Tucumán
El jueves 2 de septiembre, cuatro mujeres detenidas en la Brigada Femenina de Concepción, Tucumán, murieron carbonizadas luego de iniciarse un incendio dentro de la celda. El hecho remite ineludiblemente a la Masacre de Pergamino, en la que 7 jóvenes murieron en las mismas circunstancias y por la que fueron condenados 6 policías. Ariel Salinas, hermano de Macarena, una de las víctimas de este nuevo crimen de Estado intramuros, pasó por el programa Otras Voces Otras Propuestas. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: De izquierda a derecha Micaela Rocío Mendoza, Macarena Maylen Salinas y Yanet Yaqueline Santillán, tres de las jóvenes que murieron calcinadas, compartiendo cerveza en la comisaría. “A mi hermana se la tenían jurada desde el 20 de julio por una foto”. La frase, contundente y coloquial, surge de la voz firme de Ariel. Su hermana es Macarena, de 22 años. Quienes la tenían entre ceja y ceja eran las policías que debían cuidarla. La fotografía, donde se la ve sonriente junto a dos compañeras de celda tomando cerveza, es evidencia de la arbitrariedad con la que las fuerzas de seguridad administran las cárceles y comisarías: lo que sucede allí, pasa porque ellos y ellas lo deciden. Desde la entrada de alcohol hasta morir calcinada. El relato de Salinas se acomoda a esta realidad: “Las guardias, muchas veces, rompían las cosas que les llevábamos a Macarena. O ni siquiera se las daban”. Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia murieron quemadas y juntas en una celda de Concepción, Tucumán. Ariel Salinas cuenta que su hermana, Macarena, ya tenía sentencia firme por el robo agravado que la había llevado a la cárcel. “Mi hermana ya tenía orden de traslado firmada por la jueza desde hacía una semana. No sé por qué no la llevaron al penal”. Lo mismo sucedía con el resto de sus compañeras. Esa demora, sumada a la crisis habitacional de las cárceles, las condiciones inhumanas en las que viven y la represión policial a la orden del día, dio como resultado la muerte de 4 pibas, todas menores de 30 años. Cuando se produjo la Masacre de Pergamino el 2 de marzo de 2017, cuando 7 presos murieron calcinados en una comisaría local, los gritos desgarradores no llamaron la atención del personal policial presente en el lugar. Las similitudes con lo sucedido el pasado jueves son sorprendentes, según cuenta Ariel. “Los vecinos salieron a la calle por los gritos de las chicas. Llamaron a los bomberos. ¿Y la policía que hizo? Nada”. Por otro lado, y en ambas situaciones de represión estatal separadas tan solo por poco más de cuatro años, los familiares de las víctimas tuvieron que enterarse de lo sucedido por medios propios, ya que la policía les ocultaba la información. “Nosotros nos enteramos por las redes sociales”, afirma Ariel. Y completa: “Nunca vino nadie de la Policía a avisarnos lo que estaba pasando”. Una diferencia importante es, sin embargo, la actuación de los bomberos. Si en Pergamino trataron de salvar a los 7 pibes pese a la desidia policial, en Concepción formaron parte del abandono, pese a estar a dos cuadras de la comisaría. Los familiares aún no tienen los datos de la autopsia realizada por el personal forense. Mientras tanto, las 4 policías responsables por la muerte de las chicas fueron pasadas a disponibilidad, pero no están detenidas. Para Ariel y el resto de las familias de las 4 pibas asesinadas por el Estado, comienza un recorrido complejo. Salinas, pese al dolor, tiene claro por dónde comenzar: “Las dejaron morir carbonizadas mientras gritaban pidiendo auxilio y nadie las ayudó. Quiero que se haga justicia. Que paguen los culpables”.
