Julio Suárez
El Tribunal Oral 4 de San Martín permitió que Pablo Verna, el hijo de un médico genocida, declare sobre las atrocidades que cometió su progenitor durante la última dictadura. Ocurrió este mediodía en el juicio oral que juzga los crímenes que se cometieron entre 1979 y 1980 contra quienes integraron la Contraofensiva Montonera. Verna ratificó lo que había adelantado en la entrevista concedida a el Diario del Juicio. (Por Martina Noailles para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Verna antes de declarar, en la sala de espera de quienes dan testimonio. (Fabiana Montenegro) En una decisión dividida, los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, con la disidencia de Alejandro de Korvez, aceptaron por mayoría que Pablo Verna rompa el silencio que durante décadas le impusieron en su casa y cuente, ante la Justicia y a otros hijos e hijas de represores que estaban en la sala, la participación del médico militar Julio Alejandro Verna en vuelos de la muerte y otros episodios donde se tiraron vivas al mar y al río a personas secuestradas en Campo de Mayo.“Hoy, acá, se va a resolver la suerte de los hijos e hijas que quieren declarar contra sus padres. Una decisión en contra lo hará sufrir a Verna tres cosas: los delitos de su padre; lo obligará a traicionar su conciencia y le impedirá decir la verdad. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados si se le impide declarar a Pablo Verna? Los imputados de los peores delitos de la humanidad, es decir que la afectada será la humanidad toda”, argumentó minutos antes el abogado uerellante Pablo Llonto, ante el pedido de las defensas para que se le impidiera dar testimonio “para proteger a la familia”. Los jueces Rodríguez Eggers y Mancini rechazaron el planteo del defensor oficial y explicaron que el Código Penal “dice que un hijo no puede declarar en contra de su padre; no que no puede declarar”. El tercer juez, de Korvez, leyó su voto en disidencia. El presidente del tribunal resaltó, antes de anunciar la medida, el alto nivel del debate que se dio previamente. María Montserrat Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas del padre de Verna (Foto: Gustavo Molfino/DDJ) Cuarenta años después de los hechos y cinco desde que su padre se lo confirmara en una charla en el Hotel Pizarro de Villa Luro, Pablo Verna logró poner su granito de arena en la reconstrucción de una verdad que para muchas víctimas de delitos de lesa humanidad parece inalcanzable. El pacto de silencio que guardan los genocidas les impide a los familiares saber cuál fue el destino de sus padres, madres, hermanos, hijos secuestrados, desaparecidos, asesinados. En la primera final, entre el público, lo acompañaron Bibiana Reibaldi, Viviana Cao, Emilia Cao, Liliana Furio, Stella Duacastella y Analia Kalinec, todas familiares de genocidas; además de su esposa, la cantautora Mariela Milstein.Después del testimonio de Pablo Verna fue el turno de María Montserrat Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas del padre de Verna: “Me provocó una conmoción importante haber visto a Verna en la televisión contar que su padre había inyectado a mi papá y que lo habían tirado vivo. Me pareció de una crueldad enorme enterarme después de tantos años lo que le habían hecho”, dijo en una demostración de la importancia de esa verdad que no llegó de boca del represor pero sí de su hijo.Suárez murió ahogado junto a Susana Solimano, Alfredo Berliner “El Poeta” y Diana Shatz luego de que el auto en el que viajaban cayera al río. La sospecha de que el accidente fue en verdad una puesta en escena fue confirmada por Verna en su testimonio de hoy: ante los jueces contó que su progenitor le admitió a su otra hija haber participado en ese hecho, adormeciendo a las personas que luego serían asesinadas. “Le dijo a mi hermana que hicieron lo mismo (que con las víctimas de los vuelos) con 4 personas en un auto. Lo hicieron de esa manera porque estaba la CIDH y no podía desaparecer más personas. Entonces simularon un accidente”.Verna también dijo que su padre -que no se encuentra imputado en esta causa- admitió haber participado en sesiones de tortura tratando de que la persona secuestrada no muriera “para seguir intentando sacarle información”. Fue el caso de Horacio Mendizábal, miembro de la conducción de Montoneros, a quien vio en la terapia intensiva del Hospital Militar de Campo de Mayo mientras intentaban “salvarlo” de una herida de bala que le perforó un pulmón.Julio Verna era subalterno de Norberto Atilio Bianco, el médico encargado de asistir los partos de las mujeres que parían durante su cautiverio. También cumplía tareas junto a Ricardo “el alemán” Lederer, segundo jefe de la maternidad clandestina, que se suicidó hace algunos años. Erika, su hija, también es parte del movimiento de hijas, hijos y otros parientes que repudian los hechos cometidos por sus familiares durante el genocidio. Quienes integran Historias Desobedientes, presentaron hace dos años en el Congreso Nacional un proyecto de ley, redactado por Pablo Verna, que busca modificar el Código Penal para permitir que hijos e hijas de genocidas puedan aportar pruebas en juicios de lesa humanidad.“Yo creo que es un debate que hay que dar a nivel social. Los hijos no tenemos que estar impedidos de poder declarar en contra de nuestros padres, en términos generales, no solo en las causas de lesa humanidad. Con esta ola verde que estamos viviendo a nivel internacional, todas estas cosas tienen que ser revisadas. Son cosas que vienen por mandatos y con condicionamientos sociales, mandatos religiosos, que tienen que ver con estructuras jerárquicas que lo que buscan es que una no hable en pos de determinados intereses. En ese sentido, el testimonio de Pablo hoy marca un hito, para quienes tenemos un vínculo filiatorio con genocidas pero también un hito a nivel social en relación a poder ir resquebrajando estos mandatos”, dijo Analía Kalinec, hija de un condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad,
