kiki lezcano
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(Por La Retaguardia) La justicia sobreseyó al acusado por los asesinatos de los jóvenes. Lo resolvió el juez Juan Ramos Padilla, luego de tomarle declaración por primera vez a Angélica Urquiza, mamá de Kiki, y al cabo Daniel Santiago Veyga, señalado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de los adolescentes en julio de 2009. En su sentencia, el magistrado enumeró las irregularidades cometidas durante el inicio de la investigación que le impidieron contar con los elementos necesarios para imputar al efectivo y habla del “fracaso de la justicia”. De todos modos, deja abierta la posibilidad a las querellas de presentar una apelación, medida que ya fue efectuada. Además, van a efectuar un reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Estoy cansada con esto de la justicia, que a nadie le importe que te mataron a un hijo, que te condenaron a cadena perpetua, quizás todos se olviden pero yo no me voy a olvidar jamás que me falta mi hijo. Estoy medio cansada de que puedan creerle solamente a ellos. ¿Por qué? ¿Porque soy de Villa 20? ¿Porque mi hijo tuvo problemas con el paco? Quisiera salir, gritar que me mataron un hijo, que me duelen las entrañas, que me duele el alma cada día que me levanto, que le pongo fuerza, me paro y digo que tengo que salir porque tengo nietos, hijos, pero por dentro mío muero cada instante porque no me lo mataron ayer, es como si me lo hubieran matado cada día que no te atienden…”. Estas palabras de Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lezcano, dichas en la mesa de debate “Los medios de comunicación y los derechos humanos de ayer y hoy”, realizada durante el 10ª Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) en octubre de este año, volvieron a tomar fuerza semanas después, luego de que el juez de la causa, Juan Ramos Padilla, resolviera dictar el sobreseimiento del efectivo Daniel Santiago Veyga, en el marco de lo que calificó el “fracaso de la justicia”: “una vez radicado el sumario ante este Tribunal se intentó reconstruir la pesquisa a efectos de poder determinar lo realmente ocurrido o la verdad real, no siendo ello posible (…). Conspiraron en tal sentido una primera investigación que se cerró en forma prematura y cuando el sumario recayó en esta sede las armas por su estado ya no servían para sus fines periciales y ni siquiera la ropa que vestían los damnificados se pudo contar para practicar las pericias del caso. (…) no encuentro forma de vincular los desaciertos cometidos con alguna clase de encubrimiento malicioso, corresponde que me atenga a los hechos en la forma en que se presentan y en estas condiciones, y frente al fracaso de la investigación no me queda otra alternativa”. Jonathan Kiki Lezcano de 17 años salió de su casa en Villa 20 del barrio de Lugano junto a su amigo Ezequiel Blanco de 25, el 8 de julio de 2009. Fue la última vez que se los vio. Durante más de dos meses sus familias y amigos los buscaron por todas partes, hasta que el 14 de septiembre recibieron un llamado del Juzgado 49, a cargo del juez Facundo Cubas. Debían acercarse a reconocer los cuerpos de los dos jóvenes, pero el magistrado que los había convocado era el mismo que semanas antes había autorizado el entierro de Kiki como NN en el Cementerio de la Chacarita. En tanto, la familia de Ezequiel Blanco encontró su cuerpo en la morgue antes de que siguiera el mismo destino que Lezcano. “Él (Cubas) hizo lo que a él le pareció, pero a nosotros nos pareció otra cosa. Kiki era un pibe de Villa 20, a nadie le importa, quizás vos, cualquiera que está escuchando se va a la casa y mañana se olvida, pero mamá, María Angélica Urquiza, se acuerda cada segundo lo que me hicieron, porque a mí tan solo no me sacaron algo que yo tuve en el vientre nueve meses, sino que me sacaron el derecho a decir que quiero que se sepa la verdad, el derecho de verlo por última vez aunque sea muy doloroso en un cajón, porque ellos dos semanas antes lo habían enterrado. El cuerpo de Kiki no estaba como para periciarlo, ni para ver el cajón abierto”, dijo Urquiza durante el 10º Encuentro de la RNMA. El efectivo de la División Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal de la Comisaría 12, Daniel Santiago Veyga, fue señalado como autor de los disparos. Como es habitual, el cabo se defendió argumentando que disparó a los jóvenes en defensa propia porque habían querido asaltarlo. El juez Cubas decidió obviar las pruebas que daban cuenta del fusilamiento de Ezequiel y Kiki y aceptó la versión policial, sobreseyó al imputado y cerró la causa. Pero poco después apareció un video filmado con un celular en el que se veía a Kiki Lezcano agonizando dentro de un auto mientras un grupo de policías se burlaban de él. “Por qué no te hacés el macho ahora, putito’ le decían, entre risas, los efectivos dejándolo morir en lugar de auxiliarlo. Además, en esos primeros meses se perdieron pruebas valiosas. En su reciente sentencia, Ramos Padilla afirmó que está acreditado en la causa que personal de otras dependencias de la Policía Federal se acercaron inmediatamente al lugar del hecho para recolectar las pruebas: “cuestiones de prudencia y sentido común ameritaban la rápida convocatoria de una fuerza de seguridad distinta, como bien podría haber sido la Gendarmería Nacional o la Prefectura Naval Argentina; pero nada de eso se hizo”, manifestó el magistrado. Además, criticó que dadas las circunstancias en que sucedieron los hechos, Veyga tendría que haber sido examinado en forma urgente para conocer su salud física y también mental. A su vez, remarcó la llamativa rapidez con la que se optó por “una solución liberatoria de carácter definitivo (auto de sobreseimiento), pese a la
