Susana Solimano

Al momento de la publicación de esta entrevista, Pablo Verna está comenzando su histórica declaración testimonial en el juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Relatará ante los jueces lo que le confesó su progenitor, Julio Alejandro Verna: que participó de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, inyectando a las víctimas para adormecerlas antes de ser arrojadas al mar o al río. Además, contará que su progenitor le dijo a otro familiar cómo inyectó a Susana Solimano, Alfredo Berliner “El Poeta”, Julio Suárez y Diana Shatz, quienes fueron arrojados con vida al río, dentro de un Peugeot 504, en un simulacro de accidente. Hora antes de su declaración, mantuvo esta charla con El Diario del Juicio. (Por Fernando Tebele para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Pablo Verna contando su historia como hijo de un represor (Natalia Bernades/La Retaguardia)Colaboración: Valentina Maccarone —¿Qué significa para vos como hijo de un genocida, pero además como abogado, esta instancia de participar de un juicio oral dando datos que son de relevancia para alcanzar la verdad y la justicia? —Es muy importante y movilizante. Y es una oportunidad que me parece única y muy trascendente. No sólo te lo puedo decir por mí, también por muchas compañeras y compañeros, hijas, hijos y familiares de genocidas, algunos de Historias Desobedientes y otras personas que no integran el colectivo pero que también sienten similar la imposición de un mandato de silencio dentro de nuestras familias, en algunas ocasiones explícita y en otras en forma implícita. Eso un poco hizo que confluyamos en una voluntad colectiva de llevar adelante una idea que yo ya había tenido durante 2013, pero que, obviamente, solo no iba a ningún lado: presentar un proyecto de ley para modificar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación, del anterior no del que entró en vigencia hace poco, para que las prohibiciones de declarar en juicio (contra sus padres) y de denunciar no corran, al menos en los casos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta oportunidad es un poco llevar adelante esa voluntad de expresiones; es romper con un mandato de silencio que padecimos puertas adentro de nuestras familias de origen, que no es lo mismo que el pacto de silencio porque a nosotros se nos impuso. —¿En primera instancia sería, entonces, una cuestión personal de no acompañar ese silencio de los progenitores que no dan datos? — Sí. Además, por supuesto, de no tener -y yo voy a hablar por mí- responsabilidad en los hechos cometidos por mi padre. Pero sí es cierto que la imposición de guardar silencio implica una complicidad que, por supuesto, no es jurídica pero que sí es emocional. Yo, particularmente, no la pude ni la puedo tolerar. Por otra parte es hacer de algo negativo algo constructivo; es poder aportar en materia de memoria, verdad y justicia. Y el lugar donde se realiza es frente al Poder Judicial en los juicios. Sin perjuicio de un montón de circunstancias y acciones más. —El proyecto que presentaron en el Congreso tuvo apoyo pero todavía no llegó al recinto. —Nosotros lo presentamos en noviembre de 2017 y, enseguida, tuvimos un apoyo y un impulso que, mayormente, lo realizó la diputada Fernanda Raverta que justo es hija de una de las víctimas en este juicio de Contraofensiva, María Inés Raverta. También, en aquel momento, tuvimos una reunión con el diputado Héctor Recalde, por entonces jefe del bloque (del FpV), que ni nos conocía, pero apenas empecé a explicarle dijo “yo en esto los apoyo”. La idea era que sea multipartidario, porque entendimos que frente a estos crímenes de lesa humanidad estamos todos del mismo lado. Así que se presentó el proyecto y, después, el 21 de marzo de 2018 el Movimiento Evita pidió una moción de preferencia, que apoyó todo el Congreso pero que, finalmente, nunca se cumplió. Después finalizó el período de 2018 y ahora, en 2019, fue presentado de nuevo por Raverta con la firma de 5 o 6 diputados más, y ahí está… Igualmente, yo entiendo que es una expresión muy importante, un acto político y ético muy importante, que hicimos hijas, hijos y familiares de genocidas, la mayoría de Historias Desobedientes y otros que no pertenecen al colectivo pero que han apoyado este proyecto. Y más allá de que sería una modificación posterior a los hechos del proceso, yo lo que creo es que estas prohibiciones en crímenes de lesa humanidad no deben correr, pero no por una ley que puede llegar o no llegar a ser ley sino por la inconstitucionalidad y el fundamento jurídico que yo encuentro más importante: la obligación de los Estados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Esta es una obligación que, desde el fallo Velásquez Rodríguez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligatoria para todos los Estados partes. En cambio, el artículo 242 del Código Procesal Penal plantea nulificar medios o fuentes de prueba. Por eso debe quedar de lado. —¿Por qué podría decirse que el impedimento de ustedes para declarar no corre en este caso? ¿Porque tu progenitor no está imputado en esta causa? — Claro, esa es otra de las razones. Él no está imputado en este juicio oral. Y no estamos hablando de una prueba que podría ser declarada nula por haber sido obtenida bajo tortura, por ejemplo. Sino que la nulidad del artículo 242, incluso si se la quiere considerar, no sería aplicable porque él no está siendo imputado en este juicio. La prohibición tiene fundamentos en la Constitución Nacional que establece la obligación del Estado de la protección integral de la familia por sobre su obligación de afianzar la justicia y la persecución penal. También hay otro fundamento, que ya se utilizó en el caso de Juan Cabandié con la declaración de su hermana Vanina Falco (hija biológica del apropiador de Cabandié), y es que cuando el vínculo familiar ya está roto, esa prohibición no tiene ninguna razón