Walter Ceferino Nadal fue detenido y asfixiado hasta la muerte por la policía de Tucumán. Gritaba que no podía respirar al igual que George Floyd en Minnesota, Estados Unidos. A un mes de la aparición del cuerpo de Luis Espinoza, asesinado y desaparecido por la misma polícia, Norma, la hermana de Ceferino, apuntó contra las autoridades provinciales en dialogó con Hasta que vuelvan los abrazos. Allí habló del crimen que quedó capturado en video por testigos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero “Esto ocurrió el miércoles 24, aproximadamente a las diez de la mañana. Supuestamente venía robando, cosa que es secundaria, pero a él no le encuentran nada y tampoco hay una víctima que lo acuse. Lo que sí, él era hostigado por la policía. Mi hermano cumplió una condena en su momento, tiene antecedentes, pero ya hace cuatro años que estaba libre y desde ese momento lo hostigaron. Tal es así que si ven el video, cuando lo detienen, él le grita a una persona que estaba ahí ‘sacame el celular que me lo van a robar’ porque la policía donde lo encontraba lo paraba y le quitaba todo lo que tenía encima”, comenzó a contar Norma acerca del video del arresto de su hermano, Ceferino Nadal, que circuló hace algunos días. Las imágenes de ese momento son muy similares a las que recorrieron el mundo el 25 de mayo, cuando un policía asfixió con su rodilla a George Floyd mientras lo detenía. Hay otro dato que iguala ambos casos: Nadal y Floyd manifestaron reiteradas veces que no podían respirar. “Es más, en el mes de febrero -el 17 de este año- hay una causa en tribunales porque Ceferino sale de su casa para cargar el celular y lo detienen por nada. Y en la comisaría le dan una paliza donde el pierde varios de sus dientes. Eso sucedió en la 1° de Tucumán. Todo el tiempo el hostigamiento”, agregó Norma. Y continuó dando detalles del asesinato de su hermano: “Ese día él había salido al centro, lo vieron y sucedió todo lo que se ve en el video. Nosotros estamos muy enojados con el ministro de Seguridad de la Provincia (Claudio Maley), porque él saca a relucir los antecedentes de mi hermano, o sea que ataca a la víctima para justificar el hecho de los victimarios. Y hoy por hoy hay un supuesto ladrón muerto y unos supuestos asesinos que siguen trabajando como si nada. El ministro también falta a la verdad porque sale a decir en los canales de la provincia que mi hermano sufría problemas respiratorios. No sé de dónde se agarra para decir semejante cosa porque mi hermano no tenía ningún problema. Yo quisiera que me muestren evidencia de algo. Y, más allá de todo, justificar el accionar de la policía no se puede creer. Lo mínimo que esperábamos era que apartaran de la fuerza a estos policías, pero no sucedió nada de eso. Y nadie más que la prensa se ha comunicado con nosotros. Ninguna autoridad, nadie”, denunció. Una vez notificada de la muerte de Ceferino, su familia tuvo que enfrentar el destrato de la policía y la justicia: “Cuando ocurre todo esto, nosotros llegamos al hospital y se nos dice que el cuerpo nos iba a ser entregado al día siguiente por la autopsia. Nos dirigimos a la Comisaría 1° para pedir las pertenencias de Ceferino, que eran su celular y las llaves. El jefe nunca salió a dar la cara. La gente de turno que estaba en la recepción nos dijo que teníamos que ir a la fiscalía, pero en la fiscalía no pasa nada por la cuarentena. Y el abogado se comunica con la fiscalía y ya siendo de noche nos dicen que no tenían aviso de que había habido intervención policial en la causa. Entonces ellos se manejaron mal: labraron un acta que decía cualquier cosa menos lo ocurrido, porque seguramente no se imaginaron que iba a haber un testigo con un video. Lo pintaron de una manera y fue de otra. Es más, si no fuera por este video hubiese quedado todo en la nada”, relató. Lo que pasó el miércoles pasado no fue algo nuevo, según describió su hermana. “Él salía a la calle y donde lo veían, lo paraban. Le sacaban lo que tenía, lo llevaban preso. Si andaba en el centro lo paraban y le ponían una contravención. Un montón de veces le han pegado. No era libre de andar por ningún lado porque por donde lo veían, lo levantaban, le quitaban sus cosas. Nunca le han dado la libertad para que ande por la calle”, finalizó.