Foto: Imagen Insurrecta (Por La Retaguardia) Este lunes 8 de julio se cumplió un nuevo aniversario de los crímenes de Jonathan Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, dos jóvenes que vivían en la villa 20 de Lugano y que fueron asesinados por la policía. Sus cuerpos permanecieron desaparecidos durante más de dos meses, hasta que las familias los encontraron enterrados en el Cementerio de Chacarita como NN. Dialogamos con Juan Manuel Combi, abogado de la mamá de Kiki, sobre las irregularidades de esta causa, los manejos desiguales que realiza la justicia, y lo difícil que es su acceso para las familias de los barrios pobres. “Antes de hablar de cómo los mataron a Kiki y Ezequiel, hay que hablar de cómo los mató antes la sociedad, cómo la justicia mató a una familia. La causa empieza con una denuncia por desaparición. La familia me viene a ver porque yo estaba en el barrio trabajando en ese momento con la comunidad boliviana, y me manifiesta que estaba desaparecido su hijo y ahí empieza yo creo la gran muerte de los chicos, independientemente de cómo fue el suceso concreto por el cual ellos aparecen muertos”, expresó el abogado Juan Manuel Combi a La Retaguardia. Jonathan Kiki Lezcano de 17 años y Ezequiel Blanco de 25 fueron vistos por última vez con vida el 8 de julio de 2009 cuando salían de sus casas en la Villa 20 de Lugano. Como no regresaron a sus hogares a la noche, sus familias comenzaron a buscarlos y denunciaron la desaparición. Dos meses después recibieron un llamado del juez de instrucción Facundo Cubas que les informaba que Kiki estaba enterrado en el Cementerio de la Chacarita como NN, y que el cuerpo de Ezequiel se encontraba en la morgue a la espera de igual destino. Los jóvenes tenían heridas de bala en la cabeza, y luego se conoció un video grabado por un celular en el que se veía a Ezequiel muerto y a Kiki agonizando dentro de un auto, rodeados por al menos cuatro policías que se reían de ellos. Pero mientras las familias Lezcano y Blanco aún buscaban a sus hijos sin saber que habían sido asesinados, Daniel Veyga, un efectivo de la División Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal de la Comisaría 12, había presentado ante ese mismo juez de instrucción, Cubas, un escrito en el que informaba que estando de civil había matado “en legítima defensa” a dos jóvenes que se habían acercado para robarle. Al magistrado le alcanzó con este papel, ya que sobreseyó al policía sin siquiera citarlo a declarar. “Es la misma historia que cuentan todos los policías cada vez que matan a alguien. En su descargo siempre ponen legítima defensa –señaló Combi respecto a la presentación del efectivo y la posterior conducta de la justicia–, lo que yo no puedo entender es que haya un procedimiento cerrado con la premura con la que el juez de instrucción decide el sobreseimiento del imputado sin que éste haya ido a declarar en el proceso, con un hecho más grave que es que no se habían realizado medidas probatorias tendientes a esclarecer si efectivamente nos encontrábamos ante un caso de legítima defensa o no, y me llama la atención que cuando nosotros después apelamos e intentamos ser parte de la causa se nos niega la posibilidad, por lo que tuvimos que recurrir a la Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirma la resolución del juez, y recién después de casi dos años de lucha y de un recurso de queja presentado porque no nos habían admitido en la instancia superior presentar un recurso de casación, la Sala IV de Casación nos dice que teníamos razón, que había que investigar y que el sobreseimiento había sido prematuro, por lo que decide revocarlo y desvincular al juzgado de instrucción que interviene y a los camaristas. Nos dieron la razón, pero dos años después, y en ese tiempo se perdieron pruebas porque no se pudo hacer absolutamente nada”. En este sentido, Combi contó que desde el primer día que intervino en la causa le dijo a las familias que no iban a poder saber la verdad de lo ocurrido porque no se había podido estar en los dos primeros meses fundamentales: “esa no participación de la víctima en el proceso permitió lo que pasa en la gran mayoría de las causas donde hay involucrado personal policial. Hoy por ejemplo nos encontramos con que hay material probatorio que no tenemos porque la policía entre otras cosas lo perdió, por esa situación se ha abierto una causa porque el juez ha entendido que se cometió un delito, atento a que una de las medidas que nosotros necesitamos, que fue la entrega de la ropa que llevaban los chicos, una gorra encontrada en el lugar del suceso que debía ser peritada, porque a través de las pericias de las prendas se puede determinar la distancia de los disparos, y no podemos contar con eso porque la policía lo perdió”. En la entrevista con La Retaguardia, el abogado sumó un agravante más a la causa: “además de lo que pasó con los chicos, de la muerte y de esta falta de acceso de las víctimas a la justicia y a la asistencia dentro del proceso, a los cinco, seis meses (de hallarse los cuerpos) Angélica Urquiza, mamá de Kiki, quiso evitar un hecho con otros chicos que estaban sufriendo también un abuso de autoridad por parte de las fuerzas policiales, y se le armó una causa penal, en la que obviamente terminó sobreseída pero tuvimos que hacer todo un trabajo de asesoramiento y defensa de la imputada para que termine sobreseída en una causa totalmente armada por la policía. Generalmente cuando se le arma una causa a un vecino no tiene acceso a una defensa digna y termina firmando una probation o un proceso abreviado y se ganan un antecedente en causas en las que no tienen nada