que salir a explicar, ratificar o negar.Es raro todo. La nota nuestra tuvo muchísima repercusión, decenas de miles de lecturas, y hace tres meses que figura en nuestra lista de “más leídas”. Durante la transmisión en vivo del escrache a Etchecolatz, que fue visto por centenares de miles de personas, volvimos a hablar de esos listados. Enviamos la nota a organismos de derechos humanos. Nos encargamos de que les llegara a los medios tradicionales. Y salvo un comunicado de HIJOS La Plata adviritiendo acerca de la publicación, un reenvío a través del Boletín Electrónico de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), y algunas entrevistas que nos hicieron en medios alternativos, tuvimos menos eco político y periodístico que un grito debajo del agua.Si bien claramente nos gusta que nos citen, nos preocupa mucho más el objetivo político de la publicación de la noticia. En este caso es evidente: quisimos parar la nueva estrategia del gobierno para liberar genocidas. No lo conseguimos. Habrá allí una parte de responsabilidad propia: llegamos lejos, pero no tanto; nos faltan más herramientas para ser eficaces. Necesitamos más ayuda en la difusión de nuestros propios lectores/as y oyentes para crecer y que los canales alternativos nos aseguren romper el cerco informativo por cuenta propia. También quienes recibieron la noticia en aquel momento y no hicieron nada deberían pensar qué sucedió. Por qué no la publicaron hace tres meses, o por qué no se manifestaron públicamente, según el caso.Lo cierto es que el martes Infobae, Página 12 y El cohete a la luna, publicaron en términos de novedad la existencia de un listado de 96 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) recomienda a los juzgados enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. En parte es cierto, es novedoso, porque no es el mismo listado que publicamos nosotros. El de la nota de diciembre era un listado de noviembre; el que publicó El cohete es de enero. ¿Qué diferencia un listado de otro? Lamentablemente, la diferencia es que el plan del gobierno está en plena vigencia y comenzó a aplicarse incluso antes de nuestra publicación.De aquellos 110, 15 ya consiguieron regresar a sus casas. Empezando por Etchecolatz, Miguel Osvaldo – Ricchiuti, Luis José (San Martín) – Ríos, Víctor (La Plata) – Garachico, JuLio César (La Plata) – González, Osvaldo Néstor (CABA) – Herrero Anzorena, Emilio Alberto (La Plata) – Juncos, Rodolfo Antonio María (La Plata) – López Fader, Rafael Félix (San Martín) – Nani, Emilio Guillermo (Mardel) – Ríos, Juan Adolfo (CABA) – Vidal, Alfredo Hugo (CABA) – Vidal, Jorge Héctor (La Plata) – Gordillo, Roberto Edgardo (Tucumán), Rodríguez, Miguel Angel Alberto y Codina, Rubén Alcides (Gral Roca), ya están en sus casas disfrutanto del Plan Tobilleras electrónicas para todos y todas. En algún caso incluso tienen libertad condicional o total por haber recibido luego penas bajas o absoluciones, como el apropiador Ricchiuti o Rodríguez que recibió 8 años en el último tramo de la ESMA. Al cierre de esta nota, no pudimos reunir confirmaciones acerca de Guzmán, Oscar Francisco (Jujuy) – Otero Arán, Darío (Catamarca) – Lobos, Víctor Manuel (Gral. Roca) -,, que también dejaron de ser sugeridos de un listado a otro. La certeza que tenemos es que de los 110, 15 no están más en las cárceles. Quizá con eso se haya resuelto la cuestión del hacinamiento…Decíamos en esa ocasión, “La excusa es garantista, esa palabra que tan poco les gusta. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (¿o habrá que decir, en este caso, de La Nación?) dictó, el 27 de diciembre de 2016, la acordada Nº43. Citamos un tramo: “Requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenga bien implementar medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución Ia situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial”. Traducimos al lenguaje cotidiano: es la respuesta de la Corte a un reclamo, realizado entre otros por la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 28 (Centro de Detención Judicial, ubicada dentro del palacio de justicia), donde la Procuvin constató el 2 de septiembre de 2013 “las condiciones infrahumanas” en las que se encuentran las personas detenidas allí. Incluso su titular en aquel momento, Abel Córdoba, dijo que lo que vio le recordaba a los testimonios que había escuchado de personas secuestradas durante el genocidio, ya que fue fiscal en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. El SPF respondió que esa situación de detenciones prolongadas en un lugar que debería ser de tránsito hasta que los presos declaren, tiene que ver con el hacinamiento en las unidades penitenciarias. Entonces recomienda utilizar el recurso de las indagatorias vía videoconferencia para evitar los traslados, y aprovecha para reforzar la idea del uso de la tobillera electrónica, como manera de descomprimir la grave situación de hacinamiento de los presos comunes”. Una prueba de que esto que decíamos es correcto, podría ser una nota del diario La Nación. La publicación se realizó el mismo día en
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