El actual senador (de licencia), ex gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015, fue denunciado por su sobrina y ex empleada por abusos sexuales cometidos entre 2017 y 2019. Para analizar el caso y su gestión en la provincia, Soledad Deza -abogada de Belén- dialogó con Rosaura Barletta y Luis Angió en el programa Otras Voces, Otras Propuestas. (Por La Retaguardia)Foto: notas.org.ar La abogada de Belen, Soledad Deza, contó sus sensaciones a partir de la denuncia contra el ex gobernador Alperovich: “Por un lado, siento una enorme tristeza porque cuando salen estas cuestiones de abuso y se hacen públicas, la mujer, la joven, la niña que toma coraje y hace públicos estos casos ya lleva un trayecto largo de martirización. En un plano positivo, siempre es bueno poder correrse del lugar de víctima, tomar las riendas del asunto, desculpabilizarse, identificar lo moralmente reprochable más allá de que se compruebe o no el delito: el que viola y no la víctima. La joven denunciante tiene una vocera perteneciente al movimiento feminista y la solidaridad de todo el movimiento de mujeres”, aseguró. Sobre la investigación, planteó: “Los pasos que quedan es que la Justicia investigue, se denunció en UFEM de Buenos Aires también para evitar que, al pertenecer el ex gobernador a un sector aventajadísimo en términos de poder, se frene dentro de las mismas instituciones la búsqueda de justicia. Hay que contemplar que cada Cámara (en este caso de Senadores) es según la constitución jueza de sus propios miembros así que es, en definitiva, quien verá que hace con el pedido de licencia que hizo el senador y si existe o no inhabilidad moral. Es muy importante que una persona con tanto poder como el ex gobernador se haya tenido que pedir esa licencia”.Además, Deza se refirió al contexto de Tucumán y el rol de Alperovich en la realidad de la provincia: “Tucumán forma parte de las provincias del norte argentino donde hay un fuerte maridaje entre la Iglesia Católica y el poder estatal donde la violación de derechos -sobre todo los que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción- no es accidental. Es la única provincia que no adhirió formalmente a la ley que asegura la anticoncepción para toda la población, es la provincia de Belén, es una provincia donde se le negó la interrupción de embarazo a una niña de once años”, denunció.“La gestión de Alperovich se inscribe en el mismo lugar que la actual (de Juan Manzur), la ley 25673 (anticoncepción gratuita y creación del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable) fue sancionada en el 2002. Tenemos 16 años de demora. El año pasado, luego de que se clausuró el debate legislativo por el aborto, un grupo de legisladores locales se encolumnaron detrás del proyecto de Marcelo Caponio que intentaba, desde Tucumán, prohibir el acceso a la interrupción legal del embarazo en caso de violación. Es una provincia donde no solamente hay violaciones de derechos sino una creatividad al servicio del mal desde lo institucional bastante misógina”, consideró Deza.Interrupción Legal del Embarazo en Tucumán “En 2014, desde Católicas por el Derecho a Decidir, Mujeres x Mujeres, Amnistía Internacional, ELA, el CELS, varias organizaciones, hicimos un pedido de información pública al ministerio de Salud local acerca del estándar de derechos que rige en Tucumán frente a la interrupción legal del embarazo (ILE). El entonces secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, dijo que en Tucumán se aplicaba el protocolo de Salud de Nación”, explicó. “Desde lo formal, ese es el estándar de derechos. Hay profesionales organizados para garantizar la ILE y que dentro de las instituciones públicas la garantizan. En una provincia con grandes objeciones de conciencia y tanto desgobierno en materia de políticas sanitarias es destacable lo que hacen los profesionales que garantizan la ILE. El problema es que hay niñas y mujeres con derecho a la ILE que recorren un circuito y no se topan con estos profesionales, pero claro que los hay respetuosos en todos los campos sanitarios, médicos y médicas, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas”, destacó. “En instituciones donde hay jefaturas de servicio o dirección del hospital objetora de conciencia, va a bajar una línea en ese sentido. Deberíamos prestarle atención a los actos de política sanitaria que nos muestran que lo que se escribe con la mano se borra con el codo”, aseguró Deza sobre el cumplimiento del protocolo vigente para garantizar la ILE.“Al no haber una política pública clara, las reglas de juego no generan confianza ni seguridad jurídica en los profesionales que deben garantizar las prácticas. Por otro lado, hay avances desde el poder judicial, como en el caso de la fiscal Adriana Giannoni, que inicia investigaciones, no solamente en el caso de Lucía, a profesionales en casos de ILE. Por un lado es el estigma social, la falta de una política sanitaria clara y el avance de otros poderes que confunden las reglas del juego. Todo forma parte de un mecanismo disciplinador de los cuerpos. Los cuerpos gestantes están en ese campo de batalla, mucho más en las provincias del norte”, analizó.Belén dejó atrás a Belén Se presentó el libro Somos Belén, escrito por Ana Correa, que relata el derrotero de la joven tucumana que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo y de quien Soledad Deza es abogada. Al respecto, contó: “Belén está bien. Muy contenta porque este tipo de procesos como ayudar en la escritura de un libro, darle voz a una historia como hicieron Belén y Ana es exorcizar un mal tan grave como el que le hizo la justicia a Belén que fue encarcelarla sin ningún motivo. Ese proceso de desculpabilización es bien liberador. Está fuerte, tranquila, y lo que dice es que dejó atrás a Belén -el nombre elegido para no revelar su verdadera identidad-. Que también está bueno que pueda recuperar su vida y retomar algo de la normalidad que tenemos todas las personas”.
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