Al momento de la publicación de esta entrevista, Pablo Verna está comenzando su histórica declaración testimonial en el juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Relatará ante los jueces lo que le confesó su progenitor, Julio Alejandro Verna: que participó de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, inyectando a las víctimas para adormecerlas antes de ser arrojadas al mar o al río. Además, contará que su progenitor le dijo a otro familiar cómo inyectó a Susana Solimano, Alfredo Berliner “El Poeta”, Julio Suárez y Diana Shatz, quienes fueron arrojados con vida al río, dentro de un Peugeot 504, en un simulacro de accidente. Hora antes de su declaración, mantuvo esta charla con El Diario del Juicio. (Por Fernando Tebele para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Pablo Verna contando su historia como hijo de un represor (Natalia Bernades/La Retaguardia)Colaboración: Valentina Maccarone —¿Qué significa para vos como hijo de un genocida, pero además como abogado, esta instancia de participar de un juicio oral dando datos que son de relevancia para alcanzar la verdad y la justicia? —Es muy importante y movilizante. Y es una oportunidad que me parece única y muy trascendente. No sólo te lo puedo decir por mí, también por muchas compañeras y compañeros, hijas, hijos y familiares de genocidas, algunos de Historias Desobedientes y otras personas que no integran el colectivo pero que también sienten similar la imposición de un mandato de silencio dentro de nuestras familias, en algunas ocasiones explícita y en otras en forma implícita. Eso un poco hizo que confluyamos en una voluntad colectiva de llevar adelante una idea que yo ya había tenido durante 2013, pero que, obviamente, solo no iba a ningún lado: presentar un proyecto de ley para modificar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación, del anterior no del que entró en vigencia hace poco, para que las prohibiciones de declarar en juicio (contra sus padres) y de denunciar no corran, al menos en los casos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta oportunidad es un poco llevar adelante esa voluntad de expresiones; es romper con un mandato de silencio que padecimos puertas adentro de nuestras familias de origen, que no es lo mismo que el pacto de silencio porque a nosotros se nos impuso. —¿En primera instancia sería, entonces, una cuestión personal de no acompañar ese silencio de los progenitores que no dan datos? — Sí. Además, por supuesto, de no tener -y yo voy a hablar por mí- responsabilidad en los hechos cometidos por mi padre. Pero sí es cierto que la imposición de guardar silencio implica una complicidad que, por supuesto, no es jurídica pero que sí es emocional. Yo, particularmente, no la pude ni la puedo tolerar. Por otra parte es hacer de algo negativo algo constructivo; es poder aportar en materia de memoria, verdad y justicia. Y el lugar donde se realiza es frente al Poder Judicial en los juicios. Sin perjuicio de un montón de circunstancias y acciones más. —El proyecto que presentaron en el Congreso tuvo apoyo pero todavía no llegó al recinto. —Nosotros lo presentamos en noviembre de 2017 y, enseguida, tuvimos un apoyo y un impulso que, mayormente, lo realizó la diputada Fernanda Raverta que justo es hija de una de las víctimas en este juicio de Contraofensiva, María Inés Raverta. También, en aquel momento, tuvimos una reunión con el diputado Héctor Recalde, por entonces jefe del bloque (del FpV), que ni nos conocía, pero apenas empecé a explicarle dijo “yo en esto los apoyo”. La idea era que sea multipartidario, porque entendimos que frente a estos crímenes de lesa humanidad estamos todos del mismo lado. Así que se presentó el proyecto y, después, el 21 de marzo de 2018 el Movimiento Evita pidió una moción de preferencia, que apoyó todo el Congreso pero que, finalmente, nunca se cumplió. Después finalizó el período de 2018 y ahora, en 2019, fue presentado de nuevo por Raverta con la firma de 5 o 6 diputados más, y ahí está… Igualmente, yo entiendo que es una expresión muy importante, un acto político y ético muy importante, que hicimos hijas, hijos y familiares de genocidas, la mayoría de Historias Desobedientes y otros que no pertenecen al colectivo pero que han apoyado este proyecto. Y más allá de que sería una modificación posterior a los hechos del proceso, yo lo que creo es que estas prohibiciones en crímenes de lesa humanidad no deben correr, pero no por una ley que puede llegar o no llegar a ser ley sino por la inconstitucionalidad y el fundamento jurídico que yo encuentro más importante: la obligación de los Estados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Esta es una obligación que, desde el fallo Velásquez Rodríguez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligatoria para todos los Estados partes. En cambio, el artículo 242 del Código Procesal Penal plantea nulificar medios o fuentes de prueba. Por eso debe quedar de lado. —¿Por qué podría decirse que el impedimento de ustedes para declarar no corre en este caso? ¿Porque tu progenitor no está imputado en esta causa? — Claro, esa es otra de las razones. Él no está imputado en este juicio oral. Y no estamos hablando de una prueba que podría ser declarada nula por haber sido obtenida bajo tortura, por ejemplo. Sino que la nulidad del artículo 242, incluso si se la quiere considerar, no sería aplicable porque él no está siendo imputado en este juicio. La prohibición tiene fundamentos en la Constitución Nacional que establece la obligación del Estado de la protección integral de la familia por sobre su obligación de afianzar la justicia y la persecución penal. También hay otro fundamento, que ya se utilizó en el caso de Juan Cabandié con la declaración de su hermana Vanina Falco (hija biológica del apropiador de Cabandié), y es que cuando el vínculo familiar ya está roto, esa prohibición no tiene ninguna razón
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